Autor: Vero Crespin

El Parlamento Centroamericano (Parlacen) y diputados mexicanos que integran la Comisión de Migración de la Cámara de Diputados de México sostuvieron esta semana para “establecer una hoja de ruta” contra la migración irregular y alternativas como la migración laboral, que permite que los migrantes trabajen en un país anfitrión y regresen a sus países de origen, conocida como migración circular.

Ambas comitivas analizaron propuestas sobre seguridad fronteriza e integración económica; ambas partes coincidieron en que “las principales causas que impulsan la migración son la inseguridad y la falta de empleo”.

El presidente del Parlacen, Carlos Hernández, aseguró en redes sociales que se reunió con la diputada presidenta de la Comisión, Marcela Guerra Castillo, para abordar la migración irregular “desde una perspectiva holística” que respete los derechos humanos de los migrantes y que cumpla el Pacto Mundial sobre la Migración Regular, Ordenada y Segura.

“Abordamos el tema migratorio desde una perspectiva holística… Discutimos alternativas de migración laboral (migración circular) como medida para evitar la migración irregular”.
Carlos Hernández, presidente del Parlacen.

Hernández aseveró que dentro de la hoja de ruta buscan atender la problemática de la migración irregular desde políticas públicas que “ofrezcan una solución integral” para los migrantes centroamericanos y del Caribe que buscan llegar a Norteamérica.

En reunión con la presidenta Marcela Guerra Castillo (@MarcelaGuerraNL), y diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Migración de la Cámara de Diputados de México, abordamos el tema migratorio desde una perspectiva holística, fundamentada en el respeto a los derechos… pic.twitter.com/YLqvmcw8B0

— Carlos Hernández (@CarlosHdez_SV) March 5, 2025

Por su parte, la presidenta de la Comisión, Marcela Guerra, considera que la relación entre el Parlacen y México “es un referente de cooperación y diálogo político” sobre temas migratorios porque están trabajando por el respeto de los derechos de los migrantes.

El Parlamento Centroamericano fue fundado en 1991 y está integrado por diputados electos en países como El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) reportó que 5,262 salvadoreños pidieron refugio durante 2024.

“Juntos, trabajamos por el respeto a los derechos de los migrantes, sin distinción de su estatus legal, y por el fortalecimiento de políticas públicas en Centroamérica que garanticen una migración ordenada, segura y regular”.
Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Comisión de Migración de la Cámara de Diputados de México.

Por otro lado, el presidente del Parlacen, diputado de Nuevas Ideas, aseguró que también se reunió con la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur de México. En el encuentro, Hernández dijo que reafirmó su compromiso con el “fortalecimiento de la integración, cooperación regional y el desarrollo integral”.

Actualmente, El Salvador a través del Ministerio de Trabajo cuenta con visas temporales de trabajo para salvadoreños en Estados Unidos, Costa Rica, Canadá, y el ministro de Trabajo, Rolando Castro, ha asegurado que pronto también se sumará un país de Europa.

En noviembre de 2024, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), por sus siglas en inglés, aseguró que aumentaría en 64,716 las visas de trabajo H2-B para acceder a trabajos temporales, de ellas, al menos 20,000 serían destinadas a países como El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Haití, Colombia y Ecuador.

El vínculo entre México y el @parlacensv es un referente de cooperación y diálogo político en materia migratoria. Juntos, trabajamos por el respeto a los derechos de los migrantes, sin distinción de su estatus legal, y por el fortalecimiento de políticas públicas en Centroamérica… pic.twitter.com/hkFWSAWdld

— Marcela Guerra (@MarcelaGuerraNL) March 4, 2025

Dos concejales de San Salvador Este revelaron este miércoles que desconocen el presupuesto destinado por la comuna al refugio municipal de animales porque el plan de gastos fue aprobado sin conocer rubros o plan operativo.

El regidor por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Cayetano Cruz, aseguró a Diario El Mundo que el presupuesto del municipio para 2025 fue aprobado en enero sin «tan siquiera haber hecho exposición de los rubros, por unidad», por lo que «se ignora» el monto del presupuesto destinado al refugio de animales, así como el resto de áreas presupuestarias.

Por su parte, el concejal por el Cambio Democrático (CD). Hernán Carrasco, aseguró a El Mundo que no acompañó con su voto la aprobación del presupuesto. «No nos presentaron el plan operativo», se quejó, para estudiarlo con tiempo y evaluara si el presupuesto cumplía «con todos los requisitos de ley».

«Como no contamos con esa documentación, no lo acompañamos (presupuesto 2025), salvamos el voto, pero obviamente también pedimos que se nos mandara esa información posteriormente, igual hasta la fecha no se ha realizado».

Hernán Carrasco, concejal del CD en San Salvador Este.

Respecto a la crisis denunciada en el refugio municipal de Ilopango por maltrato animal, Cruz indicó que desde hace algún tiempo los trabajadores municipales expresaron que el refugio «no contaba con un presupuesto adecuado ni con la atención que se merece» y que «se ha «amenazado» a los trabajadores» para que no comenten las condiciones del refugio.

Concejales no pudieron ingresar al refugio

Además, denunció que a «los concejales del municipio no se les permitió el ingreso al refugio» para verificar las condiciones de los animales. Cruz recordó que, en la administración anterior en Soyapango, había «un refugio pantalla» donde las mascotas permanecían en condiciones parecidas a las denunciadas en Ilopango.

«En cuanto al presupuesto, por lo tanto, como concejales se desconoce porque nunca se daba la información… Los trabajadores han manifestado también que los han amenazado, de que, si dicen algo de lo que ha pasado allí o lo que han visto allí, pues habrá represalias laborales contra ellos».

Cayetano Cruz, concejal de San Salvador Este.

Por su parte, Carrasco relató que este miércoles al enterarse de las denuncias de maltrato animal, se trasladó junto al «concejal Salvador Elías» hacia el refugio, sin embargo, «se les negó la entrada a la colonia Bosques de la Paz» por parte de seguridad porque «no eran de la residencial». Aunque más tarde personal de la Policía Nacional Civil (PNC) les permitió entrar a la colonia, metros más adelante, no los dejaron ingresar al refugio. «Cuando llegamos, obviamente ya el ingreso al refugio, no no se nos permitió», reveló.

«Ya habían tapado todo el frente porque esa parte la parte de enfrente porque no tenía ni lámina, ni tenía una malla, sino que se podía ver y se podía constatar desde la calle prácticamente el refugio», por eso explica cómo usuarios de redes sociales difundieron fotografías del interior del refugio donde la Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una investigación.

El alcalde de San Salvador Este, José Chicas, hizo una publicación en Facebook, en la que aseguró que tanto la FGR como el Instituto de Bienestar Animal (IBA) habían verificado las condiciones del refugio y «confirmaron el cumplimiento de la ley». Poco después, la FGR y el IBA desmintieron al alcalde.

El presupuesto 2025 aprobado por el concejo municipal de San Salvador Este supera los $63 millones, según Carrasco. El presupuesto en ejecución no se encuentra disponible en la página de transparencia de la comuna, constató El Mundo constató.

El concejo de San Salvador Este está integrado por el alcalde y síndica de Nuevas Ideas, además de cinco regidores del mismo partido político; tres regidores de Cambio Democrático; uno de Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) y uno del FMLN.

El gobierno salvadoreño presentó «otras áreas de negocios y proyectos estratégicos que podrían ser de interés para el empresariado turco» en la segunda reunión de consultas políticas bilaterales con el gobierno de Turquía, informó la Cancillería salvadoreña.

El Salvador presentó posibles negocios a Turquía en áreas como agronegocios, tecnologías, energías renovables, infraestructura y turismo.

Ambos gobiernos revisaron el martes su agenda común sobre temas políticos, de cooperación y de economía, para seguir fortaleciendo su alianza.

La Cancillería salvadoreña detalló que en el encuentro se planteó la posibilidad de expandir la cooperación en agricultura, medio ambiente, salud, turismo, cultura, educación, economía, diplomacia y aeronáutica.

La realización de este espacio de seguimiento demuestra el fortalecimiento y el nivel de acercamiento que mantenemos con esta nación amiga, con la que buscamos tener más y mejores resultados».
Adriana Mira, viceministra de Relaciones Exteriores.

En el área empresarial, la empresa turca Yilport Holding pera actualmente los puertos de Acajutla y de La Unión.

El gobierno salvadoreño agradeció a la nación turca por el apoyo brindado al Hospital Nacional de Niños «Benjamín Bloom» con equipo a través de la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TIKA).

El evento fue presidido por la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, y la directora general para América Latina y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Türkiye, Yaprak Balkan.

«Este encuentro ha sido de gran utilidad para dar seguimiento a nuestro trabajo y acuerdos previos, pero también nos da nuevos insumos, motivaciones y proyectos para seguir caminando adelante».
Yaprak Balkan, directora general para América Latina y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía.

La Embajada de Turquía también informó que ofreció una cena por las consultas políticas que ese mismo día habían realizado las diplomáticas de ambas naciones, con la asistencia de la canciller salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco.

Tuvimos el honor de recibir a Alexandra Hill, Ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, en la cena ofrecida por nuestra Embajada con motivo de las consultas políticas entre las Cancillerías de ambos países. @MFATurkiye @cancilleriasv @CancillerAleHT @AdrianaMiraSV pic.twitter.com/bX9hNpgok5

— Türkiye in El Salvador (@TC_SanSalvador) March 4, 2025

La alcaldía de San Salvador Este aprobó a inicios de año $70 millones en títulos valores para el pago de deuda adquirida por la comuna.

La deuda incluye un monto para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria, de Responsabilidad Limitada (Cosavi, de R.L).

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El concejal del FMLN en San Salvador Este, Cayetano Cruz, aseguró a Diario El Mundo que el concejo municipal aprobó el 28 de enero la emisión de títulos valores para el pago de deuda. Cruz indicó que la aprobación se logró con los votos de Nuevas Ideas y Cambio Democrático (CD).

El concejal Cruz detalló que los $70 millones en títulos valores serían emitidos así: $15 millones serían usados en un plazo de cinco años y otros $65 millones en otros 15 años. Agregó que con los fondos se pagará deuda adquirida con proveedores de servicios y productos y, la deuda con Cosavi.

«Estos $70 millones solo es para pagar deuda, que es casi la misma cantidad que se debe con proveedores de servicios y productos; $15 millones son para cinco años y los $65 millones restantes para 15 años».
Cayetano Cruz. concejal de San Salvador Este.

Hasta septiembre de 2023, Ilopango tenía una deuda de $1.3 millones y Soyapango de $1.9 millones con Cosavi. Durante la conferencia de prensa semanal del FMLN, el concejal Cruz criticó la emisión de deuda. «Qué bueno fuera que para obras, pero no, es para deuda», señaló.

San Salvador Este está conformado por los distritos de San Martín, Ilopango, Soyapango y Tonacatepeque. Cruz aseguró a El Mundo que la deuda de $70 millones fue adquirida durante los períodos de varios alcaldes en las anteriores alcaldías que desde el 1 de mayo de 2024 conforman el nuevo municipio.

En total, se estima que las alcaldías salvadoreñas deben al menos $21.7 millones. Otras alcaldías deudoras serían San Ramón, Cuscatlán; Comasagua, Santa Tecla y Nuevo Cuscatlán en La Libertad; San Luis La Reina. San Miguel; Santa Ana; Acajutla, Armenia y San Julián, en Sonsonate.

Los salvadoreños en Estados Unidos tienen 15 días para completar su formulario para la reinscripción al Estatus de Protección Temporal (TPS). El plazo vence el 18 de marzo según los plazos estipulados por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) por sus siglas en inglés.

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El proceso de reinscripción fue habilitado el 17 de enero, con una vigencia de 60 días para que los connacionales completen el proceso de reinscripción. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha puesto a disposición los 28 consulados en Estados Unidos y la Embajada en Washington para llenar los formularios correspondientes.

La última semana de febrero, la organización Alianza Las Américas advirtió que los migrantes podrían perder el TPS si olvidan reinscribirse porque «la renovación no es automática» e instó a no dejar el proceso para el último día porque es algo «riguroso que requiere tiempo».

Los salvadoreños que deseen reinscribirse en consulados deben presentar:

• Copia de ambos lados del último documento de autorización de empleo.
• En caso de problemas con la justicia, hay que llevar original y copia de la decisión de la Corte y todos los documentos relacionados al proceso.
• Si esta documentación ya fue presentada en preinscripciones pasadas, se necesitan copias legibles.
• Dos fotografías tamaño pasaporte con fondo blanco.
• Si ha realizado viajes fuera de los Estados Unidos, debe presentar una copia del pasaporte con el que viajó.
• Copia del Advanced Parol o autorización de viaje emitido por el Serviccio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) por sus siglas en inglés.
• Copia del último formulario y registro de entrada y salida.
• Si es la primera vez que se reinscribirá en un consulado salvadoreño, debe llevar copias de los formularios anteriores de reinscripción.
• Dos cheques o money orders dirigidos a US Department of Homeland Security.

La prórroga del TPS otorgada por la administración de Joe Biden inicia oficialmente el 10 de marzo de 2025 y finalizará el 9 de septiembre de 2026. La Cancillería salvadoreña ha asegurado que los salvadoreños protegidos en el TPS no serian «elegibles para las deportaciones».

El concejal del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en San Salvador Este, Cayetano Cruz, aseveró este lunes que la implementación de la nueva Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) por el momento no ha traído «nada bueno para la gente» debido a la mala coordinación para la recolección de basura en ese municipio.

Cruz calificó el trabajo de ANDRES como «mediocre» por una supuesta falta de coordinación en las rutas, horarios y forma de retiro de los desechos, lo que estaría provocando «más tráfico del que ya tienen las ciudades». ANDRES inició operaciones en los distritos de San Martín, Soyapango, Tonacatepeque e Ilopango.

«Todos los que vivimos en este municipio no me dejarán mentir que la recolección no ha sido lo mejor, mala coordinación en rutas, mala coordinación en el retiro de los desechos, mala coordinación en los horarios, provocando aún más tráfico del que ya tienen las ciudades».
Cayetano Cruz, concejal del FMLN en San Salvador Este.

El concejal de izquierda considera que la implementación de ANDRES ha provocado despidos masivos de trabajadores del área de aseo y prevé que se generen más tasas municipales. La ley de creación de la nueva entidad estipula que las alcaldías deberán transferir a ANDRES el 50 % de las tasas correspondientes a aseo y gestión de desechos.

Cruz tampoco descarta que la implementación de ANDRES no conlleve a un aumento de tasas municipales y advierte que posiblemente se privatice el servicio de alumbrado eléctrico que brindan las alcaldías, así como los proyectos de reparación de calles. «No creamos que se van a mantener las tasas al precio que han estado en este momento, muy seguramente va a venir aumento» señaló.

La semana pasada, la Mesa Permanente por la Justicia Laboral emitió un comunicado donde aseguró que la ley de creación de ANDRES estaría violentando los derechos laborales de los trabajadores municipales dedicados a la recolección de basura.

La Mesa indicó que los trabajadores municipales «fueron desplazados por personal nuevo» y estiman que en San Martín se afectó el empleo de 70 trabajadores; además de otros 300 en Soyapango, por ello, han pedido la pronta derogación de este ley aprobada en diciembre con 57 votos a favor.

Organizaciones de sociedad civil piden públicamente al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que no repita los «errores» cometidos en la implementación del voto electrónico de los salvadoreños en el exterior en las elecciones de 2024 y sugieren reformas legales para que no se contrate a terceros y que sea desarrollado por el mismo Tribunal.

El presidente de la Fundación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (Tracoda), Luis V. Villaherrera, dijo a Diario El Mundo que una de las cosas importantes para la nueva elección es que «se utilicen los errores del pasado para no repetirlos» permitiendo participación ciudadana en el proceso.

Villaherrera también considera importante que haya «transparencia total en todo el proceso» y pruebas en modelos similares para medir su capacidad sin descuidar un proceso paralelo «para evaluar la ciberseguridad» de los sistemas desde el principio hasta el fin.

«Una de las cosas es que se utilicen los errores del pasado, precisamente para no repetirlos… de igual forma transparencia total en todo el proceso».

Luis V. Villaherrera, presidente de Tracoda.

Por otro lado, el coordinador del Centro de Monitoreo de Acción Ciudadana, Malcolm Cartagena, indicó que podría considerarse una reforma a la Ley especial para el ejercicio del sufragio en el extranjero para que el Tribunal no deba tercerizar, es decir, contratar una empresa para desarrollar el sistema de voto electrónico.

Cartagena explicó que sería positiva una reforma para permitir que el Tribunal desarrolle por sí mismo el sistema de votación electrónica porque la contratación de una empresa requiere de «una inversión millonaria» y no deja con «capacidad instalada» a la institución.

«Lo importante es que sus informes sean públicos, para poder verificar que las deficiencias vistas en el pasado proceso electoral no se repitan».

Malcolm Cartagena, coordinador del Centro de Monitoreo Político de Acción Ciudadana.

En la elección de 2024, el Tribunal contrató a la empresa española Indra para diseñar y ejecutar el voto electrónico, por el que pagó al menos $30 millones, de los que $2.6 millones fueron destinados para el alquiler de las máquinas de la modalidad presencial, las cuales fueron devueltas a la empresa.

Cartagena lamentó que hasta este momento ni el anterior ni el nuevo organismo colegiado haya divulgado los resultados de las auditorías realizadas por la empresa CGTS y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec). Los informes fueron puestos en reserva por siete años.

El Tribunal ha planificado iniciar en junio con la formulación de los términos de referencia para la contratación de la empresa implementadora del voto electrónico y de las empresas de auditoría para las elecciones de diputados y alcaldes de 2027. El proceso iniciará el 2 de junio y terminará el 31 de julio según el calendario electoral aprobado.