Autor: Vero Crespin

Más de 13,000 empleados públicos han sido capacitados en el aula virtual del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) desde junio de 2024 hasta mayo de 2025. Los trabajadores han sido capacitados en cuatro grandes áreas.

De acuerdo a los datos de la memoria de labores del Tribunal, sos 13,179 los empleados públicos inscritos en el aula virtual del TEG, quienes han recibido capacitaciones sobre: “¿Qué es ética, valores y principios?», «Ley de Ética Gubernamental», «¿Qué es el TEG?» y sobre el «Procedimiento Administrativo Sancionador”.

Los más de 13,000 capacitados provienen de 37 instituciones públicas y autónomas. En este último año registrado se han impartido 11 ediciones de capacitaciones, de ellas, siete durante los últimos siete meses de 2024.

Las capacitaciones del aula son impartidas “completamente virtual” y abarcan 16 horas, que son distribuidas en 15 días hábiles. La plataforma permite que los usuarios puedan acceder a la información en cualquier horario.

Las instituciones atendidas en las capacitaciones son:

• Procuraduría General de la República (PGR).
• Ministerio de Salud.
• Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial.
• Universidad de El Salvador (UES).
• Superintendencia de Regulación Sanitaria.
• Corte de Cuentas de la República (CCR).
• Ministerio de la Defensa Nacional.
• Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).
• Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (Inabve).
• Instituto Crecer Juntos.
• Corte Suprema de Justicia (CSJ).
• Ministerio de Hacienda.
• Centro Nacional de Registros (CNR).
• Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU).
• Hospital Nacional de Santa Ana.
• Policía Nacional Civil (PC).
• Banco de Desarrollo de El Salvador.
• Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.
• Registro Nacional de las Personas Naturales
• Banco de Fomento Agropecuario.
• Hospital Nacional Zacamil.
• Lotería Nacional de Beneficencia.
• Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
• Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
• Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).
• Ministerio de Economía.
• Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT).
• Fiscalía General de la República (FGR).
• Secretaría de Estado MINSAL.
• Ministerio de Vivienda.
• Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP).
• Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
• Academia Nacional de Seguridad Pública.
• Fondo Nacional de Vivienda Popular.
• Hospital El Salvador.
• Asamblea Legislativa.
• Defensoría del Consumidor.

Sin detallar las razones del cambio, el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) informó esta semana que el centro de servicio de Toronto, en Canadá, ha sido trasladado a una nueva ubicación.

A través de un aviso en su sitio web, la institución informó a los salvadoreños en Canadá que el centro de servicio estrena nueva ubicación en Sheppard Avenue East, unidad 610, piso 6, m2N 6Y8. El horario de atención será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Anteriormente, el centro de servicio estaba ubicado en el 151 Bloor St. West, Suit 320.Las autoridades del Registro no informaron las circunstancias que llevaron al cambio de dirección. El Registro tiene habilitados 23 centros de servicio, 18 de ellos en Estados Unidos.

Los centros de servicio son:

1. Los Ángeles, CA: 3250 Wilshire Blvd, Suite 550, Los Ángeles, CA 90010, EE. UU.
2. Las Vegas, NV: 765 N. Nellis Blvd Suite C-5, Las Vegas, NV 89110, EE. UU.
3. San Francisco, CA: 500 Golden Gate Ave, San Francisco, CA 94102, EE.UU.
4. Houston, TX: 8300 Bissonnet St Ste. 400, Houston, TX 77074, EE. UU.
5. Dallas, TX: 7610 N Stemmons Fwy #400, Dallas, TX 75247, EE.UU.
6. Plainview, NY: 111 Express St, Plainview, NY 11803.
7. Elizabeth, NJ: 40 Parker Road, Suite 100, Elizabeth, NJ 07208, EE. UU.
8. New York, NY: 14 W 37th St, New York, NY 10018, EE.UU.
9. Woodbridge, VA: 14572 Potomac Mills Road, Woodbridge, VA 22192, EE. UU.
10. Silver Spring, MD: 926 Philadelphia Ave, Silver Spring, MD 20910, EE. UU.
11. Charlotte, NC: 1520 West Boulevard Suite, Charlotte, NC 28208, EE. UU.
12. Duluth, GA: 3550 Corporate Way, Suite A, Duluth, GA 30096, EE.UU.
13. Boston, MA: 46 Bennington St, Boston, MA 02128, EE. UU.
14. Chicago, IL: 8605 W Bryn Mawr Ave, Suite 310, Chicago, IL 60631, EE. UU.
15. Aurora, CO: 1450 S Havana St Suite 100 Aurora, CO 80012, EE. UU.
16. Doral, FL: 8550 NW 33rd St 100, Doral, FL 33122, EE. UU.
17. Seattle, WA: The Broderick Building, 615 2nd Ave #50, Seattle, WA 98104, EE.UU.
18. Springdale, AR: 3875 W Sunset Ave, Springdale, AR 72762, EE.UU.
19. Toronto: Sheppard Avenue East, unidad 610, piso 6, M2N 6Y8, Canadá.
20. México, DF: Calle Aristóteles 221, Colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.
21. Milán, Italia: Piazza Santa Maria Beltrade, 2 20123, Milán, Italia.
22. Sevilla, España: Avenida Menéndez y Pelayo, No 8, piso 5 CP 41004, Sevilla, España.
23. Madrid, España: Calle de Villanueva 35, Local Bajo, 28001, Madrid, España.

El concejo municipal de La Libertad Sur se mantiene sin discutir la propuesta del partido Vamos para permitir que se reciba a los ciudadanos con quejas, problemas o propuestas para sus comunidades, en sesiones públicas.

La concejal de Vamos, Xiomara Lazo, aseveró a Diario El Mundo que la propuesta fue presentada el 24 de enero de 2025 y hasta ahora no se ha agendado ni discutido. «Solamente me la recibieron y hasta ahí quedó», afirmó la regidora.

«Ni siquiera se ha puesto en agenda para discutirlo o valorarlo. Solamente me la recibieron y hasta ahí quedó».
Xiomara Lazo, concejal de Vamos en La Libertad Sur.

La concejal de Vamos aseguró que de todas las solicitudes que han presentado «ni una ha sido ni siquiera puesta en agenda» y que «todas solo están con firma de recibido». Según Lazo, la propuesta buscaba darle «más poder» a los ciudadanos de ese municipio conformado por los distritos de Santa Tecla y Comasagua.

La regidora de oposición propuso sesiones públicas y presenciales para que los regidores lleguen al lugar donde se desarrollan las reuniones de las comunidades y que «la población pueda tener ese acercamiento y ese contacto con las autoridades municipales».

Además, solicitaba que los jefes de distrito participen activamente en las sesiones de concejo porque hasta ahora «han brillado por su ausencia» .La Ley de reestructuración municipal indica que los jefes pueden participar «cuando se considerara necesario». Los jefes de distrito son delegados nombrados por el alcalde municipal para estar al tanto de los distritos que conforman el municipio. La alcaldía de La Libertad Sur es dirigida por Nuevas Ideas con Henry Flores.

¿Te gustaría que las sesiones de concejo municipal sean públicas?

¿Te gustaría llegar a la alcaldía y que tus necesidades sean escuchadas y gestionadas?

Si tu respuesta es si, esta propuesta te interesa a vos. Una propuesta que le da más poder a los tecleños y comasaguenses. pic.twitter.com/7PAMviA43k

— Xiomara Lazo (@XiomaraLazo2025) July 7, 2025

Expertos migratorios urgen un plan integral para la atención de los salvadoreños deportados desde Estados Unidos que pertenecen a diferentes grupos poblaciones y situaciones migratorias. SOS Inmigración Internacional asegura que cualquier plan debe ejecutarse a través del gobierno salvadoreño.

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César Ríos, miembro de Agenda Internacional, opinó que El Salvador debe preparase con «planes migratorios nacionales» con «participación activa» de instituciones del gobierno central, municipalidades, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Trabajo y organizaciones de sociedad civil.

«Hay que prepararnos, hay que hacer un plan nacional migratorio, que no existe, en el que participamos organizaciones sociedad civil que hemos trabajado el tema, donde trabajen los ministerios, donde trabaje principalmente el plan los gobiernos locales que no se han pronunciado hasta hoy».
César Ríos, experto migratorio de Agenda Migrante.

Por su parte, la experta Celia Medrano coincide con Ríos en que «no se conoce de un plan integral» del gobierno salvadoreño que garantice la inserción socioeconómica para los connacionales deportados desde la nación norteamericana.

Medrano aseguró a Diario El Mundo que un plan integral debe incluir enfoques diferenciados de género y derechos humanos para grupos como:

• Menores, adolescentes y jóvenes.
• Adultos.
• Mujeres.
• Personas que requieren atención especial.
• Adultos mayores.
• Comunidad LGBTIQ+.
• Salvadoreños que se fueron huyendo por amenazas.
• Quienes requieren atención médica especializada.

Asimismo, considera que un plan debe considerar atención psicosocial y facilitar «medios de vida» para los deportados, tomando en cuenta que la mayoría de los deportados son hombres adultos, sin o con baja escolaridad, principalmente agricultores, ganaderos y trabajadores de la construcción o servicios.

«El Salvador no está en condiciones de garantizar condiciones de vida digna y segura a miles de salvadoreños migrantes retornados o deportados. Al constatar esa situación, estas personas buscarán volver al país donde ellas y sus familias construyeron arraigo».
Celia Medrano, experta migratoria.

Este año el perfil de los deportados ha cambiado en relación a años anteriores, señaló, ya que ahora se está enviado a connacionales con arraigos en Estados Unidos con algún nivel de inglés y experiencia técnica; «exigirán mejores condiciones laborales y percibir salarios» acordes a sus capacidades.

En ese contexto, considera que El Salvador «no está en condiciones de garantizar condiciones de vida digna y segura» a los deportados, por lo que advierte que los deportados podrían buscar seguir migrando hacia los Estados Unidos. «De persistir las brutales acciones antimigratorias actuales en Estados Unidos, buscarán nuevos destinos, pero quedarse en El Salvador no será una opción», opinó.

«Tiene que manejarlo a través el gobierno»

El experto migratorio de SOS Inmigración Internacional, Reynaldo Alvergue, dijo a El Mundo que el gobierno salvadoreño ha implementado el programa «Bienvenido a casa» para atender a salvadoreños deportados pero desconoce si sigue vigente.

Aseguró que hay varias organizaciones que atienden a migrantes con alimentación, traslados a sus hogares y apoyo para insertarse laboralmente y que hay «muchas organizaciones» que pudieran colaborar si se implementara un nuevo plan, aunque enfatiza que «tiene que manejarlo a través del gobierno«.

Con la nueva política de la administración Trump, las deportaciones desde Estados Unidos ya incluyen a salvadoreños con hijos estadounidenses por nacimiento o incluso que solicitaban asilo.

Durante los últimos 20 años, Estados Unidos ha deportado 327,201 salvadoreños según el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, Solo durante 2024 se deportaron a más de 15,284 según el ICE.

César Ríos, representante de la organización Agenda Migrante, advirtió este jueves que el Estatus de Protección Temporal (TPS) podría ser cancelado para los salvadoreños tras las recientes cancelaciones a países como Nicaragua y Honduras, ya que la política del gobierno estadounidense es liberarse de este tipo de permisos.

El representante de Agenda Migrante aseguró durante una entrevista en Diálogo 21 que «es potencialmente seguro que se suspenda» el TPS, un programa de protección migratoria que protege a más de 200,000 salvadoreños que viven en los Estados Unidos y cuya vigencia vence en septiembre de 2026.

«El caso del TPS que lo tenemos aquí y que hay que aprovecharlo por el tiempo, es potencialmente seguro que se suspenda, no puede ser que ya empezó por Haití, Nicaragua, Honduras, Venezuela, y ahí hay una política migratoria de Estados Unidos de irse liberando de todos esos permisos laborales y temporales».
César Ríos, miembro de la organización Agenda Migrante.

El experto migratorio preguntó cómo podría el gobierno de EE.UU. explicar «que El Salvador sea el único que se vaya a quedar» con este beneficio, cuando ya se suspendió para cuatro países y recordó que la cancelación del TPS para Nicaragua y Honduras fue justificada con que «han mejorado» la situación económica, pero, caso contrario, en Haití se mantiene una fuerte crisis social y política.

Esta semana, se conoció que el gobierno de Donald Trump decidió cancelar el TPS para Nicaragua y Honduras, beneficio que albergaba a al menos 76,000 personas originarias de esos países por considerar que «ya no continúan cumpliendo los criterios para la reasignación del TPS».

Hace unas semanas, el presidente Trump fue cuestionado sobre las razones para no cancelar el TPS para los salvadoreños si consideraba El Salvador uno de los países más seguros, a lo que respondió «echaremos un vistazo«. Se estima que son más de 230,000 los connacionales amparados a ese beneficio en la nación norteamericana.

El TPS para los salvadoreños fue prorrogado durante los últimos días de la administración de Joe Biden y se vencería en septiembre de 2026. Organizaciones como el Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI) esperan que por «la armonía» entre el gobierno salvadoreño y el estadounidense se pueda prorrogar nuevamente el próximo año.

El Ministerio de Educación, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Procuraduría General de la República (PGR) son las instituciones con más empleados investigados por infracciones éticas en el período que va de junio de 2024 a mayo de 2025 según el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG).

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La memoria de labores del TEG indica que solo el 18 % de los empleados públicos investigados laboran para el Ministerio de Educación. El 12 % de los investigados trabaja en la CSJ y el 10 % en la PGR. En total, son 285 los empleados que fueron investigados de al menos 68 instituciones públicas, autónomas y alcaldías.

Las cinco instituciones con más investigados son: el Ministerio de Educación, la CSJ, la PGR, la Universidad de El Salvador y el Ministerio de Salud. La entidad también reporta que 117 de los investigados son del departamento de San Salvador.

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Cuando el Tribunal recibe una denuncia o un aviso contra un empleado público, debe realizar una investigación preliminar para «determinar con precisión los hechos» de los que se acusa al trabajador, así se identifica al infractor y las circunstancias que permitan esclarecer los hechos. Durante esta investigación se solicita a la institución donde labora el empleado público que comparta un informe sobre el hecho investigado. Con el resultado de la investigación preliminar, el organismo colegiado del TEG decide si iniciar un proceso sancionatorio.

El total de investigaciones preliminares fue 111 durante el período reportado por el TEG. En el último año reportado, el Tribunal reportó: 53 resoluciones de improcedencia, 3 absolutorias, 9 de sobreseimiento, 7 de inadmisibilidad y 53 de de «sin lugar a apertura de procedimiento».

El cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez reiteró la petición de la iglesia católica de finalizar «cuanto antes» el régimen de excepción en El Salvador y también se pronunció sobre el derecho a migrar.

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El cardenal Rosa Chávez indicó que la pertenencia de la tierra para todos supone que «uno pueda moverse o quedarse en casa libremente» y que «Dios no construyó fronteras, construyó brazos de reconciliación».

«Ciertamente la tierra es para todos, Dios no construyó fronteras, construyó brazos de reconciliación . Uno tierra para todos supone que uno pueda moverse o quedarse en casa libremente, es un derecho migrar y es un derecho no migrar».
Cardenal Gregorio Rosa Chávez.

Debido a la importancia de la migración en esta época, es que la iglesia católica salvadoreña ha decidido hacerla parte de la octava peregrinación de San ´Óscar Arnulfo Romero, que tendrá lugar este 1 y 2 de agosto.

Además, el Rosa Chávez dijo también a los medios de comunicación que pide al gobierno que el régimen de excepción «termine cuanto antes» para que la gente «pueda expresarse libremente buscando el bien», pues la iglesia considera que hacer el bien por miedo es «coerción».

«El pueblo no puede continuar haciendo el bien, actuando el bien y obedeciendo las leyes por temor a las consecuencias del régimen de excepción, es necesario que el pueblo opte por el bien porque es bueno para él, tanto como para su familia, su sociedad y la nación».
Carta Pastoral de la Conferencia Episcopal de El Salvador, publicada en mayo de 2025.

El cardenal recordó que el clérigo salvadoreño aseguró en la Carta Pastoral de la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES) que en su momento el régimen de excepción «fue necesario para frenar la violencia» y que en ese contexto fue considerado exitoso, pero que «ya no es necesario».

«Se trata de permitir al pueblo ejercer sus libertades sin presión alguna», leyó Rosa Chávez la Carta. Asimismo, insistió en exigir la libertad para líderes comunitarios y salvadoreños que consideran han sido capturados injustamente durante el estado de excepción vigente desde marzo de 2022.

Se estima que desde enero hasta mayo se han recibido 59 vuelos de salvadoreños deportados desde Estados Unidos, según informe de la organización Witness at the Border que recopila datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Por otro lado, serían más de 85,000 los capturados en El Salvador durante el régimen de excepción.

Un joven salvadoreño de 24 años fue deportado desde Estados Unidos, dejando a tres hijos en ese país, según una de sus familiares que llegó la mañana de este miércoles a la Gerencia de Atención al Migrante para recibirlo, luego de ser informados que arribaría este miércoles a suelo salvadoreño.

La tía del joven, quien pidió anonimato porque tenía miedo, relató que el salvadoreño migró a Estados Unidos junto a su madre cuando aún era un menor, de aproximadamente nueve años, permaneció en territorio estadounidense por al menos 15 años hasta que agentes lo capturaron recientemente cuando se dirigía a su lugar de trabajo.

El joven fue arrestado y deportado pese a que era solicitante de asilo en Estados Unidos y tenía tres hijos que son ciudadanos estadounidenses por nacimiento. La tía del joven, a quien recientemente le quitaron un puesto de venta en el centro de San Salvador, contó a medios de comunicación que no conoce el avance del proceso de asilo porque no les alcanza para pagar un abogado.

«No me habían dicho nada, aquí solamente esperar a que lo trajeran… Todos los días llamaba (a la Gerencia del Migrante) para preguntar… (Él trabajaba) así en construcción. Estamos preocupados por ellos, estamos igual que aquí, nos quitaron los puestos donde vendíamos»
Familiar de joven de 24 años deportado.

El joven trabajaba en el rubro de la construcción. Su tía prefirió no comentar las razones que lo llevaron a migrar hacia el país norteamericano. Su familia tenía al menos dos meses de no sostener comunicación con el joven, por lo que desconocían las condiciones en las cuales retornó a suelo salvadoreño.

La mujer relató con lágrimas que tenían un puesto de venta en el centro de San Salvador, pero que ahora ya no pueden vender. «Los del CAM (Cuerpo de Agentes Metropolitanos) nos siguen como si uno fuera delincuente», se quejó.

Sus familiares tocaron la puerta de la Gerencia de Atención al Migrante, donde fueron recibidos. Al menos una hora después, salieron con él, quien prefirió taparse el rostro y correr hacia un vehículo que lo esperaba.

«No lo dejan trabajar a uno, uno no anda haciendo nada malo, uno anda trabajando, tanto aquí como allá son injustos porque él trabajando andaba y allá lo agarraron». Familiar de joven de 24 años deportado desde Estados Unidos.

Mientras Diario El Mundo monitoreó las entradas y salidas de la Gerencia de Atención del Migrante de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), ingresaron representantes de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Refugiados (Acnur), del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y de la Cruz Roja.

Hasta mayo, se conocía que eran al menos 59 vuelos que habían llegado a El Salvador con migrantes deportados según el informe de la organización Witness at the Border. Solo durante 2024 se deportaron a más de 15,000 salvadoreños desde Estados Unidos, según los datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El cardenal Gregorio Rosa Chávez aseveró este miércoles que la dignidad humana en El Salvador «se está aplastando» e instó a entablar un diálogo entre sectores, al opinar sobre la capturas recientes de líderes sociales en El Salvador.

El clérigo salvadoreño aseguró que «la dignidad humana no se puede negociar» y retomó la frase «la dignidad es infinita» del fallecido Papa Francisco.

*La dignidad humana no se puede negociar, es infinita decía el Papa Francisco y aquí se está aplastando esa dignidad».
Cardenal Gregorio Rosa Chávez.

Rosa Chávez dijo que este señalamiento «hay que decirlo con claridad» pero, al mismo tiempo, con el «espíritu de buscar soluciones». Insistió en qué «el diálogo es el camino siempre» pero pidió recordar que dicho diálogo supone «escuchar, hacer concesiones, aceptar errores». «Ese es el camino», exhortó el cardenal.

El clérigo indicó que en la Carta Pastoral 2025 se aboga por la liberación de los encarcelados injustamente bajo en régimen de excepción, incluyendo líderes sociales capturados recientemente. «Está aquí tratado (en la Carta Pastoral) el tema incluso con nombres de personas que fueron capturas antes, las que se pide sean liberadas, esa es nuestra postura», expresó.

En la Carta Pastoral de la Conferencia Episcopal de El Salvador, publicada el 29 de mayo de 2025, la iglesia católica pidió revisar los casos de los encarcelados «con gran objetividad para lograr que los que son inocentes salgan ahí lo más pronto posible» y «que no se persiga a los defensores de derechos humanos por el simple hecho de ejercer esta función».

«Si en dado caso hay algunos presos sin más motivo que la defensa de los derechos humanos, deben ser estudiados sus casos y de inmediato puestos en libertad», indicó la Carta Pastoral.

En la página 16 de la misma, la Conferencia Episcopal pidió no perseguir ni encarcelar a ambientalistas. «No es justo que se les enjuicio y mucho menos que se les encarcele por su trabajo en favor del medio ambiente», indicaba, haciendo referencia también a la muerte de los ambientalistas Marcelo Rivera, Ramiro Rivera y Dora Sorto.

En El Salvador organizaciones aseguran que hay presos políticos en El Salvador, luego del arresto de la jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, Ruth Eleonora López, del presidente de la cooperativa El Bosque, José Ángel Pérez, y del ambientalista y miembro del Foro del Agua, Alejandro Henríquez. A las capturas se sumó el arresto del abogado constitucionalista Enrique Anaya. Amnistía Internacional declaró a López, Pérez y Henríquez como prisioneros de conciencia.

En junio, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, se refirió a la captura de activistas de derechos humanos, así: «Dicen que encarcelamos defensores de derechos humanos, disidentes, opositores al régimen. Cualquier opositor corrupto que se lleve a la cárcel es un perseguido político. Estuvieron 15, 20 años lucrándose del Estado pero ahora se pusieron el carnet de perseguido político», indicó, el 1 de junio.

Política | Cardenal Gregorio Rosa Chávez sobre recientes capturas de defensores de derechos humanos: «Está aquí tratado (en la Carta Pastoral) el tema, incluso con nombres de personas que fueron capturas antes, pero que se pide sean liberadas, esa es nuestra postura, verdad, la… pic.twitter.com/RGArCA1Mto

— Diario El Mundo (@ElMundoSV) July 9, 2025