Acción Ciudadana y Cristosal dudan de la voluntad política que puedan tener los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para fiscalizar el financiamiento privado que puedan recibir los partidos políticos ante la eliminación de la deuda política como financiamiento público.
El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, aseguró que el TSE no tiene voluntad política ni capacidad técnica para fiscalizar el financiamiento privado que reciben los partidos, tomando en cuenta que desde el año 2027, los partidos ya no recibirán deuda política.
Escobar explicó a Diario El Mundo que la voluntad política conlleva a que la institución esté «totalmente comprometida con hacer cumplir la ley» y con sancionar a quienes infrinjan la misma. «Ya está la ley y no la cumplen y no hay quién les obligue a cumplirlo», agregó Escobar.
«Por su mismo peso se evidencia que el Tribunal Supremo Electoral no reúne ninguno de estos supuestos, no hay voluntad política para hacer esta fiscalización, no hay independencia de la autoridad electoral para hacer esta fiscalización, no tiene la capacidad técnica, ni el personal, ni recursos».
Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana.
El director de Acción Ciudadana también considera que el Tribunal no tiene el personal técnico para realizar el monitoreo sobre el financiamiento privado de la política. De octubre a diciembre de 2024, el nuevo organismo colegiado despidió a casi 200 empleados técnicos de la institución.
En ese sentido, Escobar considera que la institución «sí tiene personal» pero que «no tiene los conocimientos y no tiene la experiencia, no va a lograr hacer una fiscalización adecuada», para lo cual dijo se requiere de recursos financieros, técnicos y tecnológicos.
Por su parte, la jefa Anticorrupción y Justicia de Cristosal, Ruth López, considera que el Tribunal sí tiene la capacidad para fiscalizar el financiamiento de los partidos pero «lo que no tiene es voluntad política para hacerlo», tomando en cuenta el desempeño de los magistrados de la gestión 2019-2024, a quienes señaló de «no seguir ningún proceso contra los partidos ante el incumplimiento de sus obligaciones de transparencia».
López recordó que, en 2021, Cristosal presentó una solicitud al Tribunal en la cual los magistrados ordenaron a Nuevas Ideas que revelara sus donantes, por lo que el partido presentó un recurso de revisión, al cual «el tribunal todavía no ha contestado». «Estamos hablando de 2021, por lo tanto, no es un tema de capacidad sino de voluntad política», añadió.
«El TSE tiene capacidad para la fiscalización de los recursos entregados por donantes particulares a los partidos, lo que no tiene es voluntad política de hacerlo. Durante la gestión anterior, el Tribunal se caracterizó por no seguir ningún proceso contra los partidos ante el incumplimiento de sus obligaciones de transparencia».
Ruth López, jefa Anticorrupción y Justicia de Cristosal.
López consideró que, de no conocerse de dónde provienen los fondos de los partidos para financiar campañas electorales, se podría estar afectando el derecho «al sufragio universal y equitativo» y el derecho al acceso al poder porque «solo acceden al poder aquellas personas que tienen recursos».
Le puede interesar: Reynaldo Cardoza: “Ahora quien va a poder competir va a ser aquella persona que tenga más dinero”
Recordó que el artículo 5 de la Carta Democrática Interamericana establece que se deben tomar medidas «para evitar los altos costos de las campañas electorales» y establecer un «régimen equilibrado y transparente del financiamiento» y que el artículo 8 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción rescata la importancia de «aumentar la transparencia» porque el financiamiento es de «suma importancia» para saber si hay sufragio libre y equitativo.
Unidad de Fiscalización de Partidos
Dos meses antes de dejar el cargo, los exmagistrados habilitaron la Unidad de Fiscalización del Financiamiento de los Partidos Políticos (UFFPP) dentro del TSE, con el objetivo de «promover la transparencia en el financiamiento» de los institutos políticos. En ese momento, se nombró una comisión temporal a cargo de la unidad.
Sin embargo, los nuevos magistrados no han dado a conocer quiénes son los encargados de la unidad y declararon confidenciales los currículums de los jefes técnicos, cuyas contrataciones fueron promovidas por la presidenta, Roxana Soriano, quien fue propuesta por Nuevas Ideas para el cargo.
El presidente de la Fundación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (Tracoda), Luis V. Villaherrera, consideró que es vital que el Tribunal posea el financiamiento suficiente para que «se enfoque específicamente en el financiamiento privado» de los partidos, tomando que ya no existirá la deuda política como financiamiento público.
Villaherrera consideró importante «buscar una alternativa para que el Tribunal tenga la capacidad» fiscalizar los fondos de los partidos. La ratificación de la reforma constitucional para eliminar la deuda política fue solicitada esta semana por Nuevas Ideas y pasó a estudio de la Comisión Política.
Acción Ciudadana y Tracoda han señalado que, con la eliminación de la deuda política, temen que haya desigualdad electoral en futuras campañas para comicios y «financiamiento oscuro» por grupos ilícitos que busquen beneficios a sus intereses.
