Autor: Vero Crespin

La Dirección de Integración busca comprar uniformes para los empleados de la instalación por $50,722.60 según consta en la oferta de compra publicada el 30 de junio en el sitio web de la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros).

La oferta indica que los uniformes serán adquiridos con fondos del gobierno central.

En total son 2,593 piezas de vestir que la institución comprará entre blusas y camisas manga larga y corta, pantalones tipo jeans, gorras, chumpas, pijamas sanitarias y gabachas para médicos.

En las especificaciones de la oferta, se ha detallado que todas las prendas deben contener el logo del gobierno de El Salvador y de la Dirección de Integración. Las empresas interesadas en adjudicarse este contrato deben enviar sus ofertas técnicas y muestras del material a ofrecer.

El gasto en cada prenda:

• Blusas manga corta: $8,670.
• Blusas manga larga: $7,410.
• Camisas manga corta: $8,670.
• Camisas manga larga: $7,410.
• Jeans para hombre: $3,878.60.
• Jeans para mujer: $3,480.40.
• Gorras: $1,653.60.
• Chumpas: $9,158.40.
• Pijamas sanitarias: $354.
• Gabacha para médicos: $37.60.

La oferta de compra estará vigente durante 60 días calendario, es decir, hasta el 29 de agosto de 2023, pero el contrato que firme la Dirección de Integración estará vigente desde que se finalicen las negociaciones hasta el 31 de enero de 2026.

Integración solicitó que las tallas utilizadas de muestra no sean distintas a las tallas de las prendas que serán entregadas a sus empleados. Si hay empleados que no se tallen las prendas, entonces, la institución informará sus nombres para «disminuir los reclamos por prendas no talladas».

Este año también el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) inició un proceso de compra de uniformes para empleados por $72,249 entre blusas, camisas, blazers, chaquetas, capas y «filipas», además de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que destinó al menos $831,000 para uniformes.

El 65 % de las peticiones que ciudadanos presentan al concejo municipal de San Salvador Sur corresponden a obras viales en sus distritos, según Raúl Cabrera, regidor del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

El concejal criticó que no existe planificación de obras en el municipio.

Desde mayo de 2024 hasta mayo de 2025, el concejo municipal ha recibido 79 peticiones de pobladores; en un 65 % los ciudadanos solicitan obras viales como reparaciones o asfaltado de calles, le siguen la mitigación de riesgos y equipamiento social, informó el funcionario.

El regidor indicó que el distrito con más solicitudes es Santo Tomás pues de las 79 solicitudes al menos 44 provienen de esa localidad; le sigue Panchimalco con 15 y Santiago Texacuangos con solo 10.

«La municipalidad ha recibido una cantidad de cartas que llegan al concejo municipal solicitando obras, de esas solicitudes estamos hablando que desde mayo de 2024 a mayo de 2025 se han recibido 79 cartas de diferentes comunidades de los cinco distritos».
Raúl Cabrera, concejal del FMLN en San Salvador Sur.

Además, relacionó estas peticiones con que «casi el 44 %» de la población de San Salvador Sur «vive en condiciones de ruralidad» y que, si bien es cierto San Marcos es el distrito más poblado y el más pequeño, no ha habido inversión social en el mismo desde 2021.

Criticó que la falta de planificación en el municipio es lo que no permite identificar las necesidades que los ciudadanos tienen y atenderlas. Recordó que el presupuesto para ejercicio anual 2025 es de $38 millones.

San Marcos recibía, según el concejal, unos $162,000 mensuales del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes), pero actualmente todo San Salvador Sur recibe $273,487 mensuales para los distritos de San Marcos, Panchimalco, Santiago Texacuangos, Santo Tomás y Rosario de Mora.

El Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI) aseguró este miércoles que espera que el Estatus de Protección Temporal (TPS) sea prorrogado nuevamente en 2026 para los salvadoreños. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comprometió la semana pasada a «echar un vistazo» al TPS salvadoreño.

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El director ejecutivo de INSAMI, Jizi Moza, dijo a medios de comunicación que espera que el TPS siga vigente hasta septiembre de 2026 y que pueda haber una nueva prórroga. El TPS estaría vigente hasta el 9 de septiembre de 2026, según la última prórroga que concedió el expresidente Joe Biden.

«Nosotros vemos que en armonía del actual gobierno salvadoreño con el gobierno de Estados Unidos es que no se ha ejercido lo del TPS, esperamos que se venza en 2026 y esperamos que pueda haber otra prórroga para el TPS».
Jizi Moza, director ejecutivo de INSAMI.

Moza indicó que los migrantes salvadoreños no están siendo la excepción en las redadas contra migrantes y que se captura por igual a todos los que se encuentran sin documentos o con órdenes de deportación.

«No hemos visto así que nos han reportado que cuando son las redadas les preguntan ‘mire, usted es salvadoreño’ no, las redadas son redadas», afirmó ante preguntas de si las deportaciones contra salvadoreños han parado por las buenas relaciones el gobierno salvadoreño con el estadounidense.

La semana pasada, el presidente Trump fue cuestionado sobre las razones para no cancelar el TPS para los salvadoreños si consideraba El Salvador uno de los países más seguros y el magnate respondió «echaremos un vistazo». Se estima que son más de 230,000 los connacionales amparados a ese beneficio en la nación norteamericana.

La deportación de salvadoreños vía aérea cayó 26 % en el primer trimestre de 2025, en relación al mismo período del año pasado, según los datos del portal de transparencia de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME). La mayoría de los deportados proceden de Estados Unidos.

Los datos estadísticos muestran que de enero a marzo de 2025, son 2,797 los salvadoreños deportados vía aérea, en cambio, en el mismo período de 2024, fueron 3,769 los que fueron retornados a El Salvador. Lo que representa una disminución del 26 % para este año.

El mes con mayor deportación fue febrero, cuando se registró el ingreso de 1,411 connacionales, le siguió marzo con 1,228 y enero con 1,130. Entre enero y febrero hubo un aumento del 24 %. La diferencia entre lo reportado en 2024 y 2025 es de 972 personas.

Por otro lado, Migración reporta en el primer trimestre de 2025 que 14 salvadoreños deportados ingresaron vía terrestre. De ellos, 10 retornaron a El Salvador en febrero, tres en enero y uno en marzo. Lo que representa un aumento del 1,300 % en comparación con el mismo período de 2024, cuando solo se reportó una persona.La mayoría vienen de Estados UnidosLos datos también indican que la mayoría de los deportados proceden desde Estados Unidos. La entidad migratoria reporta que en los primeros tres meses de 2025 al menos 2,546 salvadoreños fueron deportados desde Estados Unidos, eso representa una disminución del 29 % con el mismo plazo de 2024.

Migración reportó el año pasado 3,610 es decir, 1,064 salvadoreños más fueron deportados desde la nación estadounidense. Para. este año 2025, se reportan 2,811 deportados desde Estados Unidos, o sea, el 90.5 % provienen de ese país, contrario al resto que vienen desde México y otros países.

Desde el 21 de enero hasta el 31 de mayo de 2025, al menos 59 vuelos con personas deportadas ingresaron a El Salvador según los datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) recopilados por la organización Witness at the Border.

San Miguel y Usulután serían los dos departamentos que perderían diputados en la Asamblea Legislativa en las elecciones legislativas de 2027, según el informe «Implicaciones del censo de población y vivienda de El Salvador» de Acción Ciudadana. La cantidad de diputados por departamento se determina con base a la población de cada circunscripción.

El estudio detalla que San Miguel pasaría de tener cinco diputados a solo cuatro y Usulután pasaría de cuatro a solo tres. Por el contrario, Santa Ana pasaría de cinco a seis diputados y La Libertad de siete a ocho legisladores del Primer Órgano de Estado.

El artículo 13 del Código Electoral establece que la Asamblea Legislativa debe estar integrada por 60 diputados y cada circunscripción «se integrará con al menos dos diputados», es decir, que si en caso que un departamento de acuerdo a su población obtiene solo una diputación, se debe ajustar para que tenga el mínimo de ley, que son dos.

Si la ley no planteara un ajuste para que el mínimo de diputaciones sean dos, entonces, el informe de Acción Ciudadana señala que Cabañas solo alcanzaría un escaño, no dos como quedaría con el ajuste y San Miguel tendría cinco diputaciones.

«Se verifica que la circunscripción que perdería un escaño para que lo tenga Cabañas sería San Miguel, pues esta tenía el menor residuo. Esta comparación también permite apreciar que, aunque el ajuste de ley afecta a cuatro circunscripciones, solamente una lo requería, es decir, Cabañas».
Informe de Implicaciones del censo de población y vivienda de El Salvador» de Acción Ciudadana.

Además, considera que con este ajuste de ley para el mínimo de dos curules, es «posible que se declarara inconstitucional» porque «evidentemente afecta al pluralismo político». Además, señala que hay circunscripciones «sobrerepresentadas», es decir, que se requieren menos votos para alcanzar un escaño «porque los votos de los votantes valen o pesan más».

En el caso de las circunscripciones subrepresentadas se necesitan más votos para lograr una diputación. Según el cálculo de Acción Ciudadana, Cabañas estaría sobrerepresentada en un 28 %, en cambio, en Cuscatlán, los candidatos requerirían más votos porque la circunscripción está subrepresentada en un -24 %.

La organización señala que este fenómeno llamado «malapportionment» no es nuevo porque antes ya existía porque se establecía como mínimo tres diputaciones para departamentos como Cabañas y San Viente.

Acción Ciudadana sostiene que con el cambio de fórmula de Hare a D´Hondt se «redujo la pluralidad del sistema» y sumado a la reducción de escaños «el sistema en su conjunto quedó configurado para garantizar la existencia de un partido hegemónico».

Con el nuevo censo, la organización considera que es una oportunidad para que el legislador cree «circunscripciones más grandes, a fin de mejorar la representación y oxigenar el sistema» y propone que la Asamblea reforme el artículo 13 del Código y elimine el mínimo de dos escaños, así como aumentar el número de escaños.

El Código Electoral plantea la cantidad de diputaciones tomando en cuenta el censo de 2007, por lo que, AC propone que se reforme para que refleje los resultados del nuevo censo 2024. «No hacer, además de constituirse como un incumplimiento de la ley, evidenciaría que se busca favorecer intereses electorales», afirma. En caso de rediseñarse el sistema electoral, Acción Ciudadana estima conveniente que se tome en cuenta al Tribunal Supremo Electoral (TSE), actores políticos, academia y organizaciones de la sociedad civil.

La deportación de salvadoreños vía aérea cayó 26 % en el primer trimestre de 2025, en relación al mismo período del año pasado, según los datos del portal de transparencia de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME). La mayoría de los deportados proceden de Estados Unidos.

Los datos estadísticos muestran que de enero a marzo de 2025, son 2,797 los salvadoreños deportados vía aérea, en cambio, en el mismo período de 2024, fueron 3,769 los que fueron retornados a El Salvador. Lo que representa una disminución del 26 % para este año.

El mes con mayor deportación fue febrero, cuando se registró el ingreso de 1,411 connacionales, le siguió marzo con 1,228 y enero con 1,130. Entre enero y febrero hubo un aumento del 24 %. La diferencia entre lo reportado en 2024 y 2025 es de 972 personas.

Por otro lado, Migración reporta en el primer trimestre de 2025 que 14 salvadoreños deportados ingresaron vía terrestre. De ellos, 10 retornaron a El Salvador en febrero, tres en enero y uno en marzo. Lo que representa un aumento del 1,300 % en comparación con el mismo período de 2024, cuando solo se reportó una persona.La mayoría vienen de Estados UnidosLos datos también indican que la mayoría de los deportados proceden desde Estados Unidos. La entidad migratoria reporta que en los primeros tres meses de 2025 al menos 2,546 salvadoreños fueron deportados desde Estados Unidos, eso representa una disminución del 29 % con el mismo plazo de 2024.

Migración reportó el año pasado 3,610 es decir, 1,064 salvadoreños más fueron deportados desde la nación estadounidense. Para. este año 2025, se reportan 2,811 deportados desde Estados Unidos, o sea, el 90.5 % provienen de ese país, contrario al resto que vienen desde México y otros países.

Desde el 21 de enero hasta el 31 de mayo de 2025, al menos 59 vuelos con personas deportadas ingresaron a El Salvador según los datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) recopilados por la organización Witness at the Border.

El vicerrector de Ciencia y Tecnología de la Universidad Don Bosco, Manuel Napoleón Cardona Gutiérrez, aseguró el martes en la Comisión de Tecnología, Turismo e Innovación de la Asamblea Legislativa que «hay una relación inversa entre densidad de robots y desempleo», aunque advierte que algunos salvadoreños podrían perder su empleo si no se adaptan al nuevo sistema.

Cardona Gutiérrez dijo a los diputados que con la automatización de procesos con robots se espera que venga «a cambiar el ecosistema por completo» y eso implica que algunas personas pierdan su empleo y aseveró que «eso es natural» porque «en todo cambio eso pasa». Actualmente, El Salvador tiene en funcionamiento al menos 42 robots.

«Hay estudios, el Foro Económico, montón de estudios que han aparecido sugieren que la automatización viene a cambiar el ecosistema por completo, va a haber gente que a lo mejor pierden el trabajo, eso es natural , en todo cambio eso pasa, hay terceros afectados».
Manuel Napoleón Cardona, vicerrector de Ciencia y Tecnología de la Universidad Don Bosco.

El experto añadió que también es importante considerar cómo minimizar el impacto que la automatización pueda tener en la vida laboral de los salvadoreños y recordó que Charles Darwin decía «no es la criatura más inteligente la que sobrevive, sino la que se adopta más rápido a los cambios».

En ese sentido, aseveró que uno de los beneficios de la automatización es el «cambio en el ecosistema económico» permitiendo que los ciudadanos pasen de consumidores a productores, generando así la creación de «muchas fuentes de empleo si robotizamos El Salvador. «A lo mejor quieran venir empresas de fabricación de vehículos», afirmó.

«Aquella persona que no quiere cambiar y se queda de brazos cruzados, le va a pasar el tren y ni modo va a tener que buscar otra cosa».
Manuel Napoleón Cardona, vicerrector de Ciencia y Tecnología de la Universidad Don Bosco.

«Van a surgir nuevos empleos, mejores empleos, sí que puede tocar algunos, por supuesto, no le voy a decir «mire no», pero la mayor parte es beneficio», subrayó Cardona. Dos de las dificultades que ha habido para la automatización el país, según el experto es que los empresarios no se han sentido convencidos en la «tasa de retorno de la inversión» y otra es la formación, por eso considera que la educación robótica se debe inculcar desde la primera infancia.

Además, destacó en el proyecto de ley que se norme la seguridad de datos, aunque recomendó a los legisladores que se regule cómo certificar que la persona que instale y maneje robots esté capacitada para hacerlo. «Me parece que incluye los elementos sustanciales que debería tener», dijo.

Asimismo, sugirió que se habiliten líneas de créditos para empresarios y que puedan automatizar sus procesos y que los incentivos que ofrece la ley, no se limiten para las empresas que se creen a partir de la aprobación de la legislación sino también para empresas que tienen años de funcionamiento.

Las áreas más beneficiadas con la automatización de procesos en El Salvador sería la manufactura liviana, el área del plástico y el rubro de los alimentos, según Cardona. La Ley de Tecnologías Robóticas sería implementada por la nueva Agencia de Inteligencia Artificial (ANIA).

La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión avaló este martes el proyecto de Ley de Tecnologías Robóticas que está basada en tres ejes: diversificación económica, competitividad regional y atracción de inversión, según explicó el director de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), Mario José Flamenco Rivas.

Con los votos de los diputados presentes se aprobó que el dictamen pase al pleno para que sea autorizado por los legisladores en pleno. Previo al aval, los diputados recibieron al vicerrector de Ciencia y Tecnología de la Universidad Don Bosco, Manuel Napoleón Cardona Gutiérrez, y al director de la ANIA, Mario Flamenco.

El equipo de Flamenco pidió a los legisladores que modificaran la letra e del artículo 8 para omitir la parte en que se establecía que era la ANIA la entidad encargada de imponer multas. Los diputados aprobaron el cambio determinando que la Agencia solo tiene facultad para «fiscalizar y vigilar el cumplimiento de esta ley y de las normas de seguridad».

«Las intenciones del señor Presidente para con esta ley es crear un referente de El salvador como pioneros de la tecnología de la robótica y atraer inversión de las empresas que tengan el más alto grado de integridad ética y de tecnología».
Mario Flamenco, director de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA).

Flamenco calificó la normativa de «permisiva» porque se enfoca en brindar «facilidades de entendimiento» a las empresas sobre las regulaciones vigentes en el país, en «lugar de ser restrictiva» como leyes de otros países. «Está enfocada en atraer inversión… a El Salvador le urge una diversificación económica» dijo.

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El recién nombrado titular de la ANIA explicó que el mundo «necesita automatización de muchos procesos» y aseveró que eso es «inevitable» y que por ello, El Salvador requiere «evolucionar y adaptarnos porque lo vamos a tener que hacer en un punto».

Aseguró que con esta legislación pretenden «intentar modernizar el sector de salud, educación y seguridad» porque considera que se «pueden utilizar sistemas robóticos para agilizar las cosas, hacerlas más baratas, hacerla de mejor calidad».

La comisión también recibió al vicerrector de Ciencia y Tecnología de la Universidad Don Bosco (UDB), Manuel Cardona, quien aseveró que la iniciativa «incluye los elementos clave» para la gestión de este tipo de tecnologías, así como de seguridad para la protección de datos.

Cardona propuso que se enfatizará en la ley la exigencia de certificaciones para comprobar la capacidad técnica de quienes instalen u operen robots en El Salvador, que se promovieran líneas de crédito para empresarios y que la ley no solo contemple incentivos para nuevas empresas sino para antiguas, sin embargo, estas recomendaciones no fueron sometidas a votación por los legisladores.

La cantidad de miembros que integran los concejos municipales se mantendría invariable para las elecciones municipales de 2027, según indica el estudio «Implicaciones del censo de población y vivienda de El Salvador 2024» de Acción Ciudadana.

Según el estudio, más de la mitad de los concejos estarían integrados por 10 miembros.

El Código Electoral establece que rangos de población para determinar la cantidad de miembros que integrarán los concejos municipales. Acción Ciudadana atribuye que la cantidad de miembros se mantendrá porque «los umbrales de población a superar para que una circunscripción municipal cambie de tamaño son bastante altos, mientras que la población ha crecido a un ritmo bajo».

Miembros por cada concejo municipal:

• San Salvador Centro 16 miembros.
• San Salvador Este 16 miembros.
• San Salvador Norte 10 miembros.
• San Salvador Oeste 10 miembros.
• San Salvador Sur 10 miembros.
• Santa Ana Norte 10 miembros.
• Santa Ana Centro 14 miembros.
• Santa Ana Oeste 10 miembros.
• Santa Ana Este 10 miembros.
• San Miguel Norte 10 miembros.
• San Miguel Centro 14 miembros.
• San Miguel Oeste 10 miembros.
• La Libertad Norte 10 miembros.
• La Libertad Centro 10 miembros.
• La Libertad Oeste 10 miembros.
• La Libertad Este 10 miembros.
• La Libertad Costa 10 miembros.
• La Libertad Sur 10 miembros.
• Usulután Norte 10 miembros.
• Usulután Este 10 miembros.
• Usulután Oeste 10 miembros.
• Sonsonate Norte 10 miembros.
• Sonsonate Centro 10 miembros.
• Sonsonate Este 10 miembros.
• Sonsonate Oeste 10 miembros.
• La Unión Norte 10 miembros.
• La Unión Sur 10 miembros.
• La Paz Oeste 10 miembros.
• La Paz Centro 10 miembros.
• La Paz Este 10 miembros.
• Chalatenango Norte 10 miembros.
• Chalatenango Sur 10 miembros.
• Chalatenango Centro 10 miembros.
• Cuscatlán Norte 10 miembros.
• Cuscatlán Sur 10 miembros.
• Ahuachapán Norte 10 miembros.
• Ahuachapán Centro 10 miembros.
• Ahuachapán Sur 10 miembros.
• Morazán Norte 10 miembros.
• Morazán Sur 10 miembros.
• San Vicente Norte 10 miembros.
• San Vicente Sur 10 miembros.
• Cabañas Este 10 miembros.
• Cabañas Oeste 10 miembros.

«Como puede verificarse, no hay cambios con respecto a lo producido por el Censo 2007. Esto obedece a que los umbrales de población a superar para que una circunscripción municipal cambie de tamaño son bastante altos».
Acción Ciudadana en su último informe.

Los datos indican que solo dos concejos municipales tendrán 14 miembros, siendo los más poblados. Otros dos tienen 14 miembros y los otros 40 concejos estarían integrados por 10 miembros. La legislación establece que en cada municipio se elige: un alcalde, un síndico, dos regidores propietarios y cuatro suplentes.

Además, en los municipios con más de 10,000 ciudadanos se asignan otros dos regidores; en los municipios con más de 10,000 hasta 20,000 se asignan cuatro regidores; desde 20,000 hasta 50,000 pobladores se asignan seis regidores; desde 50,000 hasta 100,000 se otorgan seis concejales.

En los municipios que tienen más de 100,000 ciudadanos se le asignan 10 regidores. El Código Electoral indica que es el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el que debe informar a los partidos políticos la distribución en los concejos municipales con base al último censo, a más tardar el último día de marzo del año anterior de la elección.

La Agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los refugiados (Acnur) brinda asistencia para conocer el procedimiento para presentar la solicitud de estatus de «refugiado» en El Salvador y recuerda que todos los servicios son gratuitos.

En caso de ser un extranjero que ya vive en El Salvador, se debe acercar a las oficinas de la Comisión para la Determinación de la condición de Personas. Refugiadas (CODER), ubicadas en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el bulevar Cancillería, en Ciudad Merliot.

En cambio, si acaba de llegar a El Salvador y se encuentra en el Aeropuerto Internacional, debe dirigirse a un funcionario de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y explicarle que desea solicitar refugio. O si se encuentra en el Centro de Atención Integral al Migrante para personas extranjeras y migrantes (CAIPEM) debe informar a la Gerencia de Atención al Migrante (GAMI) sobre sus intenciones de pedir refugio.

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En cualquiera de estos tres escenarios, las personas que le atiendan deben entregarle un formulario, el cual, deberá completar de forma oral o escrita. Acnur enfatiza que los extranjeros solo tienen cinco días hábiles desde que ingresaron a El Salvador para presentar la solicitud.

Es derecho de los extranjeros contar con un abogado, por lo que, pueden acudir a la Procuraduría General de la República (PGR) para que les sea asignado un defensor público. Luego de entregar la solicitud, el CODER deberá notificar la fecha en que se le realizará su entrevista.

Acnur aconseja que durante la entrevista se expliquen todos los detalles de las situaciones que no le permiten regresar a su país de origen y por qué ha huido de ahí y recuerdan «siempre decir la verdad» y si se tienen pruebas, entregarlas.

Posteriormente, le harán saber si su solicitud fue aceptada y de lo contrario, tiene tres días hábiles para apelar. Si la solicitud es admitida, debe gestionar en Migración un carnet de permanencia provisional que tiene vigencia de 30 días prorrogables.

Cuando las solicitudes son aprobadas y se le reconoce como refugiado, puede tramitar en la DGME un carné de permanencia temporal especial en calidad de refugiado, que le confiere también un permiso para trabajar.

En caso que la solicitud sea rechazada, puede pedir la revisión de la resolución ante el CODER. La revisión debe solicitarse por escrito y en tres días hábiles debe ser notificado nuevamente de la decisión final.

El último informe de tendencias de Acnur señala que durante 2024 hubo 120 extranjeros que consiguieron refugio en El Salvador. Sin embargo, la cantidad de solicitudes recibidas fueron 272.