Las organizaciones Acción Ciudadana y Cristosal señalan que la nueva Ley Anticorrupción aprobada a propuesta del presidente Nayib Bukele reúne lo ya «regulado en otras leyes» y la califican como un «recopilatorio» de obligaciones contempladas en otras disposiciones.
Además, dudan de la capacidad de la Fiscalía General de la República (FGR) para asumir sus nuevas responsabilidades.
El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, aseguró a Diario El Mundo que lo planteado en la ley anticorrupción «ya está regulado en otras leyes» como la obligatoriedad de presentar declaraciones de patrimonio de los funcionarios contemplada en el artículo 3 de la Ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos.
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Escobar criticó que «muchos» funcionarios del gobierno actual «no han presentado» sus declaraciones patrimoniales en la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y señaló que «cada vez hay menos información respecto a la presentación de estas declaraciones».
«Mucho de lo que está planteando el presidente en esa supuesta ley ya está regulado en otras leyes. Por ejemplo, el tema de las declaraciones de patrimonio. Es cierto que en la ley está que se presenta cada inicio o final de gestión y que debe de ser público, pero nosotros lo que vemos es que muchos de sus funcionarios no la han presentado».
Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana.
Por su parte, la jefa Anticorrupción y Justicia de Cristosal, Ruth López, aseveró a El Mundo que la ley «es una recopilación de obligaciones que ya se encuentran recogidas en otras regulaciones», aunque reconoce que estas «podrían considerarse ampliadas para todas las instituciones públicas y no solo para el Ejecutivo», de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo (RIOE).
Sin embargo, López asegura que «en el país ninguna institución constitucional y legalmente a cargo cumple con su función de enfrentar seriamente la corrupción y en la impunidad», mientras que Escobar considera que el actual gobierno «no ha tenido nunca una actitud de combate a la corrupción». «Solo ha perseguido selectivamente la corrupción», afirmó.
«El anteproyecto es una recopilación de obligaciones que ya se encuentran recogidas en otras regulaciones y que si bien podrían considerarse ampliadas para todas las instituciones públicas… Lo cierto que en el país ninguna institución constitucional y legalmente a cargo cumple con su función de enfrentar seriamente la corrupción».
Ruth López, jefa Anticorrupción y Justicia de Cristosal.
Escobar reprochó que, pese a que la Ley de Acceso a la Información Pública contempla la divulgación de las declaraciones patrimoniales, esto «no lo están cumpliendo» los funcionarios actuales. «Lo que está diciendo el presidente son cosas que ya están reguladas y que no están cumpliendo ellos», indicó.
¿La Fiscalía está capacitada?
Ambos analistas coinciden que, para conocer si la Fiscalía General de la República (FGR) está capacitada para asumir la dirección del nuevo Sistema Nacional Integrado Anticorrupción (Sinac), se debe conocer si es independiente para «perseguir la corrupción».
Escobar considera que la independencia es necesaria porque, si no, «no van a perseguir adecuadamente la corrupción, porque van a responder a los intereses políticos de la Presidencia o de la Asamblea Legislativa».
Para López, en la FGR no solo se requiere de «más presupuesto» para cumplir con sus nuevas funciones, sino que hay que tomar en cuenta «la curva de aprendizaje» que ha significado «la salida de muchos fiscales de experiencia» que fueron retirados en 2021 por decreto.
Además, considera que «es evidente la falta de independencia del titular» de la FGR, pues considera que «responde a intereses políticos partidarios»; Rodolfo Delgado asumió la Fiscalía el 1 de mayo de 2021 cuando el entonces fiscal fue destituido por Nuevas Ideas.
El miércoles pasado, el fiscal Delgado aseguró a los diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa que tienen «la capacidad para asumir estas nuevas responsabilidades». La nueva normativa fue aprobada por el pleno este viernes.
