Autor: Yelter Herrera

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció este lunes la creación de una Fuerza Especial de Protección del ICE, compuesta por agentes federales que serán desplegados en todo el país para resguardar instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), arrestar a “agitadores violentos” y presentar contra ellos cargos federales con las penas más severas.

“El Departamento de Justicia está desplegando agentes para proteger las instalaciones de ICE, arrestar a agitadores violentos in situ y presentar los cargos federales más fuertes posibles”, afirmó Bondi a través de una publicación en X (antes Twitter), donde también advirtió que “el Estado de derecho prevalecerá”.

Como respaldo, la fiscal general compartió un memorando dirigido a los jefes del FBI, la DEA, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y el cuerpo de U.S. Marshals, dejando claro que no se tolerará ningún tipo de violencia contra agentes federales.

El documento comienza citando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y alerta sobre una “nueva era de violencia política extrema”, resultado de campañas organizadas que buscan intimidar, radicalizar y reprimir voces opositoras, influir en decisiones políticas y frenar el funcionamiento democrático del país.

Bondi señaló que, desde el 21 de enero de 2025, se ha registrado un aumento superior al 1,000 % en los ataques contra el ICE, con epicentros en ciudades como Los Ángeles y Portland. Mencionó incidentes como el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk en septiembre, ataques a vehículos Tesla y el asalto a centros migratorios.

Durante el fin de semana, más de 200 personas bloquearon el acceso a un centro de ICE en Chicago, mientras manifestaban con lemas como “Arresten al ICE, disparen al ICE”. La fiscal acusó a autoridades locales, como el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, de fomentar la hostilidad contra los agentes federales. Ambos funcionarios habían criticado públicamente al ICE y el despliegue de agentes enmascarados en la ciudad.

Bondi aseguró que el Departamento de Justicia actuará “con firmeza” frente a cualquier ataque o amenaza contra agentes federales. “Nuestros funcionarios reprimirán todos los disturbios ilegales y arrestarán a toda persona sospechosa de amenazar o agredir a un agente del orden público federal o de interferir con las operaciones de las fuerzas del orden federales”, subrayó.

La fiscal también advirtió que se procesará judicialmente no solo a quienes cometan actos violentos, sino también a quienes los financien, coordinen o inciten. “El Departamento de Justicia arrestará y procesará con todo el rigor de la ley a toda persona que ayude, instigue o conspire para cometer estos delitos”, enfatizó.

Este despliegue ocurre en el marco de la ofensiva del presidente Trump para reforzar sus políticas migratorias, que incluyen una fuerte presencia de fuerzas federales en ciudades como Portland, Chicago, Washington y Los Ángeles. El domingo, el Departamento de Seguridad Nacional reportó la detención de 11 manifestantes frente a un centro de detención en Chicago.

En respuesta, autoridades de Portland y del estado de Oregón interpusieron una demanda contra la Administración Trump por el envío de fuerzas militares y el uso de “fuerza total” para controlar las protestas, en lo que consideran una medida desproporcionada.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó este lunes un decreto que declara el estado de Conmoción Externa, una medida excepcional contemplada en la Constitución venezolana que entrará en vigor solo si se registra una agresión militar extranjera.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez explicó que este instrumento legal contempla la “restricción temporal” de ciertos derechos constitucionales y la asignación de “poderes especiales” al presidente Maduro en caso de que Estados Unidos o cualquier otro país ataque Venezuela. Rodríguez señaló que el objetivo es “reforzar la defensa nacional” y garantizar la estabilidad del país.

“Quienes piensen que una agresión armada militar guerrerista contra Venezuela solamente va a perjudicar al pueblo, al gobierno venezolano, nuevamente se van a equivocar: se va a afectar todo el país, quizá por décadas, se va a afectar nuestra región, no tengan dudas, se va a afectar a Estados Unidos”, advirtió la funcionaria durante un acto con representantes diplomáticos.

Rodríguez también adelantó que cualquier persona que “promueva, apoye o haga apología” de una agresión militar será sometida a la justicia, en el marco de este decreto.

El estado de Conmoción Externa está estipulado en el artículo 338 de la Constitución de Venezuela y permite al Ejecutivo restringir derechos civiles, movilizar tropas y tomar control de medios de comunicación. Tiene una duración inicial de 90 días y puede prorrogarse por otros 90 con autorización del Parlamento.

La tensión con Washington se agudizó luego de que Estados Unidos desplegara ocho buques de guerra y un submarino nuclear en el Caribe para combatir el narcotráfico. La operación provocó la destrucción de tres embarcaciones y la muerte de 14 personas, pero Caracas denuncia que se trata de un intento de intervención extranjera con fines de cambio de régimen.

Aunque gobiernos anteriores ya decretaron estados de excepción por emergencia económica o sanitaria, es la primera vez que se activa un instrumento como el estado de Conmoción Externa en el país sudamericano.