Autor: Yelter Herrera

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, inauguró este lunes un programa de incentivos fiscales para que los habitantes compren armas libres de impuestos en lo que resta del año en el estado, además de impulsar una ley para que puedan portarse abiertamente.

«Hoy me enorgullece anunciar el comienzo de nuestras ‘Festividades fiscales de la Segunda Enmienda’, que será de no impuestos, no impuestos de venta en el comercio minorista de armas de fuego, municiones, pertrechos, así como equipo usado para pescar, acampar y otros usados para cazar», declaró DeSantis en un evento.

El mandatario republicano también pidió aprobar una legislación en el Congreso de Florida para permitir que los ciudadanos porten en público sus armas, lo que se conoce en inglés como ‘Open carry’, pues ahora la ley prohíbe hacerlo salvo en lugares designados de pesca, campamentos y cacería.

Pero la iniciativa se ha atascado porque el presidente del Senado floridano, Ben Albritton, se ha opuesto a la medida, al citar que la Asociación de Alguaciles de Florida se ha manifestado en contra.

«Tenemos una mayoría de casi tres a uno en la Cámara de Representantes de Florida. Treinta y ocho estados tienen ‘Open carry’. No es algo que sea controversial. El cielo no se ha caído en ninguno de esos. ¿Por qué no pasa eso en la Cámara de Representantes de Florida?», argumentó ahora DeSantis.

El hecho ocurre mientras Florida ocupa el segundo lugar a nivel nacional en la venta de armas, solo por detrás de Texas, con un estimado de 1.22 millones de estos objetos vendidos en 2024, según un reporte de la organización Safe Home con base en cifras del FBI.

Pero esto representó una caída interanual del 7 % entre 2023 y 2024, añadió el informe.

Florida, el estado donde más de un tercio de la población posee un arma, según reporta la asociación Ammo, con base en cifras oficiales, tiene una de las legislaciones más permisivas del país, como una ley que permite portar un arma oculta sin ningún permiso especial.

La venta especial no excluye a compradores que residen en otros estados.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este domingo a las empresas extranjeras «respetar» las leyes migratorias del país y las alentó a entrenar a trabajadores estadounidenses, tras una redada masiva de migración en una planta de Hyundai donde se detuvieron casi 500 personas, la mayoría de Corea del Sur.

«»Sus inversiones son bienvenidas, y los animamos a que TRAIGAN LEGALMENTE a su gente muy inteligente, con gran talento técnico, para construir productos de clase mundial», escribió el mandatario en su cuenta de la plataforma Truth Social.

«Haremos que sea rápida y legalmente posible que lo hagan. A cambio, lo que pedimos es que contraten y capaciten a trabajadores estadounidenses», continuó.

El operativo tuvo lugar el pasado jueves en una megaplanta de Hyundai en el estado sureño de Georgia. La mayor parte de los migrantes detenidos eran surcoreanos que no tenían permiso legal para trabajar en el país.

Como resultado de la redada, que se considera el mayor de su tipo en la historia del HSI, los agentes detuvieron a un total de 475 trabajadores que estaban indocumentados o trabajando ilegalmente en la planta, localizada en el condado de Bryan, a unas 30 millas al oeste de Savannah.

La mayoría de los detenidos fueron puestos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y se encuentran en el Centro de Procesamiento de Folkston, en el sureste de Georgia, a pocas millas de Jacksonville, Florida.

De acuerdo con testigos, cientos de oficiales irrumpieron el jueves en las instalaciones de Hyundai Motor Group Metaplant America en vehículos militares todoterreno y causaron terror entre los trabajadores, lo que provocó que algunos intentaran huir.

El Gobierno surcoreano lamentó el pasado viernes la redada en el sitio de construcción de la planta de baterías conjunta de Hyundai Motor Group y LG Energy Solution.

«En cumplimiento de la ley en Estados Unidos, no deben ser injustamente afectados ni las actividades económicas de nuestras empresas de inversión ni los derechos de nuestros ciudadanos» dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores, Lee Jae-woong.

El sitio de construcción de la planta de baterías donde se produjo la redada forma parte del complejo Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA), inaugurado en marzo y destinado a producir vehículos eléctricos y sus componentes.

El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció este domingo un «refuerzo especial» de la presencia militar en cinco estados del país, ubicados, dijo, en la «fachada caribeña» y la «atlántica», en momentos en que Estados Unidos ha ordenado una operación antidrogas en el Caribe, cerca de las aguas de esta nación suramericana.

Padrino detalló en un video difundido en sus redes sociales que se movilizarán, por instrucción del presidente Nicolás Maduro, «medios y fuerzas» para fortalecer la presencia en los estados Zulia y Falcón (noroeste), que afirmó constituyen «una ruta del narcotráfico».

El titular de Defensa se refirió en específico a la zona de La Guajira venezolana, en el Zulia, y a la península de Paraguaná, en Falcón.

También dijo que se redoblará la presencia militar en la región insular de Nueva Esparta -integrada por las islas de Margarita, Coche y Cubagua-, así como en Sucre y Delta Amacuro, en el noreste del país.

«Nadie va a venir a hacer el trabajo por nosotros. Nadie va a pisar esta tierra a hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros», agregó el titular de la cartera de Estado, sin precisar más detalles sobre el contingente.

En agosto pasado, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, informó del despliegue de 15,000 efectivos en Zulia y Táchira, ambos fronterizos con Colombia, para, según indicó, asegurar la paz en el territorio y combatir grupos delictivos.

Padrino precisó este domingo que esas regiones, que forman la llamada «Zona de Paz N.1», eran vigiladas inicialmente por 10.000 hombres y ahora cuentan con un total 25.000 efectivos desplegados «con medios navales, fluviales» y drones.

El jefe militar se refirió a otras operaciones activas en el territorio nacional, entre ellas en la Sierra de Perijá, también en la frontera con Colombia, y en el estado Apure (oeste).

Las relaciones entre Caracas y Washington se han tensado a raíz de un despliegue militar ordenado desde mediados de agosto por el Gobierno del mandatario estadounidense, Donald Trump, en aguas caribeñas, con el argumento de combatir el tráfico de drogas que, según la Casa Blanca, «contamina» las calles de ese país.

Dichos movimientos han sido denunciados por Caracas como una «amenaza».

Maduro -por quien EE.UU. elevó hasta 50 millones de dólares la recompensa por información que permita su captura tras acusarlo de «violar las leyes de narcóticos»- dijo este viernes que Washington «debe abandonar su plan de un cambio de régimen violento en Venezuela y en toda América Latina y el Caribe» y pidió respeto a su soberanía.

El presidente de Argentina, Javier Milei, reconoció que su partido La Libertad Avanza (LLA) ha sufrido «una clara derrota» que «hay que aceptar», y prometió hacer lo posible para revertir estos resultados, tras el importante triunfo del peronismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires.

Milei reconoció este domingo el fracaso de la formación ultraderechista en esta provincia frente al rotundo triunfo del peronismo: «Hoy hemos tenido una clara derrota y, si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo», afirmó.

El peronismo se impuso en elecciones provinciales en Buenos Aires

Fuerza Patria, alianza de distintos sectores de la oposición peronista al Gobierno de Javier Milei, aplastó este domingo al partido del presidente, La Libertad Avanza, en los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, mayor distrito electoral del país y clave de cara a las elecciones nacionales del próximo octubre.

Con más del 80 % de los votos escrutados, Fuerza Patria obtuvo casi un 47 % mientras que La Libertad Avanza se ubicó en casi 34 %.

El partido opositor de Venezuela Voluntad Popular (VP) confirmó este viernes que sus activistas políticos Roland Carreño y Freddy Superlano fueron trasladados desde la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocida como El Helicoide, a un nuevo sitio de reclusión que asegura desconocer.

A través de X, la formación compartió un video de la esposa de Superlano, Aurora Silva, en el que informa que acudió a El Helicoide y en el lugar, según dijo, le indicaron que ambos opositores fueron trasladados el pasado domingo.

«No nos dieron ningún tipo de información. Sin embargo, por otras vías, nos hemos enterado que, posiblemente, estén en el Rodeo I», señaló Silva, quien dijo que fue hasta este centro de detención, en el estado Miranda (norte), donde, aseguró, tampoco confirmaron o desmintieron la versión.

VP exigió al Gobierno una prueba de vida de Superlano y Carreño, así como el «respeto a sus derechos fundamentales», y cuestionó que el traslado se hiciera -afirmó- «sin notificar a sus familiares». Hasta ahora, ninguna autoridad ha confirmado que los activistas hayan sido llevados a otro sitio de reclusión.

Superlano fue detenido el 30 de julio de 2024, dos días después de los comicios presidenciales, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Nicolás Maduro, un resultado no reconocido por la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), ni por numerosos países, que insisten en que el verdadero vencedor fue Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado.

Por su parte, Carreño fue arrestado el 2 de agosto del año pasado, en el contexto de la crisis postelectoral que se desató en el país por la denuncia de fraude de la PUD en la proclamada victoria del chavismo.

Carreño ya había sido detenido antes, el 26 de octubre de 2020, acusado de financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra y excarcelado el 18 de octubre de 2023, tras un acuerdo firmado entonces entre el Gobierno y la PUD, en Barbados.

Según la organización Foro Penal, en Venezuela hay 816 presos políticos, pese a que el Gobierno niega que en el país haya detenidos por estos motivos y asegura que cometieron delitos.

La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, informó este viernes en Managua que se excarcelará a 1,200 presos comunes con sentencia firme para que vivan en régimen de convivencia familiar en sus casas, con lo que se elevarán a 7.400 los beneficiados en lo que va de año.

Murillo, esposa del también copresidente Daniel Ortega, dijo a través de medios oficiales que la excarcelación de los 1,200 presos comunes, entre varones y mujeres, será el próximo 12 de septiembre en el contexto de las Fiestas Patrias.

«Otra buena nueva es que el día 12 de septiembre, saludando nuestras Fiestas Patrias, vamos a estar brindando beneficios legales y convivencia familiar a 1.200 personas que han estado recluidas en los Centros Penitenciarios de todo el país», destacó Murillo.

Los 1,200 privados de la libertad recibirán el beneficio legal de la excarcelación bajo el régimen de convivencia familiar durante un acto que se celebrará en la sede del Sistema Penitenciario Nacional, cerca de Managua, la mayor prisión de Nicaragua, conocida como ‘La Modelo’, así como en otras siete cárceles, de acuerdo con la información.

Son «1,200 mujeres y varones que pasan a habitar con sus familias buscando caminos propios, de reflexión, de rehabilitación, de servirse en primer lugar ellos mismos para sentirse contentos, realizados en los caminos correctos y a su familia y comunidades», agregó.

Murillo dijo que su Gobierno se siente contento «de este modelo que nos permite devolver a las familias a todos aquellos hermanos y hermanas que han cometido errores y que están dispuestos a hacer el bien por ellos mismos, por su comunidad, por su familia, por Nicaragua».

Más de 53,000 reos comunes excarcelados en 10 años

Las autoridades de Nicaragua han liberado de prisión y puesto bajo el régimen de convivencia familiar a un total de 53.164 reos comunes en los últimos diez años, de los cuales el 7,18 % ha reincidido en la comisión de al menos un delito, según datos del Gobierno.

La excarcelación de convictos comunes antes de cumplir sus penas ha sido criticada, principalmente, por organizaciones feministas, bajo el argumento de que luego de esos beneficios se han incrementado los feminicidios y la delincuencia general en Nicaragua.

En 2024 las autoridades beneficiaron a 9.200 de estos condenados, la mayor cantidad en el último decenio.

Entre 2015 y 2023, el Gobierno de Nicaragua sacó de prisión a 37.764 internos, con un promedio anual de 4.196 órdenes de libertad condicional decretadas directamente por el Ejecutivo.

El Gobierno nicaragüense suele otorgar libertad condicional a los presos comunes con ocasión de la Semana Santa, el Día de la Madre, el Día del Padre, en el aniversario de la revolución sandinista y en las fiestas de Navidad.

En 2023 también lo hizo en el Día Internacional de la Mujer, pero no en el Día del Padre ni en ocasión de la efeméride sandinista.

En 2024, las condonaciones incluyeron abril, mes en el que se conmemoran las manifestaciones que estallaron contra el presidente Daniel Ortega en 2018, las Fiestas Patrias, el Día de Todos los Santos, el Día de los Difuntos y el día de la Inmaculada Concepción de María.

Y en este año liberó a 2.000 presos comunes en el día de San Valentín o del Amor y la Amistad; 1.700 el 4 de mayo por motivo del Día de la Dignidad Nacional, 1.000 en conmemoración al 130 aniversario del natalicio del héroe nicaragüense Augusto C. Sandino, y 1.500 el pasado 31 de junio previo a las fiestass populares en Managua por Santo Domingo de Guzmán.

El Gobierno de México solicitará apoyo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que ayude en las investigaciones del caso de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014 en Ayotzinapa (sur), señaló este viernes la presidenta, Claudia Sheinbaum, tras reunirse con familiares de los jóvenes.

«Le pedí a la secretaria Rosa Icela (Rodríguez) que hablara con Naciones Unidas para ver si era factible buscar expertos precisamente en estas áreas de investigación y métodos de investigación que se están siguiendo para que madres y padres puedan tener la certeza de que, en efecto, se están haciendo bien las cosas”, señaló la mandataria durante su rueda de prensa diaria.

Las declaraciones de la gobernante mexicana ocurren luego de que el jueves familiares de los 43 jóvenes lamentaron la falta de «avances sustanciales» en la investigación, tras reunirse con Sheinbaum para revisar el desarrollo del caso que está por cumplir 11 años sin esclarecerse.

La presidenta reveló que la petición que pretende hacer a la ONU responde a la exigencia de los padres y madres de los jóvenes desaparecidos que piden que se incorpore a un grupo de expertos, como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que operó en México hasta 2023.

«Se está evaluando esta posibilidad y trabajando en coordinación con ellos», apuntó.

Sheinbaum defendió que durante su encuentro con los padres de los normalistas, se les presentaron los avances de la investigación que ha hecho su Gobierno, aunque reconoció que los manifestantes le cuestionaron sobre la órdenes de aprehensión que no se han hecho a personas relacionadas con el tema.

Además, confió en que esta nueva forma de investigación, “mucho más basada” en evidencias puede ayudar a aclarar lo que ocurrió la noche de la desaparición de los normalistas y conocer su paradero.

«Nos va a llevar a un conocimiento mayor de la verdad y de dónde están los jóvenes», enfatizó.

El caso Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa desaparecieron mientras se dirigían a Ciudad de México para manifestarse por el aniversario de la matanza de Tlatelolco de octubre de 1968.

La presidenta ha anunciado en reuniones pasadas que «hasta que se encuentre a todos los jóvenes, no debe cerrarse esa carpeta nunca” y ha anunciado una «nueva visión» de la investigación sin «confrontación» para encontrar a los jóvenes, abrir los archivos del Ejército y castigar a los culpables.

Este caso es un ejemplo emblemático de las desapariciones en México, donde a la fecha suman más de 133.000 personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO).