Autor: Yelter Herrera

El estado de excepción en Honduras, vigente desde diciembre de 2022, ha derivado en denuncias de abuso de poder y tortura, y su continuación podría afectar la “legitimidad” de las elecciones generales del 30 de noviembre próximo, advirtió este jueves la organización humanitaria Cristosal en un informe.

En su informe ‘Estado de excepción y violencia estructural’, presentado en Tegucigalpa, la entidad alertó que la medida ha dejado de ser temporal para convertirse en «una política permanente, con graves consecuencias para los derechos humanos y la democracia”.

Cristosal alerta que mantener el régimen durante el proceso electoral podría limitar «la libertad de voto, el acceso equitativo a la campaña y la participación ciudadana al restringir derechos fundamentales como la reunión, la asociación y la circulación».

La organización también denunció la presencia “intimidante” de cuerpos armados en comunidades, centros educativos y espacios públicos, que -advierte- podría trasladarse al contexto electoral.

Continuidad de régimen de excepción erosiona confianza electoral

La directora de Cristosal en Honduras, Karen Valladares, dijo a EFE que en el país existe una situación «bastante alarmante” y advirtió que la prolongación del estado de excepción erosiona la confianza en el proceso electoral porque coarta derechos y genera temor.

“Un estado de excepción debe ser excepcional para momentos excepcionales, pero acá en el país ya se volvió como una política”, enfatizó Valladares, quien consideró importante que las autoridades reflexionen y revisen la factibilidad de mantener la medida cuando esta implica la vulneración de derechos.

Aseguró que “no se puede construir democracia” en un Estado “prácticamente fallido”, donde la población “vive con temor y no cuenta con un acceso favorable a la justicia”.

Valladares se pronunció en contra de un «estado de excepción permanente» en el país, señalando que mientras no se implementen políticas efectivas de seguridad ciudadana, diálogos y alianzas para fomentar «una mejor cultura de trabajo», la medida carece de eficacia.

La directora también lamentó que la extorsión en Honduras no haya disminuido pese al decreto emitido por la presidenta Xiomara Castro el 6 de diciembre de 2022.

El estado de excepción ha sido prorrogado 22 veces desde su instauración en diciembre de 2022, ampliándose a más de la mitad del territorio “sin control legislativo ni evaluación pública», enfatizó Cristosal, que en julio pasado anunció el cierre de sus operaciones en El Salvador ante una “escalada represiva” en contra de activistas de derechos humanos, que ha incluido varias detenciones.

Tortura y tratos crueles

El informe recoge testimonios y datos oficiales que evidencian “altas tasas de detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial, uso excesivo de la fuerza y casos de tortura y tratos crueles, incluso contra niñas, niños y adolescentes”.

Entre diciembre de 2022 y mayo de 2024, al menos 9.668 personas fueron detenidas; el 91 % son hombres, muchos de ellos jóvenes, lo que -según Cristosal- refleja un “patrón de estigmatización y criminalización por perfilamiento”.

La organización también alertó sobre el deterioro crítico del sistema penitenciario, marcado por la sobrepoblación y la violación de estándares internacionales, así como por los impactos “psicosociales profundos” del régimen, con “altos niveles de ansiedad, miedo y retraimiento” en comunidades vulnerables.

“Mujeres, juventudes y población LGBTIQ+ enfrentan formas específicas de violencia y discriminación”, mientras que las organizaciones comunitarias se “han debilitado” y muchas personas optan por “el silencio o la migración” como mecanismo de protección.

Cristosal sostuvo que, lejos de resolver las causas estructurales de la violencia, el estado de excepción “ha normalizado la suspensión de derechos”, profundizando el miedo, debilitando la democracia y golpeando con mayor dureza a los sectores más vulnerables.

La ONG hizo un llamado al Estado hondureño a poner fin a la prolongación del régimen, restablecer el pleno respeto a los derechos humanos y garantizar un entorno democrático de cara a las elecciones de noviembre.

La experiencia de estos dos años demuestra que “no hay verdadera seguridad sin derechos humanos, ni justicia sostenible sin instituciones democráticas y control civil”, señaló Cristosal.

Las escuelas públicas de Los Ángeles iniciaron este jueves el nuevo año académico con el reto sin precedentes de hacer que miles de estudiantes regresen a las aulas en medio de las crecientes preocupaciones por los operativos migratorios, que se han intensificado en los últimos días a sus alrededores.

El Distrito Escolar de Los Ángeles (LAUSD), el segundo más grande de EE.UU., desplegó en más de cien de sus escuelas en barrios latinos y de población inmigrante «zonas seguras», que son patrulladas por la policía escolar y voluntarios para alertar sobre la presencia de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).

Además, los autobuses escolares han ampliado sus rutas para proveer el servicio al mayor número posible de estudiantes, como parte de la estrategia para brindar tranquilidad tanto a los estudiantes como a los padres de familia inmigrantes.

La estrategia incluye una campaña de información sobre los derechos que tienen los inmigrantes que contará con foros semanales.

La iniciativa comenzó a finales del curso de 2025, con el apoyo del sindicato de maestros UTLA y grupos comunitarios como Unión del Barrio, que han convocado a la comunidad a reportar la presencia de las autoridades federales.

A pesar de las iniciativas de vigilancia, el temor se palpa en el primer día de clases. María Hernández, una madre inmigrante dijo en una entrevista telefónica con EFE que ha pensado retirar de la escuela a su hijo de 7 años.

«Hoy lo llevó a la escuela una amiga mía, pero no tengo quién lo recoja; no sé cuánto podemos aguantar así», cuenta la madre que no habla sobre su estatus migratorio o el de su pequeño.

Dice que su hijo ha estado triste en las últimas semanas, «no pudo disfrutar sus vacaciones de verano» y que aunque le gusta la escuela y sus profesores, hoy se levantó sin ganas de comenzar su segundo grado de primaria.

El doble reto

Este dilema muestra el doble reto que enfrentan las autoridades escolares y el superintendente de escuelas de Los Ángeles, Alberto Carvalho, que tiene como meta la disminución del ausentismo escolar en el distrito, con más de 400,000 estudiantes.

Desde antes que comenzaran los mayores operativos migratorios en Los Ángeles, Carvalho, que fue un inmigrante indocumentado, ha blindado las escuelas públicas del distrito para no permitir la presencia de agentes de ICE en los campus, ni cerca de ellos.

El superintendente ha instado a las autoridades migratorias a no realizar actividades en un radio de dos cuadras alrededor de las escuelas desde una hora antes del inicio de la jornada escolar hasta una hora después de la salida de las clases.

«Los niños con miedo no pueden aprender bien», dijo Carvalho en una conferencia de prensa en la que advirtió que el LAUSD se opondrá a cualquier entidad y sus funcionarios que interfieran en el proceso educativo de los niños.

De igual forma, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo hoy que todos los angelinos se han unido para enviar un claro mensaje a la Casa Blanca: «Pongan fin a estas redadas discriminatorias e imprudentes ya».

La demócrata también señaló que los agentes migratorios están restringidos temporalmente por una orden de una juez federal que prohibió las detenciones de inmigrantes basadas en discriminación racial, de idioma o trabajo.

Sin embargo, los agentes de ICE han continuado realizando operativos en los últimos días incluyendo un incidente el pasado lunes en la apuntaron con sus armas a un joven de 15 años y lo esposaron a las afueras de la preparatoria Arleta.

El adolescente que sufre de una discapacidad fue abordado por agentes sin identificación cuando esperaba a sus familiares en un vehículo de la familia.

Gracias a la intervención de las autoridades escolares el joven fue liberado. El chileno Benjamín Marcelo Guerrero-Cruz, de 18 años, no tuvo la misma suerte y fue detenido la semana pasada cuando paseaba a su perro.

El joven se preparaba para cursar su último año de preparatoria en la escuela angelina.

«Con el regreso de nuestros estudiantes a clases, hacemos un llamado a todos los colaboradores de la comunidad para que ayuden a garantizar que las aulas sigan siendo lugares de aprendizaje y pertenencia», subrayó Carvalho en su llamado a la comunidad para realizar un frente común.

El escándalo de dos exfuncionarios del estado de Tabasco, sureste del país, ligados al narcotráfico y ahora prófugos, ha añadido tensión a la relación México-EE.UU. que creció con las amenazas del presidente Donald Trump de enviar tropas al otro lado de la frontera para atacar a los carteles.

En el ojo del huracán de esta polémica, está el actual coordinador del Senado mexicano, exgobernador de Tabasco y exsecretario de Gobernación (Interior), Adán Augusto López Hernández, un hombre cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), y su entonces secretario de seguridad, Hernán Bermúdez Requena.

Según el semanario mexicano Proceso, en su edición de hace dos semanas, los vínculos criminales de los exfuncionarios fueron reportados en 2022 por los servicios de inteligencia del Estado mexicano durante el gobierno de López Obrador, cuando López Hernández era secretario de Gobernación de México.

Bermúdez Requena, conocido como ‘El Comandante H’, fue designado secretario de Seguridad en el estado de Tabasco (sureste) en 2019 por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y se le acusa de ser uno de los líderes del grupo delincuencial ‘La Barredora’, una célula criminal vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El pasado 22 de julio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, confirmó que pesaba una orden de aprehensión y ficha roja de la Interpol contra Bermúdez Requena, quien era investigado desde 2024 por sus vínculos con el crimen organizado.

Sheinbaum sale al paso

Ese mismo día, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, informó en su rueda de prensa matutina, que desde octubre de 2024 el Gobierno federal ha estado cooperando con el estado de Tabasco en la investigación del exfuncionario.

Según la información de inteligencia, Bermúdez Requena habría tenido vínculos con criminales desde 1999 y un posible arresto en 2006 por la ejecución de un ganadero.

Con los señalamientos en su contra por haber sido su «jefe», López Hernández tuvo que enfrentar las primeras acusaciones de que él sabía todos los movimientos de Bermúdez Requena y los opositores comenzaron a decir que era «su García Luna», en referencia al exsecretario de Seguridad, ahora preso en Estados Unidos por corrupción, del expresidente Felipe Calderón (2006-2012).

Sheinbaum explicó ese día y en días posteriores que para acusar a López Hernández “tiene que haber pruebas fehacientes de que alguien esté involucrado para poder abrir una carpeta de investigación”.

“No se va a cubrir a nadie, las investigaciones, en cualquier caso, para cualquier persona deben hacerse, pero de antemano no se puede culpar a nadie hasta que no se demuestre lo contrario”, sentenció la presidenta.

Días más tarde, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, a través de la Procuraduría Fiscal, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), bloqueó las cuentas bancarias de Bermúdez Requena así como de empresas relacionadas, socios y familiares.

También explicó que, de manera simultánea, la Secretaría de Gobernación suspendió las actividades de otras empresas que llevaban a cabo actividades de juegos y apuestas, vinculadas a familiares del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco.

En tanto el periódico estadounidense The New York Times publicó, el 1 de agosto, que la presidenta Sheinbaum enfrentaba por un lado los escándalos de corrupción y complicidad de funcionarios con el crimen organizado y por otro, las presiones de seguridad de Trump, quien exige combate frontal contra los cárteles.

Su información indicó que dos hombres nombrados por López Hernández en Tabasco, un secretario de Seguridad y un jefe de la Policía estatal, son buscados por el Gobierno mexicano y la Interpol, acusados de dirigir un grupo criminal implicado en el narcotráfico.

López Hernández se defiende

Hace una semana, en el Senado mexicano, López Hernández expresó que no necesitaba escudarse “en el fuero para acudir al llamado o al citatorio de alguna autoridad, local o federal” y dijo que hasta el momento no hay ninguna denuncia en su contra y que enfrenta una campaña de desinformación sin fundamento.

Y defendió que Bermúdez Requena «no inició conmigo, yo lo nombré en un momento de crisis de seguridad en diciembre del 2019. Y nunca, durante el ejercicio, en mi ejercicio de gobierno, tuve algún indicio o alguna sospecha”.