El Gobierno colombiano acordó con Estados Unidos que seguirá haciendo vuelos para traer a ciudadanos deportados de ese país, dijo este viernes la canciller Rosa Villavicencio, al explicar la política integral de retorno de la Administración del presidente Gustavo Petro.
«Con Estados Unidos hemos acordado seguir trayendo a las personas que van a ser deportadas, que cuentan ya con una resolución de expulsión por esta vía, y por ahora mantendremos unos veinte vuelos, uno semanal, para ir trayendo a estas personas», manifestó la ministra.
El anuncio se produce horas después de que Bogotá y Washington retomaran este mecanismo de cooperación que permitió el regreso de varios colombianos la noche del jueves, cuatro días antes de la reunión que el presidente Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, sostendrán la próxima semana en la Casa Blanca.
Villavicencio explicó que este esquema se desarrolla en coordinación con Estados Unidos, un año después de la crisis entre ambos Gobiernos, luego de que el presidente colombiano se negara, el 26 de enero de 2025, a recibir un vuelo con deportados al considerar que no estaban recibiendo un trato digno.
Trump respondió de inmediato con la imposición de aranceles del 25 % a los productos colombianos mientras que el Departamento de Estado suspendió por unos días la atención al público en Bogotá para la expedición de visados, pero la crisis se contuvo con gestiones diplomáticas.
Como parte del arreglo Colombia asumió la repatriación de sus ciudadanos, para lo cual envió días después dos aviones a San Diego (California) y Houston (Texas), pero esa operación no continuó debido a varios factores, entre ellos el alto coste de cada vuelo.
Este viernes, Villavicencio reiteró que Colombia no acepta que sus ciudadanos regresen esposados, al tratarse de personas con «una situación migratoria irregular y no de delincuentes».
En esa línea, la jefa de la diplomacia colombiana reveló que durante 2025 se realizaron 54 vuelos operados por la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), que trajeron al país a cerca de 115 colombianos cada semana, «en condiciones de dignidad».
Son retornados
La ministra explicó que, por la excepcionalidad contemplada en la Ley 2136 de política integral migratoria, los deportados «son considerados retornados», lo que les permite acceder a medidas de acompañamiento del Estado.
«Para estas personas ha habido unas políticas y unas medidas de apoyo a su inclusión social, sea porque han querido estudiar, sea porque han querido emprender, o sea porque han querido encontrar un puesto de trabajo», señaló.
La ministra agregó que este esquema se complementa con mecanismos existentes en Estados Unidos y recordó que ese país «tiene un programa de retorno voluntario al que pueden acogerse las personas que todavía no están en estos centros de internamiento, pero que no tienen posibilidad de contar con un permiso de trabajo».
Villavicencio explicó que la política de retorno y la atención a la movilidad humana estarán ahora articuladas en el nuevo Viceministerio de Migraciones y Protección Internacional para responder a una nueva realidad migratoria del país.
«Colombia ya no es un país solamente de salida, sino también de llegada y de retorno», afirmó la canciller, al destacar el incremento del retorno de ciudadanos, tanto por deportación como por decisión voluntaria.
