El Departamento de Justicia de EE.UU. activó este viernes un portal para consultar cientos de miles de archivos de la investigación sobre el pederasta Jeffrey Epstein, coincidiendo con la fecha límite impuesta por la ley que obliga al Gobierno a divulgar toda la información no clasificada del caso.
El portal incluye una barra de búsqueda y también permite acceder directamente a registros judiciales, revelaciones del Departamento de Justicia, material que recae bajo la Ley de Libertad de Información y la documentación que desde septiembre ha estado publicando también el comité de supervisión de la Cámara de Representantes.
Mucho de lo que puede encontrarse en esta base de datos ya había sido publicados por el propio Departamento de Justicia.
Entre ellas se cuentan, por ejemplo, videos y fotografías de los viajes de Epstein con su exnovia y colaboradora, Ghislaine Maxwell, grabaciones de seguridad de sus residencias, vídeos de la celda del pederasta antes de que se suicidara, imágenes de festejos o agendas con contactos de masajistas censuradas para proteger la seguridad de las víctimas.
La delicada naturaleza del caso complica la publicación de archivos, porque cada documento ha sido examinado y censurado para ocultar información sensible, por lo que muchos creen que la publicación íntegra de los archivos podría no arrojar nuevos datos sustanciales sobre el pederasta y su entorno.
Se cree también que la reciente orden que dio el presidente Donald Trump para investigar la relación del expresidente Bill Clinton tuvo con Epstein puede también reducir o retrasar la publicación de material, ya que no está permitido publicar información de investigaciones en curso.
Se sabe que Trump, que en un principio no quiso apoyar la publicación de los archivos y que después tuvo que rectificar y firmar la ley tras comprobar el fuerte apoyo del Congreso, aparece numerosas veces en la documentación del caso sobre el que fuera su amigo y con quien dijo cortar relaciones en 2004, antes de que Epstein fuera acusado por primera vez de abuso y prostitución de menores.
A su vez, el fiscal general adjunto, Todd Blanche, advirtió que no se podrán publicar, tal y como exige la ley que aprobó el Congreso, todos los archivos desclasificados del caso debido a su gran volumen y que su Departamento prevé la liberación de «varios cientos de miles más» de archivos durante las próximas semanas.
Se cree que el material que el Gobierno está obligado a publicar ocupa más de 300 gigas entre imágenes, documentos de texto o vídeos.
La incapacidad del Departamento de Justicia para publicar todo el material ha llevado a los demócratas del Comité Judicial y del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes a estudiar la posibilidad de presentar una denuncia.
