Autor: Yelter Herrera

Cientos de desplazados a causa de la violencia impuesta por las bandas armadas en la capital de Haití intentan regresar este miércoles a sus hogares, después de que el líder pandillero Jimmy Cherisier, alias Barbecue, anunciara que podían retornar a sus casas tras pedir a sus «soldados» que se retiren de algunas áreas.

El líder de la coalición de bandas armadas Viv Ansanm (Vivir Juntos), que tiene bajo su control desde hace más de un año ciertos barrios de Puerto Príncipe, afirmó en un video que dado que son sus «soldados los que están allí, impidiendo que la gente regrese», les pedirá «que se retiren, para que la gente pueda volver a sus casas».

«Estoy dando los últimos retoques con Viv Ansanm para que, antes del viernes, antes de que termine el mes de agosto, Viv Ansanm se retire de Delmas 30, Solino, Christ Roi y Nazon, para que todo el mundo pueda volver a sus casas en estas zona», afirmó el pandillero.

De inmediato, centenares de personas emprendieron el regreso a sus casas, muchas de ellas destrozadas tras ser incendiadas o saqueadas por las propias bandas armadas.

Uno de los vecinos que regresó, Claude, que vivía en un campamento de la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF), contó a EFE que se quedó atónito al ver los daños causados por los pandilleros a su vivienda.

«No puedo volver. Verán, se lo han llevado todo. No nos queda nada. Es el Estado el que debe ayudarnos, dependemos de él», dijo.

Claude mostró a EFE su vivienda, sin puertas ni ventanas y con el tejado al descubierto bajo un cielo despejado, mientras los pocos muebles visibles como una mesa o la nevera habían quedado inservibles.

Muchos de los desplazados que regresan a sus hogares se encuentran con la misma situación, con casas vandalizadas y llenas de basura.

Esos desechos y escombros invaden también las calles, a modo muchas veces de trinchera. Los daños parecen haber sido causados por un terremoto.

Pese a la situación, muchos de los desplazados han optado por quedarse en el barrio y no regresar a los campamentos, donde carecen de todos los servicios básicos, como agua, salud, alimentación o electricidad.

Más de un millón de desplazados

Más de un millón de haitianos, entre ellos una gran cantidad de niños, son desplazados internos en el país caribeño.

Al menos uno de cada tres haitianos de la región metropolitana de Puerto Príncipe, controlada en un 90% por bandas armadas, se ha visto obligado a refugiarse en campamentos insalubres, a abandonar la capital para irse a otras ciudades más seguras o, incluso, migrar a países de la región como Brasil o México.

Además, los niveles de violencia siguen disparados: solo entre abril y junio, al menos 1.520 personas murieron y 609 resultaron heridas, principalmente en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, seguida de Artibonite y el Centro.

El domingo pasado, en las calles de Puerto Príncipe, miles de desplazados de diversos barrios del centro de la ciudad, entre ellos Solino y Nazon, se manifestaron para expresar su intención de volver a sus barrios de origen. Al día siguiente, varios cientos de desplazados fueron vistos en la autopista de Delmas de regreso a sus hogares.

Para algunos, las bandas armadas están dando este paso porque necesitan escudos humanos ante el anuncio de la intensificación de las operaciones anunciadas por la Policía Nacional de Haití (PNH) en los próximos días.

La Policía haitiana, con el apoyo de la Misión Multinacional de apoyo a la Seguridad (MSS) de casi 1.000 agentes liderados por Kenia, hacen frente a las poderosas bandas armadas que han tomado casi todo el territorio de Puerto Príncipe, donde siembran el terror con asesinatos, violaciones y obligan al desplazamiento de miles de personas.

Si bien las bandas siguen desangrando a este país, cientos de sus miembros han sido asesinados durante enfrentamientos con la PNH y las fuerzas multinacionales de apoyo a la seguridad, o por los drones kamikazes lanzados desde hace varios meses.

La vida de las 17 personas heridas, 14 de ellas niños, en el tiroteo sucedido este miércoles en una escuela católica de la ciudad de Minneapolis no corre peligro, según informó hoy el jefe de la policía de la ciudad, Brian O’Hara.

«Se espera que todas las víctimas restantes sobrevivan», aseguró en rueda de prensa O’Hara, que agregó que los 17 sufren diversos tipos de lesiones a causa de los disparos realizados por un hombre de 23 años, Robin Westman, que en su asalto acabó también con la vida de dos niños de 8 y 10 años que se encontraban atendiendo misa en esta escuela del sur de la ciudad.

Entre los heridos se cuentan 14 menores de entre seis y quince años y también tres adultos de en torno a 80 que asistían como feligreses a la misa.

O’Hara dijo que de momento su departamento no tengo información que compartir sobre el motivo del asalto perpetrado por Westman y repitió que por el momento se está investigando una especie de manifiesto que el asaltante publicó en YouTube y que ya sido eliminado de la plataforma de videos.

El jefe de policía también confirmó que las tres armas que Westman empleó en su asalto, un rifle, un revolver y una escopeta «fueron comprados legalmente».

Por su parte, el alcalde de Minneapolis, el demócrata Jacob Frey, subrayó durante la rueda de prensa el problema de la tenencia de armas en EE.UU.

«Creo que todos nosotros, como líderes, debemos impulsarnos a hacer mucho más para reconocer que en este país hay más armas que habitantes. Y es responsabilidad de todos reconocer la verdad y la realidad de que no podemos simplemente decir que esto no debería volver a suceder y luego permitir que vuelva a suceder una y otra vez», explicó Frey.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, escribió en la plataforma X que el asaltante era un «varón de 23 años, que aseguraba ser transgénero», una afirmación que a su vez han difundido distintos medios en EE.UU.

«Cualquiera que aproveche esta oportunidad para demonizar a nuestra comunidad trans, o a cualquier otra comunidad, ha perdido su sentido de humanidad», declaró Frey con respecto a los mensajes de odio que han comenzado a extenderse a través de diversas plataformas.

El centro de detención migratoria ‘Alligator Alcatraz’ (Alcatraz de los caimanes) en los Everglades de Florida no está operando a su máxima capacidad y quedará vacío en los próximos días, según un correo electrónico de un alto funcionario estatal obtenido por The New York Times.

Kevin Guthrie, director ejecutivo de la División de Gestión de Emergencias de Florida, escribió en un correo electrónico el viernes pasado que el centro de detención, «probablemente se quedaría sin personas en pocos días», detalló el rotativo neoyorquino que tuvo acceso al mensaje.

El correo habría sido enviado al rabino Mario Rojzman, que había solicitado permiso a las autoridades estatales para visitar a los detenidos.

El mensaje se habría enviado un día después de que la jueza federal Kathleen Williams del Distrito Sur de Florida, fijara un plazo de dos meses para desmantelar el sitio, al oeste de Miami, donde prohibió el ingreso de más migrantes, aunque el centro permanecerá operativo hasta entonces.

Williams falló de forma parcial a favor de los grupos ambientales Friends of The Everglades y Center for Biological Diversity, además de la tribu Miccosukee, que presentaron una demanda para exigir el cierre completo e inmediato del lugar por dañar los Everglades, área natural con 36 especies endémicas amenazadas como panteras, cigüeñas, caimanes y cocodrilos.

La orden prohíbe instalar cualquier infraestructura adicional como tiendas de campaña, dormitorios, edificios u oficinas, así como pavimentar, excavar o cercar el lugar, además de impedir «traer a cualesquiera personas adicionales al sitio que no estuvieran ya detenidas en el sitio al momento de la orden».

En respuesta, la oficina del fiscal general de Florida, James Uthmeier, apeló la decisión de la jueza.

Por su parte, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, dijo que las deportaciones continuarán desde el lugar, que abrió el 3 de julio en un aeropuerto que estaba abandonado en medio de los Everglades, zona natural de humedales rodeada de caimanes, cocodrilos, serpientes y panteras.

El estado de Florida se ha negado repetidamente a revelar cuántos detenidos albergaba en el centro, por lo que el correo electrónico de Guthrie es la primera señal de que el centro no está operando a plena capacidad o cerca de ella.

El congresista demócrata por Florida Maxwell Frost dijo el miércoles pasado a la prensa que encontró «muchas menos personas detenidas» en su segunda visita al controvertido centro que supuestamente tendría 2.000 camas disponibles.

Las autoridades estatales le informaron a Frost que había 336 presuntos inmigrantes indocumentados detenidos en las instalaciones, una cifra mucho menor que los casi mil que reportó durante su visita el mes pasado.