La resolución de un nuevo juicio realizado en julio pasado contra ocho personas, incluidos cinco líderes comunitarios, por el supuesto homicidio de una mujer en 1989 en el contexto de la guerra civil de El Salvador, se conocerá el 21 de agosto, informaron este lunes organizaciones no gubernamentales.
Las ONG, entre estas la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) Santa Marta -de las que son parte los cinco líderes comunitarios-, llamaron al juzgado que conoce la causa a que «resuelva con legalidad y justicia, «absolviendo a estos defensores de la vida», indicaron en un comunicado.
Señalaron además, a propósito de cumplirse hoy 31 meses desde que los también ambientalistas fueron detenidos, que «la falta de pruebas y la inocencia de los ambientalistas también quedaron demostradas en la repetición del juicio».
«Nuevamente, la Fiscalía no pudo probar la existencia de los hechos imputados y mucho menos la participación de los acusados en su cometimiento», apuntaron, destacando que «la única prueba de la Fiscalía es el relato contradictorio de un sospechoso testigo de referencia pero no hay cuerpo del delito ni ningún otro elemento probatorio que compense tal ausencia».
Al juicio, realizado a finales de julio pasado y ordenado por una cámara de apelaciones, no se presentaron los ambientalistas, quienes se encuentran en arresto domiciliar, provenientes de la remota localidad de Santa Marta.
En 2024, una corte penal dictó en una resolución el sobreseimiento del proceso, pero esta decisión fue revertida por un tribunal de apelaciones, que ordenó un nuevo juicio en otro juzgado.
Los ambientalistas son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas, quienes fueron detenidos el 11 de enero de 2023 y posteriormente procesados.
También es parte de este proceso penal Fidel Recinos, que no pertenece a la remota comunidad de Santa Marta, ubicada en una zona rural del distrito de Victoria y que es reconocida por la lucha de sus pobladores contra la minería metálica.
Además están incluidos en la causa Eduardo Sancho, alias Fermán Cienfuegos -uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz de 1992 que pusieron fin a la guerra interna- y Arturo Serrano Ascencio.
La Fiscalía General señaló en su momento que «todos los procesados» son excombatientes de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y los acusó del asesinato de María Inés Alvarenga Leiva, supuestamente perpetrado el 22 de agosto de 1989, sin que haya dado mayores detalles del caso.
