Categoría: Editorial

«La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo», afirmó el reconocido educador brasileño Paulo Freire. La frase adquiere especial significado ante la apuesta que plantea el Presupuesto General del Estado para 2027: destinar recursos sin precedentes a uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de El Salvador.

Según lo anunciado por el Ministerio de Hacienda, la inversión consolidada en el sector educativo alcanzaría los $3,416 millones, equivalentes al 8.1 % del Producto Interno Bruto (PIB). Más allá de la magnitud de la cifra, lo relevante es el mensaje que representa: apostar por la educación significa apostar por las capacidades de las nuevas generaciones y, con ellas, por el futuro del país.

Solo el Ramo de Educación, Ciencia y Tecnología dispondría de $2,700 millones, frente a los $1,641 millones de 2026. Se trata de un incremento de $1,059 millones, equivalente al 64 %, que abre una oportunidad extraordinaria para fortalecer un sistema educativo que requiere infraestructura digna, herramientas tecnológicas, conectividad, formación y mejores condiciones para estudiantes y docentes.

La inversión anunciada tiene, además, un carácter integral. Los recursos abarcan desde el mejoramiento y construcción de centros escolares hasta computadoras y tabletas, inteligencia artificial, uniformes, zapatos y útiles escolares. También comprende programas de conectividad, reducción de la brecha digital, becas, cultura, arte, deporte, capacitación y formación profesional.

Resulta especialmente significativo que el Estado proyecte reorientar $40 millones inicialmente destinados a Seguridad y Defensa hacia educación. Trasladar recursos de armamento y municiones a la formación de niños y jóvenes encierra un poderoso mensaje sobre las prioridades de una sociedad: la educación también construye seguridad, porque amplía oportunidades, fortalece la convivencia y ofrece a las nuevas generaciones herramientas para desarrollar un proyecto de vida.

Junto con celebrar una mayor inversión, corresponde exigir eficiencia, transparencia, planificación y evaluación permanente de los resultados. Cada computadora entregada debe convertirse en una herramienta de aprendizaje; cada escuela intervenida, en un espacio digno; cada beca, en una oportunidad aprovechada; y cada millón invertido, en mejores capacidades para el país.

El Salvador tiene ante sí la posibilidad de demostrar que la educación no es simplemente un gasto dentro del presupuesto nacional, sino la inversión más estratégica que puede realizar una nación. Carreteras, edificios y tecnología son importantes, pero son las personas preparadas quienes finalmente construyen, administran e innovan sobre esas obras.

La apuesta por la educación debe trascender un ejercicio fiscal y convertirse en una política sostenida de país. Porque invertir en un niño hoy significa ampliar las posibilidades de contar mañana con mejores profesionales, científicos, emprendedores, artistas, maestros y ciudadanos.

Paulo Freire tenía razón: la educación quizá no cambie el mundo directamente, pero transforma a quienes tienen la capacidad de hacerlo. Invertir en ellos es, por tanto, comenzar desde ahora a construir el país que queremos mañana.

El accidente del miércoles en las cercanías del redondel Integración no debería quedar registrado únicamente como otra tragedia en las estadísticas de siniestralidad vial. Debe servir para abrir una discusión seria sobre las condiciones mecánicas en las que circulan miles de vehículos en El Salvador y sobre la necesidad de fortalecer los controles destinados a prevenir que una falla mecánica termine costando vidas.

Las imágenes del accidente son estremecedoras. Una volqueta desciende a gran velocidad por una vía de pronunciada inclinación mientras, adelante, numerosos vehículos permanecen en la habitual congestión para incorporarse al redondel. Según la versión oficial, la unidad de carga se habría quedado sin frenos. Después sobreviene una cadena de impactos que involucró 14 vehículos y dejó dos personas muertas, al menos 13 lesionadas y cuantiosos daños materiales.

La investigación deberá determinar con precisión qué ocurrió, cuáles eran las condiciones mecánicas de la volqueta y las responsabilidades correspondientes. Pero el problema que revela este accidente va mucho más allá de un vehículo.

Las cifras oficiales muestran la dimensión del riesgo. Entre el 1 de enero y el 23 de septiembre, el transporte de carga pesada estuvo involucrado en 1,142 accidentes de tránsito, de acuerdo con datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi). Esos siniestros dejaron 65 fallecidos y 454 lesionados.

Hay un dato particularmente preocupante: aunque se registraron 108 accidentes menos que en el mismo período de 2025, hubo 15 fallecidos y 56 lesionados más. Es decir, la reducción en el número de siniestros no se ha traducido en una disminución equivalente de sus consecuencias humanas.

El transporte público de pasajeros, otro sector altamente siniestrable, también presenta cifras que demandan atención: 821 accidentes durante el año, con 33 fallecidos y 536 lesionados.

Pero probablemente el dato que mejor evidencia la necesidad de una política más amplia de control mecánico fue revelado por el ministro de Obras Públicas y Transporte, Romeo Rodríguez. Desde el 8 de agosto se habían inspeccionado 1,653 unidades de carga pesada fabricadas antes de 1999 y, según explicó el funcionario, cerca del 30 % no cumplió los requisitos técnicos mínimos exigidos.

Ese porcentaje debería encender todas las alarmas.

Si una proporción tan significativa de los vehículos sometidos a inspección no reúne siquiera las condiciones técnicas mínimas, resulta razonable preguntarse cuántas unidades circulan actualmente con frenos deficientes, neumáticos desgastados, problemas en la dirección, luces defectuosas, fallas en la suspensión u otras condiciones capaces de convertir un desperfecto mecánico en una tragedia.

El universo por revisar, además, es enorme. El parque de vehículos de carga pesada alcanza las 158,402 unidades entre cabezales, camiones livianos y pesados y remolques. Frente a esa cantidad, los 1,653 vehículos inspeccionados representan apenas una fracción.

El anuncio gubernamental de ampliar de 12 a 40 los talleres disponibles para realizar revisiones técnicas apunta a incrementar la capacidad de inspección. Sin embargo, el desafío de fondo es mayor: El Salvador necesita un sistema permanente de revisión técnica vehicular que no dependa exclusivamente de operativos dirigidos a determinados vehículos antiguos ni se intensifique únicamente después de accidentes graves.

La revisión técnica periódica debe convertirse en una herramienta preventiva especialmente cuando hay un mercado de vehículos chocados importados desde Estados Unidos.

Un sistema obligatorio para el parque vehicular, con criterios diferenciados según el tipo, antigüedad y uso del vehículo, permitiría detectar fallas antes de que lleguen a las calles. En el caso del transporte público y de carga pesada, por sus dimensiones, peso, kilometraje y capacidad de provocar daños mayores en una colisión, los controles deberían responder específicamente a sus niveles de riesgo y condiciones de operación.

Pero imponer revisiones obligatorias tampoco puede significar únicamente crear un trámite adicional. Para que una política de esta naturaleza sea efectiva necesita suficientes centros autorizados, estándares técnicos claros, personal capacitado, equipos certificados, mecanismos de fiscalización y controles contra posibles actos de corrupción. También requiere que los resultados de las inspecciones sean verificables y que ningún vehículo que represente un riesgo pueda obtener o renovar sus documentos para circular mientras no corrija sus desperfectos.

La seguridad vial tampoco depende exclusivamente del estado mecánico. Exceso de velocidad, conducción peligrosa, distracciones, consumo de alcohol, deficiencias en infraestructura y falta de educación vial continúan siendo factores que deben atenderse. Una revisión técnica no impedirá todos los accidentes.

Pero sí puede prevenir aquellos relacionados con desperfectos mecánicos detectables. Y esa diferencia puede significar vidas salvadas.

El Salvador necesita avanzar hacia revisiones técnicas vehiculares obligatorias, periódicas, rigurosas y transparentes. Esperar al próximo accidente para descubrir que otro vehículo nunca debió estar circulando sería llegar, una vez más, demasiado tarde.

Con la convocatoria a las elecciones del 28 de febrero de 2027 comienza mucho más que un calendario de inscripciones, campañas y votaciones. Se pone en marcha un proceso en el que las instituciones electorales tendrán la responsabilidad de garantizar que millones de salvadoreños puedan ejercer sus derechos políticos bajo reglas claras y conocidas.

El Tribunal Supremo Electoral ha colocado tres conceptos en el centro de su compromiso: rigor jurídico, transparencia e imparcialidad. Son principios indispensables, pero su verdadero significado dependerá de cómo sean aplicados durante los próximos meses.

La certeza jurídica que invocó la presidenta del TSE, Roxana Soriano, exige que los plazos y requisitos electorales sean respetados, pero también que las decisiones del organismo estén suficientemente fundamentadas y sean comprensibles para partidos, candidatos y ciudadanía. La autoridad electoral fortalece su credibilidad cuando sus resoluciones pueden ser examinadas y cuando las mismas reglas reciben una aplicación consistente.

La magnitud del proceso tampoco es menor. Según los datos anunciados en la convocatoria, están inscritos 6,534,389 salvadoreños dentro y fuera del país y serán elegidos 582 cargos, desde presidente y vicepresidente hasta diputados, alcaldes, síndicos y regidores. Administrar unas elecciones de esta dimensión requiere capacidad técnica, pero también controles que permitan verificar cada etapa.

La imparcialidad adquiere especial relevancia en cualquier elección en la que participan fuerzas políticas con capacidades y posiciones institucionales diferentes. Corresponde al TSE demostrar mediante sus actuaciones que las normas electorales se aplican independientemente de la identidad, tamaño o peso político de quienes intervienen en la contienda.

Ese principio comprende asuntos que van desde la inscripción de candidaturas hasta la propaganda, el financiamiento, la integración y funcionamiento de los organismos electorales, la votación dentro y fuera del país, el escrutinio y la divulgación de resultados. Cada decisión contribuirá a construir —o deteriorar— la confianza en el proceso.

También los partidos políticos y sus candidatos tienen responsabilidades. Respetar las reglas, someterse a la fiscalización correspondiente y permitir que la ciudadanía conozca y contraste sus propuestas forma parte de una competencia democrática en la que el elector debe disponer de información suficiente para decidir libremente.

El 28 de febrero todavía parece distante, pero la calidad de aquellas elecciones comenzará a medirse desde ahora. No bastará con que las urnas se abran puntualmente el día señalado. La legitimidad del proceso dependerá también de todo lo ocurrido antes: las decisiones administrativas, el cumplimiento de los plazos, las garantías ofrecidas a los participantes y la posibilidad de fiscalizar cada fase.

Superar las mil muertes por accidentes de tránsito antes de terminar el año debería estremecer a El Salvador. No estamos únicamente ante una cifra estadística: son al menos 1,013 personas que salieron de sus casas y no regresaron, familias que recibieron una llamada devastadora y vidas truncadas en carreteras donde demasiadas veces la imprudencia parece haberse convertido en una conducta cotidiana.

Los datos son especialmente preocupantes porque muestran un deterioro acelerado. Entre el 1 de enero y el 12 de septiembre de 2026, las muertes aumentaron 23.8 % respecto al mismo período de 2025. También aumentaron un 22.9 % los lesionados, hasta alcanzar 11,096 personas. Mientras tanto, la cantidad total de siniestros aumentó solamente 5.1 %. Esto permite advertir algo todavía más inquietante: no solo están ocurriendo más percances, sino que sus consecuencias están siendo mucho más graves.

Las principales causas revelan que buena parte del problema está directamente relacionada con el comportamiento humano. La distracción del conductor encabeza la lista, seguida por invadir el carril contrario, irrespetar señales prioritarias, no guardar la distancia de seguridad y conducir a velocidad inadecuada. No estamos hablando principalmente de fenómenos imprevisibles. Hablamos de decisiones tomadas detrás del volante.

En las calles salvadoreñas se ha normalizado demasiado la conducción agresiva. Cambiar de carril sin precaución, utilizar el teléfono mientras se conduce, acelerar para impedir que otro vehículo se incorpore, pegarse excesivamente al automóvil de adelante, ignorar un alto o convertir cualquier espacio disponible en un carril improvisado son comportamientos que muchos conductores parecen considerar normales. Pero dejan de parecer insignificantes cuando las estadísticas terminan contándose en cadáveres.

También existe una preocupante confusión entre conducir con habilidad y conducir con temeridad. Llegar unos minutos antes no justifica poner en peligro a peatones, motociclistas, ciclistas, pasajeros y otros automovilistas. Una carretera pública no es una pista de competencia ni el vehículo otorga privilegios sobre los demás. Conducir implica aceptar una responsabilidad colectiva: cada maniobra puede afectar la vida de personas completamente ajenas a nuestras decisiones.

Las 1,681 detenciones por conducción peligrosa registradas hasta el 12 de septiembre, 13.7 % más que durante el mismo período de 2025, constituyen otra señal de alarma. La aplicación de la ley es indispensable y quienes conducen poniendo deliberadamente en riesgo a otros deben enfrentar las consecuencias correspondientes. Sin embargo, las capturas y multas por sí solas difícilmente resolverán un problema que también tiene raíces culturales.

El país necesita controles efectivos, educación vial permanente, mejores condiciones de infraestructura y una aplicación consistente de las normas. Pero los conductores también debemos asumir nuestra parte. Resulta demasiado cómodo responsabilizar únicamente a las autoridades, al tráfico, al estado de las calles o a los demás automovilistas mientras justificamos nuestras propias infracciones como pequeñas excepciones.

Hay que recuperar una idea elemental: conducir bien no consiste solamente en saber mover un vehículo. Significa respetar límites, anticipar riesgos, mantener distancia, ceder el paso cuando corresponde, evitar distracciones y comprender que ninguna urgencia personal vale una vida.

Cuatro personas están muriendo diariamente en las carreteras salvadoreñas, según el promedio registrado este año. Si esa cifra no provoca un cambio de comportamiento, corremos el riesgo de convertir la tragedia en paisaje y la muerte vial en una estadística que simplemente esperamos escuchar cada año. Mil muertos deberían ser suficientes para abandonar esa indiferencia.

La imagen de los aviones impactando contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York permanece grabada en la memoria colectiva. Veinticinco años después, aquellas escenas siguen representando uno de los momentos más dolorosos y estremecedores de nuestra historia contemporánea.

Cerca de tres mil personas perdieron la vida en los atentados perpetrados por Al Qaeda aquel 11 de septiembre de 2001. Las víctimas pertenecían a numerosas nacionalidades y procedencias. Entre ellas hubo también dos mujeres salvadoreñas: Gloria Pocasangre, quien viajaba como pasajera en uno de los aviones secuestrados, y Elsy Carolina Osorio Oliva, una joven ingeniera informática de 27 años que trabajaba en la Torre Norte del World Trade Center.

Recordarlas es también recordar que detrás de las cifras había seres humanos: padres, madres, hijos, hermanos, compañeros de trabajo y ciudadanos que aquella mañana realizaban actividades cotidianas sin imaginar que serían víctimas de un acto de terrorismo de dimensiones hasta entonces inconcebibles.

El 11-S cambió la manera en que buena parte del mundo entendía las amenazas del terrorismo internacional. Los atentados mostraron la capacidad de organizaciones extremistas para utilizar medios civiles como armas y atacar deliberadamente a personas inocentes. También evidenciaron los peligros del fanatismo que manipula creencias religiosas para intentar legitimar la violencia. Ninguna religión puede servir de excusa para asesinar inocentes, y ninguna comunidad religiosa debe ser responsabilizada colectivamente por los crímenes cometidos por extremistas.

Las imágenes de las torres envueltas en humo, de quienes buscaban desesperadamente ponerse a salvo, del heroísmo de bomberos, policías, rescatistas y ciudadanos, y finalmente del derrumbe de los edificios son parte imborrable de la memoria del siglo XXI.

Pero recordar el 11-S no debería significar únicamente regresar al horror de aquella jornada. La memoria adquiere verdadero sentido cuando ayuda a las sociedades a defender la vida, la convivencia y la dignidad humana frente al odio y la intolerancia.

El terrorismo continúa siendo una amenaza que puede adoptar distintas ideologías, discursos y formas de actuación. Por eso, combatirlo exige cooperación internacional, instituciones capaces de prevenir la violencia y sociedades dispuestas a rechazar cualquier intento de justificar el asesinato de civiles por razones políticas, religiosas o ideológicas. Esa lucha debe realizarse, además, respetando los principios democráticos y los derechos humanos que precisamente el terrorismo pretende vulnerar.

A 25 años de aquella mañana trágica, corresponde rendir homenaje a quienes perdieron la vida y acompañar en la memoria a sus familias. Para El Salvador, ese recuerdo tiene también los nombres y rostros de compatriotas cuyas vidas quedaron truncadas lejos de su tierra.

El mejor homenaje a todas las víctimas es mantener firme un principio elemental: ninguna causa, ninguna ideología y ninguna interpretación religiosa puede justificar el terrorismo.

El 11 de septiembre debe permanecer en la memoria de la humanidad no solamente por la magnitud de la tragedia, sino por la responsabilidad que dejó a las generaciones posteriores: rechazar el fanatismo, defender la convivencia y trabajar juntos para impedir que el terror vuelva a imponerse sobre la vida y la razón.

Más de 200,000 salvadoreños amparados por el Estatus de Protección Temporal han construido durante décadas una vida productiva en Estados Unidos, donde trabajan, pagan impuestos y sostienen a sus familias.

Mientras se aproxima una nueva fecha decisiva para el programa, una eventual deportación masiva no solo tendría consecuencias humanas: también afectaría a la economía estadounidense y podría ejercer una fuerte presión sobre El Salvador, un país que ha avanzado notablemente en seguridad, pero que todavía enfrenta importantes desafíos económicos.

El Estatus de Protección Temporal (TPS) ha acompañado durante décadas la historia de miles de familias salvadoreñas en Estados Unidos. El Salvador fue el primer país cuyos ciudadanos pudieron acogerse a una protección temporal en 1990, en momentos en que el conflicto armado hacía peligroso el retorno.

Desde entonces las circunstancias del país han cambiado considerablemente, pero más de 200,000 salvadoreños beneficiarios del TPS vuelven a encontrarse ante la incertidumbre sobre su futuro, mientras se aproxima el 9 de septiembre, fecha prevista para la terminación de la designación y de sus beneficios asociados.

Sería un error analizar esta discusión únicamente desde la perspectiva migratoria. Los salvadoreños beneficiarios del TPS llevan años, y en muchos casos décadas, trabajando y construyendo sus vidas en Estados Unidos. Pagan impuestos, compran viviendas, crean negocios, consumen bienes y servicios y forman parte de la fuerza laboral estadounidense. Sus hijos han crecido en ese país y sus familias están profundamente integradas en las comunidades donde viven. Reconocer ese aporte no significa ignorar las facultades del Gobierno estadounidense en materia migratoria, sino valorar las consecuencias económicas y sociales que tendría prescindir abruptamente de una población productiva y establecida.

Ese aporte también cruza fronteras. El trabajo de los salvadoreños en Estados Unidos constituye una fuente fundamental de ingresos para miles de hogares en El Salvador mediante las remesas. Ese dinero ayuda a pagar alimentación, vivienda, educación, salud y pequeños emprendimientos, al tiempo que sostiene el consumo interno y aporta divisas a la economía nacional. Por ello, una deportación a gran escala tendría un doble impacto: Estados Unidos perdería trabajadores y contribuyentes, mientras El Salvador podría experimentar una reducción de remesas al mismo tiempo que tendría que absorber a decenas de miles de retornados.

Es cierto que El Salvador de hoy es muy diferente al de décadas anteriores. La recuperación de la seguridad constituye uno de los cambios más importantes de los últimos años. La reducción de la violencia y el mayor control territorial han transformado la vida cotidiana de numerosas comunidades y han abierto oportunidades para el turismo, la inversión y la actividad empresarial. Esos avances deben reconocerse. Sin embargo, una mejor situación de seguridad no significa que hayan desaparecido todos los factores que hacen complejo el retorno de una población tan numerosa. El empleo, los salarios, el costo de vida y la capacidad de la economía para generar suficientes oportunidades continúan siendo desafíos fundamentales.

Por esa razón, una deportación masiva podría poner a prueba precisamente los avances que El Salvador busca consolidar. Recibir en un período relativamente corto a más de 200,000 personas supondría una presión considerable sobre el mercado laboral, los servicios públicos, la vivienda y las redes familiares. Muchos beneficiarios del TPS dejaron el país hace décadas y han desarrollado prácticamente toda su vida económica en Estados Unidos. Su reinserción no sería automática. A esto habría que sumar el impacto que una reducción de sus ingresos en Estados Unidos tendría sobre las familias que actualmente dependen de sus remesas.

Todavía existe espacio para evitar un desenlace abrupto. La administración del presidente Donald Trump debería considerar una nueva extensión del TPS que permita abordar el tema de manera ordenada y responsable. El Gobierno salvadoreño, por su parte, debe intensificar su diálogo con Washington y defender los intereses de sus ciudadanos, mientras las organizaciones de la diáspora deberían continuar acercándose tanto a legisladores republicanos como demócratas. Una extensión adicional no tendría que interpretarse como la solución definitiva, sino como un período razonable para buscar una salida que tome en cuenta la realidad de personas que llevan décadas contribuyendo a Estados Unidos.

Al mismo tiempo, el Congreso estadounidense debería retomar la discusión de una solución legislativa de largo plazo para quienes cumplen los requisitos y han demostrado durante años arraigo, trabajo y respeto a las leyes.

El futuro de los salvadoreños bajo TPS merece, por tanto, una decisión que considere tanto la realidad migratoria como la económica. Estados Unidos se ha beneficiado durante décadas del trabajo, los impuestos y el espíritu emprendedor de esta comunidad; El Salvador, a su vez, se beneficia de las remesas y de los vínculos económicos de su diáspora.

El presidente Nayib Bukele tiene razones para plantear directamente este asunto al presidente Trump, y Washington tiene razones económicas y sociales para escucharlo.

El Salvador llega a septiembre y a los 205 años de la Independencia centroamericana con motivos para celebrar, pero también con razones de sobra para reflexionar. Amar a la patria no consiste únicamente en rendir homenaje a sus símbolos, sino en reconocer sus problemas, defender sus libertades y asumir la responsabilidad colectiva de construir un país más justo, incluyente y democrático para las generaciones presentes y futuras.

Son más de dos siglos de historia marcados por esperanzas y desencantos, avances y retrocesos, luchas y sacrificios. Doscientos cinco años durante los cuales generaciones enteras de salvadoreños han soñado con un país próspero, justo, libre y en paz.

Pero construir patria nunca ha sido una tarea sencilla.

Nuestro propio Himno Nacional recuerda el enorme valor de dos principios esenciales: la paz y la libertad. “Conservarla es su gloria mayor” y “la libertad es su dogma, es su guía”, proclaman sus versos. No deberían ser palabras reservadas para los actos cívicos de septiembre, sino compromisos permanentes que orienten nuestra convivencia y, especialmente, el ejercicio del poder público.

La paz y la libertad han costado demasiado a los salvadoreños como para considerarlas conquistas definitivas o darlas por sentadas. Cada generación tiene la obligación de protegerlas.

Por eso, patria no es únicamente colocar una bandera azul y blanco en la casa o en el automóvil. Tampoco son patria los discursos grandilocuentes, las ceremonias oficiales ni las palabras cuidadosamente adornadas que escucharemos durante este mes. Todo ello forma parte de nuestras tradiciones y merece respeto, pero el verdadero patriotismo exige mucho más.

Construir patria significa trabajar para resolver las necesidades de la población, garantizar oportunidades, combatir la pobreza y las desigualdades, fortalecer la educación, respetar las instituciones, proteger las libertades y procurar que ningún salvadoreño tenga que sentirse extranjero en su propia tierra.

En una sociedad que todavía carga problemas endémicos, deudas históricas, desigualdades, discordias y confrontaciones, construir una patria común constituye una tarea monumental.La patria es de todos.

José Martí, gran prócer de la independencia cubana, dejó una frase cuya vigencia trasciende las fronteras y las épocas: “la patria no existe sin el amor de sus hijos”. Y también advirtió que “la patria es dicha, dolor y cielo de todos y no feudo ni capellanía de nadie”.

Pero quizá una de sus reflexiones más profundas sea esta: “La patria es ara, no pedestal”.

A 205 años de nuestra independencia, esas palabras deberían obligarnos a formular preguntas incómodas pero necesarias: ¿qué significa hoy amar a El Salvador? ¿Qué patria estamos construyendo? ¿Qué hacemos individual y colectivamente para mejorarla? ¿Y qué país estamos dejando a nuestros hijos?

Los caminos hacia el progreso y el desarrollo han sido sinuosos porque demasiadas veces los salvadoreños hemos sido conducidos por proyectos políticos presentados como soluciones definitivas y que terminaron dejando nuevas divisiones, frustraciones y problemas. Y también hemos sufrido las locuras de las guerras y la violencia incontrolable de bandas criminales que hasta hace unos meses controlaban nuestra vida cotidiana.

De esa historia también debemos aprender.

Los salvadoreños hemos demostrado una extraordinaria capacidad para superar adversidades. Nos hemos levantado después de terremotos, guerras, crisis económicas, violencia y profundas fracturas sociales. Hemos sabido reconstruir lo destruido y buscar nuevos caminos cuando la incertidumbre parecía imponerse. Esa fortaleza es también parte de nuestra identidad nacional y constituye una razón legítima para sentir orgullo.

El Mes Patrio debe servirnos para recordar de dónde venimos, pero principalmente para preguntarnos hacia dónde queremos ir. El gran desafío sigue siendo construir un El Salvador donde podamos convivir pese a nuestras diferencias; donde nadie sea excluido por pensar distinto; donde las instituciones estén al servicio del ciudadano; donde la libertad y la paz sean realidades cotidianas y no solamente palabras repetidas cada septiembre.

El pueblo venezolano ha sufrido más de 26 años de desgracias continuas bajo el régimen de Hugo Chávez, Nicolás Maduro y los hermanos Rodríguez. Los terremotos sufridos el 24 de junio es una catástrofe más de sufrimiento para esa noble gente. A la catástrofe de los terremotos se le suma un régimen decadente que politiza la ayuda e impide el rescate de las víctimas.

El régimen ha contribuido al deterioro progresivo de las instituciones, los servicios públicos y la capacidad del Estado para responder eficazmente a las necesidades de su población. Cuando un desastre natural golpea a un país en esas condiciones, sus consecuencias se multiplican.

Las primeras estimaciones sobre los daños materiales y humanos muestran un panorama desolador. Miles de edificaciones afectadas, hospitales desbordados, fallas eléctricas, escasez de alimentos, desplazamientos masivos y un elevado número de desaparecidos describen una emergencia que trasciende cualquier diferencia política. En circunstancias como estas, la prioridad debe ser salvar vidas, asistir a los damnificados y acelerar la reconstrucción.

Resulta especialmente preocupante cualquier señal de que la ayuda humanitaria pueda ser condicionada por intereses políticos o utilizada como instrumento de control. En una tragedia de esta magnitud no puede haber ciudadanos de primera y de segunda categoría. La solidaridad no debe depender de la afiliación política, sino del sufrimiento humano.

La comunidad internacional tiene igualmente un papel fundamental. La disposición de distintos países y organismos multilaterales para colaborar representa una oportunidad que debe ser aprovechada con transparencia, coordinación y apertura. La reconstrucción de Venezuela requerirá recursos financieros, asistencia técnica y cooperación sostenida durante años.

Más allá de las cifras económicas, de la deuda externa o de la producción petrolera, el verdadero desafío consiste en devolver la esperanza a millones de personas que hoy enfrentan la pérdida de familiares, hogares y medios de vida. Ningún país puede reconstruirse únicamente con discursos; necesita instituciones sólidas, confianza ciudadana y una gestión pública eficiente.

Las tragedias naturales ponen a prueba el carácter de los gobiernos y la fortaleza de las sociedades. También recuerdan que la dignidad humana debe estar por encima de cualquier cálculo político. Si Venezuela aspira a superar esta crisis, el compromiso con la transparencia, la cooperación y la protección de su población debe convertirse en la única prioridad.

Porque, al final, ninguna ideología puede ser más importante que la vida de un ser humano.

Las advertencias de Fews Net, el Programa Mundial de Alimentos y expertos internacionales tristemente no son simples proyecciones técnicas. Lo que describen es una amenaza concreta para miles de familias salvadoreñas que ya viven al límite: menos lluvias, cosechas débiles, empleos agrícolas reducidos y alimentos cada vez más caros.

El informe de Fews Net confirma una realidad que desde hace años golpea silenciosamente al área rural salvadoreña: el campo se ha vuelto cada vez más vulnerable y menos rentable.  La situación es especialmente grave porque ya no se trata solo de sequías aisladas o de ciclos climáticos impredecibles.

El fenómeno se combina con un incremento constante en los costos de fertilizantes, combustibles y transporte, lo que termina encareciendo la canasta básica y reduciendo aún más la capacidad de compra de las familias más pobres. Cuando el maíz y los frijoles comienzan a convertirse en productos difíciles de adquirir para sectores vulnerables, el problema deja de ser agrícola y se convierte en un problema social.

El Salvador necesita una estrategia nacional de adaptación agrícola, manejo hídrico y protección de comunidades rurales.

La crisis climática dejó de ser un debate ideológico o un asunto exclusivo de países industrializados. Hoy afecta directamente la salud, el empleo y la alimentación de millones de personas. Que expertos vinculados a la OMS pidan considerar el cambio climático como una emergencia sanitaria mundial debería encender alarmas en todos los gobiernos del mundo.

La presentación de audios que revelan órdenes directas de asesinato por parte de la cúpula de la MS-13 marca un momento crucial en la lucha contra el crimen organizado en El Salvador. No se trata únicamente de pruebas judiciales: es la exposición descarnada de cómo operaba una estructura que durante años impuso terror, control territorial y muerte con una lógica casi empresarial.

Escuchar a los cabecillas —la llamada ranfla— autorizar homicidios mediante códigos como “abrir válvulas” desmonta cualquier narrativa que intente minimizar el carácter sistemático de la violencia pandilleril. Estas grabaciones evidencian que los asesinatos no eran hechos aislados ni producto de conflictos espontáneos, sino decisiones estratégicas, planificadas y ejecutadas bajo una cadena de mando clara. La violencia, en este caso, era política criminal interna.

El hecho de que entre los acusados figuren nombres históricos de la MS-13 refuerza la dimensión del proceso. No se está juzgando únicamente a ejecutores de bajo nivel, sino a quienes diseñaban, autorizaban y supervisaban las acciones criminales. Este punto es clave: durante años, muchos de estos líderes lograron operar incluso desde centros penales, manteniendo control sobre estructuras completas. Que ahora enfrenten un proceso judicial sustentado en pruebas técnicas y testimoniales sugiere un cambio en la capacidad del Estado para perseguir estos delitos.

Sin embargo, este avance también plantea interrogantes importantes. La magnitud del caso —486 imputados y más de 47,000 delitos— y el uso de audiencias masivas bajo el régimen de excepción obligan a reflexionar sobre el equilibrio entre eficacia y garantías judiciales. La justicia no solo debe llegar; debe hacerlo de manera sólida, transparente y respetando el debido proceso. De lo contrario, cualquier debilidad podría ser utilizada para cuestionar o incluso revertir condenas en el futuro.

Otro elemento que no debe pasar desapercibido es la mención de colaboradores dentro de instituciones estatales. Si se comprueba que existieron redes de apoyo o complicidad desde el aparato público, el problema trasciende a las pandillas y toca fibras más profundas del sistema. La depuración institucional, en ese sentido, se vuelve tan urgente como la persecución criminal.

Este proceso también tiene un valor simbólico. Durante años, miles de víctimas —incluidos al menos 525 empleados públicos asesinados según la investigación— quedaron atrapadas en una espiral de violencia que parecía incontrolable. Ver a los máximos responsables enfrentando la justicia puede representar, para muchas familias, un primer paso hacia la reparación moral, aunque nunca suficiente frente a la magnitud del daño.

La justicia que hoy se busca no debe entenderse como un punto final, sino como parte de un proceso más amplio. Perseguir y condenar a los cabecillas es esencial, pero igualmente lo es construir condiciones que impidan el resurgimiento de estructuras similares. Sin prevención, oportunidades y fortalecimiento institucional, el riesgo de que otras formas de criminalidad ocupen el vacío siempre estará presente.

En definitiva, los audios presentados por la Fiscalía no solo incriminan a individuos; narran una época de violencia estructurada que el país intenta dejar atrás. Que esa historia termine con condenas firmes y legítimas será la verdadera medida de si la justicia, esta vez, logró llegar hasta la cima.