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La Audiencia de Badajoz (noroeste de España) acogió este jueves, ante una gran expectación mediática y ciudadana, el inicio del juicio para investigar la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una institución provincial de esa localidad española.

Dos delitos -prevaricación y tráfico de influencias-, once investigados y 42 testigos conforman el juicio, cuya apertura ha congregado a medio centenar de medios de comunicación y un amplio despliegue policial ante las puertas y el entorno de la Audiencia de Badajoz.

Ese tribunal deberá abordar cómo se desarrolló el proceso de contratación de David Sánchez -finales de 2016 y principios de 2017- por parte de la Diputación de Badajoz para asumir el cargo de coordinador de los conservatorios de música de la región, y otros asuntos como la contratación de Luis Carrero, amigo de David Sánchez, como jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas.

Dentro de la sede judicial, la defensa de David Sánchez ha planteado la nulidad de las actuaciones contra el hermano del presidente del Gobierno español al entender que atentan contra el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, pues los hechos de la denuncia inicial no son objeto del juicio y que el procedimiento supone «una investigación prospectiva».

«La raíz está podrida, como expone la teoría anglosajona», ha expuesto Emilio Cortés, letrado de David Sánchez, en su exposición de cuestiones previas en el inicio del juicio.
En su intervención, subrayó «la inspiración de signo político» de las acusaciones populares, entre las que figuran el partido ultraderechista Vox y organizaciones como Manos Limpias y HazteOir, en la denuncia inicial, en la que se recogía «el abultado patrimonio» de su cliente, absentismo laboral, delitos fiscales, malversación y se sustentaba con recortes de prensa.
De hecho, las acusaciones unen el objeto de este juicio con otra trama en cuyo proceso, «curiosamente, no aparece David Sánchez», añadió el letrado.

«Es todo pura invención y mentira; una falacia», elevó Emilio Cortés. «No levante el tono de voz», le pidió, por su parte, el presidente del Tribunal, José Antonio Patrocinio Pérez.

Por todo ello, el abogado de David Sánchez ha expuesto que los delitos que son objeto de este juicio surgen de «una investigación prospectiva», lo que atenta al derecho fundamental de tutela judicial.

Esta misma exposición ya fue rechazada en fase de instrucción tanto por la juez Beatriz Biedma como por la propia Audiencia.
Al inicio de la vista, el Tribunal ya ha anunciado que el juicio se extenderá al menos hasta el día 9 de junio, pues son 42 testigos y once investigados, con siete acusaciones y el Ministerio Fiscal.

La tensión continúa este miércoles frente al centro de detención Delaney Hall, en Nueva Jersey, donde inmigrantes mantienen por sexto día consecutivo una huelga de hambre y de trabajo, mientras decenas de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) custodian la instalación y legisladores, activistas y familiares exigen respuestas sobre las condiciones dentro del recinto.

Más de una veintena de agentes de ICE, con uniformes verdes y el rostro cubierto, permanecen apostados alrededor de la imponente estructura de Delaney Hall que, con capacidad para 1.196 personas, es el mayor centro de detención de inmigrantes de la costa este.

La situación en el exterior es de tensa calma, con un fuerte dispositivo de seguridad y la presencia permanente de agentes federales y manifestantes, constató EFE. A la entrada del centro de detención, que destaca por ventanas blancas con rejas y la parte superior rematada con alambre de púas, se mantiene un perímetro completamente vallado.

Entre los manifestantes se ven pancartas con mensajes como ‘Acabar con ICE’, ‘No somos criminales’ y ‘Amamos a los inmigrantes’, además de carpas instaladas para ofrecer asistencia médica y apoyo a las familias que mantienen una vigilia frente al centro.

Los congresistas demócratas neoyorquinos Jerry Nadler y Dan Goldman ingresaron para realizar una visita poco después de que el congresista Adriano Espaillat dominicano-estadounidense lograra entrar para reunirse con varios de los inmigrantes en huelga.
Personas que mantienen la vigilia aseguraron a EFE que persiste un clima de fuerte tensión con los agentes desplegados en la zona, después de varios días de enfrentamientos y denuncias cruzadas entre manifestantes, legisladores e ICE.

Los detenidos continúan reclamando la presencia de la gobernadora de Nueva Jersey, la también demócrata Mikie Sherrill, a quien se le negó el acceso a la instalación el pasado lunes tras lo cual se registraron altercados entre manifestantes y agentes federales.

En una rueda de prensa frente al edificio, miembros de Cosecha New Jersey, familiares de detenidos y el propio Espaillat detallaron hoy las demandas de los huelguistas y denunciaron las condiciones dentro del centro.

Gabriela Soto denunció que su esposo, Martin, fue detenido en plena calle por agentes del ICE, quienes lo esposaron y lo trasladaron en una furgoneta.

Describió el operativo como un «secuestro» y que no se le dio información clara sobre su paradero durante las primeras horas tras la detención. Ella forma parte del grupo de familiares que está participando en las vigilias y protestas, denunciando detenciones arbitrarias y pidiendo explicaciones sobre las condiciones dentro del centro.

Por su parte, Espaillat señaló que las condiciones en el centro son «deplorables» y que debe cerrar «inmediatamente».

«Hay mujeres embarazadas e incluso casos de personas que han estado detenidas a punto de dar a luz. Hay represalias contra quienes participan en la huelga de hambre, que efectivamente existe dentro de la instalación. La comida es pésima, el servicio médico es inhumano y el centro está sobrepoblado. Esta instalación, operada por una corporación privada, debe cerrar», denunció el congresista demócrata.

Delaney Hall, administrado por la empresa privada GEO Group bajo contrato federal, reabrió este año como centro de detención de inmigrantes y ha sido objeto de denuncias sobre supuestas condiciones insalubres, negligencia médica y escasez de alimentos, acusaciones que hasta ahora las autoridades han rechazado.

El intenso calor que padece gran parte del continente europeo es «un crudo recordatorio de las crecientes repercusiones de la crisis climática, tanto humanas como económicas», ha asegurado este miércoles el secretario ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell.

El principal culpable, ha señalado, «es la adicción mundial a la quema de carbón, petróleo y gas y la destrucción de los bosques».

«Muchas otras partes del mundo también se ven gravemente afectadas, como la India y otras regiones de Asia. La ciencia demuestra claramente que el cambio climático provocado por el ser humano está haciendo que estas olas de calor sean más frecuentes y extremas», ha añadido.

Para el responsable climático de Naciones Unidas, la guerra en Oriente Medio «evidencia el elevado coste de la dependencia de las importaciones de combustibles fósiles», pero la solución está clara, ha apuntado: «una transición más rápida hacia la energía limpia, que ahora es más barata que los combustibles fósiles y se produce con mayor rapidez, por lo que resulta fundamental para la asequibilidad energética y la seguridad económica de las naciones».

Stiell ha subrayado que «proteger las vidas humanas, las empresas y las economías del calor extremo y de los muchos otros costos crecientes del cambio climático es una prioridad para todas las naciones, y comienza por abandonar la dependencia de los combustibles fósiles con mayor rapidez».

El representante de la ONU ha destacado asimismo la necesidad de invertir más dinero en la resiliencia ante los impactos climáticos, «ya sean el calor extremo, las megainundaciones, los incendios forestales o las sequías, que también afectan la producción y los precios de los alimentos».

España, Portugal, Francia, Reino Unido, Bélgica y los Balcanes son algunas de las zonas de Europa que registran desde el pasado fin de semana temperaturas propias del mes de julio y que han tenido que emitir alertas de distinto grado para advertir a la población de los efectos de este episodio inusual de calor.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió este miércoles que todas las partes beligerantes en el este de la República Democrática del Congo (RDC) acuerden un «alto el fuego inmediato» para poder contener el brote de ébola en la zona, con más de 900 casos sospechosos o confirmados y unas 220 muertes.

«No podemos generar confianza en las comunidades ni aislar a los enfermos mientras caen bombas», señaló en su cuenta oficial de X el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien se espera que comience a coordinar operaciones de evaluación y respuesta del brote en la misma RDC.

Tedros reclamó a ejército y milicias que permitan un acceso seguro y sostenido para los equipos médicos de las zonas afectadas, principalmente las provincias de Ituri, Kivu del Sur y Kivu del Norte, y que «se priorice la supervivencia humana por encima de cualquier otra cosa».

Recordó que los enfrentamientos en la zona, donde operan milicias como el M23 -apoyado según la RDC por la vecina Ruanda- o las islamistas Fuerzas Democráticas Aliadas, provocan desplazamientos masivos, con el riesgo de que personas que han estado en contacto con enfermos de ébola lleguen a campamentos superpoblados.

La violencia también puede dificultar las medidas de contención, y los ataques contra instalaciones sanitarias «hacen casi imposible rastrear los casos y sus contactos», lamentó el máximo responsable de la OMS.

Todo ello provoca que el este de la RDC «se enfrente a una colisión catastrófica entre enfermedad y conflicto», mientras el brote de ébola «avanza más rápido que la respuesta sanitaria», admitió.

El virus causante de la epidemia pertenece a la variante Ébola Bundibugyo, de la que no hay tratamientos o vacunas específicos y con una tasa de letalidad que oscila según los expertos entre el 30 y el 50 %.

En este sentido, es menos letal que la más conocida variante Ébola Zaire, con tasas de fallecimiento de entre el 60 % y el 90 % en anteriores brotes, y para la que sí hay vacunas y tratamientos.