El eventual establecimiento de un estado de excepción para combatir el narcotráfico en Costa Rica, país reconocido históricamente por su defensa de la paz y la democracia, dividió este lunes a seis de los principales candidatos a la presidencia del país en el marco de uno de los últimos debates previos a las elecciones del próximo 1 de febrero.
La oficialista Laura Fernández, del derechista Partido Pueblo Soberano y favorita en las encuestas más recientes, defendió su propuesta de establecer un estado de excepción en zonas conflictivas y para ello insistió en la necesidad de que la población le otorgue una mayoría legislativa de 40 diputados (mayoría calificada más uno) para implementar la iniciativa.
«No me va a temblar el pulso para tomar las decisiones que tengamos que tomar para retomar la paz en los hogares de Costa Rica que están llenos de gente buena. En mi plan de gobierno hemos planteado el levantamiento de garantías», expresó Fernández durante el debate organizado por Radio Columbia y la Universidad Latina.
La candidata oficialista dijo que el levantamiento de garantías está establecido en la Constitución Política y que ello «permitiría, con un procedimiento especial y extraordinario, sacar de circulación a criminales que están identificados, en qué barrio viven y cómo se mueven».
Por su parte, la aspirante del centro izquierdista partido Coalición Agenda Ciudadana y exprimera dama (2018-2022) Claudia Dobles; el candidato del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, y el del izquierdista Frente Amplio, Ariel Robles, expresaron su rechazo a cualquier limitación de garantías individuales en el país y apostaron por iniciativas preventivas y de presencia policial en comunidades con inteligencia.
«Se requieren oportunidades y un enfoque en la educación para que nuestros jóvenes no estén en manos del crimen organizado», manifestó Dobles, quien argumentó que también implementará operativos policiales y la aplicación de tecnología en este trabajo.
Por su parte, Ramos dijo que «la seguridad se recupera, no quitando las libertades a los ciudadanos decentes, sino volviendo a invertir», mientras que Robles aseguró que levantar las libertades «es un ataque contra la gente».
Costa Rica registró en el 2025 un total de 873 homicidios, la tercera cifra registrada más alta de su historia, y una tasa de 16,7 por cada 100.000 habitantes, el 69 % de estos crímenes son atribuidos a sicarios en el marco de disputas entre bandas narcotraficantes.
En 2024 la cifra de homicidios fue de 876 y la mayor cantidad de homicidios en la historia del país ocurrió en el 2023 con un total de 905, que superó al récord anterior que era de 654 contabilizados en el 2022.
La propuesta de establecer un estado de excepción también fue apoyada por el candidato del conservador Partido Nueva República, Fabricio Alvarado, quien afirmó que la idea es «encerrar a los delincuentes» y darle libertad a «la gente buena».
Durante el debate los candidatos también expusieron sobre propuestas para reparar el tejido social del país, en lo que la mayoría de los aspirantes apostó por fortalecer la Caja Costarricense del Seguro Social e impulsar iniciativas para mejorar la educación y el empleo.
