La Corte Suprema de Brasil suspendió temporalmente este viernes la aplicación de la ley promulgada la víspera por el Congreso y que permite reducir las penas de los condenados por los actos golpistas contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, incluyendo la del exjefe de Estado Jair Bolsonaro.
La suspensión fue determinada en una cautelar expedida por el magistrado Alexandre de Moraes, el instructor del juicio en el que el líder ultraderechista fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión por haber liderado una trama golpista contra Lula.
De Moraes afirmó que la llamada ‘ no puede ser aplicada hasta que el pleno de la Corte Suprema se pronuncie sobre al menos dos denuncias presentadas por partidos políticos de izquierda y que cuestionan la constitucionalidad de la medida.
El magistrado anunció la suspensión en respuesta a un recurso que recibió de uno de los condenados por los actos golpistas del 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de los tres poderes en un intento de forzar un golpe de Estado contra Lula.
El autor del recurso solicitaba la reducción de su condena con base en la ley que entró en vigor el viernes, cuando el presidente del Congreso, Davi Alcolumbre, la promulgó, luego de que Lula se negara a hacerlo.
La respectiva ley fue aprobada en diciembre pasado por el Congreso y el líder progresista la vetó, pero la Cámara de Diputados y el Senado dejaron sin efectos el veto presidencial la semana pasada por lo que Alcolumbre la promulgó.
Moraes, sin embargo, considera que los recursos que presenten los condenados para intentar reducir sus penas no pueden ser analizados mientras que la Corte Suprema no se pronuncie sobre la constitucionalidad de la ley.
Las denuncias de inconstitucionalidad representan «un hecho procesal nuevo y relevante, capaz de influir en el juicio de las peticiones que hagan los defensores» de los condenados, argumentó el magistrado en su sentencia.
Tanto el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) como el Partido Rede argumentan que la ley viola la constitución por ofrecerle un tratamiento menos severo a los autores de crímenes contra el orden democrático.
La ley beneficia tanto a los condenados por los actos golpistas del 8 de enero de 2023 como a los que cumplen penas por participar en tramas para impedir la posesión de Lula, entre los cuales Bolsonaro, condenado en septiembre del año pasado pero que desde marzo está en régimen domiciliar por motivos de salud.
La nueva ley impide la acumulación de penas por crímenes de naturaleza parecida y acelera la progresión de los condenados al régimen de prisión semiabierto, por lo que, según los expertos, Bolsonaro podría salir del régimen cerrado en un plazo de entre dos y cuatro años, antes de lo anteriormente previsto.
La reducción de las condenas fue promulgada a solo cinco meses de las elecciones en las que Lula intentará su cuarto mandato y en las que su principal rival será el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente.
Los últimos sondeos indican que, pese a que Lula sería el más votado en la primera vuelta, ambos estarían empatados técnicamente en una eventual balotaje, con una ligera ventaja para el candidato ultraderechista.
