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Una jueza federal de Estados Unidos autorizó el martes al gobierno del Donald Trump a aplicar la tarifa de $100,000 para las visas de trabajo H-1B, un visado clave para sectores como tecnología, ciencia e ingeniería, informó el noticiero Univisión en su sitio web.

En una resolución de 56 páginas, la jueza de distrito Beryl Howell determinó que el mandatario tiene “amplia autoridad legal” para atender lo que considera un asunto de seguridad económica y nacional. “La decisión y su aplicación son legales y, por tanto, resisten a los recursos de los demandantes”, señaló, aunque admitió que la medida podría “infligir un daño significativo a las empresas estadounidenses y a las instituciones de educación superior”.

De forma paralela, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que sustituirá el histórico sistema de sorteo de las visas H-1B por un nuevo modelo que prioriza a trabajadores extranjeros con mayor cualificación y mejores salarios. El cambio entrará en vigor el 27 de febrero de 2026 y se aplicará a la próxima temporada de registro del cupo H-1B.

Según Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, el proceso actual “fue explotado y abusado por empleadores en EEUU que buscaban principalmente importar trabajadores extranjeros con salarios más bajos de los que pagarían a trabajadores estadounidenses”. El nuevo sistema “implementará un proceso de selección ponderado” para aumentar la probabilidad de asignación a perfiles mejor remunerados, de acuerdo con un comunicado oficial.

La tarifa de $100,000 forma parte de una ofensiva migratoria más amplia del presidente de Estados Unidos, quien sostiene que el programa H-1B se ha utilizado para reemplazar a trabajadores locales.

Empresarios tecnológicos y defensores del visado —entre ellos grandes compañías como Amazon— advierten que el país no cuenta con suficiente talento local para cubrir vacantes especializadas y subrayan que el programa impulsa la innovación y el crecimiento económico.

En contraste, críticos alegan que las empresas clasifican puestos en niveles bajos para pagar menos, pese a que los trabajadores contratados tienen mayor experiencia. Al menos dos demandas adicionales contra la tasa de $100,000 continúan en curso.

Estados Unidos otorga 85,000 visas H-1B al año (65,000 del cupo general y 20,000 para personas con título de máster o superior). India concentra cerca de tres cuartas partes de los beneficiarios. En el último año, Amazon lideró las aprobaciones con más de 10,000 visas, seguida por Tata Consultancy Services, Microsoft, Apple y Google. California reúne la mayor cantidad de trabajadores con este visado.

La Misión de Observación Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) urgió este miércoles al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras a realizar un escrutinio total de las actas con inconsistencias e impugnadas de las presidenciales, y advirtió que forzar una declaratoria sin resolver esos reclamos podría desencadenar una crisis mayor a la registrada en 2009.

En un comunicado, la misión Copppal alertó a la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y a los Gobiernos de la región sobre los riesgos para la gobernabilidad hondureña que implicaría declarar los resultados sin antes haber resuelto la totalidad de las actas cuestionadas ni las impugnaciones presentadas por los partidos, procedimientos contemplados en la ley electoral.

La misión sostuvo que el CNE tiene la «obligación legal y constitucional» de revisar cada una de las actas observadas, y señaló que este proceso es la única vía para «recuperar la legitimidad perdida» tras una serie de «desaciertos» cometidos por el órgano electoral antes, durante y después de la jornada electoral, que han derivado en una creciente tensión política y social en el país.

Según los resultados preliminares del CNE, con el 99,93 % de las actas contabilizadas, el candidato del conservador Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, encabeza la votación con el 40,27 % de los sufragios, seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,53 %, mientras que la candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, se ubica en tercer lugar con el 19,19 %.

El proceso de escrutinio especial de 2.792 actas con inconsistencias comenzó el día 18, con un retraso de cinco días, y ha estado marcado por obstáculos denunciados públicamente por las consejeras del CNE Ana Paola Hall, presidenta del organismo, y Cossette López.

La Copppal advirtió que una «declaratoria que no cumpla con lo mandatado en la Constitución de la República, sería un albazo al proceso electoral que, en lugar de generar certidumbre y tranquilidad al proceso electoral, provocaría mayor inestabilidad política, económica y social en Honduras».

Recordó que escenarios de este tipo remiten a la crisis institucional de 2009, cuando un golpe militar derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya, esposo de la actual presidenta del país, Xiomara Castro.

Asimismo, alertó que un eventual «madruguete» de algunos miembros del ente electoral proclamando un ganador sin que se hayan contado todos los votos no solo vulneraría el Estado de derecho y la voluntad popular, sino que podría derivar en delitos y en denuncias ante organismos internacionales por parte de los sectores afectados.

Finalmente, señaló que entregó «en tiempo y forma» al CNE una auditoría de ciberseguridad que advertía sobre la «vulnerabilidad del sistema de Transmisión de Resultados», pero aseguró que el órgano electoral no atendió esas recomendaciones, lo que —afirmó— ha contribuido a que el país enfrente una crisis «de dimensiones mayores a la electoral».

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, planea detener a 80,000 inmigrantes en varios almacenes industriales del país que convertirá en centros de detención, según informa este miércoles en exclusiva The Washington Post.

De acuerdo con un borrador revisado por el rotativo, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) planea retener a inmigrantes en centros de procesamiento para luego trasladarlos a alguno de estos almacenes y finalmente deportarlos.

Estas instalaciones albergarán cada una entre 5,000 y 10,000 personas y se ubicarán en los estados de Virginia, Texas, Luisiana, Arizona, Georgia y Misuri.

La mayoría de estos almacenes se encuentran en áreas lideradas por el Partido Republicano, destaca el periódico, aunque está previsto que dos de ellos se ubiquen en Stafford (Virginia) y Kansas City (Misuri), ciudades dirigidas por demócratas.

El resto de ciudades que albergarán estos grandes centros de detención son Hutchins y Baytown (Texas); Hammond (Luisiana); Glendale (Arizona) y Social Circle (Georgia).

Mientras, otras regiones serán la sede de nuevos centros de procesamiento que contarán con entre 500 y 1,500 camas, como Chester (Nueva York), Salt Lake City o Los Fresnos (Texas).

El Post anota que ICE pretende compartir este borrador con empresas privadas de detención esta misma semana.

Los nuevos centros de detención «minimizarán los costos, acortarán los tiempos de procesamiento, limitarán la duración de las estadías, acelerarán el proceso de deportación y promoverán la seguridad, la dignidad y el respeto» de los detenidos, según el borrador revisado por el medio.

Sus estructuras se modificarán para incluir unidades de alojamiento con duchas y baños, cocina, comedores, áreas recreativas e incluso una biblioteca.

Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicados hace dos semanas, desde el 20 de enero de 2025 Estados Unidos ha deportado a más de 605,000 migrantes, en respuesta al plan de deportaciones masivas de la Administración de Trump.

El nuevo obispo designado para la arquidiócesis de Nueva York, Ronald Hicks, expresó un mensaje en español en la misa del pasado 18 de diciembre donde el cardenal conservador, Timothy Dolan, lo presentó ante la feligresía en una misa de adviento.

«Quiero que ustedes sepan que no tienen un obispo que no solamente habla español si (no) que también tengo un corazón enorme para la cultura latina y la gente hispana».
Ronald Hicks, nuevo obispo de Nueva York. 

Monseñor Hicks es un misionero desde sus inicios, ha vivido en México, pero entre 2010 y 2015 radicó en El Salvador como director regional de los hogares Nuestros Pequeños Hermanos, dedicados al cuido de menores en abandono, con sede en Santa Ana.

Durante la misa celebrada en la catedral de San Patricio, el pasado 18 de diciembre, monseñor Hicks agradeció a la feligresía, en español, por su fe y acompañarlo.

En una rueda de prensa, tras la misa, el prelado sentó su postura y dijo que si bien es cierto quiere un país donde se respetan las leyes, también «un país que defienda la dignidad humana, el respeto, tratando bien a todos».

A través del sitio Buenanoticia.org el sacerdote, oriundo de Chicago, manifestó un mensaje: «Somos un pueblo, lo más importante es entender que todos nosotros somos hermanos y hermanas y tratar el uno al otro con respeto, con dignidad, con paz, con justicia, ese es el mensaje, no solamente para los migrantes sino para todos nosotros, es una manera de vivir».

El pasado 18 de diciembre, el papa León XIV designó a Hicks como nuevo obispo de Nueva York tras recibir la renuncia del cardenal Tomothy Dolan, quien alcanzó la edad designada por la iglesia para permanecer en el cargo.

«El padre Ron», como era conocido por su rebaño salvadoreño, es señalado como un prelado «tradicional» y de lado hacia los hispanos, los perdidos y pobres. Habla un español fluido y esperan que su experiencia en El Salvador sea valiosa en su nueva relación con los hispanos en Nueva York.

Según infocatólica, en 2015 fue nombrado vicario general arquidiocesano en Chicago y tres años más tarde, obispo auxiliar de esa misma diocésis natal.

Tras su partida de El Salvador, Hicks mantuvo el vínculo con NPH, aunque ahora menos por sus labores y responsabilidades, su pasó por el pulgarcito de América le dejó una huella, tanto así que su escudo episcopal lleva una rama de romero, en honor al obispo mártir salvadoreño, San Óscar Romero, de quién es seguidor.

El Patriarca Latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, urgió este miércoles a los palestinos desde la Plaza del Pesebre en Belén a celebrar y disfrutar de esta Navidad, tras dos años de ofensiva bélica en Gaza.

«Lo que vi en Gaza es un desastre (…) pero también vi allí el deseo de vivir», dijo el cardenal, que visitó el pasado fin de semana la ciudad de Gaza y su única parroquia católica, la iglesia de la Sagrada Familia.

«Es posible celebrar en Gaza, es posible celebrar en Belén. Necesitamos celebrar no solo hoy, sino todos los días del año», añadió el prelado, pese a que reconoció que aún quedan problemas por resolver.

Las palabras de Pizzaballa fueron escuchadas tan solo por decenas de familias palestinas, tras dos años sin festividades navideñas en solidaridad por Gaza y otros dos años antes debido a la covid.

Solo en estas Navidades, se volvieron a escuchar de nuevo los tambores y las gaitas de miles de ‘boys scouts’ palestinos procedentes de Beit Sahour, Birzeit y Jerusalén, entre otras ciudades.

Además, Pizzaballa aseguró que hoy veía «la luz de Belén» -donde la tradición cristiana sitúa el nacimiento de Jesús- y la luz en todos los que habían acudido allí, y de nuevo apeló al espíritu lúdico navideño.

«La luz de Belén es la luz del mundo», dijo el patriarca latino quien añadió que en Gaza, «en medio de la nada, pueden celebrar y disfrutar a pesar de la nada. Esto nos recuerda que es posible levantarnos de la devastación humana».

Pizzaballa, de la orden franciscana, es la máxima autoridad católica en Tierra Santa. Su título de Patriarca Latino de Jerusalén, que le fue otorgado en 2020, le convierte en el representante del papa en la zona y quien supervisa las iglesias de rito latino (católicas) en Israel, Palestina, Jordania y Chipre.

Las autoridades de Panamá informaron este miércoles del decomiso de 916 paquetes de droga hallados a bordo de una lancha interceptada en las costas del Pacífico del país centroamericano.

La sustancia ilícita fue incautada durante el «allanamiento y registro a una embarcación que fue localizada de manera sospechosa al Sur de Punta Coco» por el Servicio Nacional Aeronaval, indicó el Ministerio Público (MP, Fiscalía) en un mensaje en sus redes sociales.

En esta operación se aprehendieron a dos hombres, cuya identidad no fue rebelada. El peso total del alijo y el tipo de droga no fue precisada por las autoridades, aunque los paquetes pesan generalmente al menos un kilo y la sustancia ilícita más decomisada en Panamá es la cocaína.

Panamá, un país de tránsito de la droga que se produce en Suramérica y que tiene como destino Estados Unidos -el mayor consumidor de cocaína del mundo- y Europa, decomisó alrededor de 80 toneladas de sustancias ilícitas en 2024, de acuerdo con datos oficiales.

Israel acusó este miércoles al grupo islamista Hamás de violar el alto el fuego después de que un artefacto explosivo hiriera a un soldado israelí durante una operación en Rafah, sur de la Franja, según un comunicado publicado por la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, que afirma que «Israel responderá en consecuencia».

«La continua negativa pública (de Hamás) a desarmarse constituye una flagrante violación, y hoy, una vez más, sus violentas intenciones y violaciones se vieron confirmadas con la detonación de un artefacto explosivo improvisado que hirió a un oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel», recoge la nota oficial.

«Israel responderá en consecuencia», advierte el comunicado.

El Gobierno reiteró en su mensaje que Hamás debe cumplir lo pactado en el marco de la tregua, lo que «incluye su salida del gobierno en Gaza, la desmilitarización del enclave y un proceso de desradicalización».

Por su parte, los portavoces del Ejército israelí informaron este miércoles en un comunicado de que el artefacto explosivo fue detonado contra un vehículo blindado durante una operación «para despejar la zona de Rafah de infraestructuras terroristas».

Como resultado, un oficial de combate sufrió «heridas leves» y fue evacuado a un hospital para recibir tratamiento médico.

La segunda fase del acuerdo en Gaza, auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, junto a países mediadores, recoge la retirada total de las tropas israelíes; además del desarme de las milicias palestinas, la reconstrucción de Gaza y la creación de un Gobierno de transición.

La primera etapa del acuerdo, que entró en vigor el 10 de este octubre, incluía el cese de las hostilidades, además de la liberación de todos los rehenes por parte de Hamás (queda aún un último cuerpo) y de los detenidos palestinos, en el lado israelí.

Israel también debía permitir el ingreso de ayuda humanitaria en Gaza, que ha aumentado pese a que continúan las restricciones.

Sin embargo, los ataques israelíes no han cesado por completo y sus drones siguen sobrevolando Gaza mientras que las tropas disparan a los palestinos que consideran se acercan demasiado a la denominada ‘línea amarilla’.

El balance de muertos en la Franja de Gaza supera los 70,900 -la mayoría civiles, entre ellos más de 20,000 menores de edad- mientras que los heridos ascienden a más de 171,000 desde el 7 de octubre de 2023, según cifras del Ministerio de Sanidad gazatí.

Ese día comenzó la actual ofensiva y los bombardeos de Israel, tras el ataque de Hamás en el que murieron 1,200 personas.