La Corte Constitucional de Ecuador realizó este martes varias observaciones al referéndum convocado por el presidente Daniel Noboa, en el que se plantea la creación de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva carta magna. El alto tribunal exigió aclaraciones sobre el mecanismo de elección de los asambleístas y el diseño de las circunscripciones antes de avalar la consulta.
Según el dictamen, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no podrá avanzar con el proceso hasta que la Presidencia subsane los aspectos señalados y la Corte verifique las correcciones. El tribunal subrayó que su papel no es valorar la conveniencia de una Constituyente, sino garantizar que el proceso se apegue al Derecho y que los ciudadanos decidan de forma “clara, libre y democrática”.
De acuerdo con la propuesta del Ejecutivo, la Constituyente estaría integrada por 80 miembros: 52 provinciales, 22 nacionales y seis en representación del exterior, cada uno con suplente. El hemiciclo tendría un plazo de 180 días para elaborar el nuevo texto constitucional, prorrogable una sola vez por 60 días, y cualquier propuesta deberá someterse a referéndum nacional para su aprobación.
La instalación de la Asamblea Constituyente fue una de las promesas de campaña de Noboa, quien ganó la reelección en 2025 para un mandato completo, después de completar el periodo inconcluso de Guillermo Lasso. Aunque inicialmente había pospuesto la idea, retomó la iniciativa tras choques con la Corte Constitucional, que ha bloqueado varias de sus leyes exprés por presuntas violaciones a derechos fundamentales.
El enfrentamiento se intensificó luego de que la Corte rechazara otras preguntas de reforma que buscaban, entre ellas, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana o reducir el número de legisladores. Noboa acusó a los nueve magistrados de ser “enemigos del país” y encabezó una multitudinaria marcha contra el tribunal, con imágenes de los jueces en pancartas.
El debate sobre la Constituyente coincide con un ambiente de creciente agitación social. El movimiento indígena ha liderado fuertes protestas contra la eliminación del subsidio al diésel, que elevó su precio de $1.80 a $2.80 por galón, medida adoptada para cumplir los compromisos fiscales con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
