El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que está dispuesto a ayudar a defender a Polonia y a los estados bálticos en caso de que Rusia incremente sus incursiones militares en la región, luego de que tres cazas rusos violaran el espacio aéreo de Estonia.
Durante su viaje al funeral del activista Charlie Kirk, un periodista le consultó si su Gobierno respaldaría a estos países en caso de una escalada rusa. “Sí, lo haría, lo haría”, respondió el mandatario.
El incidente se produjo el viernes, cuando tres aviones MIG-31 de Rusia ingresaron durante doce minutos al espacio aéreo estonio, lo que obligó a una respuesta de la OTAN. Este hecho se suma a otras incursiones recientes: drones rusos detectados en Polonia la semana pasada y en Rumanía hace dos viernes.
Trump, preguntado por la situación, confirmó estar al tanto y señaló: “No nos gusta”.
Ante la violación, el Gobierno de Estonia decidió invocar el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte, mecanismo al que cualquier miembro puede recurrir si percibe amenazas a su integridad territorial, independencia política o seguridad nacional.
En paralelo, Polonia denunció la presencia de dos cazas rusos sobrevolando a baja altura el mar Báltico, cerca de la plataforma petrolera Petrobaltic, acción que consideró una violación de su zona de seguridad, según la Guardia Fronteriza polaca.
A petición de Estonia, el Consejo de Seguridad de la ONU celebrará mañana lunes una reunión de emergencia en Nueva York para abordar las violaciones del espacio aéreo por parte de Rusia.
La contaminación en el lago Titicaca, el cuerpo de agua navegable más alto del mundo compartido por Bolivia y Perú, ha alcanzado niveles alarmantes. En sus zonas menos profundas la pesca prácticamente ha desaparecido, lo que impulsa la migración de habitantes ante la degradación de los ecosistemas, agravada por el cambio climático.
La parte más afectada es el denominado lago menor, ubicado al sudeste con unos 2,000 kilómetros cuadrados, separado del lago mayor —de más de 6,000 kilómetros cuadrados— por el estrecho de Tiquina. En algunas áreas de este sector, la profundidad no supera los 50 centímetros, como ocurre en la bahía de Cohana, debido a la sequía de los últimos años.
Cohana se ha convertido en el punto crítico, ya que allí desemboca el río Katari, que arrastra aguas residuales e industriales de la ciudad de El Alto, con cerca de un millón de habitantes, además de la vecina Viacha.
“La vida en el lago está triste, se están perdiendo los peces, los totorales están quemados, el agua es turbia”, lamentó a EFE Oscar Limachi, líder indígena de Quehuaya. También advirtió que “por causa de la contaminación hay mucha migración”, ya que la pesca dejó de ser el sustento de las familias.
Antes era común ver pescadores capturando especies nativas como el karachi o el mauri, pero hoy la actividad ha desaparecido. El agua es oscura, pestilente y en la superficie se acumula vegetación en descomposición, mientras en el fondo se forma una sustancia negra que también daña la totora, utilizada para alimentar ganado y elaborar artesanías.
De acuerdo con Xavier Lazzaro, investigador de la Autoridad Binacional del Lago Titicaca (ALT), la principal causa de la degradación es la actividad humana: vertidos urbanos, residuos industriales y minería. El fósforo de los detergentes alimenta microalgas que al morir generan pérdida de oxígeno y sulfuro de hidrógeno, un compuesto que “tiene el poder de matar peces, ranas y aves”.
La isla Sicuya, la más pequeña del Titicaca con menos de 300 habitantes, refleja este deterioro. Su población estudiantil se redujo drásticamente y muchas casas están abandonadas.
“No hay pescado por aquí, esa contaminación ha hecho perder los peces (…) antes el agua era transparente, hace 15 años era linda”, recordó Santiago Quispe, autoridad local.
Los comunarios temen que la situación empeore por la actividad minera en la cordillera, donde se lavan minerales como oro. Hasta ahora, los proyectos estatales de tratamiento de aguas residuales han resultado insuficientes, con retrasos en la modernización de plantas y poca eficacia en las acciones de mitigación ambiental, según advierten estudios de organizaciones privadas como Fundación Tierra.
El papa León XIV expresó este domingo su preocupación por los conflictos y la falta de solidaridad en el mundo, al señalar que «pueblos enteros se ven hoy aplastados por la violencia y, más aún, por una indiferencia desvergonzada que los abandona a un destino de miseria». Sus palabras se pronunciaron durante la homilía celebrada en la parroquia de Santa Anta, en la Ciudad del Vaticano.
«Os animo a perseverar con esperanza en un tiempo seriamente amenazado por la guerra», declaró el pontífice, de origen estadounidense y peruano. Añadió que, frente a los dramas de la humanidad, los cristianos no deben resignarse: «No queremos ser sumisos, sino anunciar con la palabra y con las obras que Jesús es el Salvador del mundo, Aquel que nos libera de todo mal».
Durante su mensaje, el papa pidió por los líderes de las naciones, exhortando a que actúen libres de la tentación de usar la riqueza «contra el hombre, transformándola en armas que destruyen a los pueblos y en monopolios que humillan a los trabajadores».
En su homilía, reflexionó sobre el uso de los bienes materiales: «Quien sirve a Dios se libera de la riqueza, pero quien sirve a la riqueza queda esclavizado por ella. Quien busca la justicia transforma la riqueza en bien común; quien busca el dominio transforma el bien común en presa de su propia codicia».
El pontífice advirtió que el apego excesivo a lo material «confunde nuestro corazón y distorsiona nuestro futuro». Señaló que la gran tentación de la sociedad moderna es «pensar que sin Dios podríamos vivir bien de todos modos, mientras que sin riqueza estaríamos tristes y afligidos por mil necesidades».
Finalmente, León XIV subrayó que esta lógica de acumulación alimenta la desconfianza entre los pueblos: «En lugar de pedir ayuda con confianza y compartir con fraternidad, nos sentimos impulsados a calcular, a acumular, volviéndonos sospechosos y desconfiados hacia los demás. Estos pensamientos convierten al prójimo en un competidor, en un rival o en alguien de quien sacar provecho».
Los primeros ministros de Reino Unido, Keir Starmer; Canadá, Mark Carney; y Australia, Anthony Albanese, anunciaron este domingo el reconocimiento oficial de sus países al Estado palestino, en un movimiento diplomático coordinado que busca dar nuevo impulso a la solución de dos Estados en Oriente Próximo.
Starmer explicó que la decisión responde al “creciente horror” en la región y a la necesidad de “mantener viva la posibilidad de paz” entre israelíes y palestinos.
“La esperanza de una solución de dos Estados se está desvaneciendo, pero no podemos dejar que esa luz se apague”, afirmó en un mensaje en el que descartó que este paso sea “una recompensa a Hamás”, organización a la que calificó como “terrorista brutal”.
El líder británico también criticó la política de Israel en la Franja de Gaza, a la que señaló como responsable de una “crisis humanitaria sin precedentes”, y pidió levantar las restricciones al ingreso de ayuda humanitaria. Asimismo, mostró preocupación por el acelerado avance de los asentamientos en Cisjordania.
Primeros países del G7 en dar el paso
Aunque más de 150 países en el mundo reconocen al Estado palestino —incluido El Salvador—, este domingo Reino Unido, Canadá y Australia se convirtieron en los primeros del G7 en hacerlo. El anuncio llega en la antesala de una cumbre en la ONU promovida por Francia y Arabia Saudí para relanzar la solución de dos Estados.
“Canadá reconoce el Estado de Palestina y ofrece nuestra alianza para construir la promesa de un futuro pacífico”, declaró Carney.
El mandatario criticó la política del gobierno de Benjamin Netanyahu, al que acusó de “trabajar metódicamente para impedir un Estado palestino” mediante la expansión de asentamientos y la violación del Derecho Internacional en Gaza.
Albanese, por su parte, defendió que Australia reconoce las “legítimas aspiraciones del pueblo palestino” de tener un Estado independiente y soberano, aunque subrayó que Hamás no debe tener ningún rol en ese escenario.
Los tres líderes coincidieron en que este reconocimiento no legitima al terrorismo ni compromete el apoyo a Israel, sino que pretende fortalecer a quienes buscan la coexistencia pacífica. Albanese añadió que el siguiente paso debe ser la elaboración de un “plan creíble” para reconstruir Gaza, garantizar la seguridad de Israel y lograr la liberación de los rehenes capturados por Hamás en los atentados del 7 de octubre de 2023.
La coordinación internacional, con apoyo de la Liga Árabe y Estados Unidos, será “vital” para avanzar en una paz duradera, concluyó el primer ministro australiano.
La reciente decisión del Gobierno de Estados Unidos de imponer nuevas restricciones a la visa H-1B, incluyendo un polémico pago anual de 100 mil dólares, ha causado alarma tanto en trabajadores extranjeros como en las empresas tecnológicas que dependen ampliamente de este tipo de visado laboral.
La medida, formalizada mediante una proclamación firmada por el presidente Donald Trump, busca reformar el uso del visado H-1B en EE.UU., el cual permite a empresas contratar temporalmente a profesionales altamente cualificados en campos como tecnología, ciencia, ingeniería y matemáticas.
Según el documento firmado por Trump, el programa H-1B ha sido utilizado «para reemplazar, en lugar de complementar, a trabajadores estadounidenses», acusando a empresas —especialmente del sector TI— de externalizar fuerza laboral y reducir salarios.
La Administración Trump sostiene que esta situación genera un impacto negativo en la fuerza laboral nacional, promueve el desempleo entre graduados recientes y pone en riesgo el liderazgo tecnológico de EE.UU.
“La visa H-1B ya no se está utilizando para cubrir escasez de talento, sino para abaratar costos”, señala la proclamación.
El anuncio ha generado incertidumbre entre los aproximadamente 600 mil titulares de visas H-1B. Según información preliminar, la medida solo afectaría a nuevas solicitudes, pero no hay claridad sobre quienes estén renovando o intentando reingresar al país tras un viaje internacional.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos aclaró el sábado que la tarifa de $100 mil anuales para la emisión de visados H1-B introducida la víspera, será aplicable únicamente a las solicitudes presentadas tras la firma del decreto presidencial que contempla la medida y no a aquellas presentadas o emitidas previamente. Es decir, no se contempla su efecto retroactivo.
Un funcionario citado por Politico.com indicó que los actuales portadores del visado no necesitan apresurarse a regresar, aunque abogados de inmigración y asociaciones empresariales recomiendan no abandonar Estados Unidos ante el riesgo de no poder regresar.
Además, el documento presidencial otorga facultades discrecionales a la Secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para excepciones en casos donde el visado sea considerado de interés nacional o no represente una amenaza para la seguridad de EE.UU.
Según cifras del American Immigration Council (AIC) citadas por la Casa Blanca, en 2019, el 23,1 % de los trabajadores en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) eran extranjeros, el doble que en 2000. En áreas como informática y matemáticas, el número asciende al 26,1 %.
La Administración Trump considera que esta alta dependencia extranjera ha derivado en tasas de desempleo del 6 al 7,5 % para los jóvenes profesionales estadounidenses en estos campos.
Impacto en empresas tecnológicas y trabajadores de la India
El efecto de estas nuevas restricciones H-1B se dejará sentir especialmente en empresas como Amazon, Microsoft, Apple, Meta y Tata Consultancy Services (TCS), que emplean a miles de profesionales bajo este esquema. Amazon lidera la lista con más de 14 mil empleados con visa H-1B.
Más del 70 % de estas visas están en manos de ciudadanos indios, por lo que el Gobierno de India ha expresado su preocupación por las consecuencias humanitarias y económicas de esta medida, que podría afectar servicios críticos y generar desempleo técnico entre profesionales calificados.
Mientras se espera información oficial por parte de los Departamentos de Estado y Seguridad Nacional, organizaciones jurídicas y empresas del sector tecnológico ya preparan demandas judiciales para frenar o modificar la normativa.
En paralelo, los afectados están siendo aconsejados a no salir de EE.UU. hasta que haya mayor claridad sobre las nuevas reglas.
La guerra contra las drogas se ha convertido en el último epicentro de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, que acusa al presidente del país caribeño, Nicolás Maduro, de albergar y liderar una «organización terrorista» vinculada al narcotráfico: el Cártel de los Soles.
La supuesta banda criminal, que el Departamento de Estado introdujo a finales de julio en su lista de sanciones, ha sido acusada de apoyar a otros grupos de este tipo, como Tren de Aragua y el mexicano Cártel de Sinaloa, y sirve ahora de pretexto a Washington para introducir restricciones y perpetrar ataques contra embarcaciones en el Caribe.
La Administración de Donald Trump acusa a esta red venezolana de «proporcionar apoyo a otras organizaciones terroristas extranjeras que amenazan «gravemente» la paz y la seguridad de Estados Unidos». Para el mandatario republicano, se trata de un «peligro» que está «corrompiendo las instituciones venezolanas».
Así, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, defiende su introducción en la lista de sanciones; considera que esta designación permite poner de manifiesto la «vinculación del cártel con el narcotráfico» y destaca que la medida responde a las «promesas de Trump» de dar prioridad a cuestiones de vital importancia para Estados Unidos.
El magnate neoyorquino, que afirma que son tres las «narcolanchas» destruidas en el mar Caribe por las fuerzas estadounidenses como parte de las operaciones puestas en marcha para frenar el flujo de drogas, insiste en que estos narcotraficantes «serán cazados» en su empeño por introducir estupefacientes en el país norteamericano.
Personas observan una valla con la imagen del gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, y del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, en Villa del Rosario, Colombia. EFE
Red de corrupción
A pesar de que algunos expertos defienden que se trata de una red de corrupción conformada por altos cargos de las Fuerzas Armadas y no una banda dedicada al tráfico de drogas, la Administración Trump ha impuesto una recompensa de 50 millones de dólares sobre Maduro, al que responsabiliza directamente de las acciones de este grupo y de fomentar la entrada de drogas en territorio estadounidense con el fin último de financiar su Gobierno.
El ‘think tank’ Insight Crime apunta precisamente a que esta organización, que carece a priori de organización jerárquica –como sí señala Estados Unidos–, se asemeja más a «una red de corrupción en la que altos cargos militares y políticos se benefician de los acuerdos establecidos con narcotraficantes».
«El paquete de sanciones de Estados Unidos refuerza una visión equivocada de esta red, (…) cuando en realidad se trata de un sistema de corrupción estatal», indica el grupo de expertos.
Es decir, estos funcionarios harían la «vista gorda» ante el tráfico de drogas por parte de terceros, en vez de formar parte o estar al frente de una organización criminal ilícita y mafiosa estructurada en torno a un líder.
Las sanciones impuestas por las autoridades estadounidenses recaen además sobre individuos que ya hacían frente en su mayoría a restricciones impuestas anteriormente.
Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia de Venezuela. / EFE
¿Pretexto estadounidense?
Sin embargo, esto ha permitido a la Administración Trump contar con una mayor aprobación a la hora de realizar operaciones en el Caribe, las cuales han sido duramente criticadas por organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, que advierten de un «precedente peligroso» en la zona.
Entre estas ONG se encuentra Amnistía Internacional, que ve una «dudosa legalidad» y se muestra «profundamente alarmada» por este suceso, en el que ve una «clara violación del derecho a la vida». «El uso de la fuerza letal en este contexto no tiene ninguna justificación», incide.
Estados Unidos derribó una primera lancha el pasado 2 de septiembre, cuando aseguró que el barco era utilizado para transportar drogas por parte del Tren de Aragua y a pesar de que previamente había llegado a un acuerdo con Caracas para el intercambio de cientos de presos y la reanudación de operaciones por parte de la petrolera estadounidense Chevron.
Aunque Trump sostiene que el propio Maduro lidera también algunas actividades de esta banda, la Inteligencia estadounidense no cuenta con pruebas al respecto y niega, a todas luces, esta supuesta vinculación.
Desde Insight Crime insisten en que la organización, cuyo nombre hace referencia a las insignias colocadas en los uniformes de los militares venezolanos, no cuenta con motivos ideológicos sino puramente económicos y no respalda realmente al Tren de Aragua, al que es vinculado de forma errónea.
La situación, que se ha repetido en otras dos ocasiones, ha llevado a diferentes países de la región, como Colombia, Paraguay, República Dominicana, Ecuador y Argentina, entre otros, a declarar al Cártel de los Soles como organización terrorista a pesar de que el Gobierno venezolano sostiene que se trata de un «invento».
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó recientemente que «cada vez que alguien molesta, es colocado como jefe del Cártel de los Soles», algo que algunos países, como Estados Unidos, «llevan años inventando».
Además, el Parlamento Europeo ha solicitado una resolución parecida por el conjunto del bloque comunitario contra la supuesta red criminal, a la que señalan por «dar cobertura a grupos armados», una iniciativa que ha sido puesta también sobre la mesa a nivel nacional a través de la Comisión Mixta para la Unión Europea, que aprobó el lunes una iniciativa impulsada con Vox y pactada con el PP para instar al Gobierno a promover la inclusión del supuesto cártel en la lista de organizaciones terroristas de la UE.
Desde Caracas siguen mostrándose cautelosos: esta semana, Maduro dijo ejercer el «legítimo derecho a la defensa» ante las «agresiones» de Estados Unidos y amenazó con la «lucha armada» si Venezuela es «agredida».
Todo apunta a que Estados Unidos, que no parece contar de momento con preceptos legales suficientes para perpetrar este tipo de ataques en el Caribe, busca poner a Caracas contra las cuerdas a medida que amplía su presencia militar en la región, tal y como aseguran los expertos.
Las Fuerzas Armadas de Ucrania elevaron este sábado a más de 1.1 millones el número de bajas rusas en combate desde que comenzó la invasión ordenada por el presidente Vladimir Putin en febrero de 2022. La cifra incluye tanto soldados muertos como heridos y no ha sido confirmada ni actualizada por el Kremlin en los últimos meses.
Según un comunicado del Estado Mayor del Ejército ucraniano, publicado en su cuenta oficial en Facebook, las “pérdidas enemigas” ascienden a 1,100,600 efectivos. Solo en las últimas 24 horas, aseguran haber causado 1,070 nuevas bajas en el frente de combate, donde continúan los intensos enfrentamientos, especialmente en el este del país.
Además de las pérdidas humanas, el parte militar informa de la destrucción de 11,192 carros de combate, 23,280 vehículos blindados, 1,218 sistemas antiaéreos, 422 aviones de guerra, 231 helicópteros, 61,045 drones, 3,718 misiles de crucero, 28 buques, un submarino y 62,168 vehículos logísticos utilizados para el transporte de combustible. Las cifras, advierten, “están en constante actualización”.
Más de tres años y medio después del inicio de la guerra, el conflicto mantiene su epicentro en la región oriental de Ucrania, aunque las tropas rusas continúan lanzando ataques con misiles y drones sobre varias ciudades del país. Los esfuerzos diplomáticos impulsados por la comunidad internacional para lograr un alto el fuego y una salida negociada siguen sin dar resultados.
Mientras la ofensiva rusa persiste, Kiev mantiene su estrategia de defensa activa y recopilación diaria de daños infligidos al enemigo, en medio de un conflicto que ha generado una de las crisis geopolíticas y humanitarias más severas en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
La Ciudad de México, construida sobre un antiguo lago, mantiene una peligrosa relación con los terremotos que no responde a castigos divinos, sino a decisiones históricas y condiciones geológicas que agravan su vulnerabilidad sísmica, advirtió el arquitecto Iván Salcido.
En entrevista con EFE, Salcido —especialista en arquitectura y sismología urbana— explicó que el suelo de la capital mexicana es inestable debido a los sedimentos blandos y a su alta concentración de agua. “Es un lodo, una gelatina amplificadora de las ondas sísmicas”, afirmó. Durante 2023, se registraron un promedio de 90 temblores diarios, y cada año y medio ocurre uno de magnitud superior a 7.0 en la escala de Richter.
El experto señala que la ciudad está bajo constante amenaza por la inactividad de la brecha de Guerrero, una falla de 200 kilómetros que no ha liberado energía sísmica desde hace 114 años. “Es una bomba de tiempo. Si se llega a liberar, de un solo golpe puede generar un seísmo igual o mayor al de 1985, con la desventaja de estar más cerca”, advirtió.
A pesar del sombrío pronóstico, Salcido subraya los avances en materia de prevención. “En el terremoto del 2017 hubo 49 edificios colapsados, sólo uno de ellos fue construido después de 1985. O sea, los nuevos reglamentos de construcción funcionan cada vez mejor”, explicó. Estos datos refuerzan su tesis de que los riesgos pueden reducirse con planificación urbana y normas estrictas.
Salcido ha documentado la historia sísmica de México en siete libros y en su canal de YouTube, Historia de Terremotos, donde recopila testimonios de sobrevivientes, como el del tenor Plácido Domingo y el grupo Topos.
“Muchos hablan de que sufrimos tanto como consecuencia de un castigo divino. No hay nada de eso; los temblores son inevitables. La inexperiencia para construir y la falta de información cuando se levantaron edificios, ha sido la causa de tanto dolor”, concluyó.
El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica confirmó el sábado la detención de una embarcación que transportaba dos toneladas de cocaína en el Pacífico sur del país.
Las unidades policiales costarricenses, con apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), detectaron la lancha sospechosa e iniciaron una persecución frente a la costa de Golfito, en el Pacífico Sur.
«Al notar la presencia policial y con el fin de huir, los sospechosos encallaron de forma violenta la embarcación en tierra. Debido a esta agresiva maniobra, y producto del impacto generado, uno de los ocupantes cayó al suelo. De inmediato, los oficiales del Guardacostas coordinaron con la Cruz Roja, quienes lo declararon fallecido en el lugar», explicó el ministerio en su informe.
Como parte del operativo, la policía detuvo a un sujeto de nacionalidad ecuatoriana de apellido Cacierra, mientras que otro sospechoso logró huir de la escena. El Ministerio de Seguridad desplegó un dispositivo policial en tierra para tratar de ubicarlo.
«Estamos rastreando la zona en búsqueda de un tercer sujeto. Vamos a proseguir haciendo nuestro trabajo de lucha contra el narcotráfico en la zona sur-sur de Costa Rica», afirmó el ministro costarricense de Seguridad, Mario Zamora.
La Policía de Control de Drogas, en coordinación con la Fiscalía, se encargaron de hacer la revisión de la lancha y el levantamiento de las pesquisas del caso. El detenido será remitido al Ministerio Público para su debido procesamiento por el delito de tráfico internacional de drogas, que en Costa Rica se castiga con hasta veinte años de cárcel.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este sábado una contundente advertencia al gobierno de Afganistán al exigir la devolución de la base aérea de Bagram, una instalación militar clave que Washington controló hasta 2021.
“Si Afganistán no devuelve la base aérea de Bagram a quienes la construyeron, Estados Unidos, ¡van a suceder cosas malas!”, publicó el mandatario en su cuenta de Truth Social, plataforma donde suele hacer declaraciones oficiales y mensajes políticos.
La advertencia de Trump llega apenas días después de revelar que su administración está intentando recuperar el control de la base, considerada un símbolo de la presencia militar estadounidense durante la guerra en Afganistán, que concluyó con la retirada de tropas en agosto de 2021 y el retorno al poder del grupo Talibán.
Durante una rueda de prensa realizada en el Reino Unido, el presidente estadounidense criticó que la base haya sido “cedida a cambio de nada” y expresó que su gobierno explora distintas vías para retomar el control. Incluso, insinuó la posibilidad de un intercambio con los talibanes: “Ellos necesitan cosas de nosotros”, declaró.
Ubicada a unos 50 kilómetros al norte de Kabul, la base aérea de Bagram fue originalmente construida por la Unión Soviética en los años 50, pero fue controlada y reconstruida por Estados Unidos a partir de 2001, tras la caída del régimen talibán.
Durante dos décadas, Bagram fue el epicentro de las operaciones militares de la coalición internacional liderada por Estados Unidos. La instalación llegó a extenderse por más de 77 kilómetros cuadrados, con capacidad para albergar a miles de tropas, aeronaves y equipo militar.
El abandono de la base en 2021, previo a la retirada final de las fuerzas estadounidenses, fue ampliamente criticado por sectores conservadores en EE.UU., incluido Trump, quien ha insistido en que la entrega fue una “decisión catastrófica”.
Ahora, con su regreso al poder, el presidente estadounidense insiste en recuperar el control de Bagram como parte de su estrategia de presión hacia los talibanes y en defensa de los intereses geoestratégicos de Estados Unidos en la región.
