Categoría: El Mundo

Un asteroide de casi 300 metros de largo, mil veces más grande que el meteorito caído en la ciudad rusa de Cheliábinsk en 2013, pasó de largo este jueves cerca de la Tierra, según científicos rusos.

«Hoy, a las 10.41 hora de Moscú (1:41 de la madrugada en El Salvador), (el asteroide) pasó de largo respecto a la Tierra y la Luna a una distancia mínima estimada (casi 800,000 kilómetros) y en estos momentos se está alejando del planeta», informó el Laboratorio de Astronomía Solar de la Academia de Ciencias de Rusia en Telegram.

El asteroide 2025 FA22, que tiene un tamaño de entre 130 y 290 metros, «fue incluido en la lista de uno de los cuerpos celestes potencialmente más peligrosos para el planeta».

El FA22 regresará a la Tierra «dentro de once años, el 20 de agosto de 2036, pero a una distancia notablemente mayor que esta vez (25 veces más)», señala.

«El peligroso acercamiento se espera para 2089 y especialmente en 2173», añade el comunicado.

Pese a sus considerables dimensiones, señaló el miércoles el Laboratorio, «la probabilidad de que dicho cuerpo impacte contra el planeta es ínfima», por lo que calificaron de «nula» esta posibilidad dada la trayectoria actual.

El evento pudo ser observado con ayuda de un telescopio de 300 milímetros para aficionados avanzados o profesionales.

Los científicos rusos indicaron que se trata de uno de los mayores que pasará a una distancia de menos de un millón de kilómetros de la Tierra y destacaron que durante toda la historia de la humanidad no ha caído ninguno tan grande.

De hecho, el famoso cráter Barringer de Arizona fue provocado por la caída de un meteorito entre diez y cien veces menor hace unos 50.000 años.

Según los cálculos astronómicos este asteroide está «en cierto sentido sincronizado con la Tierra y periódicamente pasa cerca del planeta», señalaron los científicos, que recordaron que fue visto la última vez el 17 de septiembre de 1940 y volverá a acercarse en septiembre de 2173.

«Es preciso señalar que con esta órbita las posibilidades de que esta roca termine sus días impactando la Tierra son bastante altas», concluyeron los astrónomos.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, planteó este miércoles incluir en el referéndum previsto para finales de año la convocatoria a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución.

El anuncio llega después de que la Corte Constitucional (CC) haya rechazado varias reformas propuestas por el mandatario al considerar que vulneraban el marco normativo de la actual carta magna, promovida por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), durante su mandato.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Noboa justificó esta iniciativa para «sacar al país del secuestro institucional» y devolver «el poder al pueblo».

El anuncio se produce en mitad de una pugna abierta con el tribunal constitucional, quien además ha suspendido preliminarmente varios artículos de polémicas leyes impulsada por Noboa que acumulan numerosas demandas de inconsticionalidad al denunciar que vulneran derechos fundamentales.

El mandatario cuestionó las decisiones del alto tribunal, al que tacha de rechazar sus preguntas por «puro activismo político» a pesar de que los ecuatorianos aceptarían los cambios.

Valientes ecuatorianos, pic.twitter.com/SVKN6CyebL

— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) September 17, 2025

La Asamblea Constituyente fue una de las grandes promesas de la campaña electoral donde Noboa logró ser reelegido como gobernante de Ecuador psra un periodo completo (2025-2029), tras haber llegado al poder en 2023.

Sin embargo, Noboa había dejado momentáneamente esta propuesta de lado al ver que tenía controlada a su favor la Asamblea Nacional (Parlamento), que con mayoría oficialista y con el correísmo como oposición, aprobó una serie de leyes tramitadas de manera exprés.

Estas normas incluían una serie de polémicas disposiciones denunciadas por organizaciones sociales y colectivos ciudadanos, quienes recurierron a la Corte Constitucional.

El máximo tribunal de garantías suspendió de manera cautelar disposiciones como la prerrogativa de que Noboa diese «indultos anticipados» a policías y militares procesados por delitos cometidos en el marco del » conflicto armado interno» que mantiene declarado contra el crimen organizado.

A ello se sumaron las preguntas planteadas por Noboa para nuevas reformas constitucionales a través de referéndum, invalidadas por la Corte al considerarlas fuera del marco jurídico, como la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) o la posibilidad de hacer juicios políticos a los jueces de la CC.

Así, Noboa se dirigió a la ciudadanía ecuatoriana recordando que el «cambio que votaron» en las recientes elecciones presidenciales de 2025 no podrán consolidarse mientras las reglas actuales les impidan luchar de frente contra el crimen organizado y contra las estructuras políticas que lo protegen.

«No podemos seguir atrapados en el pasado. Ecuador merece librarse de quienes lo frenan, y esta vez es el turno de los ecuatorianos de lograrlo», explicó en el escrito.

Las tensiones entre la CC y el Gobierno nacional llevaron al presidente a liderar una marcha contra las decisiones de la Corte en Quito el pasado 12 de agosto, una iniciativa que fue criticada por organismos internacionales por vulnerar la independencia judicial.

La propuesta se produce, además, en un momento de tensión nacional tras el anuncio de la eliminación del subsidio al diésel, un tema especialmente sensible en la política ecuatoriana que provocó cortes en algunas carreteras de transportistas que rechazan la medida.

Florida suministró este miércoles la inyección letal a David Pittman, condenado por un triple asesinato cometido en 1990, lo que elevó a doce el número de ejecuciones realizadas en lo que va de 2025, un récord para este estado en lo que va del siglo.

Pittman, de 63 años, fue ejecutado a las 18:12 (22:12 GMT) en la prisión estatal de Florida, en Raiford, tras más de tres décadas en el corredor de la muerte, informó el Departamento Penitenciario de Florida.

Desde que la Corte Suprema de Estados Unidos restableció la pena de muerte en 1976, el máximo anual de ejecuciones en Florida había sido de ocho, en 2014.

En 2025, el estado ya ha superado esa cifra con doce ejecuciones, más que cualquier otro en el país, seguido por Texas y Carolina del Sur con cuatro cada uno, en un contexto de repunte de este castigo.

El caso de Pittman se remonta al asesinato de la hermana de su exesposa Bonnie Knowles, junto con sus padres Clarence y Barbara Knowles, en el condado de Polk, un crimen que conmocionó a la opinión pública a inicios de los años noventa.

La defensa intentó frenar la ejecución alegando que Pittman padece una discapacidad intelectual que lo haría inelegible para la pena capital bajo la Constitución estadounidense. No obstante, tanto la Corte Suprema de Florida como la Corte Suprema de Estados Unidos rechazaron sus apelaciones.

Con esta ejecución, Florida se consolida como uno de los estados que más recurre a la pena de muerte en el país. El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, ha aprobado hasta el momento un total de 14 ejecuciones para este año.

Entre las próximas ejecuciones están las de dos reos condenados por asesinatos: Victor Tony Jones, programada para el 30 de septiembre, y Samuel Smithers, para el 14 de octubre.

Organizaciones de derechos humanos han advertido que el creciente número de ejecuciones refleja un endurecimiento de la política penal en el estado.

Hasta la fecha, al menos 31 reos han sido ejecutados en Estados Unidos en 2025, lo que marca el total más alto en más de una década.

De estas ejecuciones, 26 se realizaron por inyección letal, 3 por hipoxia por nitrógeno y 2 por pelotón de fusilamiento, estas últimas en Carolina del Sur.

Los senadores demócratas Alex Padilla y Dick Durbin han exigido explicaciones a la Administración del presidente Donald Trump sobre sus planes para deportar a decenas de niños guatemaltecos que llegaron solos a Estados Unidos y se encuentran bajo custodia del gobierno, sin brindarles la oportunidad de defender sus casos migratorios.

Los legisladores dijeron este miércoles que han solicitado audiencias de supervisión en la Cámara Alta para que la Casa Blanca dé respuesta sobre la expulsión de los menores, un proceso que estaba previsto para el 31 de agosto y permanece detenido por una orden judicial.

Según los abogados de diez menores, de entre 10 y 16 años, que interpusieron una demanda, la Administración había violado el debido proceso, puesto que los niños tienen casos pendientes ante tribunales de Inmigración, e ignorado las protecciones especiales de los menores, quienes cruzaron solos la frontera entre México y Estados Unidos.

Bajo la Ley de Reautorización de la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas (TVPRA, en inglés), los menores inmigrantes que ingresaron solos a EE.UU. generalmente tienen la oportunidad de comparecer ante un juez migratorio antes de ser deportados.

La exigencia de Padilla y Durbin ocurre tras conocerse un informe de la organización Government Accountability Project (GAP) que alega que el Gobierno de Trump mintió sobre la seguridad de los niños guatemaltecos no acompañados que tenían bajo su protección para poder sacarlos del país.

El reporte reveló que al menos 30 de los 327 niños guatemaltecos, clasificados como no acompañados, que la Administración intentó deportar «presentan indicios» de haber sido víctimas de abuso infantil, incluyendo amenazas de muerte, violencia de pandillas, trata de personas y/o han expresado temor a regresar a Guatemala.

Sin embargo, Angie Salazar, directora de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR, en inglés), agencia que mantiene la custodia de los menores, afirmó en un tribunal bajo pena de perjurio que estos niños no presentaban indicios de abuso o negligencia infantil perpetrados por un padre o tutor ni son víctimas de trata, lo que contradice la información que figuraba en la base de datos de la misma agencia.

«Si la Administración efectivamente engañó a los tribunales para justificar la deportación de niños no acompañados, eso es imperdonable», señaló Padilla en un comunicado.

«Devolver a los niños al peligro es una traición a nuestras obligaciones morales y legales. Vamos a exigir cuentas a los responsables de poner a los niños en peligro, comenzando por presentarlos ante el Senado», agregó.

Por su parte, Durbin hizo un llamado a los senadores republicanos Chuck Grassley y John Cornyn a que se unan a los demócratas para convocar la audiencia de supervisión con funcionarios de la Administración Trump para que se pueda tratar el tema de manera bipartidista.