Categoría: El Mundo

Las autoridades de inmigración de Estados Unidos detuvieron a 457 trabajadores, más de 300 ciudadanos surcoreanos, en unas instalaciones de Hyundai Motor en Georgia como parte de una investigación sobre prácticas laborales ilegales.

En concreto, la medida afecta a 475 personas, informó ‘NBC’ y ha paralizado la construcción de una fábrica cercana de Hyundai en conjunto con LG Energy Solution que fabricará baterías para vehículos eléctricos.

La orden de registro fue ejecutada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y forma parte de una investigación criminal en curso sobre denuncias de prácticas ilegales de empleo y otros delitos federales graves.

El portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Lee Jaewoong, rechazó la redada y señaló que los trabajadores detenidos eran parte de una «red de subcontratistas» y que eran empleados para varias empresas diferentes en el país. «Las actividades económicas de las empresas de inversión coreanas y los derechos e intereses de los ciudadanos coreanos no deben ser infringidos injustamente durante las operaciones de aplicación de la ley de Estados Unidos», criticó.

La compañía automovilística confirmó la operación policial en sus instalaciones, sin embargo, ha negado que haya detenidos que trabajen «directamente» para Hyundai, al tiempo que ha defendido su compromiso con el cumplimiento de «todas las leyes y regulaciones en todos los mercados donde operamos». «Esperamos el mismo compromiso de todos nuestros socios, proveedores, contratistas y subcontratistas», reza el comunicado emitido por la empresa.

Hyundai ha designado a su director de fabricación en Norteamérica, Chris Susock, como responsable de la planta de Georgia y también encargado de realizar una investigación para analizar el cumplimiento de las normas en todos su proveedores. «Estamos revisando nuestros procesos para garantizar que todas las partes que trabajan en nuestros proyectos mantengan los mismos altos estándares de cumplimiento legal que nos exigimos», afirma la nota. «Hyundai tiene tolerancia cero para aquellos que no cumplen la ley», concluye.

Esta operación se enmarca en una serie de redadas por parte de agentes de inmigración en lugares de trabajo con el fin de cumplir la promesa del presidente estadounidense, Donald Trump, de emprender la mayor operación de deportación de la historia.

Aproximadamente un 5% de la fuerza laboral estadounidense está conformada por inmigrantes indocumentados y la creciente represión amenaza con destruir cientos de miles de millones de dólares de producción económica.

Más de 300 surcoreanos

El ministro de Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, confirmó hoy que más de 300 de las 457 personas detenidas por las autoridades migratorias de Estados Unidos en una planta de Hyundai Motor en Georgia tienen nacionalidad surcoreana y se ha ofrecido a viajar él mismo a Estados Unidos para hablar del tema con la Administración de Donald Trump.

«Estamos muy preocupados y tenemos un gran sentido de la responsabilidad por el arresto de nuestros compatriotas», ha dicho Cho, que ha convocado una reunión de emergencia para examinar la operación emprendida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Según el ministro, el presidente, Lee Jae Myung, ha ordenado movilizar esfuerzos parada defender los intereses de las empresas y los ciudadanos de Corea del Sur. Seúl baraja ya enviar una misión oficial ‘in situ’ y, «si es necesario», Cho se ha ofrecido a ser él, «personalmente», quien encabece dicha delegación, informa la agencia Yonhap.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) informó al migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García que lo deportará a Eswatini, llamado oficialmente Reino de Suazilandia, un pequeño país de África gobernado por una monarquía absoluta.

Según publicaciones de CNN y Fox News, Ábrego García recibió un correo de un agente del ICE en donde le dice que planea deportarlo a Eswatini luego de que el salvadoreña manifestara su temor de ser deportado a un listado de unos 22 países, incluido El Salvador y Uganda, donde iba a ser deportado.

“Esa afirmación de temor es difícil de tomar en serio, especialmente dado que usted ha afirmado (a través de sus abogados) que teme persecución o tortura en al menos 22 países diferentes”, expresa el correo electrónico.

El presidente salvadoreño reaccionó diciendo que es falsa «la historia de la tortura».

El salvadoreño Kilmar Ábrego García, convertido en el rostro más visible de la lucha para garantizar el debido proceso a los inmigrantes en EE.UU., solicitó a un juez de inmigración la reapertura de su caso en busca de asilo político como parte de su batalla para evitar ser deportado a Uganda.

Sus abogados solicitaron a un tribunal de inmigración que reabra el caso cerrado en 2019, cuando un juez le negó una primera solicitud de asilo por presentarla después del tiempo permitido, pero evitó su deportación al considerar que su vida corría peligro en El Salvador.

La nueva solicitud de asilo marca un nuevo giro en la pelea que ha dado el salvadoreño, casado con una ciudadana estadounidense y padre de una niña de cinco años, en la batalla jurídica contra el Gobierno del presidente Donald Trump, que lo expulsó tras un error administrativo en marzo pasado y tuvo que regresarlo a EE.UU. tres meses después acatando una orden judicial.

La Casa Blanca ha dicho en repetidas ocasiones que su meta es expulsar a Abrego García del país al considerarlo una persona «peligrosa» con lazos con pandillas de origen salvadoreño.

Ábrego García fue detenido en Tennessee luego de que este fuera regresado a EEUU desde El Salvador, hacia donde fue enviado por error y fue recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), y posteriormente en la Penitenciaría Occidental de Santa Ana en El Salvador.

Kilmar Armando Ábrego García es un salvadoreño nacido en julio de 1995 que sin haber cumplido los 17 años cruzó la frontera sur de los Estados Unidos, por McAllen, Texas, probablemente el 25 de marzo de 2012. Su caso se ha vuelto el centro de una disputa política en Estados Unidos en la que relucen consignas de combate al crimen y a la migración irregular, y el derecho al debido proceso que tendrían todas las personas antes de ser enviadas a prisión.

El partido opositor de Venezuela Voluntad Popular (VP) confirmó este viernes que sus activistas políticos Roland Carreño y Freddy Superlano fueron trasladados desde la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocida como El Helicoide, a un nuevo sitio de reclusión que asegura desconocer.

A través de X, la formación compartió un video de la esposa de Superlano, Aurora Silva, en el que informa que acudió a El Helicoide y en el lugar, según dijo, le indicaron que ambos opositores fueron trasladados el pasado domingo.

«No nos dieron ningún tipo de información. Sin embargo, por otras vías, nos hemos enterado que, posiblemente, estén en el Rodeo I», señaló Silva, quien dijo que fue hasta este centro de detención, en el estado Miranda (norte), donde, aseguró, tampoco confirmaron o desmintieron la versión.

VP exigió al Gobierno una prueba de vida de Superlano y Carreño, así como el «respeto a sus derechos fundamentales», y cuestionó que el traslado se hiciera -afirmó- «sin notificar a sus familiares». Hasta ahora, ninguna autoridad ha confirmado que los activistas hayan sido llevados a otro sitio de reclusión.

Superlano fue detenido el 30 de julio de 2024, dos días después de los comicios presidenciales, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Nicolás Maduro, un resultado no reconocido por la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), ni por numerosos países, que insisten en que el verdadero vencedor fue Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado.

Por su parte, Carreño fue arrestado el 2 de agosto del año pasado, en el contexto de la crisis postelectoral que se desató en el país por la denuncia de fraude de la PUD en la proclamada victoria del chavismo.

Carreño ya había sido detenido antes, el 26 de octubre de 2020, acusado de financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra y excarcelado el 18 de octubre de 2023, tras un acuerdo firmado entonces entre el Gobierno y la PUD, en Barbados.

Según la organización Foro Penal, en Venezuela hay 816 presos políticos, pese a que el Gobierno niega que en el país haya detenidos por estos motivos y asegura que cometieron delitos.

La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, informó este viernes en Managua que se excarcelará a 1,200 presos comunes con sentencia firme para que vivan en régimen de convivencia familiar en sus casas, con lo que se elevarán a 7.400 los beneficiados en lo que va de año.

Murillo, esposa del también copresidente Daniel Ortega, dijo a través de medios oficiales que la excarcelación de los 1,200 presos comunes, entre varones y mujeres, será el próximo 12 de septiembre en el contexto de las Fiestas Patrias.

«Otra buena nueva es que el día 12 de septiembre, saludando nuestras Fiestas Patrias, vamos a estar brindando beneficios legales y convivencia familiar a 1.200 personas que han estado recluidas en los Centros Penitenciarios de todo el país», destacó Murillo.

Los 1,200 privados de la libertad recibirán el beneficio legal de la excarcelación bajo el régimen de convivencia familiar durante un acto que se celebrará en la sede del Sistema Penitenciario Nacional, cerca de Managua, la mayor prisión de Nicaragua, conocida como ‘La Modelo’, así como en otras siete cárceles, de acuerdo con la información.

Son «1,200 mujeres y varones que pasan a habitar con sus familias buscando caminos propios, de reflexión, de rehabilitación, de servirse en primer lugar ellos mismos para sentirse contentos, realizados en los caminos correctos y a su familia y comunidades», agregó.

Murillo dijo que su Gobierno se siente contento «de este modelo que nos permite devolver a las familias a todos aquellos hermanos y hermanas que han cometido errores y que están dispuestos a hacer el bien por ellos mismos, por su comunidad, por su familia, por Nicaragua».

Más de 53,000 reos comunes excarcelados en 10 años

Las autoridades de Nicaragua han liberado de prisión y puesto bajo el régimen de convivencia familiar a un total de 53.164 reos comunes en los últimos diez años, de los cuales el 7,18 % ha reincidido en la comisión de al menos un delito, según datos del Gobierno.

La excarcelación de convictos comunes antes de cumplir sus penas ha sido criticada, principalmente, por organizaciones feministas, bajo el argumento de que luego de esos beneficios se han incrementado los feminicidios y la delincuencia general en Nicaragua.

En 2024 las autoridades beneficiaron a 9.200 de estos condenados, la mayor cantidad en el último decenio.

Entre 2015 y 2023, el Gobierno de Nicaragua sacó de prisión a 37.764 internos, con un promedio anual de 4.196 órdenes de libertad condicional decretadas directamente por el Ejecutivo.

El Gobierno nicaragüense suele otorgar libertad condicional a los presos comunes con ocasión de la Semana Santa, el Día de la Madre, el Día del Padre, en el aniversario de la revolución sandinista y en las fiestas de Navidad.

En 2023 también lo hizo en el Día Internacional de la Mujer, pero no en el Día del Padre ni en ocasión de la efeméride sandinista.

En 2024, las condonaciones incluyeron abril, mes en el que se conmemoran las manifestaciones que estallaron contra el presidente Daniel Ortega en 2018, las Fiestas Patrias, el Día de Todos los Santos, el Día de los Difuntos y el día de la Inmaculada Concepción de María.

Y en este año liberó a 2.000 presos comunes en el día de San Valentín o del Amor y la Amistad; 1.700 el 4 de mayo por motivo del Día de la Dignidad Nacional, 1.000 en conmemoración al 130 aniversario del natalicio del héroe nicaragüense Augusto C. Sandino, y 1.500 el pasado 31 de junio previo a las fiestass populares en Managua por Santo Domingo de Guzmán.

El Gobierno de México solicitará apoyo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que ayude en las investigaciones del caso de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014 en Ayotzinapa (sur), señaló este viernes la presidenta, Claudia Sheinbaum, tras reunirse con familiares de los jóvenes.

«Le pedí a la secretaria Rosa Icela (Rodríguez) que hablara con Naciones Unidas para ver si era factible buscar expertos precisamente en estas áreas de investigación y métodos de investigación que se están siguiendo para que madres y padres puedan tener la certeza de que, en efecto, se están haciendo bien las cosas”, señaló la mandataria durante su rueda de prensa diaria.

Las declaraciones de la gobernante mexicana ocurren luego de que el jueves familiares de los 43 jóvenes lamentaron la falta de «avances sustanciales» en la investigación, tras reunirse con Sheinbaum para revisar el desarrollo del caso que está por cumplir 11 años sin esclarecerse.

La presidenta reveló que la petición que pretende hacer a la ONU responde a la exigencia de los padres y madres de los jóvenes desaparecidos que piden que se incorpore a un grupo de expertos, como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que operó en México hasta 2023.

«Se está evaluando esta posibilidad y trabajando en coordinación con ellos», apuntó.

Sheinbaum defendió que durante su encuentro con los padres de los normalistas, se les presentaron los avances de la investigación que ha hecho su Gobierno, aunque reconoció que los manifestantes le cuestionaron sobre la órdenes de aprehensión que no se han hecho a personas relacionadas con el tema.

Además, confió en que esta nueva forma de investigación, “mucho más basada” en evidencias puede ayudar a aclarar lo que ocurrió la noche de la desaparición de los normalistas y conocer su paradero.

«Nos va a llevar a un conocimiento mayor de la verdad y de dónde están los jóvenes», enfatizó.

El caso Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa desaparecieron mientras se dirigían a Ciudad de México para manifestarse por el aniversario de la matanza de Tlatelolco de octubre de 1968.

La presidenta ha anunciado en reuniones pasadas que «hasta que se encuentre a todos los jóvenes, no debe cerrarse esa carpeta nunca” y ha anunciado una «nueva visión» de la investigación sin «confrontación» para encontrar a los jóvenes, abrir los archivos del Ejército y castigar a los culpables.

Este caso es un ejemplo emblemático de las desapariciones en México, donde a la fecha suman más de 133.000 personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO).

El gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp, anunció este viernes el envío de un contingente de más de 300 miembros de la Guardia Nacional a Washington D.C., cuyas autoridades han demandado al Gobierno del presidente Donald Trump por haber ordenado el despliegue de tropas en la ciudad.

«La Guardia de Georgia se unirá a otros siete estados y a más de 2.200 guardias de todo el país para brindar una presencia visible en apoyo a las fuerzas del orden locales en D.C.», informó la oficina del gobernador en un comunicado.

El estado sureño se une así a otros territorios Virginia Occidental, Ohio, Misisipi, Carolina del Sur, Luisiana y Tennessee – todos republicanos- que enviaron tropas a la capital como refuerzos a los más de 900 efectivos de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia activados por Trump a partir del 11 de agosto pasado.

Según Kemp, su estado «se enorgullece de apoyar a la Administración Trump en su misión de garantizar la seguridad y la belleza de la capital de nuestra nación».

En total, llegarán a D.C. desde Georgia un grupo de 316 guardias: 16 miembros del personal de apoyo y aproximadamente 300 soldados, estos últimos con el propósito de «relevar a los militares estacionados en Washington D. C. desde el inicio de la misión», especificó la oficina del gobernador.

«Está previsto que estos 300 militares se movilicen a mediados de septiembre y estarán en servicio activo en Washington poco después, salvo que se produzcan cambios», agrega el texto, que especifica que el «personal puede estar armado, dependiendo de la misión y operando bajo la supervisión de las fuerzas del orden civiles».

Este jueves, el mando de la Guardia Nacional de D.C. anunció la extensión de su servicio activo en la capital estadounidense de manera activa hasta el 30 de noviembre.

Ese mismo día el fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, denunció a la Administración Trump e instó a la Corte de Distrito de D.C. que declare que la decisión del presidente como «inconstitucional y contra la ley federal».

El pasado 11 de agosto, Trump tomó el control de la seguridad de Washington D.C., por 30 días inicialmente, amparándose en la ley que permite intervenir la autoridad de la ciudad justificando que existe una «emergencia» por la alta criminalidad, pese a que las cifras de homicidios de la policía local son las mas bajas de las últimas tres décadas.

«Prácticamente no tenemos índices de delincuencia, y D.C. ha pasado de ser la ciudad más insegura de Estados Unidos, casi a una de las más seguras, quizás la más segura del país», dijo Trump este viernes desde el Despacho Oval.

El presidente también anunció hoy que la próxima semana saldrá a cenar a un restaurante de la capital, motivado por lo que considera una mejora en la seguridad de la ciudad.

La única vez que Trump cenó fuera de la Casa Blanca en sus dos mandatos fue en uno de los restaurantes – ahora cerrado- del entonces hotel de su propiedad en la ciudad.

Esta semana, Trump expresó su deseo de extender la militarización a otras ciudades gobernadas por demócratas como Chicago, Nueva Orleans o Baltimore, ignorando el rechazo de alcaldes y gobernadores de estas localidades.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este viernes que si su país fuera agredido «pasaría a una etapa de lucha armada», en un contexto en el que denuncia «amenazas» de Estados Unidos, que lleva a cabo un despliegue militar en aguas del mar Caribe, cercanas a las costas venezolanas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Maduro indicó que Venezuela está «todavía en la fase de lucha no armada, que es una fase política, comunicacional, institucional», pero, agregó, si «fuera agredida, de alguna forma, pasaría a una etapa de lucha armada, planificada, organizada, de todo el pueblo contra la agresión, sea local, regional o nacional».

«Pasaríamos a una etapa de lucha armada, en defensa de la paz, de la integridad territorial, la soberanía y de nuestro pueblo», agregó el líder chavista en un acto de activación de las milicias ciudadanas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, señaló que Venezuela está en la «fase de alistamiento y preparación» en defensa de Venezuela y pasará al «despliegue de las capacidades defensivas, de entrenamiento y reentrenamiento de toda la población venezolana».

Igualmente, dijo que el pueblo de Venezuela es «pacifista», pero «guerrero» y que «nadie» lo va a «venir a esclavizar» ni «hoy ni nunca jamás».

De esta manera, Maduro dio inicio al primer día de «activación operativa, organizativa, de toda la Milicia Nacional Bolivariana (MNB), ya estructurada, de los ciudadanos y ciudadanas que se alistaron en las primeras dos jornadas», llevadas a cabo en agosto, en defensa de Venezuela ante las «amenazas» que denuncia por parte de Estados Unidos.

Más temprano, el canciller de Venezuela, Yván Gil, afirmó que el despliegue de aviones de Estados Unidos amenaza al Gobierno de Maduro, luego de que el país norteamericano ordenara que diez naves de combate F-35 se dirigieran a una base aérea de Puerto Rico como parte de la operación ordenada por Washington para combatir el narcotráfico en el Caribe.

En un contacto telefónico con VTV, el canciller reiteró que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, justifica el despliegue militar «usando como pretexto una supuesta persecución contra el narcotráfico», incluyendo, mencionó, que el Gobierno venezolano trafica con drogas, pero, agregó, esto es «la mayor mentira».

Estados Unidos ha desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe cercanas a las costas de Venezuela para combatir el tráfico de drogas que asegura «contaminan» las calles de su país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes a Venezuela que si sus cazas ponen a las fuerzas de su país «en una situación peligrosa» estos «serán derribados», un día después de que el Pentágono confirmara que dos F-16 venezolanos sobrevolaron un destructor estadounidense en el Caribe.

«Yo diría que van a meterse en problemas», declaró Trump tras ser preguntado por los periodistas en el Despacho Oval.

El mandatario fue cuestionado después de que el Departamento de Defensa -rebautizado este viernes como Departamento de Guerra- denunciara que dos cazas F-16 venezolanos sobrevolaron el destructor USS Jason Dunham, que navegaba en aguas internacionales del Caribe.

El Pentágono calificó este acto como una «maniobra provocativa» para interferir con las acciones contra el «narcoterrorismo».

Días antes, EE.UU. atacó una supuesta narcolancha, causando la muerte de once traficantes que según Washington, pertenecían a la organización criminal transnacional Tren de Aragua, a la que relacionan con el Gobierno del venezolano Nicolás Maduro.

Ante la pregunta de cómo reaccionaría si percibe una amenaza real por parte de aviones venezolanos, Trump fue tajante.

«Yo diría, general, si ellos hacen eso, usted tiene la opción de hacer lo que quiera, ¿de acuerdo?», afirmó dirigiéndose al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor conjunto, y a Pete Hegseth, jefe del Pentágono.

«Si vuelan en una posición peligrosa, yo diría que usted, o sus capitanes, pueden tomar la decisión sobre qué hacer», añadió.

Preguntado sobre qué tan cerca llegaron los aviones, Trump no quiso entrar en detalles: «No quiero hablar de eso. Pero si nos ponen en una posición peligrosa, serán derribados».

Estas declaraciones se enmarcan en medio de la escalada de la tensión entre EE.UU. y Venezuela.

Según confirmó este viernes una persona familiarizada con el asunto a la cadena CBS, la Administración estadounidense ha ordenado desplegar diez cazas en Puerto Rico para luchar contra el narcotráfico en el Caribe.

Sin embargo, preguntado por este asunto, esquivó la pregunta y se limitó a responder que su Administración adopta una postura «fuerte» en su lucha contra las drogas.

«Cuando veo barcos llegar, como el otro día, llenos de todo tipo de drogas, probablemente fentanilo en su mayoría, pero de todo tipo… Vamos a eliminarlos», dijo.

«Si la gente quiere divertirse en alta mar o en aguas bajas, se van a meter en problemas. El tráfico marítimo ha bajado considerablemente en el área donde pasó eso», comentó Trump.

Según dijo, esa zona se apoda el «corredor» porque es una vía para llevar la droga hacia Estados Unidos, pero afirmó que después de las acciones de EE.UU. «el tráfico de barcos ha bajado muchísimo» en el área.