El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza, que ya ha dejado más de 63,000 palestinos muertos, está “perjudicando” seriamente la imagen internacional de su principal aliado en Oriente Próximo.
“Van a tener que acabar con esa guerra de una vez. Está perjudicando a Israel. Puede que estén ganando militarmente, pero no están ganando en el mundo de las relaciones públicas”, afirmó Trump en una entrevista con el portal estadounidense Daily Caller.
Trump recordó que “hace 15 años Israel era el grupo de presión más fuerte” en el Congreso, pero aseguró que hoy su influencia ha disminuido. “Tenían control total sobre el Congreso, y ahora ya no lo tienen. Me sorprende verlo”, comentó, mencionando a figuras progresistas como Alexandria Ocasio-Cortez como parte del cambio de percepción.
El mandatario defendió sus credenciales como aliado cercano de Israel. “Nadie ha hecho más por Israel que yo, incluyendo los recientes ataques a Irán que acabaron con esa cosa”, dijo en referencia a los bombardeos contra instalaciones nucleares iraníes a principios de junio.
Asimismo, lamentó que “la gente se olvidó del 7 de octubre, un día realmente horrible”, en referencia a los ataques de Hamás contra Israel, que dejaron 1,200 muertos y 250 secuestrados.
Trump subrayó que, aunque mantiene un fuerte apoyo de la comunidad israelí, Israel enfrenta hoy un escenario de creciente escepticismo, incluso entre jóvenes simpatizantes del movimiento Make America Great Again (MAGA), lo que podría impactar en el respaldo político dentro de Estados Unidos.
Casi a la medianoche del martes 14 de agosto de 1945, un grupo de técnicos de la radioemisora oficial japonesa NHK llegó a un búnker en el Palacio Imperial, tras sortear los múltiples obstáculos y escombros dejados por los masivos bombardeos aliados sobre Tokio. El emperador Shōwa (nombre oficial de Su Majestad Hirohito) les destinó cinco minutos para grabar. Hizo dos intentos, ambos con baja voz y con una versión culta del japonés, muy lejos de la lengua hablada por el pueblo llano. La grabación fonográfica de mala calidad fue emitida al día siguiente, en cadena nacional.
Tras la destrucción y mortandad sembrada en Hiroshima y Nagasaki por las dos bombas atómicas del 6 y 9 de ese mes, el gobernante nipón no deseaba prolongar la recién declarada guerra contra la Unión Soviética, por lo que le comunicó a su pueblo que aceptaba los términos de la declaración conjunta alcanzada en Potsdam por Estados Unidos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), Reino Unido y China. En la grabación de su breve discurso, el monarca del Trono del Crisantemo se cuidó de usar la palabra rendición. Su pueblo quedó confundido, pero la realidad era que había llegado el atardecer al poderoso Imperio del Sol Naciente y que la noche consecuente sería larga y difícil.
La delegación japonesa se reúne para firmar el documento de rendición formal a bordo del acorazado USS Missouri de la Armada estadounidense en la bahía de Tokio, en una foto de archivo del 2 de septiembre de 1945.
El acto formal de rendición se produjo en la mañana del domingo 2 de septiembre de 1945. Reunidos en la cubierta del USS Missouri, anclado en la bahía de Tokio, los representantes del gobierno y tropas del Japón procedieron a firmar su sometimiento ante los dirigentes militares de las fuerzas aliadas de ocupación. La ceremonia duró 23 minutos (entre las 09:00 y las 09:23 a. m., huso del Japón) y fue transmitida por radio, a la vez que fue grabada en cine para después difundirla en el mundo y archivada en los principales depósitos intelectuales de Estados Unidos. Se firmaron seis copias del documento oficial, donde el vencido imperio nipón aceptaba las cláusulas impuestas por Estados Unidos, URSS, Reino Unido, China, Francia, Canadá, Holanda, Nueva Zelanda y Australia.
Puesto en formación sobre la cubierta de su buque del servicio de ingenieros de los Estados Unidos se encontraba el marino salvadoreño Juan Armando Canales Espinoza. Ese compatriota fue uno de los más de 400 salvadoreños que se enlistaron en las fuerzas militares de las naciones aliadas en contra del Eje Berlín-Roma-Tokio y también fue uno de los miles de soldados que, bajo el rigor militar, aquel 2 de septiembre de 1945 presenciaron la firma de la rendición japonesa. Esa noche, el cielo tokiota se iluminó con fuegos artificiales, lanzados desde las naves ancladas Armando Canpara festejar el fin de la Segunda Guerra Mundial. Se cerraba así el frente del Pacífico sur y se iniciaba la reconstrucción del Imperio del Sol Naciente. La autoridad suprema del emperador Shōwa jamás fue cuestionada por las potencias vencedoras.
El marino salvadoreño Juan Armando Canales Espinoza sirvió en la Marina de EEUU en la Segunda Guerra Mundial.
Nacido en la entonces ciudad de Nueva San Salvador o Santa Tecla, departamento de La Libertad, en 1921, Canales Espinoza fue hijo de Medardo Fuentes Canales (Suchitoto, 1897-¿?). Tras ingresar por la frontera terrestre de Laredo (Texas), el 30 de octubre de 1943, se dirigió a San Francisco (California), donde se enlistó en el Cuerpo de Ingenieros de la U. S. Navy. Tras el entrenamiento de rigor, sus labores consistieron no solo en combatir para defenderse de los ataques nipones en los diferentes escenarios de guerra en los que intervino (en especial, en el archipiélago de las Filipinas), sino que también tuvo que construir pontones o puentes provisionales para facilitar el avance de la artillería e infantería aliadas.
Llegado al Japón durante la segunda quincena de agosto de 1945, Canales Espinoza se dio cuenta de la dureza de los primeros momentos de la posguerra. El otoño estaba a las puertas y todo presagiaba que sería un invierno muy crudo para aquel pueblo devastado y donde campeaban los jinetes apocalípticos. Por eso, durante sus meses de permanencia dentro de las tropas de ocupación, buscó proporcionar comida y cigarrillos a quienes se los pidieron, los que tomaba de sus propios recursos personales, proporcionados para su sustento por el ejército estadounidense. Aquellos bienes de consumo se usaban en las ciudades japonesas para cambiarlos por otros, como comida y otros materiales de primera necesidad. Para su colección personal, aceptó que le dieran billetes de diferentes denominaciones de Filipinas, Japón y otros territorios otrora ocupados por las tropas japonesas. Todo ese papel moneda era dinero sin valor alguno en los mercados, pues la severa inflación lo privó de sus valores de uso y cambio.
El viernes 20 de noviembre de 2000 tuve ocasión de visitarlo en su casa familiar, en la urbe tecleña, a escasa media cuadra al oriente del Colegio Fátima, al lado de un pequeño hospital privado. Al contarle de mi interés por los salvadoreños que tomaron parte en la Segunda Guerra Mundial, se mostró muy entusiasmado de platicar y mostrarme sus recuerdos. La que no tenía buen semblante era su esposa Marta Escobar de Canales. Ella no se sentía cómoda con que él me contara algunas “anécdotas” que su esposo había tenido durante aquellos lejanos días de su presencia en el Japón de la posguerra.
Resultaba curioso ver el cuidado con el que el marino Canales Espinoza había conservado las fotos donde aparecía con sus compañeros de andanzas en el Pacífico sur, páginas en las que también había pegado los billetes que coleccionó y más de alguna foto de esas féminas con las que había bailado y que tanto molestaban a su esposa salvadoreña varias décadas después.
Canales Espinoza no se consideraba un héroe, sino un mero espectador de una guerra en la que entró bajo la idea de que defendía la libertad en contra de uno de los más grandes totalitarismos mundiales. Me contó que nunca pensó en que podría morir en alguna de aquellas batallas y que se limitó a desarrollar su trabajo al servicio de la ingeniería militar de los Estados Unidos. Hablaba bajo y con voz pausada, pero con dominio de los detalles. Sus ojos destellaban al vagar por sus recuerdos. Incluso me habló de otro marino salvadoreño, Arturo Novoa, con quien había tenido ocasión de encontrarse durante aquel tiempo de permanencia en la armada estadounidense.
Cientos de salvadoreños se enlistaron para marchar a los teatros de operaciones en Europa, África y el Pacífico sur, así como en las operaciones de fabricación de material de guerra y mantenimiento de buques y submarinos en California y Panamá. Para los que se iban a los frentes de guerra, había un seguro de vida por 10,000 dólares o 25,000 colones, mientras que los que retornaban tenían el camino expedito para solicitar la residencia y nacionalidad estadounidense. Sin embargo, no fueron pocos los que decidieron mejor retornar a la patria salvadoreña, como fue el caso del soldado Canales Espinoza.
Él y otros excombatientes que tomaron parte en la Segunda Guerra Mundial, Corea y Vietnam asistieron a la primera conmemoración del Día de los Veteranos, que se desarrolló en el interior de la fortificada Embajada de los Estados Unidos, en la mañana del lunes 12 de noviembre de 2001. Fue la última vez que lo vi. Falleció de un ataque fulminante al corazón, el domingo 23 de septiembre de 2007 y su cuerpo descansa en el cementerio privado Jardines del Recuerdo, al lado de su esposa, fenecida seis meses antes. La casa tecleña donde lo visité ahora es ocupada por un negocio.
La campaña electoral en Honduras comenzó oficialmente el lunes con cinco partidos en contienda, aunque tres concentran el mayor respaldo popular: Rixi Moncada, candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, de izquierda); Nasry Asfura, del Partido Nacional; y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, ambos de línea conservadora.
De los diez millones de habitantes, más de seis millones están habilitados para elegir presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 al Parlamento Centroamericano. Los otros aspirantes presidenciales son Nélson Ávila, del Partido Innovación y Unidad-Socialdemócrata, y Mario Rivera, del Partido Demócrata Cristiano.
El proceso electoral tendrá un coste de 4,000 millones de lempiras ($152 millones), financiados con impuestos de la ciudadanía, de los cuales más del 60 % vive en condiciones de pobreza. Pese a ello, la campaña ha estado dominada hasta ahora por ataques e insultos, lo que ha generado llamados de diversos sectores a enfocarse en propuestas.
“El pueblo hondureño sigue creyendo en el proceso electoral. Ocho de cada diez aseguran que irán a votar, pese a la polarización”, afirmó a EFE Joaquín Mejía, analista y defensor de derechos humanos.
La presidenta de la Corte Suprema, Rebeca Ráquel Obando, pidió una campaña “de altura”, mientras el sector privado exigió a los candidatos propuestas en educación, salud e inversión. El cardenal Óscar Andrés Rodríguez también exhortó a rechazar mensajes de odio durante la campaña.
El proceso, sin embargo, enfrenta tensiones internas en el Consejo Nacional Electoral (CNE), conformado por representantes de los tres partidos mayoritarios. La presidenta consejera, Cossette López, alertó en julio que los comicios estaban en “grave riesgo” por divisiones internas y denunció intentos de intimidación. Otra consejera, Ana Paola Hall, incluso denunció amenazas de muerte contra ella y su familia.
Las elecciones generales del 30 de noviembre pondrán a prueba la capacidad de los candidatos para plantear soluciones a los problemas sociales y económicos del país, en un escenario donde la institucionalidad electoral busca recuperar la confianza ciudadana.
Un grupo de nueve exdirectores y directores interinos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos advirtió este lunes sobre el “peligro” que representa Robert F. Kennedy Jr. al frente del Departamento de Salud y Servicios Humanos. La crítica fue publicada en un ensayo en The New York Times titulado “Nosotros dirigimos los CDC: Kennedy está poniendo en peligro la salud de todos los estadounidenses”.
El pronunciamiento se da tras el despido de Susan Monarez, exdirectora de los CDC, quien denunció que su salida fue “sin fundamento científico” y motivada por su negativa a cumplir “órdenes imprudentes” relacionadas con vacunas.
Entre los firmantes del artículo figuran figuras de peso como William Foege, William Roper, David Satcher, Jeffrey Koplan, Richard Besser, Tom Frieden, Anne Schuchat, Rochelle P. Walensky y Mandy K. Cohen, quienes ejercieron bajo gobiernos demócratas y republicanos.
Los exdirectores acusan a Kennedy Jr. de cancelar inversiones clave en investigaciones médicas, sustituir expertos en comités asesores por personas sin preparación científica y anunciar el fin del apoyo estadounidense a programas globales de vacunación, fundamentales para proteger a millones de niños y a la propia población estadounidense.
“Nos preocupa el amplio impacto que todas estas decisiones tendrán en la seguridad sanitaria de Estados Unidos”, señalaron, instando además al Congreso a reforzar la supervisión sobre el Departamento de Salud.
El artículo recuerda que, aunque en el pasado discreparon con líderes del sector, nunca antes habían dudado de que las decisiones se sustentaran en evidencia científica sólida. En contraste, Kennedy Jr. ha expresado públicamente escepticismo frente a las vacunas, oposición al aborto y rechazo a la fluoración del agua potable, política sanitaria destinada a prevenir la caries dental.
El funcionario también adelantó que en septiembre su departamento publicará una investigación para vincular ciertas “intervenciones” con el autismo, pese a que la comunidad científica rechaza cualquier relación entre vacunas y esa condición.
Con estas medidas, los exdirectores advirtieron que Estados Unidos corre el riesgo de enfrentar futuras emergencias sanitarias con menor preparación y debilitando la confianza en la ciencia.
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, máximo tribunal del país, revocó este lunes un recurso legal que avalaba la prisión domiciliaria en uno de los casos que enfrenta el periodista José Rubén Zamora Marroquín, encarcelado desde 2022 sin sentencia firme en su contra.
La decisión de la Corte de Constitucionalidad fue emitida tras un recurso del Ministerio Público (Fiscalía), que accionó legalmente después de que la Corte Suprema de Justicia avalara en junio pasado la salida de prisión del periodista en uno de los casos que enfrenta.
El dictamen este lunes del máximo tribunal guatemalteco fue determinado por cuatro magistrados a favor del mismo y uno en contra, específicamente del abogado Rony López, quien difirió argumentando que se ha violentado la libertad del comunicador.
El aval de la Corte Suprema de Justicia había sido decretado en junio pasado, anulando lo estipulado por la Sala Tercera de Apelaciones, que mantuvo al periodista en prisión. Sin embargo, la medida ordenada este lunes por la Corte de Constitucionalidad deja sin efecto el dictamen del Supremo.
El fundador y exdirector del medio El Periódico fue detenido en julio de 2022 y desde entonces se encuentra en prisión preventiva, salvo por un pequeño lapso de tres meses donde contó con el beneficio de arresto domiciliario.
Zamora Marroquín ha sido acusado por lavado de dinero y obstaculización de la justicia, pero en ningún caso ha sido declarado culpable y los procesos judiciales en su contra se encuentran estancados. De igual manera, varias organizaciones sociales locales e internacionales han calificado como falsas y espurias las acusaciones en su contra.
El comunicador fue detenido por el Ministerio Público el 29 de julio de 2022, tras lanzar fuertes críticas por corrupción días antes en las páginas de su medio contra el entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024) y Miguel Martínez, un funcionario cercano al entonces gobernante.
Un año antes de su detención, el periodista, con más de treinta años de trayectoria, recibió de manos del Rey Felipe VI de España el premio a medio destacado de Iberoamérica por la labor de su matutino El Periódico en Guatemala.
La cúpula del Ministerio Público, que ordenó su detención, se encuentra sancionada bajo señalamientos de corrupción por parte de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.
El presidente estadounidense, Donald Trump, instó este lunes a las farmacéuticas a publicar la tasa de éxito de sus vacunas contra la covid 19 en medio de la crisis del Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), cuya directora fue despedida por su oposición al secretario de Salud, Robert Kennedy Jr.
«Es fundamental que las farmacéuticas justifiquen el éxito de sus diversos medicamentos contra la covid 19. Muchos creen que son un milagro que salvó millones de vidas. ¡Otros no están de acuerdo! Con los CDC destrozados por esta pregunta, quiero la respuesta, y la quiero YA», dijo Trump en un mensaje en la red Truth Social.
El presidente llamó a las compañías a mostrar públicamente los resultados de sus medicamentos contra la enfermedad que paralizó el planeta en 2020, un asunto que precisó que ha generado diferencias en el seno de los CDC.
El mensaje de Trump se produce una semana después de que su Gobierno despidiera a la directora de esa agencia gubernamental, Susan Monarez, y nombrara como director interino a Jim O’Neill, un funcionario de alto rango cercano a Kennedy Jr.
Monarez denunció haber sido despedida por oponerse a solicitudes del secretario de Salud, un reconocido antivacunas que ha puesto en duda otras teorías científicas como la crisis climática.
El Gobierno también aprobó la semana pasada un nueva tanda de vacunas anticovid por parte del regulador estadounidense, que establece que éstas estarán limitadas a la población de «alto riesgo» previa consulta médica y que ha retirado la autorización para su uso de emergencia.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este lunes que ocho barcos militares desplegados por Estados Unidos con 1.200 misiles y un submarino nuclear «apuntan» al país caribeño, lo que calificó como una «amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal» que considera «comparable» con la crisis de 1962 en Cuba.
«Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años. (…) Ellos (el Gobierno de EE.UU.) han querido avanzar hacia lo que llaman la máxima presión, en este caso es militar, y ante la máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa», dijo Maduro en una rueda de prensa ante medios internacionales.
El gobernante expresó que «se ha montado» contra su país «un bodrio» y que «la máxima presión extravagante, estrafalaria, inmoral y brutal» es «solo comparable, en su momento, con la crisis» de 1962, cuando la extinta Unión Soviética trató de instalar misiles nucleares de alcance medio en Cuba, lo que provocó una crisis con EE.UU. que puso a las dos superpotencias al borde del conflicto atómico.
Maduro dijo que las autoridades estadounidenses «se equivocan creando» la que calificó como una «narrativa bien, pero bien absurda» sobre un combate contra el narcotráfico para justificar el envío de «buques de guerra», al insistir en que el país caribeño «tiene récord en su lucha» contra el comercio ilegal de narcóticos.
En este contexto, el líder del chavismo señaló que los dos canales de comunicación que su país tiene con EE.UU. -uno con el encargado de Negocios interino de la llamada Oficina Externa de los EE.UU. para Venezuela, John McNamara, y otro con Richard Grenell, enviado especial del presidente Donald Trump- están hoy «malogrados» y «maltrechos».
Sin embargo, aclaró que Venezuela seguirá «recuperando» a sus migrantes en el exterior, entre ellos, los deportados por Estados Unidos.
Al menos 73 opositores y críticos con el Gobierno de Nicaragua, que dirige la pareja dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, siguen en las cárceles de ese país, incluidos 22 adultos mayores, denunció este lunes el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
En Nicaragua hay actualmente 73 personas detenidas por motivaciones políticas, de las cuales 33 permanecen en condición de desaparición forzada, indicó en un informe ese mecanismo, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«La desaparición forzada se ha consolidado como una práctica sistemática del régimen Ortega-Murillo, utilizada como estrategia de control social y de represión política», advirtió.
De esas 73 personas privadas de libertad por razones políticas, 14 son mujeres y 59 hombres (incluyendo 10 detenidos antes de la crisis de 2018), anotó ese organismo.
Asimismo, ese mecanismo señaló que durante julio y agosto Nicaragua vivió una escalada represiva que combinó redadas masivas, hostigamiento policial, detenciones arbitrarias y confiscaciones de instituciones sociales y educativas.
Detenciones subieron en julio y agosto
Julio, mes en que el Gobierno celebra el aniversario de la revolución sandinista, estuvo acompañado de mayor vigilancia, hostigamiento y amenazas directas contra la ciudadanía, de acuerdo con el informe.
En agosto, la represión se profundizó con redadas en diferentes departamentos (provincias), siendo Carazo (particularmente la ciudad de Jinotepe) el más afectado, apuntó ese organismo.
«Allí se registraron al menos 30 detenciones arbitrarias, posteriores al anuncio de confiscación del Colegio San José, hecho que provocó conmoción en la comunidad», anotó.
En total, entre julio y agosto se documentaron 52 detenciones arbitrarias, de las cuales 11 personas fueron liberadas y 19 se integraron a la lista oficial de presas políticas, elevando el número total a 73 personas reconocidas por el Mecanismo.
El perfil de la mayoría corresponde a liderazgos comunitarios y personas con alta estima social en sus barrios, lo que refuerza la estrategia del régimen de desarticular la organización social y quebrar los lazos de confianza comunitaria, de acuerdo con el informe.
Exsandinistas, militares en retiro, indígenas y periodistas
La lista actualizada incluye al excomandante de la revolución sandinista Henry Ruiz, confinado en su casa por la Policía de Nicaragua desde el 8 de marzo pasado, así como el antiguo asesor de Ortega y general en retiro, Álvaro Baltodano.
Ruiz, uno de los nueve comandantes sandinistas de la Dirección Nacional que ejercieron el poder durante la primera etapa del Gobierno sandinista (1979-1990), es además la persona privada de libertad con mayor edad: 81 años.
Otros que aparecen en la lista son los dirigentes indígenas Brooklyn Rivera Bryan, Steadman Fagoth Müller y Nancy Elizabeth Henríquez.
También los militares en retiro Carlos Brenes, Victor Boitano, Aníbal Rivas Reed y Eddie Moisés González Valdivia, y los periodistas Fabiola Tercero y Leo Cárcamo, entre otros.
El Mecanismo, que está conformado por organizaciones de derechos humanos, de familiares de personas presas y excarceladas políticas, abogados, así como también de espacios de documentación y redes de activistas territoriales y digitales, ha advertido de que el número real de detenidos puede ser mayor debido a que hay familiares que no denuncian los casos por temor.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 79 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo. Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de «golpistas» y «traición a la patria».
El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo este lunes que quiere cerrar todos los hoteles de solicitantes de asilo en el Reino Unido «lo antes posible», ante los litigios legales y las protestas generadas en las últimas semanas sobre este sistema de migración.
«Entiendo por qué la gente quiere cerrar los hoteles (de solicitantes de asilo). Yo también quiero cerrarlos. Trabajaré con mi equipo para cerrarlos tan rápido como sea posible», dijo hoy el jefe del Gobierno británico en declaraciones exclusivas a BBC Radio 5 Live.
En cambio, Starmer indicó que la única forma de «vaciar» los hoteles es hacerlo de forma «ordenada, sistemática y trabajando sobre los casos tan rápido como se pueda» y después deportando a aquellas personas que no tienen derecho a estar en el Reino Unido.
Al ser preguntado sobre una fecha tentativa para cumplir este objetivo, el ‘premier’ británico expresó su intención de «adelantar» los plazos fijados actualmente, que preveían el cierre de los hoteles de acogida de migrantes antes de 2029, con el final de la legislatura actual.
La migración ilegal y la lucha contra las bandas de tráfico de migrantes en el Canal de la Mancha es uno de los puntos centrales de la hoja de ruta del Gobierno laborista, que, según Starmer, inició este lunes su «segunda fase».
Del mismo modo, aseveró que la migración es «un problema realmente serio» y reiteró su objetivo de «controlar las fronteras» del país lidiando con las personas que cruzan al Reino Unido de manera ilegal, con los hoteles de solicitantes de asilo o con las deportaciones, que bajo el Ejecutivo de Starmer han alcanzado las 35.000.
El pasado 19 de agosto, el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales falló a favor del Ayuntamiento de Epping Forest (al norte de Londres) y ordenó desalojar antes del 12 de septiembre el hotel Bell de la localidad, donde se alojan más de un centenar de solicitantes de asilo y que ha sido centro de protestas después de que uno de los inquilinos fuese acusado de una presunta agresión sexual.
Sin embargo, este fallo judicial, que podría haber causado un ‘efecto rebote’ en otras localidades del país, fue revocado el pasado viernes después de que el Ministerio del Interior británico ganase un recurso en el Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales que paralizó el desalojo del hotel de Epping.
La polémica alrededor de los hoteles de solicitantes de asilo ha avivado, asimismo, una tendencia a lo largo de todo el país respaldada principalmente por figuras de la extrema derecha, que han sacado a las calles la bandera de Inglaterra, con la cruz roja de San Jorge sobre fondo blanco, como símbolo de la «pureza» británica.
Al respecto, Starmer se definió en BBC Radio 5 Live como alguien «partidario de las banderas», si bien dijo que no estaba de acuerdo con el uso de los símbolos nacionales de manera «divisiva» y «devaluada».
El Gobierno español está «ejecutando la cancelación» de un contrato adjudicado a la multinacional española Telefónica y que incluía el uso de equipos de la compañía china Huawei, con el argumento de «criterios de soberanía estratégica europea y española».
La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, explicó este lunes a la prensa que la adjudicación «arrancó con una idea y ha sido modulada, como con tantas otras cuestiones en materia de digitalización».
El pasado viernes, el diario español El País avanzó que el Gobierno había cancelado a última hora un contrato de 10 millones de euros adjudicado a Telefónica destinado al fortalecimiento de la red pública de fibra óptica de Red.es, equipada con componentes del fabricante chino.
«Estamos en un ámbito dinámico muy cambiante y entendemos que este proceso responde a la normalidad de tantos otros procesos», argumentó. Añadido que el nuevo destino de esos 10 millones de euros será «inminente a largo de los próximos días».
No obstante, concretó que el Gobierno ha tomado esa decisión «en base a criterios de soberanía estratégica europea y española», aunque ello «no cambia en nada» su «política».
Preguntada por la inclusión de Huawei en una ‘lista negra’, respondió que «no hay una lista de proveedores, sino un esquema nacional de seguridad, y en cada decisión se analiza pormenorizadamente la situación y se toman las decisiones que se consideran».
Consultada, asimismo, por si las nuevas condiciones de la futura adjudicación limitará el acceso de Huawei, González Veracruz dijo que cuando se publique ese contrato, «se conocerán las condiciones».
A principios de agosto pasado, el Ejecutivo español defendió los contratos cerrados con la multinacional china para gestionar y almacenar escuchas telefónicas judiciales. Aseguró que la seguridad de todas las comunicaciones y la ciberseguridad en España están «totalmente garantizadas» con los más altos estándares europeos.
Dos semanas antes, un portavoz de la Comisión Europea insistió en que los países de la Unión Europea deben «restringir o excluir a Huawei de sus redes 5G» porque la compañía china «representa un riesgo mucho mayor» que otros proveedores.
Los directores de los comités de inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Tom Cotton y Rick Crawford, respectivamente, habían solicitado al gobierno de Donald Trump que revise los acuerdos de intercambio de inteligencia con España.
Alertaban los legisladores estadounidenses de que el Ministerio del Interior de España había adjudicado contratos de 12,3 millones de euros a Huawei para proporcionar servidores y servicios de consultoría para los sistemas de interceptación telefónica de España y subrayaban que la compañía «tiene estrechos vínculos con el Partido Comunista chino (PCCh)».
