Categoría: El Mundo

Siete inmigrantes detenidos en la mayor cárcel migratoria de California interpusieron una demanda federal contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por someterlos a condiciones “inhumanas” y “punitivas”, además de negarles atención médica y legal adecuada. La denuncia fue presentada este jueves por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) ante el Tribunal de Distrito del Norte de California.

La querella se centra en el Centro de Detención de California City, ubicado en el condado de Kern, al norte de Los Ángeles. Esta instalación, con capacidad para 2,560 detenidos, es operada por la empresa privada CoreCivic, y es considerada la más grande del estado en su tipo.

Condiciones deplorables y aislamiento forzado

Los demandantes buscan representar a toda la población detenida en California City, alegando que viven bajo condiciones punitivas, como alojamientos insalubres, escasez de alimentos y agua, temperaturas extremadamente bajas, y restricciones a las visitas familiares.

La demanda también detalla el uso excesivo del aislamiento solitario, y denuncian prácticas que violan los derechos humanos fundamentales. “Ningún ser humano, inmigrante o no, debería estar sometido a estas condiciones horrendas”, expresó Gustavo Guevara, uno de los migrantes involucrados en el proceso judicial.

“Espero que la sociedad tome conciencia del abuso, la negligencia, la indiferencia y el trato injusto al que estamos siendo sometidos, y que no haga la vista gorda”.
Gustavo Guevara, migrante.

Negligencia médica y desprotección legal

Uno de los casos más graves es el de Yuri Alexander Roque Campos, quien ha sido hospitalizado de emergencia en dos ocasiones luego de que se le negara el acceso a medicamentos vitales para una condición cardíaca. Según la demanda, un médico advirtió que podía morir si dejaba de tomar su medicación. Sin embargo, pese a estar detenido desde septiembre, aún no recibe su tratamiento de forma regular.

La querella también acusa a ICE de desatender las necesidades de personas con discapacidad, al no proporcionar intérpretes de lengua de señas, sillas de ruedas ni artículos básicos de asistencia. Además, los detenidos denuncian restricciones severas al acceso legal, incluyendo semanas de espera para realizar llamadas a abogados y demoras prolongadas para obtener visitas presenciales.

Derechos constitucionales vulnerados

La demanda invoca violaciones a la Primera y Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. “El acceso a necesidades básicas como la alimentación, la atención médica y la asistencia jurídica no son meras sugerencias; son derechos constitucionales protegidos”, afirmó Kyle Virgien, abogado principal del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU.

“El trato que reciben las personas detenidas en el centro de California City es un ejemplo más del absoluto desprecio del ICE por los derechos y la dignidad de las personas bajo su custodia”, añadió el jurista.

Junto a la ACLU, los demandantes también están representados por la California Collaborative for Immigrant Justice y el bufete Keker Van Nest & Peters LLP. La empresa CoreCivic enfrenta múltiples acusaciones por mala gestión y negligencia en centros migratorios que administra para el ICE.

Autoridades de Florida detuvieron en un operativo a casi 230 migrantes, entre ellos presuntos «criminales sexuales» de países como Cuba, Venezuela y Ucrania, según anunciaron este jueves el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y el Gobierno floridano.

La ‘Operation Dirtbag’ (Operación basura) adelantada en los últimos diez días deja un saldo de arrestos de 54 «depredadores sexuales», 164 «criminales sexuales», dos asesinos sentenciados, un condenado por narcotráfico y otros ocho «delincuentes atroces», expuso Madison Sheahan, subdirectora del ICE, en una rueda de prensa en Miami.

El operativo se enfocó en depredadores de niños, violadores y «violentos criminales» extranjeros con sentencias como agresión sexual de menores, violación, conducta lasciva, explotación infantil e intento de homicidio, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

Aunque no se detalló la nacionalidad de todos los aprehendidos, el DHS compartió fotografías de cuatro cubanos, un venezolano y un ucraniano implicados en delitos sexuales a menores de edad.

Las detenciones las realizaron las autoridades de Florida, que lideran a nivel nacional los acuerdos 287(g) que permiten a agentes locales colaborar con el ICE en detenciones migratorias, señaló Sheahan.

«Gracias al liderazgo del gobernador (Ron) DeSantis, hemos conseguido establecer el tono para la nación al remover a lo peor de lo peor, hemos logrado asociarnos en una forma que puede ser un modelo para el resto del país», expresó la subdirectora del ICE.

La funcionaria destacó que Florida se ha convertido en emblema de la política migratoria de la segunda Administración de Donald Trump, pues hay 335 acuerdos 287(g) para cooperar con el ICE y el estado ha abierto centros de detención para migrantes como ‘Alligator Alcatraz’ y ‘Operation Depot’.

El pasado 26 de septiembre, más de 350 inmigrantes fueron detenidos tras un operativo de cuatro días de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, en inglés), y el vicegobernador, Jay Collins, reiteró que las autoridades estatales irán detrás de su estimado de 1,1 millones de indocumentados detenidos en el estado.

El Gobierno de Estados Unidos deportó a cerca de 400,000 migrantes en los primeros 250 días de la segunda Administración Trump, que comenzó el 20 de enero con la promesa de la mayor deportación de la historia, según el DHS, que prevé la expulsión de 600.000 en el primer año de gestión.

Brasil, que preside la trigésima cumbre climática de la ONU (COP30), presentó este jueves el «Plan de Acción de Belém para la Salud», la primera iniciativa global de adaptación climática enfocada exclusivamente en el área sanitaria.

La propuesta, en la que han participado decenas de países, organizaciones, empresas y la sociedad civil, recoge acciones concretas para ayudar a reforzar los sistemas de salud ante la emergencia climática, que ya provoca muertes, multiplica enfermedades y colapsa hospitales en diversas regiones del mundo.

«Necesitamos soluciones reales», porque la crisis climática presiona los sistemas de salud y afecta a las familias más vulnerables, que «ya están pagando el precio del calentamiento global», afirmó el secretario ejecutivo de la Convención de la ONU sobre el Cambio Climático, Simon Stiell, en una sesión plenaria de la COP30.

Uno de los últimos ejemplos ha sido el paso del huracán Melissa, que ha dejado al menos 45 muertos en Jamaica, 43 en Haití y uno en República Dominicana, además de numerosos daños materiales.

«El huracán Melissa nos ha recordado por qué la adaptación puede salvar vidas», dijo el presidente de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa, en el acto.

Los fenómenos meteorológicos extremos también se han sentido con intensidad en Brasil. En 2024, la Amazonía, donde se celebra esta conferencia, vivió la peor sequía del último siglo, lo que provocó la proliferación de incendios y, en consecuencia, una oleada de enfermedades respiratorias.

Por otro lado, el aumento de las temperaturas también favorece la propagación de enfermedades como el dengue -Brasil también experimentó el año pasado un número récord de casos y muertes- e incrementa la mortalidad por calor extremo o por afecciones relacionadas con la calidad del aire.

Según un informe de ‘Lancet Countdown’ para América Latina, se estima que las catástrofes climáticas costaron a la región 19.200 millones de dólares en 2024, el equivalente al 0,3 % de su PIB.

Tres áreas de acción del Plan de Belém

El ministro de Salud de Brasil, Alexandre Padilha, explicó que el plan se construyó sobre dos principios: la promoción y la equidad en salud, y la gobernanza con participación de la sociedad civil.

En la práctica, se estructura en tres áreas de acción: vigilancia y monitoreo sanitario con enfoque climático; políticas, estrategias y capacitación; e innovación, producción y salud digital.

Entre las medidas previstas están, por ejemplo, fortalecer las capacidades de monitoreo epidemiológico, incorporar nuevas voces en la toma de decisiones sanitarias, como los pueblos indígenas, y promover la investigación.

Otro punto importante será reforzar la fabricación y las cadenas de suministro de productos esenciales para la salud, algo que se demostró crucial durante la pandemia de la covid-19.

Así, Barbosa llamó a los ministros de Salud del mundo a apoyar el plan e incorporarlo en sus programas nacionales.

Las acciones que se pongan en marcha serán supervisadas mediante mecanismos globales de seguimiento y rendición de cuentas, bajo la observación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Nueva coalición filantrópica con 300 millones de dólares

En línea con esos esfuerzos, un grupo de 35 entidades filantrópicas internacionales, entre ellas la Fundación Gates, la Fundación Rockefeller y Wellcome Trust, entre otras, lanzaron un fondo que destinará 300 millones de dólares durante los próximos tres años para enfrentar la crisis climática y sus impactos en la salud.

«El cambio climático está transformando el mundo de una manera que tiene consecuencias enormes para la salud de las personas. Por eso tenemos que actuar, y debemos hacerlo con urgencia», dijo a EFE Alan Dangour, director de Clima y Salud de Wellcome Trust.

Dangour está convencido de que, a pesar de la actual ola negacionista, que tiene al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como uno de sus grandes exponentes, «la marea está cambiando» y «el mundo se está moviendo hacia un futuro que reconoce la necesidad de responder al cambio climático».