Categoría: El Mundo

El tribunal guatemalteco que declaró culpable este martes a cuatro exfuncionarios por homicidio culposo por la muerte de 41 niñas en un hogar estatal en 2017, ordenó también investigar al expresidente Jimmy Morales Cabrera (2016-2020) por su posible implicación en el caso.

«Se le ordena al Ministerio Público (Fiscalía) que realice una investigación en contra del señor Jimmy Morales Cabrera, quien al momento de los hechos era el presidente de Guatemala, para establecer su participación en los hechos suscitados el día 7 de marzo de 2017. Esto en base a lo argumentado el día de hoy», indicó la jueza Ingrid Cifuentes, a cargo del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal.

La jueza hizo, antes de emitir sentencia, una recapitulación del caso donde detalló que Morales Cabrera ordenó que arribaran más policías al lugar el 7 de marzo de 2017, quienes se presentaron con armas de fuego para atender la posible fuga de las niñas un día antes de la tragedia.

Las 41 niñas murieron y otras quince resultaron heridas por el incendio ocurrido el 8 de marzo de 2017 dentro de un aula en un refugio estatal denominado Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ubicado a las afueras de la Ciudad de Guatemala.

La orden de la jueza tuvo lugar tras declarar este martes como culpables a cuatro exfuncionarios bajo el delito de homicidio culposo.

En el mismo sentido, Cifuentes también ordenó investigar a Carlos Beltetón, exasesor del presidente Morales Cabrera, por contradicciones durante su declaración como testigo del caso.

Los exfuncionarios sentenciados por homicidio culposo son la exsubinspectora policial Lucinda Marroquín Carrillo; la exjefa del departamento de Protección Especial contra el Maltrato de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, Brenda Chamán; el exjefe de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, Carlos Rodas, y exdirector del hogar estatal, Santos Rodas.

Todos ellos recibieron penas de prisión de entre seis y ocho años por homicidio culposo, además de otras sentencias por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y maltrato de menores, que podrían aumentar sus penas de prisión en hasta seis años.

Las penas en Guatemala, según el Código Penal, pueden sumarse y acumularse.

Sin embargo, la sumatoria depende del criterio del tribunal, algo que no fue aclarado en esta lectura de sentencia.

Igualmente, el excomisario policíaco Armando Pérez Borja fue encontrado culpable por abuso de autoridad, por lo que fue sentenciado a seis años de prisión, una pena idéntica a la que recibió la exdefensora de la Niñez de la Procuraduría de Derechos Humanos, Gloria Castro, por incumplimiento de deberes.

De los siete acusados solamente el exmiembro del área jurídica de la Procuraduría de la Nación, Harold Flores, quedó absuelto de todos los cargos.

La exsubsecretaria de Bienestar Social, Anahy Keller, cercana al expresidente Morales CAbrera, quedó desligada del caso en mayo pasado, pese a haber estado sindicada durante los casi ocho años del proceso judicial, interrumpidos por diversos recursos durante más de una docena de ocasiones.

“Aquí estamos y no nos vamos” es el mensaje de resistencia que organizaciones comunitarias, laborales y religiosas de Los Ángeles enviaron este martes al Gobierno del presidente Donald Trump, que ha continuado con las redadas migratorias en la zona, pese a la orden de una jueza que prohibió los arrestos indiscriminados.

Defensores de los inmigrantes realizaron una jornada de paro comunitario con más de media docena de eventos todo el día para decirle a la Casa Blanca que no han logrado “intimidar” a la comunidad tras más de dos meses de operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

“Fracasaron en su misión de aterrorizarnos”, dijo en una conferencia de prensa la directora del Centro de Recursos Centroamericanos (Carecen), Martha Arévalo.

“Vamos a seguir en pie de lucha”, agregó la activista que vio cómo agentes migratorios escondidos en un camión de mudanzas rentado lograron arrestar el miércoles pasado a 16 trabajadores de México, Honduras y Guatemala, frente a un centro de jornaleros administrado por esa organización.

El operativo se realizó pese a la orden temporal emitida por una jueza que prohíbe a los agentes de Inmigración detener a personas sin una sospecha razonable y basarse únicamente en la raza o etnia aparente; hablar español o inglés con acento; presencia en un lugar específico o el tipo de trabajo que realiza la persona, en al menos siete condados del área metropolitana de Los Ángeles.

Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), manifestó que si el Gobierno Trump continúa violando la Constitución y desobedeciendo la orden del Tribunal están dispuestos a tomarse las calles de manera pacífica y defender los derechos de los inmigrantes.

“Aquí estamos y no nos vamos”, sentenció Salas al inicio de una manifestación en el Parque MacArthur, a pocas cuadras de donde se realizó la redada bautizada ‘Operación Caballo de Troya’, pocos días después de que el Noveno Circuito de Apelaciones mantuviera la restricción temporal emitida por un tribunal inferior.

Trump recurre al Supremo

El movimiento de resistencia en Los Ángeles obligó a la Casa Blanca a recurrir a la Corte Suprema, a la que pidió que levante las restricciones impuestas y le permita continuar con las detenciones.

En su solicitud al máximo tribunal, la Administración Trump alega que la orden judicial obstaculiza la aplicación de la ley de inmigración y que los operativos persiguen a personas por su presencia ilegal en el país y no por el color de su piel, raza o etnia.

En su alegato de más de 80 páginas, los abogados del Ejecutivo aseguran que los agentes migratorios pueden tener “una sospecha razonable” para detener a un individuo observado extensamente hablando exclusivamente español, vistiendo el uniforme de un empleador conocido por contratar indocumentados o comprando en un negocio frecuentado por inmigrantes sin estatus legal.

Golpeado y maltratado

Pero todos los argumentos legales del Gobierno Trump no convencen a Reyna, una ciudadana estadounidense, que ve con dolor cómo su hijo, de 40 años, fue detenido por las autoridades migratorias en su trabajo de mantenimiento.

“Todo esto ha sido muy injusto, le torcieron un brazo que tenía recién operado, lo arrastraron, lo golpearon en su cabeza, todavía tiene dolor”, cuenta a EFE Reyna, que no quiso revelar su apellido.

El hijo de Reyna, un inmigrante de El Salvador, lleva varios meses bajo custodia de ICE en el centro de detención de Adelanto (California).

La madre, que sufre de cáncer, se unió este martes a la jornada de resistencia. Aunque dice que se siente débil, quiso asistir para pedir solidaridad del público a familias como la de ella.

Su esperanza es que un juez de inmigración le otorgue una fianza a su hijo para que pueda salir en libertad.

“Él es un hombre bueno, sin ningún récord criminal, ha trabajado toda su vida, y es el sostén de nuestra casa. Este Gobierno está sentenciándome a muerte, no es el cáncer es la angustia de verme sola”, dijo la inmigrante con voz quebrada.

Boicot inmigrante

Reyna, junto a los activistas, han pedido al público unirse a un boicot contra corporaciones que han mantenido el silencio por los operativos migratorios como Home Depot, Walmart, Target, y ciertas cadenas de comidas rápidas.

Además han instado a ayudar a negocios locales impactados por las redadas y los vendedores ambulantes.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó este martes que las tropas ucranianas no abandonarán la región del Donbás y ha vuelto a rechazar la idea de un intercambio territorial con Rusia, aludiendo a que esta cesión podría servirle a Moscú de «trampolín» para iniciar una nueva ofensiva.

«En unos años, (el presidente ruso, Vladimir) Putin tendrá vía libre hacia las regiones de Zaporiyia y Dnipropetrovsk. También hacia Járkov. Cualquier cuestión territorial no puede separarse de las garantías de seguridad», ha subrayado el presidente ucraniano en declaraciones a la prensa.

En este sentido, argumentó que si sus tropas abandonan la región del Donbás esto podría ser «una puerta de entrada para una nueva ofensiva». «Crimea fue, sin duda, un trampolín para un ataque hacia el sur de nuestro estado», resaltó Zelenski.

De la misma forma, insistió en que las negociaciones de paz deben llevarse a cabo en formato trilateral, en alusión a la reunión programada para este viernes entre Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Alaska.

«Putin ganará en esto porque busca fotos. Necesita una foto de una reunión con Trump», señaló, agregando que este encuentro podría permitir a Moscú posponer las sanciones en caso de no llegar a un acuerdo para el cese de los combates en Ucrania.

Por otro lado, el presidente ucraniano indicó que las tropas rusas se preparan para una nueva ofensiva de cara a septiembre en al menos tres frentes: Zaporiyia, Pokrovsk y Novopavlivsk, según ha recogido la agencia de noticias estatal Unian.

La Fiscalía de Honduras informó este martes la detención de seis personas acusadas de integrar una red liderada desde prisión por un exalcalde que operaba en la municipalidad de San Marcos, departamento de Santa Bárbara, y que, según las investigaciones, habría desviado millonarios fondos públicos para enriquecimiento personal.

Las capturas fueron ejecutadas por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) Regional Norte, con apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Policía Militar del Orden Público (PMOP), durante allanamientos en el marco de una investigación por el desvío millonario de fondos públicos, según un comunicado de la Fiscalía hondureña.

Entre los capturados figuran el jefe de desarrollo municipal y candidato a alcalde de San Marcos, Jesús Alberto Hernández; Sandra Perdomo, regidora y esposa del exalcalde Pedro Aguilar; Dania Iveth Villalvir, tesorera municipal; Ada Lizeth Pineda, auditora municipal; Lourdes Borjas Maldonado, jefa de personal, y Elisa Castellanos, contadora municipal.

De acuerdo con la Fiscalía, la red «manipulaba documentos y cuentas municipales, autorizaba pagos irregulares, adquiría bienes de lujo y cobraba sobornos a cambio de contratos de obras sobrevaloradas».

La estructura era dirigida desde prisión por el exalcalde Pedro Aguilar, del minoritario partido Alianza Patriótica, actualmente investigado por presuntos vínculos con narcotraficantes condenados en Estados Unidos

Desde 2023, el exalcalde dirigía «vía telefónica esta organización», pese a estar legalmente inhabilitado y recluido en el Centro Penal de Támara, al norte de Tegucigalpa, señaló la Fiscalía.

Las investigaciones revelan cómo la red planificó y utilizó “cantidades millonarias del presupuesto municipal” para beneficiar a Hernández y, además, adquirió dos vehículos de lujo, una vivienda, armas de fuego y realizó una «compra ficticia» de mochilas para proyectos sociales que nunca fueron entregadas a la comunidad.

Todos los implicados enfrentan acusaciones por abuso de funciones, asociación para delinquir, lavado de activos y complicidad en malversación por uso y administración desleal del patrimonio público, según la Fiscalía hondureña.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechazó este martes la posibilidad de lograr un acuerdo parcial de alto el fuego y liberación de rehenes con Hamás en Gaza, en una entrevista con el canal israelí i24.

«Creo que lo hemos dejado atrás», dijo el mandatario en respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de negociar una tregua parcial. «Lo intentamos, hicimos todo tipo de intentos (…), pero resultó que solo nos estaban engañando», añadió.

En su respuesta, el mandatario aseguró que quiere a «todos» los rehenes israelíes en manos de Hamás, tanto los vivos como los muertos, y que eso es lo que busca su Gobierno.

Las palabras de Netanyahu llegan después de que el ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelaty, asegurase en un encuentro con periodistas en El Cairo que su país está conversando con Hamás e Israel para revivir la propuesta de alto el fuego del enviado estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, con quien el diplomático egipcio aseguró que mantiene «contacto diario».

Esa propuesta incluye una tregua de 60 días en los que el movimiento palestino debe liberar a diez rehenes vivos en Gaza y otros 18 muertos, y un periodo en el que las partes tienen que negociar el final definitivo de la guerra en la Franja, algo a lo que Israel no accede.

En su entrevista con i24, Netanyahu insistió en que Israel no pondrá fin a la guerra hasta que no haya logrado todos sus objetivos, que incluyen la desmilitarización de la Franja de Gaza y la eliminación total de Hamás