La masacre de nueve agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala el pasado domingo y la ola de motines simultáneos en tres cárceles han encendido una nueva escalada de tensión entre el gobierno de Bernardo Arévalo y las pandillas, particularmente la temida estructura criminal Barrio 18.
En respuesta, el mandatario guatemalteco decretó estado de sitio la noche del mismo domingo, una medida que se prolongará durante 30 días y que permite a las fuerzas de seguridad detener a sospechosos sin necesidad de una orden judicial.
La confrontación directa entre el Gobierno y las estructuras criminales se remonta a julio de 2023, tras una masacre en una funeraria de la capital donde sicarios de Barrio 18 asesinaron a siete personas que velaban a un supuesto pandillero rival de la Mara Salvatrucha. El ataque motivó al Ejecutivo a trasladar a cabecillas de ambas pandillas a una prisión de máxima seguridad conocida como “Renovación I”.
Entre los reos trasladados figura Aldo Ochoa, alias «El Lobo», líder de Barrio 18 condenado a más de 80 años por asesinato. Según el Ministerio del Interior, Ochoa habría liderado uno de los motines del fin de semana como protesta por la eliminación de privilegios en prisión, como aire acondicionado, camas amplias y comida a domicilio.
Expertos consideran que el repunte de violencia responde a intereses políticos en un año clave para la justicia guatemalteca, marcado por el relevo en mayo de la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea. Los amotinados habrían solicitado incluso una sublevación popular contra Arévalo, una postura respaldada por actores políticos también sancionados.
“Sabemos quiénes están detrás: grupos que se benefician de la corrupción y que buscan infundir terror porque este año Guatemala recuperará su sistema de justicia”, advirtió el presidente, refiriéndose a los cambios previstos en la Fiscalía y la Corte de Constitucionalidad.
El estado de sitio activado por el Ejecutivo es la antesala al estado de guerra, la medida más severa contemplada en la legislación guatemalteca. Durante su vigencia, el Gobierno puede realizar capturas inmediatas contra sospechosos de terrorismo o sedición, mientras se prepara una ofensiva más amplia para capturar a los responsables del crimen que ha conmocionado al país.
El desierto no tiene letreros de advertencia. No hay sombras, ni agua, tampoco caminos claros. En esta parte del sur de Arizona, Estados Unidos, una mala decisión puede convertirse en una sentencia. En el sector de Tucson, cruzar la frontera de Estados Unidos a pie significa caminar durante días por un territorio que no perdona el error ni la debilidad.
La Patrulla Fronteriza es responsable de vigilar 262 millas (421 kilómetros) de frontera con México en esta zona, una de las más extensas y complejas del país. Nueve estaciones cubren el sector y más de 3,100 agentes patrullan montañas, una reserva indígena, zonas urbanas y áreas tan remotas donde no existe señal telefónica ni acceso vehicular.
La mayoría de quienes cruzan por el desierto no pretenden quedarse en Tucson. Nogales es una de las ciudades más cercanas, pero el objetivo casi siempre está más al norte: Phoenix, Los Ángeles, Chicago. Para llegar, primero deben sobrevivir al desierto.
La frontera en Tucson no es una línea recta. Es una sucesión de montañas, cañones y valles donde el muro se mezcla con barreras naturales. De las 262 millas, unas 230 ya cuentan con un muro fronterizo, reforzada con cámaras de detección de movimiento, drones, sensores y vigilancia aérea.
Muro fronterizo entre Nogales, México, y Nogales, Arizona. / Iliana Cornejo.
Desde un centro de operaciones, los operadores monitorean alertas en tiempo real. Un movimiento puede ser ganado, animales salvajes o un grupo de personas. Cada decisión cuenta. Mandar o no a un agente a una zona remota puede significar llegar a tiempo o demasiado tarde.
Quienes aparecen en esas pantallas no llegaron ahí por casualidad. Todos, sin excepción, hicieron algún arreglo con el crimen organizado. Los coyotes o cárteles les prometieron un cruce fácil, rápido y seguro. Les aseguraron que el trayecto era corto, que habría agua, comida y apoyo. Nada de eso existe.
Antes de cruzar la línea, muchos migrantes caminan dos o tres días solo para llegar al punto de cruce, entre México y Estados Unidos. Algunos deben esperar otros tantos días escondidos, consumiendo el agua y los alimentos que lograron cargar. Cuando finalmente se internan en el desierto, ya están agotados.
A eso se suma un negocio más: el kit del cruce. El agente Daniel Hernández explica que los contrabandistas venden uniformes completos de camuflaje, botines con alfombra para ocultar huellas, mochilas, comida, sueros y teléfonos desechables. El precio puede ir de cientos a miles de dólares.
El kit de camuflaje que los coyotes venden a los migrantes impiden ser encontrados, especialmente, cuando necesitan ayuda. / Iliana Cornejo
Ese mismo camuflaje que supuestamente ayuda a esconderse se convierte en un riesgo mortal. “Cuando alguien pide auxilio y está vestido así, es mucho más difícil localizarlo”, advierte Hernández.
El agente Ben Braker agrega que muchos migrantes cargan dos teléfonos: uno personal y otro que sirve para enviar fotos y ubicaciones por WhatsApp al coyote, quien dirige el cruce a distancia. Ya no siempre hay un guía caminando con el grupo. Ahora hay instrucciones remotas, mapas incompletos y promesas vacías.
El cuerpo empieza a fallar mucho antes de lo que los coyotes dijeron. En verano, el termómetro supera los 120 grados Fahrenheit (48.8 grados Celsius). En invierno, algunas zonas del sector registran temperaturas bajo cero y hasta nieve. Hay áreas sin sombra durante kilómetros.
“Somos atléticos y entrenados, pero nosotros regresamos a casa al final del día”, relatan los agentes. “Ellos no”.
El terreno es irregular, pedregoso, lleno de espinas. Hay serpientes de cascabel, escorpiones, pumas, osos y coyotes. La mayoría de los animales evita a las personas, pero el clima y la geografía no dan tregua. Si alguien se queda atrás, el grupo sigue. Dormirse puede ser definitivo.
Un rescate de un migrante por parte de Borstar en el desierto de Arizona, en Tucson. /Iliana Cornejo
Cuando el cruce sale mal, entra en acción BORSTAR, el equipo especializado de búsqueda y rescate de la Patrulla Fronteriza. Son técnicos en emergencias médicas y paramédicos entrenados para operar donde otros servicios no pueden llegar. Tucson alberga el equipo más grande del país.
La mayoría de sus rescates están relacionados con migración irregular, sobre todo en zonas montañosas y extremadamente remotas como Ajo o Casa Grande. En muchos de esos lugares no hay señal de celular. Cuando nadie puede llamar al 911, el silencio se vuelve mortal.
En Tucson hay al menos 34 torres de rescate. / Iliana Cornejo.
Por eso existen las torres de rescate. En el sector de Tucson hay 34. Son estructuras visibles a kilómetros, con luces, sensores y un botón rojo que envía una alerta con ubicación exacta. Nueve cuentan con teléfono satelital.
Cuando alguien presiona ese botón, todavía hay esperanza. En el año fiscal 2026 hasta la primera quincena de diciembre se habían realizado siete rescates directamente ligados a estas torres, dentro de un total de 35 rescates. La mayoría de quienes las usan aún están con vida.
Para quienes desaparecen sin dejar rastro, existe el Programa del Migrante Extraviado, un esfuerzo humanitario que busca prevenir muertes y dar respuestas a las familias. El programa trabaja con consulados, organizaciones no gubernamentales, universidades y médicos forenses. Sus objetivos son: prevenir, localizar, identificar y reunificar. No siempre se logra. A veces solo aparecen restos humanos.
El desierto de Arizona tiene cicatrices de la migración a pesar de la disminución que reportan las autoridades. / Iliana Cornejo
Los agentes lo repiten con una frase que escuchan una y otra vez de los sobrevivientes: “Si hubiera sabido lo que iba a pasar, no lo hubiera intentado”.
Desde Tucson, el mensaje final es directo. Las leyes no han cambiado y cruzar de manera irregular implica detención, proceso legal y deportación. La frontera, aseguran, está hoy más vigilada que nunca.
“No pongan su confianza en los coyotes”, advirtió Sean McIntosh, consejero de Asuntos Públicos de la embajada de Estados Unidos en El Salvador. “Es muy peligroso. Hay vías legales para ingresar”.
En el desierto de Arizona, la mentira dura poco. El paisaje, el clima y el cansancio se encargan de revelar la verdad. A veces, cuando ya es demasiado tarde.
Hay zonas donde la Patrulla Fronteriza hace recorridos en caballo. / Iliana Cornejo
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este domingo que no existe ninguna actividad militar por parte de Estados Unidos en territorio nacional, luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) emitiera advertencias sobre posibles actividades militares en el espacio aéreo cercano a México.
Previo a la presentación del Plan de Justicia para Pueblos de Guanajuato y Querétaro, la mandataria fue cuestionada por medios sobre las supuestas maniobras de aeronaves estadounidenses en la región. A una pregunta directa sobre si estaba al tanto de dichas actividades, Sheinbaum respondió: “Nada, no hay nada… emitió la SICT un comunicado”, en alusión a un comunicado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Cuando un periodista insistió en que no se sabía qué maniobras realizaba Estados Unidos, la presidenta reafirmó: “En territorio nacional, nada”, y se retiró sin ofrecer más detalles.
La reacción de las autoridades mexicanas se produjo después de que la FAA emitiera varios avisos de seguridad (NOTAM), vigentes por 60 días, para operadores aéreos estadounidenses que vuelen sobre México y otras regiones de América Latina. Estos avisos advierten sobre condiciones potencialmente peligrosas relacionadas con actividades militares y posibles interferencias en los sistemas de navegación sobre el océano Pacífico, el Golfo de California y áreas de información de vuelo que abarcan Centroamérica y parte de Sudamérica.
La FAA recomendó a las aerolíneas y pilotos extremar precauciones en esas zonas, aunque no especificó detalles de las actividades ni confirmó que vuelos militares estadounidenses estuvieran operando dentro del espacio aéreo mexicano. Las autoridades aeronáuticas mexicanas han señalado que no existe riesgo ni restricción operativa para la aviación civil nacional y que los avisos tienen un carácter preventivo, sin impacto directo sobre los vuelos de México.
La emisión de estas advertencias se da en un contexto de mayor presencia y operaciones militares estadounidenses en la región, incluyendo zonas del Caribe y del Pacífico oriental, donde anteriormente se han llevado a cabo ataques contra presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico y otras acciones de seguridad.
El Ministerio de Educación de Guatemala anunció este domingo la suspensión de clases a nivel nacional para este lunes 19 de enero, como medida preventiva ante una ola de ataques armados perpetrados por pandilleros contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
El director general de la PNC, comisario David Estuardo Custodio Boteo, confirmó que los ataques dejaron un saldo de siete policías asesinados y 10 agentes heridos por arma de fuego. Además, informó sobre la muerte de un pandillero en el municipio de Chinautla y la captura de otros cinco presuntos integrantes de estructuras criminales.
Los bomberos han confirmado que han existido atentados contra las fuerzas de seguridad en otras tres zonas, siempre en el perímetro de la urbe metropolitana.
“Es doloroso. Causa un sentimiento muy fuerte. Detrás del uniforme hay familias, pero es un riesgo que todos corremos, vamos a seguir trabajando en beneficio de los guatemaltecos”, declaró Custodio durante una conferencia de prensa.
Ante el incremento de la violencia, la ministra de Educación, Anabella Giracca, explicó que la decisión se tomó tras recomendaciones de expertos en seguridad. “En atención a las recomendaciones de expertos en seguridad, he decidido suspender las clases a nivel nacional el día de mañana. En este momento, lo más importante es la seguridad de estudiantes y docentes”, afirmó.
Guatemala ha registrado durante la última semana una escalada de violencia vinculada a motines en centros penitenciarios y ataques directos contra fuerzas de seguridad, atribuidos a la pandilla Barrio 18.
El sábado, reclusos de las cárceles Renovación I, en Escuintla; Fraijanes II, en Fraijanes; y el sector 11 del centro preventivo de la zona 18 de la capital se amotinaron y tomaron como rehenes a varios custodios del Sistema Penitenciario.
De acuerdo con las autoridades, estas acciones buscaban presionar para la restitución de privilegios que los pandilleros han perdido tras el endurecimiento de controles y requisas en los centros carcelarios.
La Policía Nacional Civil retomó este domingo el control de la cárcel Renovación I y logró liberar a los guardias retenidos. Horas después, miembros de la misma estructura criminal perpetraron nuevos ataques armados contra agentes policiales en distintos puntos del país.
El fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, confirmó este domingo que el Departamento de Justicia (DOJ) no abrirá por ahora una investigación sobre el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que mató a tiros a Renee Good en Minneapolis el pasado 7 de enero, al considerar que el funcionario actuó en defensa propia.
Blanche reiteró que no existe base para una investigación penal ni de derechos civiles porque, según la versión oficial, el agente —cuyos actos han sido admitidos por autoridades federales— respondió a una amenaza al intentar atropellarlo con su vehículo, una versión rechazada por familiares y varios testigos del incidente.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado la decisión del Departamento de Justicia como un “asesinato injustificado” y han subrayado que los videos del tiroteo no demuestran que Good intentara usar su automóvil como arma.
La postura del DOJ marca un cambio significativo frente a prácticas de administraciones anteriores que solían abrir de inmediato investigaciones sobre posibles violaciones de derechos civiles en casos de uso de fuerza letal por parte de agentes federales.
La decisión de no investigar ha provocado un choque interno: al menos seis fiscales federales en Minnesota renunciaron en protesta por la falta de una revisión propia del caso, al tiempo que la familia de la víctima ha iniciado una investigación civil independiente con ayuda de abogados especializados en casos de uso excesivo de fuerza.
El tiroteo de Good desencadenó protestas y tensiones políticas en Minneapolis y a nivel nacional, intensificando el debate sobre el papel y el alcance de ICE en operativos de inmigración, y ha generado divisiones entre autoridades estatales y federales sobre transparencia y responsabilidad.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado la creación de una Junta de Paz, un nuevo órgano internacional respaldado por el Consejo de Seguridad de la ONU, que tendrá como objetivo supervisar la implementación de su plan de 20 puntos para Gaza y, eventualmente, intervenir en otros conflictos mundiales.
La iniciativa, calificada por la Casa Blanca como un enfoque “nuevo y audaz” para alcanzar una paz duradera, plantea la formación de una administración transitoria en la Franja de Gaza y el desarme del grupo Hamás.
Trump presidirá personalmente la Junta, y designó como miembros de la Junta Ejecutiva a figuras de alto perfil como el secretario de Estado, Marco Rubio; su yerno Jared Kushner; el enviado especial para Gaza, Steve Witkoff; el ex primer ministro británico Tony Blair; el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga; el director de Apollo Global Management, Marc Rowan; y el asesor Roberto Gabriel.
Entre los países invitados a formar parte del nuevo organismo se encuentran Argentina, Paraguay, Turquía, Egipto, Jordania y Canadá. Los presidentes Javier Milei y Santiago Peña, así como el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan, confirmaron haber recibido la invitación.
Según un borrador filtrado por Bloomberg y The Atlantic, la membresía para integrarse a la Junta tendrá un costo de $1,000 millones, aunque no se detalló en qué serán utilizados esos fondos. Los miembros tendrán un mandato de tres años, renovable únicamente con autorización del presidente estadounidense. Los países que contribuyan con más de $1,000 millones durante el primer año no estarán sujetos a dicho plazo.
Además, Trump tendrá la potestad exclusiva de decidir qué naciones pueden unirse y aprobará o vetará las decisiones tomadas por votación conjunta, según el mismo documento.
La creación de este organismo coincide con la activación de la segunda fase del plan de paz para Gaza, que contempla un gobierno de tecnócratas liderado por el ingeniero Ali Shaaz, al frente del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), acompañado por 15 miembros más.
El anuncio ha generado reacciones encontradas. La relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, criticó el plan y lo calificó como “un intento descarado de imponer los intereses de EE.UU. e Israel”. Mientras tanto, Israel rechazó la propuesta al señalar que no se alinea con su política oficial, según un comunicado del primer ministro Benjamín Netanyahu.
Algunos diplomáticos expresaron temor a que la nueva Junta eclipse al Consejo de Seguridad de la ONU. No obstante, otros actores internacionales han optado por observar con cautela el desarrollo del proyecto, cuya presentación formal se espera la próxima semana en el Foro de Davos, en Suiza.
Un extracto del preámbulo de los estatutos filtrados por The Atlantic justifica la creación del ente afirmando que “una paz duradera requiere juicio pragmático, soluciones sensatas y el valor de alejarse de enfoques que han fracasado”.
Hasta ahora, la Casa Blanca no ha proporcionado más detalles sobre el funcionamiento de la Junta y únicamente ha publicado el listado de integrantes del órgano.
Las fuerzas de seguridad de Guatemala recuperaron este domingo el control total del centro penitenciario Renovación I, ubicado en Escuintla, luego de un violento motín protagonizado por pandilleros que inició la mañana del sábado 17 de enero.
“La Policía Nacional Civil ha retomado el control en la cárcel Renovación I, Escuintla, y ha liberado a guardias que fueron tomados como rehenes. En estos momentos se neutraliza al máximo cabecilla de la pandilla barrio 18, alias ‘Lobo’”, anunció la PNC guatemalteca, al confirmar que no hubo ningún tipo de negociación con los reclusos.
Según el Ministerio de Gobernación (Mingob), nueve custodios habían sido retenidos durante el motín y fueron liberados tras el operativo. Las autoridades enfatizaron que no accedieron a ninguna de las demandas de los privados de libertad, entre ellas el ingreso de encomiendas y visitas conyugales.
El sábado, reos de tres cárceles guatemaltecas —Fraijanes II, Renovación I y el sector 11 del centro preventivo para hombres de la zona 18— se amotinaron de forma simultánea. En respuesta, la Policía Nacional Civil, el Ejército y la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) desplegaron un cerco perimetral para evitar fugas.
Durante el operativo de control se incautó un fusil del Sistema Penitenciario, dos pistolas, municiones escondidas en calcetines y cuatro teléfonos móviles. Además, se inició una requisa en todos los sectores del penal.
En conferencia de prensa, el ministro de Gobernación advirtió que no habrá concesiones. “No se restituirán privilegios a cambio de que depongan sus actos. De ser necesario, se hará uso de la fuerza del Estado para retomar el control de los centros preventivos y de cumplimiento de condenas”, expresó.
El funcionario aseguró que los disturbios fueron parte de acciones organizadas para medir la capacidad del Estado. Reiteró que su gestión buscará “recuperar el control total del sistema carcelario” y eliminar cualquier privilegio indebido dentro de las cárceles guatemaltecas.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reunió este domingo en Jerusalén con el presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, a quien le manifestó su interés en fortalecer los lazos bilaterales y ampliar la cooperación entre ambas naciones.
Durante el encuentro, celebrado en la oficina del mandatario israelí, Netanyahu aseguró que Israel está “reestructurando las relaciones” con Honduras, y destacó su intención de colaborar en sectores como la economía, la agricultura, la tecnología y otras áreas de interés común.
Asfura, por su parte, se mostró optimista ante la nueva etapa entre ambos países. “Estoy convencido de que juntos podremos implementar y liderar la paz y la hermandad”, expresó el mandatario hondureño.
La agenda del presidente electo también incluyó reuniones con el presidente israelí, Isaac Herzog, y con el ministro de Exteriores, Gideon Saar, quien destacó la relevancia del acercamiento político de Israel con América Latina. “La región está viviendo una importante transformación. Países como Honduras se han convertido en aliados de la libertad y defensores de la civilización occidental”, declaró.
Asfura llegó a Israel tras visitar Estados Unidos, con el respaldo del presidente de ese país, Donald Trump. Su gira internacional ocurre días después de que el Consejo Nacional Electoral de Honduras ratificara su triunfo en los comicios del 30 de noviembre, con el 40.27 % de los votos. Le siguieron Salvador Nasralla, con 39.53 %, y Rixi Moncada, con 19.19 %.
El primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump ha estado marcado por un endurecimiento sin precedentes de la política migratoria en Estados Unidos. Con más de 622,000 deportaciones, niveles récord de detenciones y una ofensiva legal contra los programas humanitarios, el Gobierno ha sido señalado por organismos internacionales por el deterioro de las condiciones humanitarias y el uso intensivo de la acción ejecutiva para imponer restricciones.
Si bien la cifra de deportaciones está por debajo de las 778,000 registradas en el último año fiscal completo del gobierno de Joe Biden, expertos advierten que las consecuencias humanas y legales de las nuevas políticas migratorias podrían sentirse durante años.
Para aumentar las cifras de repatriaciones, la Administración expulsó a cientos de migrantes a al menos 14 países distintos al de su origen, entre ellos Camerún, El Salvador, Polonia, Ruanda y Sudán del Sur, una estrategia que ha sido duramente cuestionada en tribunales.
Detenciones históricas y denuncias de abusos
Las detenciones alcanzaron un promedio de más de 73,000 personas bajo custodia, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2001. Según el American Immigration Council, “el Gobierno está encarcelando a cientos de miles de personas —la mayoría sin antecedentes penales— en un sistema de detención severo que hace casi imposible pelear sus casos o lograr la libertad”.
Organismos como Amnistía Internacional y la ACLU han denunciado condiciones inhumanas, hacinamiento y abusos físicos y psicológicos en los centros de detención. El año 2025 fue el más mortífero en al menos dos décadas, con más de 30 fallecidos bajo custodia del ICE.
Fotografía de archivo de agentes de inmigración en una redada. EFE
ICE duplicó su fuerza y cambió tácticas
El número de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aumentó de 10,000 a 22,000 efectivos, muchos desplegados en ciudades demócratas como Chicago y Mineápolis, donde han sido señalados por tácticas violentas y operativos sin identificación.
Desde que Trump regresó al poder, ICE ha realizado al menos 30 redadas con uso de armas de fuego, según el portal especializado The Trace. Además, agentes comenzaron a ocultar su rostro con pasamontañas y utilizar vehículos sin distintivos.
Organizaciones civiles también alertan sobre el arresto de más de 170 ciudadanos estadounidenses detenidos por error en redadas migratorias. ICE ha extendido las detenciones a cortes de inmigración y oficinas del USCIS, afectando incluso a personas que acudían a trámites de naturalización o eran cónyuges de ciudadanos.
Fin de programas humanitarios y amenaza al TPS
El Gobierno lanzó una ofensiva para eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de 11 países, incluyendo Venezuela, Haití y Honduras, así como para anular el programa de ‘parole’ humanitario implementado por la administración Biden.
Como resultado, más de un millón de personas que ingresaron legalmente al país han quedado en riesgo de deportación.
“Inconscientemente están premiando al que fue ilegal y nunca intentó legalizar su estatus; esa gente tiene más beneficios que la persona que trató de hacerlo de la manera correcta”, lamentó el abogado de inmigración Juan Molina, con sede en Houston.
La frontera sur estadounidense reporta menos encuentros de migrantes este año. / archivo.
Frontera más cerrada y caída en los cruces
La eliminación del derecho a solicitar asilo —tanto en puertos como tras cruces irregulares— provocó un desplome en los cruces fronterizos, con un promedio de apenas 9,700 ingresos mensuales, la cifra más baja en cinco décadas.
Las restricciones también alcanzaron la migración legal: se suspendieron visados en 75 países, se paralizó el programa de refugiados y se eliminó la lotería de visas de diversidad y mecanismos de reunificación familiar.
Molina también criticó el lenguaje utilizado por las autoridades: “Cuando entras a la página de USCIS o sus redes sociales, hay un énfasis en ‘defender la nación’, en la idea de invasión y de una cultura homogénea, como si esa fuera la realidad del país”.
El Migration Policy Institute (MPI) registró 38 órdenes ejecutivas firmadas por Trump relacionadas con migración hasta el 7 de enero de este año, lo que representa el 17 % del total emitido en su primer año. En total, el Gobierno ha ejecutado más de 500 acciones migratorias, la mayoría sin pasar por el Congreso.
“El Gobierno impulsó cambios radicales en la política migratoria, sin precedentes por su amplitud y alcance, que han vuelto a EE.UU. más hostil no solo con los indocumentados, sino con migrantes de todos los estatus legales”, concluyó el MPI.
El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, confirmó este sábado que la Santa Sede trabajó para lograr una solución pacífica que evitara un derramamiento de sangre en Venezuela, incluyendo gestiones diplomáticas con el presidente Nicolás Maduro y otros representantes del régimen, antes de su detención por parte de Estados Unidos.
Parolin afirmó, al margen de un acto oficial en el Vaticano, que se intentó alcanzar un acuerdo que también había sido mencionado en algunos periódicos, en referencia a las informaciones del Washington Post sobre esfuerzos vaticanos para facilitar un salvoconducto o un destino negociado para Maduro previo a su captura.
“Habíamos intentado lo que también apareció en algunos periódicos”, dijo Parolin, en alusión a los reportes de que el Vaticano exploró opciones como asilo en Rusia para Maduro antes de que fuera detenido por las fuerzas estadounidenses.
El cardenal reiteró que la Iglesia siempre ha apoyado un camino pacífico para la resolución de la crisis venezolana, aunque reconoció que la situación se enfrentó “ante un hecho consumado”, tras la operación militar estadounidense que culminó con la captura de Maduro y su esposa.
Parolin agregó que en Venezuela ahora existe una situación de “gran incertidumbre” y expresó su deseo de que el país evolucione “hacia la estabilidad y hacia una recuperación económica, porque la situación es muy precaria y la gente sufre”. También subrayó que es “necesaria una democratización del país”.
Aunque el secretario de Estado no proporcionó detalles específicos sobre las gestiones diplomáticas, el diario The Washington Post publicó que el Vaticano, además de buscar posibles rutas de salida para Maduro, pidió a las autoridades estadounidenses paciencia para permitir que se exploraran opciones de asilo, incluso con garantías de seguridad auspiciadas por Rusia.
El papa León XIV se refirió recientemente a la crisis venezolana en su discurso ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, donde instó a que se respete la voluntad del pueblo de Venezuela y se busquen soluciones pacíficas alejadas de “intereses partidistas”.
