Categoría: El Mundo

  • Zelenski aprueba tras críticas el texto del nuevo borrador sobre agencias anticorrupción

    Zelenski aprueba tras críticas el texto del nuevo borrador sobre agencias anticorrupción

    Volodímir Zelenski aprobó este jueves el texto de un nuevo proyecto de ley para garantizar la independencia de las agencias anticorrupción y su protección frente a cualquier influencia rusa, tras las críticas dentro y fuera del país por ratificar el martes una ley que las subordinaba a la oficina del fiscal general, un cargo nombrado directamente por el presidente ucraniano.

    «Acabo de aprobar el texto de un proyecto de ley que garantiza el fortalecimiento real del sistema de aplicación de la ley de Ucrania, la independencia de las agencias anticorrupción y la protección fiable del sistema de orden público frente a cualquier influencia o interferencia rusa. El texto es muy equilibrado», aseguró Zelenski en un mensaje en X.

    Subrayó que «lo más importante es que incluye instrumentos reales, excluye cualquier vínculo con Rusia y defiende la independencia de la NABU y la SAP», la Oficina Nacional Anticorrupción y la Fiscalía Especial Anticorrupción de Ucrania, que habían quedado subordinadas a la oficina del fiscal general.

    Agregó que el proyecto de ley iba a ser presentado este mismo jueves ante la Rada Suprema, el Parlamento ucraniano.

    «Es importante que mantengamos la unidad, añadió. Es importante que preservemos la independencia. Es importante que respetemos la posición de todos los ucranianos y que estemos agradecidos con todos los que apoyan a Ucrania».

  • La BBC y las agencias AP, Reuters y AFP reclaman conjuntamente la entrada de prensa a Gaza

    La BBC y las agencias AP, Reuters y AFP reclaman conjuntamente la entrada de prensa a Gaza

    La radiotelevisión británica BBC y tres grandes agencias de noticias internacionales, la estadounidense Associated Press (AP), la británico-canadiense Reuters y la francesa Agence France-Presse (AFP) reclamaron hoy conjuntamente la entrada de la prensa a Gaza y denunciaron que el hambre amenaza a sus colaboradores.

    «Instamos una vez más a las autoridades israelíes a que permitan la entrada y salida de periodistas en Gaza. Es esencial que la población local reciba alimentos en cantidades suficientes», señalaron esos cuatro medios de comunicación.

    El comunicado recalca que los periodistas independientes que quedan en la Franja y sus familias, como el resto de la población gazatí, tienen cada vez más dificultad para cubrir sus necesidades básicas alimentarias.

    Ellos han sido, recuerdan, «los ojos y los oídos» del mundo en el enclave palestino, pero hacen frente a las mismas «condiciones dramáticas» que cubren.

    «Estamos profundamente preocupados», subrayan, por el hecho de que además de las dificultades y privaciones que implica la cobertura de una guerra, «el hambre amenaza su supervivencia».

    Esta declaración conjunta se emitió después de que el pasado lunes una asociación de periodistas de la agencia AFP denunciara que la situación de sus colaboradores dentro de la Franja de Gaza es insostenible y los están viendo morirse de hambre.

    «Hemos perdido periodistas en conflictos, hemos tenido heridos y prisioneros entre nuestras filas, pero ninguno de nosotros recuerda haber visto morir de hambre a un compañero. Nos negamos a verlos morir«, señaló esa asociación profesional en un comunicado, en el que también señaló que han tratado de sacar sin éxito a los colaboradores del territorio completamente bloqueado por Israel.

  • EE.UU. ordena colocar tobillera electrónica a más de 180,000 inmigrantes bajo vigilancia

    EE.UU. ordena colocar tobillera electrónica a más de 180,000 inmigrantes bajo vigilancia

    El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE)emitió una orden interna para que todos los inmigrantes incluidos en su programa de Alternativas a la Detención lleven una tobillera electrónica con GPS, según reveló este miércoles el diario The Washington Post.

    El documento, fechado el 9 de junio, exige que se coloque este dispositivo de rastreo a cada una de las 183,000 personas inscritas en el programa, siempre que sea posible. Solo se contemplan excepciones como mujeres embarazadas, a quienes se les colocará una muñequera electrónica.

    Actualmente, únicamente 24,000 inmigrantes (13 % del total) usan una tobillera, por lo que esta orden representa una expansión significativa del sistema de monitoreo migratorio. El objetivo del programa es vigilar a inmigrantes que no están detenidos, asegurando que asistan a sus audiencias migratorias y cumplan órdenes de deportación cuando corresponda.

    Desde su regreso a la presidencia en enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado su política de control migratorio, instruyendo a las autoridades a realizar hasta 3,000 deportaciones diarias. Esta nueva directriz sobre el uso de dispositivos electrónicos profundiza esa línea, buscando mantener supervisión constante sobre los inmigrantes en procedimientos administrativos.

    Controversias por el uso de dispositivos electrónicos

    Aunque el uso de tobilleras electrónicas en inmigrantes es visto por ICE como una alternativa más compasiva a la detención, organizaciones de derechos humanos han criticado su implementación por ser intrusiva, estigmatizante y por generar incomodidad física a los portadores.

    Además, varias asociaciones han señalado que estos dispositivos pueden representar una forma de vigilancia constante que viola la privacidad de las personas, aun cuando no están siendo juzgadas por delitos penales, sino por su estatus migratorio.

    El documento citado por The Washington Post advierte que el uso de los dispositivos debe aplicarse “siempre que sea posible”, dando pie a que el ICE amplíe su estrategia de seguimiento incluso en casos sin antecedentes penales.

     

  • Venezuela dice que «ni uno solo» de los que estaban en El Salvador es del Tren de Aragua

    Venezuela dice que «ni uno solo» de los que estaban en El Salvador es del Tren de Aragua

    El titular de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró este miércoles que «ni uno solo» de los 252 migrantes que estuvieron detenidos en El Salvador desde marzo hasta el pasado viernes pertenece o tiene vínculos con la organización criminal transnacional Tren de Aragua, como dijeron EE.UU. y el país centroamericano.

    «No hay ninguno del Tren de Aragua, por cierto, ni uno solo del Tren de Aragua ni vinculaciones con el Tren de Aragua, ni uno solo, (…) cero vínculos», insistió el funcionario durante su programa semanal de televisión, transmitido por el canal estatal VTV.

    Cabello indicó que siete tienen registros de «delitos graves cometidos en sus vidas, pero ningún vínculo con el Tren de Aragua», una banda señalada por la Administración de Donald Trump como terrorista.

    A juicio del también número dos del chavismo, estos jóvenes fueron «estigmatizados porque tenían un tatuaje y porque tenían pinta (aspecto) de latinos».

    «Estaban sometidos a vejámenes, a persecuciones, a malos tratos de todo tipo en un campo de concentración moderno creado por un nazi, un sionista, un miserable como (el presidente salvadoreño) Nayib Bukele».
    Diosdado Cabello, Ministro del Interior de Venezuela.

    Señaló que la «gran mayoría» de los 252 «ya están con sus familias, en sus casas», con «historias vividas y por documentar».

    Estos venezolanos, que estuvieron encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, llegaron a su país el pasado viernes cuando el Gobierno de Nicolás Maduro liberó a un grupo de presos políticos y a diez estadounidenses, como parte de una negociación en la que participó el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.

    Al respecto, Cabello dijo que «si alguien no ha descansado en esto del diálogo» es Rodríguez Zapatero, quien «ha insistido y llama y siempre está en contacto».

    El ministro agregó que continúan las «diligencias» para concretar el retorno de los niños que, según Caracas, están «secuestrados» en EE.UU., tras haber sido separados de sus padres deportados.

    El pasado viernes también llegaron a Venezuela siete de los 31 menores de edad que el Ejecutivo chavista asegura que siguen en territorio estadounidense.

    El lunes, el mandatario Nicolás Maduro acusó a Bukele de haber intentado obstaculizar la salida del segundo avión que trasladó a una parte de los repatriados.

    El fiscal general, Tarek William Saab, anunció ese mismo día una investigación contra Bukele por los presuntos delitos de tortura y tratos crueles contra los migrantes.

  • Industrias señalan a la inseguridad ciudadana como una amenaza creciente en Costa Rica

    Industrias señalan a la inseguridad ciudadana como una amenaza creciente en Costa Rica

    La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) señaló el miércoles que la inseguridad ciudadana es una amenaza creciente para la operación de las empresas en el país, que han tenido que invertir más en el resguardo de sus instalaciones y en ciberseguridad.

    La Encuesta de Perspectivas Empresariales, elaborada por la CICR, reveló que el 70 % de las empresas califican a Costa Rica como “insegura” o “muy insegura”, y solo un 7,2 % considera que se trata de un país «seguro».

    Los robos en instalaciones y los ciberataques fueron los incidentes sufridos más mencionados por los encuestados.

    Además, un 51,4 % señaló que la inseguridad ciudadana afecta negativamente su competitividad, lo que representa un aumento de 7,8 puntos porcentuales con respecto a la medición de 2024 y la ubica como el sexto obstáculo más mencionado.

    “Los resultados reflejan consecuencias que impactan directamente a las empresas y a sus colaboradores, y muestran con claridad que la inseguridad ya no es solo un tema de preocupación social, sino que empieza a afectar directamente la operación, la logística, el acceso al talento y los costos de las empresas. Esto tiene un efecto negativo sobre la competitividad”, afirmó el presidente de la CICR, Sergio Capón.
    El informe muestra que el 64,5 % de las empresas afectadas reportan un aumento en inversiones y en los gastos de seguridad en sus instalaciones; un 61,3 % aumentó sus inversiones en ciberseguridad; y un 9,7 % ha postergado o cancelado planes de inversión por motivos vinculados a la inseguridad.Además, 1 de cada 10 empresas están reportando que ha pospuesto o reducido los planes de expansión en el país debido a la inseguridad.

    Mientras que un 48,6 % de las empresas encuestadas indicaron conocer sobre colaboradores que han sido afectados, principalmente por asaltos en el trayecto de ida y vuelta al trabajo.

    “Los resultados de la encuesta evidencian que la inseguridad no solo afecta a las empresas, sino también a las personas trabajadoras, poniendo en riesgo su bienestar, el de sus familias y la estabilidad del entorno laboral. Esta problemática está generando costos adicionales, impactando el talento humano y comenzando a frenar nuevas inversiones», lamentó Capón.

    El empresario afirmó que el sector privado, el gobierno y otras instituciones deben «articular esfuerzos para abordar la inseguridad de manera integral, conjunta, y como una prioridad nacional”.

    En los últimos años Costa Rica ha experimentado un incremento en los homicidios, lo que las autoridades judiciales han atribuido en más de un 60 % a rencillas entre grupos narcotraficantes.

    En 2024 el país registró 880 homicidios, la segunda cifra más alta de su historia, y alcanzó una tasa de 16,6 por cada 100.000 habitantes. En 2023, Costa Rica sufrió la mayor cantidad de homicidios de su historia con 905, lo que representó un aumento del 38 % en comparación con 2022.

    La encuesta, que tiene un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 3,1 % fue aplicada a 111 empresas del sector industrial formal del 20 de marzo al 20 de junio de 2025.

  • Congreso de EEUU citará al Departamento de Justicia para revelar archivos del caso Jeffrey Epstein

    Congreso de EEUU citará al Departamento de Justicia para revelar archivos del caso Jeffrey Epstein

    El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidosaprobó este miércoles una citación formal al Departamento de Justicia (DOJ) para que entregue todos los archivos relacionados con el caso del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, fallecido en 2019 mientras enfrentaba cargos por operar una red de pedofilia.

    La decisión fue respaldada con ocho votos a favor y dos en contra en el Subcomité Federal de Aplicación de la Ley, con tres legisladores republicanos sumándose a los demócratas. El objetivo es presionar al Departamento de Justicia para divulgar documentos clave sobre la trama de tráfico de menores vinculada al millonario.

    Como parte del proceso, el Comité también citó a declarar a Ghislaine Maxwell, expareja de Epstein y actualmente condenada a 20 años de prisión por tráfico de menores. Maxwell deberá comparecer el próximo 11 de agosto desde la Institución Correccional Federal de Tallahassee, en un testimonio que el Departamento de Justicia facilitará, según confirmó el Comité a NBC News.

    En una carta dirigida a Maxwell, el presidente del Comité, James Comer, justificó su citación indicando que el Congreso tiene la responsabilidad de supervisar el manejo de los casos de trata de personas por parte del gobierno federal y evaluar posibles fallos en la investigación y procesamiento de Epstein y su red.

    “Es imperativo que el Congreso supervise cómo se aplican las leyes contra la trata de personas y se gestionan investigaciones de delitos sexuales de alto perfil”, enfatizó Comer en el documento oficial.

    Evaluarán reformas a acuerdos de no enjuiciamiento

    El Comité también busca evaluar reformas legislativas que fortalezcan la respuesta federal frente a la trata de personas y revisen el uso de acuerdos de no enjuiciamiento y pactos de culpabilidad en casos de delitos sexuales. Como parte de ello, también se solicitará el testimonio de la viuda de Epstein, con el fin de conocer más detalles sobre el alcance de la red criminal que operaba el multimillonario.

    La citación al Departamento de Justicia “se emitirá en el futuro cercano”, y representa un nuevo intento del Congreso por arrojar luz sobre uno de los escándalos de abuso sexual y trata más graves en la historia reciente de Estados Unidos.

     

  • Ucranianos protestan por ley que debilita agencias anticorrupción, la Unión Europea también reclama

    Ucranianos protestan por ley que debilita agencias anticorrupción, la Unión Europea también reclama

    Centenares de ciudadanos salieron el miércoles a las calles de Kiev y otras ciudades de Ucrania para rechazar una controvertida ley aprobada por el Parlamento y ratificada por el presidente Volodímir Zelenski, que debilita la independencia de las agencias anticorrupción al colocarlas bajo control del fiscal general.

    Las protestas, lideradas en su mayoría por jóvenes, incluyeron consignas contra la corrupción y pancartas en las que se exigía al mandatario ucraniano revocar la nueva legislación. Imágenes difundidas por la televisión pública mostraron la amplia movilización en plazas de todo el país.

    En respuesta, Zelenski aseguró en su discurso nocturno que ha escuchado el clamor popular y anunció que propondrá al Parlamento un nuevo proyecto de ley para restituir los poderes de los organismos anticorrupción y eliminar cualquier posible injerencia rusa en esas instituciones.

    El presidente también se comprometió a presentar, en un plazo de dos semanas, un plan nacional de lucha contra la corrupción.

    Reacción internacional

    La reacción internacional no se hizo esperar. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, solicitó explicaciones directas a Zelenski por la polémica reforma. Así lo confirmó el comisario europeo de Democracia y Estado de Derecho, Michael McGrath, tras una reunión informal del Consejo de Ministros de Justicia de la UE en Copenhague.

    “Von der Leyen expresó su profunda preocupación y pidió explicaciones”, dijo McGrath, quien subrayó que la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especial Anticorrupción (SAP) son pilares fundamentales para el Estado de derecho en Ucrania.

    Agregó que estos organismos deben preservar su autonomía para mantener la confianza ciudadana y avanzar en el proceso de adhesión a la Unión Europea.

    El comisario fue tajante al afirmar que no puede haber retrocesos en los avances logrados por Ucrania en materia de transparencia, y calificó como “muy preocupante” la subordinación de las agencias al fiscal general nombrado por la Presidencia.

    La ley fue aprobada con los votos del partido oficialista de Zelenski y ha sido ampliamente cuestionada por ONG nacionales e internacionales, que consideran que representa una erosión de los controles al Ejecutivo. Algunas organizaciones aseguran que esta medida podría usarse para proteger a personas cercanas al presidente de futuras investigaciones por corrupción.

    La situación se agravó luego de que el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ejecutara redadas contra la NABU, deteniendo a dos altos funcionarios acusados de supuesta colaboración con Rusia. Estas acciones fueron percibidas como un ataque directo a la independencia institucional.

    Diversos gobiernos europeos, entre ellos Alemania y Suecia, sumaron sus críticas a las reformas. ONG proeuropeas que antes respaldaban a Zelenski ahora lo acusan de querer controlar los entes que investigan casos de corrupción, incluso dentro de su círculo cercano.

     

  • Tribunal de apelaciones declara inconstitucional orden de Trump que elimina ciudadanía por nacimiento

    Tribunal de apelaciones declara inconstitucional orden de Trump que elimina ciudadanía por nacimiento

    Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos falló este miércoles en contra de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pretendía eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, considerando que dicha acción viola la Constitución.

    La decisión, emitida por el Noveno Circuito de Apelaciones en California, respalda un fallo anterior de una corte de menor instancia que ya había declarado la medida como inconstitucional. “Estamos completamente de acuerdo”, escribieron los jueces en una votación de 2-1 contra la orden.

    La demanda fue impulsada por los estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregón, todos gobernados por demócratas. Esta es la primera vez que un tribunal de apelaciones se pronuncia formalmente sobre la controvertida política migratoria impulsada por Trump, quien firmó el decreto en su segundo día como presidente, en enero de 2025.

    El tribunal concluyó que negar la ciudadanía a niños nacidos en territorio estadounidense, incluso si sus padres son indocumentados o poseen visas temporales, contradice directamente la Enmienda 14 de la Constitución, ratificada en 1868, que establece que toda persona nacida en EE.UU. es ciudadana del país.

    Afectaciones a estados y servicios públicos

    El fallo subraya que la orden ejecutiva generaría “daños irreparables” a los estados demandantes, quienes dejarían de recibir reembolsos federales por servicios sociales y de salud brindados a menores que ya no serían considerados ciudadanos. Además, la implementación del decreto habría representado un alto costo administrativo para los gobiernos estatales.

    Esta decisión judicial se da pocas semanas después de que la Corte Suprema de EE.UU. limitara el alcance de las medidas cautelares a nivel nacional. Sin embargo, el tribunal aclaró que sí se permiten excepciones para demandas colectivas o cuando un estado demuestra la necesidad de una medida nacional, como en este caso.

    La orden de Trump pretendía revocar la ciudadanía por nacimiento a hijos de inmigrantes indocumentados y de migrantes con estatus temporal, una medida que fue ampliamente criticada por violar derechos constitucionales fundamentales.

    Con este nuevo fallo, la política migratoria de Trump enfrenta otro revés judicial en medio de crecientes tensiones entre el Ejecutivo y las cortes federales.

  • Más de 250 extranjeros con antecedentes penales detenidos en operativos en Colorado

    Más de 250 extranjeros con antecedentes penales detenidos en operativos en Colorado

    Más de 250 inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales, incluyendo traficantes de drogas y pandilleros, fueron detenidos en un operativo de más de una semana en la zona de Denver (Colorado), anunciaron este miércoles por separado el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y las autoridades locales.

    Según ICE, sus agentes arrestaron a 243 inmigrantes en el área metropolitana de Denver del 12 al 20 de julio, enfocándose en “asesinos, traficantes de personas y delincuentes sexuales infantiles”. Todos ellos, dice ICE, “ya están acusados o han sido condenados por delitos penales» después de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos.

    “Muchos de los delincuentes extranjeros arrestados por el ICE durante esta operación habían sido liberados previamente en el área metropolitana de Denver por las cárceles de los condados locales, directamente en la comunidad,” puntualizó en declaraciones preparadas Robert Guadian, director de la Oficina de Campo de Denver de Operaciones de Detención y Deportación del ICE.

    Entre los detenidos figuran cinco inmigrantes buscados o condenados por delitos sexuales, nueve acusados o condenados por delitos relacionados con las drogas, 13 acusados o condenados por agresión, ocho acusados o condenados por cargos de robo y 17 con cargos o condenas relacionados con conducir bajo la influencia del alcohol.

    La mayoría de los detenidos proviene de México, seguido por Venezuela, otros países de América Latina, y números menores de países de Asia y África, y de dos países europeos (España y Rumania).

    Según el comunicado, 50 de estos inmigrantes “ya están sujetos a órdenes de expulsión”, cuatro fueron identificados como integrantes del Tren de Aragua, dos como miembros de carteles mexicanos, y otros tres como pertenecientes a otras organizaciones criminales internacionales.

    Entre los casos destacados por ICE figura el de Blanca Ochoa Tello, mexicana de 36 años, quien, en el momento del arresto, transportada unas 20.000 pastillas de fentanilo en su vehículo, y el de Nicolás Díaz Hernández, mexicano de 51 años, previamente condenado por identidad falsificada, distribución de sustancias controladas y conspiración para distribuir una sustancia controlada para un cartel mexicano.

    Por su parte, el fiscal general de Colorado, Phil Weiser, informó que policías locales y agentes federales desmantelaron una red de narcotraficantes mexicanos que desde agosto de 2024 hasta mayo de este año distribuían cocaína “de a kilogramos” en la zona de Denver.

    El anuncio se realizó luego de que un jurado especial presentara en total 28 cargos contra los 11 sospechosos, todos ellos mexicanos, quienes, junto con dos hombres estadounidenses, “vendieron, compraron o conspiraron para distribuir sustancias ilícitas, a saber, cocaína.”

    Según la fiscalía, la banda era dirigida por Julio Gutiérrez Hernández y Daniel Efraín Mendoza Barragán. En agosto del año pasado y durante los siguientes nueve meses, un agente encubierto compró cocaína a los ahora acusados y comprobó una transacción de más de 2 kilogramos de esa sustancia entre Gutiérrez Hernández y Mendoza Barragán.

    Los arrestos impidieron una transacción aún mayor, de 9 kilogramos.

    Según el Grupo de Trabajo del Norte de Metro Denver (una red policial antidrogas), los operativos permitieron “desmantelar el liderazgo y las cadenas de suministro de esta organización de narcotráfico que operaba aquí mismo, en nuestro propio territorio”.

  • Macron demanda en EE.UU. a la ‘influencer’ que dijo que la primera dama francesa es un hombre

    Macron demanda en EE.UU. a la ‘influencer’ que dijo que la primera dama francesa es un hombre

    El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, presentaron este miércoles una demanda por difamación en Estados Unidos contra la influencer conservadora Candace Owens, a quien acusan de lanzar una campaña de desinformación que incluye la afirmación de que la primera dama “es un hombre”.

    La querella fue presentada ante un tribunal en el estado de Delaware y contiene 22 cargos. El documento acusa a Owens de promover declaraciones falsas con el objetivo de monetizar su plataforma independiente y obtener notoriedad pública a costa del honor de la pareja presidencial francesa.

    “Cada vez que los Macron salen de su casa, lo hacen sabiendo que innumerables personas han oído, y muchos creen, estas viles invenciones. Es invasivo, deshumanizante y profundamente injusto”, reza el escrito judicial.

    Entre las acusaciones, se incluye la difusión de la mentira de que Brigitte Macron nació con el nombre de Jean-Michel Trogneux —nombre real del hermano de la primera dama— y que habría realizado una transición de género, algo que la pareja presidencial califica como totalmente falso y difamatorio.

    La demanda detalla que Owens ignoró al menos tres solicitudes formales para retractarse, pese a que se le presentaron pruebas que certifican que Brigitte nació mujer, bajo el nombre de Brigitte Trogneux.

    El documento de 219 páginas incluye publicaciones de redes sociales, capturas de pantalla del sitio web de la influencer y artículos promocionales relacionados con la campaña de difamación, como camisetas que simulaban una falsa portada de la revista Time con Brigitte Macron bajo el título “Hombre del año”.

    El matrimonio Macron solicita una compensación económica por daños reales y punitivos, así como el reembolso de los costos legales y cualquier medida adicional que el tribunal considere apropiada.