Unas cartas enviadas a menores inmigrantes por la Administración Trump, que los instan abandonar inmediatamente Estados Unidos pese a haber entrado legalmente al país y amenazan con deportaciones, multas y procesos penales, horrorizan a familias y líderes civiles de Illinois
«Es hora de que salgas de Estados Unidos», señala la primera línea de una de las cartas que han recibido los menores a su nombre.
«Actualmente te encuentras aquí porque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) te otorgó un permiso de entrada condicional a Estados Unidos por un período limitado. El DHS está ejerciendo su discreción para cancelar tu permiso de entrada condicional, o ya lo ha hecho», agrega.
«Si no sales de Estados Unidos de inmediato, estarás sujeto a posibles medidas policiales que resultarán en tu deportación», agrega la carta, que amenaza a los niños con un posible proceso penal, multas civiles y sanciones.
«No intentes permanecer ilegalmente en Estados Unidos; el Gobierno federal te encontrará», concluye de manera ominosa.
«Esta es una barbaridad, algo nunca visto o imaginado por todos lo que nos dedicamos a la defensa de los indocumentados», declaró a EFE la pastora Julie Contreras, del santuario United Giving Hope, que tiene sede en la ciudad de Waukegan, Illinois, 74 kilómetros al norte de Chicago.
El país más poderoso del mundo
«Imaginen qué pasa por la cabeza de un niño al recibir una carta de este tipo de parte del Gobierno del país más poderoso del mundo, que les niega el permiso humanitario. Esto es muy grave y fuerte», agregó.
Decenas de niños del área de Waukegan, que hacen parte de aquellos que cruzaron sin sus padres la frontera, en este caso mayoritariamente de México, recibieron cartas de deportación. Todos ellos ingresaron legalmente al país en 2014 bajo un programa humanitario como «menores no acompañados» y posteriormente se reunieron con sus padres indocumentados u otros familiares que ya vivían en Estados Unidos.
A pesar de la reunificación, los menores no pueden ser representados legalmente por sus padres en un tribunal de inmigración, por la forma en que ingresaron al país, y dependen de abogados defensores que han visto su trabajo reducido por falta de recursos.
Según Contreras, las cartas pueden ser un cambio «preocupante y alarmante», porque ahora se buscaría despojar a los niños de las protecciones de asilo, incluso a aquellos con solicitudes pendientes, y acelerar la deportación de menores sin el debido proceso.
«Estos niños no son los criminales que Trump afirmó que el ICE perseguiría. Son víctimas de violaciones de derechos humanos y están siendo aterrorizados. Incluso si el ICE no los busca de inmediato, la sola amenaza les causa un grave trauma psicológico», dijo.
Tres de esos niños, acompañados de madres o tías, buscaron la protección de «santuario» en la iglesia de Contreras. Un cuarto fue dejado solo al cuidado de la iglesia porque sus padres tienen miedo. «Estados Unidos está perdiendo su humanidad, las iglesias y otros santuarios ya no ofrecen garantías», afirmó la pastora.
El silencioso desmantelamiento legal
La ley de inmigración establece que los menores no acompañados que llegan a la frontera sin un padre o tutor legal deben recibir protección especial: son puestos bajo el cuidado de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR, en inglés) y se les otorga un permiso humanitario mientras se procesan sus casos.
Pero en los últimos meses, defensores de los migrantes y abogados afirman que el sistema se está desmantelando silenciosamente.
Cada vez más menores no acompañados ven revocado su permiso humanitario y son encarcelados en procesos migratorios donde no tienen ninguna capacidad para defenderse, dijo a medios locales Davina Casas, pastora y líder de la Organización Monarquía, de Chicago.
Casas explicó que en marzo la Administración Trump recortó los fondos para abogados de menores no acompañados, y sólo tras una demanda de once grupos defensores se restablecieron temporalmente por orden judicial, aunque el caso sigue abierto.
Los grupos sostienen que, según una ley contra la trata de 2008, el Gobierno debe ofrecer asistencia legal y garantizar la repatriación segura de los niños, pero Casas duda que, incluso con fondos restablecidos, la demanda pueda ser cubierta.
En abril pasado, los tribunales de inmigración ordenaron la deportación de más de 8,300 niños de 11 años o menos. Desde que Trump asumió el cargo en enero, los jueces han ordenado la deportación de más de 53.000 niños inmigrantes, según TRAC (Transactional Records Access Clearinghouse), una organización adscrita a la Universidad de Syracuse.
La mayoría de estos niños están en edad de escuela primaria o son menores. Aproximadamente 15,000 tenían menos de 4 años y otros 20,000 entre 4 y 11 años. Los adolescentes también se han visto afectados, con 17,000 de ellos deportados.
