El representante para América Central de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Andrés Sánchez Thorin, afirmó esta semana que en Nicaragua “se han eliminado” las garantías fundamentales de los derechos humanos mediante una serie de reformas legales, incluida una “profunda” modificación constitucional.
En una declaración enviada a EFE tras la presentación del informe de la ONU sobre Nicaragua en Ginebra, Sánchez Thorin alertó que el país ha vivido desde 2024 un proceso de transformación preocupante, en el que, “reforma tras reforma, incluyendo una reforma constitucional casi completa en 2025”, el poder se ha concentrado en el Ejecutivo dirigido por la pareja dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Por medio de estas reformas, hoy se facilita que cualquier persona vista como crítica al gobierno, incluso sus familiares, pueda ser blanco de represalias y ser detenida”, denunció el funcionario.
El informe, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, documenta entre junio de 2024 y junio de 2025 al menos 75 personas encarceladas por razones políticas, 16 casos de tortura —incluyendo violencia sexual— y 31 desapariciones forzadas. También se registraron 52 casos de denegación arbitraria de reingreso y 156 expulsiones sin acceso a recursos legales.
El representante de OACNUDH subrayó que “cientos de nicaragüenses han sido expulsados, desnacionalizados o simplemente se les ha negado el reingreso a su propio país”, provocando exilio forzado, apatridia y separaciones familiares.
Además, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua denunció que la represión del régimen de Ortega y Murillo se extiende incluso a opositores en el exilio, e instaron a otros Estados a presentar demandas ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya.
Según los casos documentados, al menos 452 personas quedaron en condición de apatridia entre febrero de 2023 y septiembre de 2024. Los expertos señalaron que muchas de estas personas fueron despojadas de su nacionalidad sin proceso legal alguno.
Sánchez Thorin también advirtió sobre el debilitamiento sistemático de la sociedad civil. Desde 2018, “ocho de cada diez organizaciones han sido canceladas o forzadas a cerrar”, muchas de ellas de carácter religioso, y sus bienes han sido confiscados.
A esto se suma “una reforma del sistema electoral que pone en serio peligro el pluralismo político y, con ello, el derecho fundamental a participar en la vida democrática del país”.
El funcionario lamentó la decisión de Nicaragua de marginarse del Consejo de Derechos Humanos y de los mecanismos internacionales: “No es una señal positiva para la promoción y protección de los derechos humanos”.
Finalmente, exhortó al gobierno de Ortega a retomar la vía del diálogo.
“Es crucial que Nicaragua retome el diálogo y la cooperación, aprovechando el Examen Periódico Universal que está en curso. Desde nuestra Oficina, seguimos dispuestos a colaborar con Nicaragua y brindar apoyo técnico para contribuir al avance del país en derechos humanos”, concluyó Sánchez Thorin.
