Un tribunal federal de Argentina ordenó este martes a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros ocho exfuncionarios y empresarios pagar $537 millones como parte de la ejecución de la sentencia por corrupción en la causa conocida como “Vialidad”.
El Tribunal Oral Federal número 2 (TOF 2) determinó que los condenados deben cubrir 685,000 millones de pesos, equivalentes a $537 millones, por el “grave daño al erario público” ocasionado durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).
La resolución judicial señala que Fernández deberá abonar en efectivo su parte del monto total en un plazo de diez días hábiles, mediante un depósito en una cuenta judicial del Banco de la Nación Argentina. Si no lo hace, se procederá con el remate de las propiedades embargadas a su nombre.
Además de la expresidenta, también fueron condenados a realizar el pago el empresario Lázaro Báez y los exfuncionarios José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe. Todos ellos se encuentran actualmente en prisión.
El monto fue establecido tras una pericia oficial de contadores públicos que desestimó los cálculos presentados por la defensa de Fernández, la cual proponía un reintegro de apenas 42,000 millones de pesos, equivalente a unos $33 millones.
Se prevé que los condenados, incluida Fernández, presenten recursos para apelar el fallo emitido por el TOF 2.
Desde el mes pasado, la exmandataria cumple prisión domiciliaria tras la ratificación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la condena que le impuso seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La Justicia argentina determinó que Fernández debe permanecer en la misma residencia donde cumple su arresto domiciliario, portar una tobillera electrónica y limitar las visitas a un listado previamente aprobado. Las frecuentes manifestaciones de simpatizantes peronistas en las inmediaciones han generado molestias entre vecinos, pero los jueces rechazaron un cambio de lugar de reclusión.
