La Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha emitido un nuevo memorando que autoriza la deportación de migrantes a terceros países, incluso si estos no han ofrecido garantías diplomáticas de protección contra persecución o tortura, reveló este domingo el diario estadounidense The Washington Post.
El medio cita una orden firmada por el director interino de ICE, Todd M. Lyons, que da luz verde a las expulsiones inmediatas tras una decisión de la Corte Suprema, que en junio levantó una restricción judicial que exigía procesos más rigurosos para este tipo de remociones.
Según el documento, los migrantes pueden ser informados con tan solo 24 horas de antelación, e incluso con apenas seis horas en “circunstancias urgentes”, antes de ser enviados a un país diferente al de su nacionalidad, aunque no haya garantías de seguridad.
La política rompe con la práctica histórica de no deportar a personas a países donde podrían ser perseguidas o torturadas. El memorando establece que si el Departamento de Estado considera “creíbles” ciertas garantías diplomáticas, ICE podrá proceder con la deportación sin procesos adicionales.
En casos sin dichas garantías, los agentes no estarán obligados a preguntar si el migrante teme ser enviado a ese país. Aun así, si el migrante expresa temor, será evaluado bajo los criterios de la Convención contra la Tortura y otras leyes humanitarias, aunque la evaluación se hará, generalmente, en un plazo de 24 horas.
Abogados de migración denuncian riesgo masivo
The Washington Post cita a organizaciones como la National Immigration Litigation Alliance, que litiga en nombre de migrantes afectados, han denunciado que esta política pone en grave riesgo a miles de personas, muchas de ellas con permisos de trabajo, familias en EE.UU. y que no han podido ser deportadas a sus países de origen por riesgo de daño.
“Pone miles de vidas en riesgo de persecución y tortura”, advirtió Trina Realmuto, directora ejecutiva de la organización.
El nuevo marco legal también afecta a migrantes con órdenes de deportación a países que no cooperan con EE.UU., como Cuba o China, y ahora podrían ser enviados a naciones alternas, incluso si no tienen vínculos familiares, culturales o lingüísticos allí.
Uno de los casos más notorios es el de Kilmar Abrego García, un salvadoreño que fue deportado ilegalmente a El Salvador pese a una orden judicial que lo prohibía. Posteriormente, y por orden de la Corte Suprema, el gobierno se vio obligado a traerlo de vuelta a EE.UU., aunque ahora sus abogados temen que pueda ser enviado a un tercer país.
ICE refuerza expulsiones en la era Trump
Desde la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, la política migratoria ha endurecido los procedimientos de expulsión. Bajo su mandato, migrantes han sido deportados a regiones peligrosas como Sudán del Sur o megacárceles en El Salvador, incluso sin autorización judicial.
Simon Sandoval-Moshenberg, abogado en una demanda federal en Maryland, denunció que la política descrita en el memorando de Lyons es “claramente insuficiente” para garantizar derechos básicos.
En su disenso judicial, la magistrada Sonia Sotomayor advirtió que la decisión de la Corte Suprema deja sin defensa a personas vulnerables.
“En asuntos de vida o muerte, lo prudente es proceder con cautela. Aquí, el Gobierno ha tomado el camino opuesto”, escribió Sotomayor.
Hasta ahora, ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no han detallado cuántas personas serían afectadas por esta medida, pero abogados migratorios aseguran que se trata de “miles y miles de inmigrantes” que ahora corren el riesgo de ser expulsados a países donde podrían enfrentar violaciones de derechos humanos.
