Categoría: El Mundo

El primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, han anunciado un acuerdo para el intercambio de migrantes que deberá entrar en vigor en las «próximas semanas» y que han calificado de «innovador».

«Los migrantes que lleguen en pateras serán detenidos y devueltos a Francia. A cambio de cada retorno, se permitirá la entrada de una persona (solicitante de asilo en Francia) por una ruta segura, controlada y legal sujeta a estrictos controles de seguridad y solo disponible para quienes no hayan intentado entrar a Reino Unido de forma ilegal», ha explicado Starmer en rueda de prensa.

Por su parte, el presidente francés ha resaltado junto a Starmer que el objetivo es mejorar la cooperación con los países de origen y desmantelar las redes de tráfico de personas, atacando las «causas profundas» de la inmigración ilegal».

Asimismo, Macron ha expresado que Reino Unido no ha firmado ningún acuerdo migratorio con la Unión Europea desde el Brexit, por lo que había un vacío legal sobre cuestiones migratorias y ha instado a fortalecer la cooperación con otros países, como Grecia o España.

Reino Unido y Francia han suscrito posteriormente una declaración en la que resaltan que «la crueldad de las bandas organizadas que trafican personas a través del canal de la Mancha» pone «en grave riesgo la vida» y «perjudica a ambas sociedades».

El acuerdo migratorio, según el texto, prevé «un principio de equivalencia entre el número de readmisiones a Francia y el número de admisiones legales a Reino Unido», mientras que «complementa» a la «cooperación europea en materia de migración irregular».

«El acuerdo se finalizará y firmará tras completar un examen jurídico previo con total transparencia y entendimiento con la Comisión (Europea) y los Estados miembros de la UE, dado que esta iniciativa está relacionada con una frontera exterior de la UE», reza el escrito.

París y Londres han resaltado así que utilizarán «todas las herramientas» a su disposición, «incluyendo las existentes y las nuevas, para combatir el tráfico de personas, la trata de personas y la delincuencia organizada relacionada con la inmigración».

Acuerdo Nuclear 

Por otro lado, ambos países han llegado a un acuerdo para «profundizar su coordinación en materia nuclear», un pacto que implica la creación de un grupo conjunto encargado de cooperar en «políticas, capacidades y operaciones nucleares».

«Nuestras fuerzas nucleares son independientes, pero pueden coordinarse y contribuyen significativamente a la seguridad general de la Alianza, así como a la paz y la estabilidad de la zona euroatlántica», han resaltado en un segundo comunicado.

De la misma forma, han reafirmado su «pleno apoyo al Tratado sobre no proliferación de armas nucleares». «Nos coordinaremos cada vez más estrechamente para defender y reforzar la arquitectura internacional de no proliferación», han indicado.

Los periodistas nicaragüenses que ejercen la profesión desde el exilio, principalmente en Costa Rica, temen por su seguridad tras el asesinato a tiros del opositor nicaragüense desnacionalizado Roberto Danilo Samcam Ruiz, un mayor en retiro del Ejército naturalizado español, advirtió la ONG Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), con sede en San José, en un informe divulgado este jueves.

«El asesinato del analista político y exmilitar nicaragüense Roberto Samcam ha provocado un profundo impacto entre periodistas nicaragüenses en el exilio, en particular entre quienes han mantenido una postura crítica contra el Gobierno desde fuera del país», señaló la FLED en su informe.

Ese organismo, que forma parte de la red regional Voces del Sur, aseguró que la noticia de ese crimen, sucedido el pasado 19 de junio, en San José, donde estaba refugiado desde 2018, «encendió nuevas alertas dentro del gremio periodístico» nicaragüense en el exilio.

«De inmediato, varios comunicadores comenzaron a implementar medidas de seguridad personal: algunos han optado por dejar de asistir a encuentros comunitarios o evitar apariciones en espacios públicos, mientras otros han limitado su presencia en redes sociales y medios de comunicación», afirmó la FLED.

«La preocupación por su integridad física ha aumentado considerablemente, así como la percepción de vulnerabilidad en los países que los acogen, especialmente en Costa Rica, donde reside un importante número de periodistas exiliados», sostuvo.

Periodistas quieren reubicarse en otro país

El informe cita el testimonio de un periodista que ha decidido no salir de su casa después de ese crimen, y el de una reportera que le pidió al dueño de la vivienda que renta que instale cámaras de seguridad.

Ese organismo anotó que, «ante el incremento de la percepción de riesgo, un grupo de periodistas exiliados ha comenzado a gestionar trámites para reubicarse en países considerados más seguros, como España».

«Esta decisión surge del temor creciente a que las redes de vigilancia y persecución del Gobierno nicaragüense estén cruzando fronteras (A Costa Rica), extendiendo su alcance incluso en territorios de acogida», explicó la ONG.

Para la FLED, el asesinato de Samcam «ha sido interpretado por muchos como una advertencia directa para quienes, desde el exilio, han seguido ejerciendo el periodismo o denunciando las violaciones de derechos humanos en Nicaragua».

«Lejos de ser un hecho aislado, el crimen ha encendido alarmas sobre la posibilidad de que la represión trascienda el territorio nacional y ponga en peligro a quienes han optado por seguir denunciando las violaciones a derechos humanos en Nicaragua», advirtió el organismo.

El caso Samcam

El Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica (OIJ) ha dicho que investiga el atentado que acabó con la vida de Samcam, ocurrido el 19 de junio pasado en el cantón de Moravia, en San José, cuando un hombre «habría ingresado en un condominio» donde vivía la victima y «sin mediar palabra alguna había presuntamente disparado en contra del ofendido en múltiples ocasiones, logrando impactarlo en el tórax y extremidades».

Samcam, un fuerte crítico con el Gobierno nicaragüense y con el Ejército de Nicaragua, se exilió en Costa Rica desde julio de 2018 por razones de seguridad, y fue naturalizado español luego de que las autoridades nicaragüenses lo despojaran, junto a otras 93 personas, de su nacionalidad y de sus bienes tras acusarlo de «traición a la patria».

Había denunciado al Ejército «como partícipe de la represión y las ejecuciones extrajudiciales cometidas desde 2018» en Nicaragua, así como una red de espionaje del régimen sandinista contra opositores nicaragüenses refugiados en Costa Rica.

El mayor en retiro Samcam, ingeniero industrial de profesión, con estudios de maestría en Geopolítica y Administración de Empresas, era un activo comentarista sobre la situación política de su país en medios de prensa nicaragüenses en el exilio, y autor del libro ‘Ortega, el calvario de Nicaragua’.

La familia de Samcam ha pedido a Estados Unidos y España que se involucren, junto a Costa Rica, en la investigación sobre ese crimen.

El alcalde del municipio hondureño de San Isidro, Francisco Martínez, quien aspiraba a la reelección por el opositor Partido Nacional, fue hallado muerto en las cercanías de un campo de fútbol en la ciudad de Siguatepeque, en la zona central del país, informó este jueves una fuente oficial y familiares.

Según versiones preliminares, Martínez fue obligado el miércoles a subir por la fuerza a un vehículo y, horas después, su cuerpo sin vida fue abandonado en el lugar del hallazgo.

Su cadáver fue trasladado esa misma noche al Departamento de Medicina Forense del Ministerio Público, en Tegucigalpa, para realizarle la autopsia. El cuerpo fue entregado este jueves a sus familiares, quienes claman por justicia y piden que el asesinato no quede en la impunidad.

“No sabíamos que tenía enemigos. No entendemos qué fue lo que pasó, ni por qué lo mataron”, expresó a la prensa una prima del alcalde, quien solicitó mantenerse en el anonimato.

Las autoridades aún no han determinado el móvil del crimen. No obstante, el portavoz de la Secretaría de Seguridad, Miguel Martínez, declaró a medios locales que no se descarta que el asesinato esté vinculado a «una venganza o a un motivo personal».

La muerte de Francisco Martínez ocurre en el marco de las elecciones generales que se celebrarán en Honduras el 30 de noviembre próximo.

En los comicios, más de seis millones de hondureños elegirán al nuevo presidente del país, tres vicepresidentes, 128 diputados al Congreso Nacional, 20 al Parlamento Centroamericano con sus respectivos suplentes y 298 corporaciones municipales.

Un juez federal de New Hamshire bloqueó con carácter nacional la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento, que anunció en su segundo día en el poder y ha resultado ser una de las más polémicas.

«Privar de la ciudadanía estadounidense en un cambio abrupto de una política de larga data, y provoca daños irreparables», dijo en la lectura del fallo el juez Joseph Laplante quien, sin embargo, declaró una pausa de siete días en su decisión para permitir al Gobierno apelar su fallo, según recoge el caso tramitado como una demanda colectiva por la Unión de Libertades Civiles (ACLU).

La orden ejecutiva debía entrar en vigor el próximo 27 de julio, después de que el Tribunal Supremo invalidara otras órdenes de bloqueo parecidas emitidas por jueces estatales con el argumento de que no podían bloquear órdenes con alcance federal, en lo que se consideró un fallo de enorme trascendencia jurídica ante la «barrera» de decisiones judiciales que se han opuesto a las políticas de Trump.

El fallo de Laplante a la moción presentada por «Barbara y otros» señala que los demandantes «pueden sufrir un daño irreparable si no se otorga la orden (de bloqueo)».

Este mismo juez ya se había opuesto en otro fallo de febrero a la misma orden ejecutiva, pero limitando el alcance de su fallo solo a los miembros de varias organizaciones y no con carácter universal, y alegó entonces que la orden de Trump violaba la 14 enmienda constitucional.

Según la primera interpretación, el fallo de Laplante se refiere a «los niños existentes y los futuros» que se verían afectados por la orden ejecutiva, pero no menciona a sus padres, como habían solicitado los demandantes.

La peticionaria principal, Barbara (sin que se revelen sus apellidos), es una ciudadana hondureña que está pendiente de una solicitud de asilo y que espera a un primer hijo en octubre de este año que nacería en territorio estadounidense.

La demanda recuerda que la nacionalidad por nacimiento es un «tesoro» garantizado por la enmienda 14 de la Constitución y por una larga jurisprudencia.

La administración de la Cámara Baja del Parlamento alemán ordenó a varios diputados retirar las banderas LGTBI de las puertas y las ventanas de sus oficinas, una medida que ahonda en la polémica creada por la presidenta del ‘Bundestag’ sobre este tipo de símbolos en la institución.

La diputada socialdemócrata Lisa Seitzl calificó en declaraciones al diario ‘Der Tagespiegel’ la medida de «cacería» contra la bandera del orgullo de la diversidad sexual y de género.

Seitl recibió una llamada de la administración del Bundestag que le ordenó retirar dos banderas de su oficina aludiendo al reglamento interno de la Cámara Baja presidida por la conservadora Julia Klöckner.

«No estoy segura de que las banderas pudieran verse desde fuera, pero ese fue el argumento», dijo la diputada, que calificó el hecho de «un poco ridículo».

«Me gustaría que la Policía responsable del Bundestag se ocupara de problemas relevantes para la seguridad en lugar de hacer una cacería contra banderas igualitarias «, agregó.

La diputada Stella Merendino, del partido La Izquierda, recibió una llamada de la Policía del Parlamento para que retirara una bandera que tenía colgada en una ventana que daba a un patio interior.

Mathias Paul, portavoz de la presidenta del Bundestag, aseguró que se trataba de una medida rutinaria y que no afectaba sólo a las banderas igualitarias.

«No se trataba de controlar específicamente las banderas igualitarias. Otras banderas o insignias también se han visto afectadas», dijo Paul.

Sin embargo, algunos diputados temen que se trate de una acción concreta contra la bandera LGTBI que lleva los colores del arco iris y representa la aceptación de las minorías sexuales.

Klöckner decidió recientemente que la bandera igualitaria no se izaría en el Bundestag con motivo del desfile del orgullo gay en Berlín como había sido costumbre desde hace años.

Además, la presidenta de la Cámara Baja germana prohibió a los empleados del Bundestag participar como representantes de la institución al desfile berlinés.

El canciller alemán, Friedrich Merz, defendió a raíz de esta polémica en un programa de televisión a Klöckner, que pertenece, como él, a la Unión Cristianodemócrata (CDU).

Merz dijo que la Cámara Baja no era «una carpa de circo» en donde se podían izar banderas de forma indiscriminada.

La alusión al «circo» ha cosechado críticas de dentro de la propia coalición de Gobierno de conservadores y socialdemócratas.

«Son unas declaraciones muy desafortunadas. El canciller debería replanteárselas», afirmó el vicepresidente del grupo parlamentario socialdemócrata, Armand Zorn, a la cadena RTL, y recordó que el colectivo LGTB es objeto de numerosos ataques y actos hostiles.

«Si la bandera arcoiris es la bandera de una carpa de circo, ¿entonces qué son las personas LGTB? ¿Animales de circo que hacen el mono para diversión del público?», cuestionó por su parte la comisionada del Gobierno para el colectivo, la también socialdemócrata Sophie Koch
El líder copresidente de los Verdes Felix Banaszak apuntó en declaraciones al diario ‘Der Tagesspiegel’ que a veces las palabras dichas de forma espontánea «traicionan» las verdaderas convicciones de quien las dice y afirmó que la bandera representa una lucha que en Alemania tuvo que ser realizada en gran parte en contra de los democristianos.

Incluso la Asociación de Lesbianas y Gays en la Unión Cristianodemócrata (CDU) criticó el término usado por Merz desde las propias filas del bloque conservador y su presidente, Sönke Siegmann, dijo a ‘Der Tagesspiegel’ que la bandera arcoiris «no hace del Bundestag un circo«.