Categoría: El Mundo

Un grupo de 17 fiscales estatales demócratas reforzaron este lunes una demanda interpuesta por varias organizaciones civiles contra las redadas del Servicio de Inmigración (ICE) en Los Ángeles e instaron al juez a ordenar una pausa en esos operativos, desplegados hace más de un mes en la ciudad.

El pasado miércoles, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otras entidades demandaron al Gobierno de Donald Trump para impedir que los agentes migratorios continúen con las redadas, que se declaren inconstitucionales sus tácticas de arrestos y se permita a los inmigrantes detenidos acceder a abogados.

«Los fiscales generales apoyan la moción de los denunciantes para una orden temporal de restricción, en la que argumentan que ICE no está deteniendo a la gente basándose en ninguna sospecha razonable e individualizada, sino que está usando un perfil racial» en sus redadas, indica un comunicado conjunto.

Los fiscales, encabezados por Letitia James, de Nueva York, argumentan que agentes enmascarados del ICE están haciendo redadas en barrios, iglesias, escuelas y negocios, en las que han sido detenidos residentes y ciudadanos de EE.UU. sin «sospecha razonable de mala conducta», lo que ha sembrado miedo en la población.

Los fiscales recuerdan que el estado de California ha sido escenario de otras redadas «discriminatorias y militarizadas» contra inmigrantes, especialmente mexicanos, y las compara con las acciones actuales del Gobierno de Trump, quien ha «elogiado la ‘Operación Espalda Mojada’ de 1954 como modelo», señalan.

Aunque la demanda se reduce a Los Ángeles, la coalición de fiscales acusa al Gobierno de hacer redadas en todo el país, incluyendo en tribunales de migración y en campos de cultivo en Nueva York, y denuncian una «cultura del miedo» entre los inmigrantes, quienes se están absteniendo de acudir a hospitales, escuelas o templos.

Desde que Trump inició su segundo mandato, fiscales y otras figuras demócratas han estado colaborando para reforzar demandas civiles contra las políticas del Gobierno republicano, y han entregado documentos en defensa de los «soñadores», los inmigrantes haitianos o los servicios de ayuda al exterior de EE.UU.

Una médica y seis organizaciones de salud pública de Estados Unidos presentaron este lunes una demanda contra el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. por «modificar unilateralmente las recomendaciones de vacunación contra la covid-19 para niños y mujeres embarazadas».

La denuncia fue interpuesta ante un tribunal federal del estado de Massachusetts por la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP), el Colegio Estadounidense de Médicos (ACP), la Asociación Estadounidense de Salud Pública (APHA), la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (IDSA), la Sociedad de Medicina Materno-Fetal (SMFM) y la Alianza de Salud Pública de Massachusetts (MPHA).

La querella acusa al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y al secretario Kennedy de actuar de forma «arbitraria y caprichosa» al alterar las directrices oficiales sobre inmunización sin respaldo científico ni consenso profesional.

También lo acusa de destituir «injustamente» a 17 miembros del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), y de sustituirlos por personas con posturas antivacunas.

«Esta administración representa una amenaza existencial para la vacunación en Estados Unidos», declaró el abogado Richard H. Hugues IV, quien presentó la demanda y advirtió de que no se quedarán de brazos cruzados mientras se desmantela el sistema de prevención en el país.

La presidente de la IDSA, Tina Tan, advirtió de que no permitirán «que un solo funcionario federal elimine efectivamente la libertad de vacunarse en EE.UU., ignorando por completo la evidencia científica y décadas de procesos federales consolidados».

Entre las acciones denunciadas por los profesionales sanitarios figuran la cancelación de reuniones de paneles científicos, el bloqueo de comunicaciones oficiales de los CDC y la promoción de estudios que relacionan las vacunas con el autismo.

La principal demandante es además una médica embarazada, cuya identidad se mantiene en el anonimato, quien asegura haber sido privada del acceso a una dosis de refuerzo contra la covis-19 pese a estar en periodo de gestación y desempeñar funciones en un hospital con alta exposición a enfermedades infecciosas.

Las organizaciones instaron a la población a seguir confiando en los profesionales de salud y en las recomendaciones basadas en evidencia científica, y advirtieron, en palabras de la doctora y presidenta de la AAP, Susan Kressly, que «estas decisiones se basan en el miedo y no en la evidencia».

La demanda solicita la anulación inmediata de los cambios impulsados por Kennedy y una declaración judicial que los declare ilegales.

El secretario de Salud, conocido por su escepticismo hacia las vacunas desde antes de asumir su cargo, todavía no se ha pronunciado públicamente sobre la demanda.

El Gobierno de Donald Trump anunció este lunes que saca a Hayat Tahrir al Sham (HTS), el movimiento que derrocó al régimen sirio de Bachar al Asad, de la lista de organizaciones terroristas a partir de mañana, 8 de julio.

La salida del HTS de la lista de organizaciones terroristas extranjeras es consecuencia de «la anunciada disolución del HTS y el compromiso del Gobierno sirio de combatir el terrorismo en todas sus formas», según una declaración del secretario de Estado, Marco Rubio.

El HTS es una escisión del Frente Al Nusra, y llevó al poder al actual presidente Ahmed Al Sharaa, pero este, en su calidad de jefe de Estado provisional, disolvió el HTS y lo integró dentro de las fuerzas de seguridad del nuevo Gobierno.

Con este anuncio, el Gobierno de Donald Trump va sumando pasos de deshielo con el nuevo Gobierno sirio, como el levantamiento de sanciones sobre el país árabe anunciado el pasado 30 de mayo.

Rubio dice en su declaración que estas medidas «cumplen con la visión del presidente Trump de una Siria estable, unida y pacífica».

Las señales del Gobierno Trump para con Al Sharaa contrastan con la actitud de Israel, el gran aliado de EE.UU. en la región, que ha bombardeado en numerosas ocasiones posiciones del Ejército sirio y ha aprovechado la debilidad del Estado en este periodo de transición para ocupar nuevas posiciones junto a los Altos del Golán, sin compromiso por su parte para abandonarlos.

Una jueza estadounidense exigió este lunes a la Administración de Donald Trump aclarar a dónde pretende deportar al salvadoreño Kilmar Ábrego García, expulsado en marzo a El Salvador por «error» del Gobierno de EE.UU., que ahora desea enviarlo a un país del que no es originario.

La jueza de distrito Paula Xinis, de Maryland, origen del caso civil sobre su deportación, convocó para el próximo jueves una audiencia con funcionarios del Departamento de Justicia (DOJ, en inglés), quienes le reiteraron su intención de deportar a Ábrego García a un tercer país aunque «no han determinado» cuál.

Además, Xinis rechazó la petición del Gobierno de Trump de desestimar el juicio civil por la deportación por «error» de Ábrego García, quien fue retornado el 6 de junio a Estados Unidos. Desde entonces está encarcelado en Tennessee mientras afronta cargos por un caso aparte, por supuesto tráfico de personas indocumentadas.

«El Gobierno ha expresado que, tan pronto como liberen a Ábrego García de su custodia criminal, lo que confiamos que suceda la próxima semana, su intención es redeportarlo a un tercer país. ¿Cuál? No se sabe».
Simon Sandoval-Moshenberg,
Abogado del migrante.

Pese a la petición de la defensa, la jueza aún no ordena trasladar al migrante de Tennessee a Maryland para evitar que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) lo detenga cuando salga de la cárcel, como anticipó de nuevo este lunes un fiscal del DOJ.

Ábrego García permanecerá bajo custodia federal en Tennessee al menos hasta el 16 de julio, determinó la semana pasada la jueza Barbara Holmes, quien aceptó la petición de los abogados de detener su liberación para evitar su deportación.

Los fiscales del DOJ argumentaron este lunes en Maryland que la deportación de Ábrego García a El Salvador en marzo «fue un error aislado», aunque la jueza Xinis indicó que el presidente Donald Trump y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ignoraron las órdenes judiciales que pedían frenar su expulsión.

Decenas de activistas se congregaron fuera de la corte de Maryland este lunes durante la audiencia para exigir la liberación del migrante, respeto al debido proceso y el fin de las deportaciones masivas, además de expresar su apoyo al salvadoreño.

«El Gobierno estuvo mintiendo, engañándonos, retrasando órdenes judiciales a propósito. Todo se expondrá. Aprendimos que esta acción horrible que ocurrió en marzo fue parte de una operación calculada».
Ama Frimpong,
Directora legal de la asociación civil CASA, defensora de migrantes.

Esto es una nueva escalada en el caso de Ábrego García, a quien la Administración de Trump envió junto a 230 migrantes a El Salvador a pesar de tener un estatus que lo protegía de la deportación y de las órdenes de la Corte Suprema y la jueza de Maryland que concluyeron que su expulsión fue ilegal.

Los cargos federales de tráfico de personas que ahora enfrenta surgieron tras un encuentro del inmigrante con policías en Tennessee en 2022, cuando viajaba con presuntos indocumentados.

Un incendio forestal con un comportamiento de alta intensidad originado en Paüls (Cataluña), al noreste de España, afecta ya a 480 hectáreas de terreno, el 90 % de esta superficie dentro de un parque natural, y ha obligado a confinar a 2,000 vecinos de poblaciones cercanas.

Más de 200 bomberos de la Generalitat -gobierno regional de Cataluña- trabajan en su extinción, con la ayuda de dos aviones del Ministerio español para la Transición Ecológica.

El fuego obligó a desalojar de forma preventiva varias masías (viviendas rurales) aisladas de la zona, según explicó el responsable de Intervención de los Bomberos, Joan Rovira.

El fuego está avivado por un viento mistral que soplará con más fuerza a medida que avance la tarde y que está dificultando la labor de los equipos de extinción, según Rovira.

De acuerdo con los Bomberos, el fuego tuvo momentos de «comportamiento extremo» y se mueve ahora en dirección suroeste, por lo que están intentado rodear los dos flancos activos con líneas de agua y con herramientas manuales para evitar que se abran y que el viento tenga una mayor amplitud sobre la que empujar.

No obstante, según los Bomberos, la prioridad de los trabajos de los equipos de extinción es la protección de los efectivos, ya que la entrada del viento en la zona de barrancos puede provocar contravientos y movimientos erráticos de las llamas.

De hecho, la zona afectada por el incendio es de difícil acceso y de orografía complicada, pero también presenta campos de cultivo y de olivos, que los bomberos ven como un aliado de cara a las labores de extinción.

«Tenemos bastante estabilizada la parte inicial del incendio, pero ahora vamos hacia una zona que aún es inaccesible. Esperamos poder fijar durante la tarde la cola del incendio, tanto por el flanco izquierdo como por el derecho, y por la noche acabar de trabajar en las partes altas», indicó Rovira.

Hace unos días, un incendio considerado de sexta generación arrasó más de 5,000 hectáreas forestales y de cultivo en pocas horas también en Cataluña.

La Casa Blanca informó este lunes de que el balance de víctimas mortales por las inundaciones en el estado de Texas ha aumentado a más de 90 y anunció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará a las zonas afectadas a finales de esta semana.

«Quiero comenzar hablando de la devastación causada por las trágicas inundaciones repentinas en Texas. Hace unos momentos, el Departamento de Seguridad Nacional informó que 91 personas inocentes han fallecido. Todos aquí (…) oramos por las familias y amigos de las víctimas en estos momentos», declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa.

Durante su intervención, ha defendido que Trump «firmó rápidamente una declaración de desastre mayor» para el condado de Kerr «para garantizar» que el «heroico equipo de emergencias cuente con todos los recursos necesarios para las labores de rescate», mientras que la secretaria de Seguridad Nacional, Krsti Noem, se ha desplazado a Texas durante el fin de semana.

«Toda la Administración Trump está trabajando en estrecha colaboración con los funcionarios estatales y locales para brindar toda la ayuda disponible. La situación sobre el terreno sigue siendo peligrosa y podría haber más amenazas para la seguridad pública con la posible llegada de fuertes lluvias, por lo que animamos a todos en la zona a mantenerse alerta», señaló.

Asimismo, indicó que, «en este momento, el enfoque de la Administración está enfocado en brindar a las víctimas y sus comunidades el apoyo que merecen durante los esfuerzos de recuperación en este trágico momento».

Por otro lado, Leavitt ha criticado las «falsedades» difundidas por demócratas o medios de comunicación ante «este desastre natural único»: «Culpar al presidente por estas inundaciones es una mentira depravada y no sirve de nada en estos tiempos de duelo nacional», dijo.

La Fiscalía argentina retiró su solicitud para que la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner cumpla en prisión la pena de seis años de internamiento dictada en su contra por el conocido como caso Vialidad, pero solicitó que la prisión domiciliaria sea cumplida en otro lugar.

Este lunes se celebró una audiencia convocada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, para analizar las condiciones del arresto domiciliario de Fernández en su domicilio del barrio bonaerense de Constitución, según recoge la emisora Cadena 3.

El fiscal Mario Villar alegó que la presencia de Fernández en el barrio de Constitución «genera tumultos y molestias en el barrio» en aparente referencia a la reciente aparición pública de la exmandataria en el balcón de su domicilio.

Por su parte, la defensa de Fernández cuestionó las restricciones impuestas por el Tribunal Oral Federal 2, que limitan las visitas en el domicilio a familiares, abogados y médicos sin necesidad de autorización judicial previa.
Además, pidió la eliminación de la tobillera electrónica que lleva la expresidenta porque afecta a su derecho a mantener una vida familiar y social adecuada.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola previamente recurrieron contra la prisión domiciliaria, han argumentado que esta medida constituye un «privilegio» y vulnera el principio de igualdad ante la ley.

La condena por un caso grave de corrupción pública debería cumplirse en una prisión, ya que no se justifican razones humanitarias ni de salud para otorgar la domiciliaria, apuntaron, en una postura que ahora quedaría anulada.

Fernández fue condenada por haber otorgado obras millonarias en carreteras argentinas a un socio y presunto testaferro durante su gobierno. La expresidenta, que niega los cargos, denunció que es víctima de una persecución política y judicial.

Al cumplirse el lunes cuatro años del magnicidio del presidente Jovenel Moïse de Haití, los haitianos viven la mayor crisis tanto en su país como en Estados Unidos, donde su zozobra crece ante las políticas del Gobierno de Donald Trump, como el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) y del ‘parole’ humanitario.

Las medidas de la Administración Trump exponen a al menos 731 mil haitianos que entraron de forma legal a la deportación a su país, donde no hay presidente electo y la violencia de las pandillas ha aumentado desde el asesinato de Moïse en 2021, con más de cuatro mil homicidios en la primera mitad de 2025, según la ONU.

El miedo es palpable en particular en Florida, región con la mayor diáspora haitiana, pues acoge a unos 369 mil inmigrantes de Haití, más de la mitad de los que hay en Estados Unidos, según el Center for Immigration Studies (CIS).

«Es estresante para las personas que vinieron aquí y cuyas naciones están en guerra y agitación, saben que si vuelven sus vidas están en peligro. Pero ya estaban aquí, estaban trabajando y contribuyendo», expresó a EFE Marleine Bastien, concejal del condado de Miami-Dade nacida en Haití.

En particular, líderes de origen haitiano en Florida cuestionan que, para eliminar el TPS, el Gobierno de Trump argumenta que el ambiente «ha mejorado lo suficiente» en Haití, pero semanas antes, el 4 de junio, anunció una prohibición de viaje al país ante el crimen y disturbios civiles por la violencia de las pandillas.Desplazados con «crueldad»Los retornados a Haití, de alrededor de 11 millones de habitantes, se sumarían al récord de 1,3 millones de personas desplazadas por la violencia a nivel interno, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).

Además, la economía padecería el impacto, pues el 20 % del Producto Interior Bruto (PIB) del país caribeño depende de la diáspora haitiana, que envió 4.100 millones de dólares en 2024 a la nación, cuya mitad de la población vive inseguridad alimentaria, según la ONU.

Por ello, Paul Christian Namphy, director político del Family Action Network Movement (FANM), una de las principales organizaciones defensoras de haitianos en Estados Unidos, consideró un «acto de crueldad» la posible deportación de estas cientos de miles de personas.

«Arriesgan sus vidas, eso es muy claro, y decimos que la Administración que puso en peligro a nuestros inmigrantes, miembros de nuestras comunidades legalmente aquí, esa Administración va a tomar toda la responsabilidad de cualquier cosa que les ocurra», expresó Namphy a EFE.

Los haitianos llegaron de forma legal a Estados Unidos, según recordaron Bastien y Namphy, pues la Administración del expresidente Joe Biden (2021-2025) amplió en 2023 el ‘parole’ humanitario para proteger de la deportación a 210.000 haitianos y en julio de 2024 alargó el TPS para 521.000 de ellos hasta 2026.

Trump ordenó eliminar ambas protecciones, además de prohibir viajes con ese país, aunque jueces han suspendido el fin de estos programas migratorios, cuyo futuro aún es incierto.

«A los haitianos los invitaron a venir aquí, eran legales, tenían papeles, estaban trabajando y ahora, de un lunes para otro, se convirtieron en indocumentados», lamentó la concejal de Miami-Dade.»Extrema incertidumbre»En Miami aún está pendiente uno de los juicios a cinco implicados en el magnicidio de Moïse, torturado y asesinado el 7 de julio de 2021 en su residencia privada del sector capitalino de Pétion-ville por un grupo de mercenarios, 17 de ellos colombianos.

Desde entonces, no ha habido elecciones y la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó en junio una resolución impulsada por Estados Unidos que urge a los países miembros a «que presten apoyo según sus capacidades» a la misión multinacional de seguridad desplegada el año pasado en Haití.

Pero esto ocurre en paralelo a los esfuerzos de Trump por cumplir sus promesas de deportaciones masivas, advierte el coordinador político de FANM, quien percibe un clima de «extrema incertidumbre».

«La Administración actual está ilegalizando a inmigrantes legales y poniéndoles un blanco para su deportación a un contexto muy, muy, muy peligroso en su país», acusó.

La reconocida biofísica Eva Nogales, profesora en la Universidad de Berkeley (California) y ganadora del Premio Shaw 2023, alertó este sobre el riesgo de colapso del sistema científico de Estados Unidos, a raíz de decisiones políticas impulsadas por el expresidente Donald Trump.

Durante un encuentro con periodistas en Santander, España, Nogales denunció que las políticas restrictivas, los recortes presupuestarios y una campaña contra la libertad académica están debilitando gravemente al entorno científico estadounidense. «El sistema norteamericano científico e investigador corre peligro de romperse», advirtió.

Nogales aseguró que se están registrando recortes de hasta el 50 % en el financiamiento de las agencias federales, junto a prácticas de censura que afectan directamente a las investigaciones en vacunas y enfermedades infecciosas. «No se puede hablar de diversidad», lamentó.

La científica española, que esta semana será incorporada como miembro de la Royal Society en Londres, fue distinguida como doctora honoris causa por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). En este contexto, cuestionó con dureza las decisiones que afectan a instituciones como Harvard, que ha sido impedida de aceptar a estudiantes extranjeros. «¿Cómo puede un país hacer eso contra sus propias instituciones? Es difícil de entender», expresó.

Según Nogales, históricamente Estados Unidos ha sido un referente mundial para el desarrollo de la ciencia, gracias a su apertura a talentos internacionales, su visión a largo plazo y el respaldo financiero. Sin embargo, advirtió que si las oportunidades desaparecen, los investigadores podrían optar por abandonar el país. «Esto es una pescadilla que se muerde la cola: si la gente se va, la ciencia va a decaer», dijo.

Respecto a las especulaciones sobre un posible Premio Nobel, la científica madrileña se mostró incómoda: «Aunque me deis mucho la lata con esto, me niego a que me quite el sueño. Me encanta mi trabajo. Me siento privilegiada de dedicarme a él en todas sus facetas y voy a seguir disfrutándolo me den o no me den el Nobel».

Aunque reconoce que su nombre aparece con frecuencia entre los candidatos debido a sus reconocimientos previos, considera agotador hablar del tema: «Entiendo la fascinación, pero conozco muchos premios nobeles, los he conocido el día antes y el día después de haber ganado el Premio Nobel, y son la misma persona».

Finalmente, defendió el valor del trabajo científico más allá de los galardones. «He conocido gente que se ha muerto sin llegar a recibir el Premio Nobel y para mí, entendiendo su ciencia, sé el valor que tiene. Lo que pasa es que cuando no se sabe, se necesita ese tipo de reconocimiento para poder apreciarlo».

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, envió en junio una carta a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que le pidió «pasar página de los malentendidos y mirar hacia adelante», antes de que Washington y Bogotá llamaran a consultas a sus embajadores por una nueva crisis diplomática entre ambos países.

En la misiva, enviada el 23 de junio y divulgada este lunes por medios colombianos, Petro se retracta de unas declaraciones en las que insinuó que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, estaba implicado en un golpe de Estado en su contra y afirma que los «desafíos hemisféricos» que comparten ambos países «exigen cooperación, y no recriminaciones».

«Deseo aclarar que cualquier expresión mía que haya sido interpretada como una acusación directa sobre la participación en un supuesto golpe de Estado en Colombia, no tenía la intención de señalar a nadie de manera personal ni de cuestionar sin fundamentos el papel de los Estados Unidos», sostiene Petro en la carta.

El 11 de junio, durante un evento público en Cali, el presidente colombiano se refirió a unas declaraciones del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y afirmó: «Dice un presidente vecino que Marco Rubio está organizando un golpe de Estado contra mí».

Esta afirmación fue alimentada por unos audios del excanciller colombiano Álvaro Leyva que revelan que intentó buscar ayuda en círculos republicanos de Estados Unidos para sacar a Petro del poder, una presunta trama que la semana pasada avivó aún más las tensiones entre ambos Gobiernos, ya marcadas por desacuerdos en temas como la migración y la lucha contra el narcotráfico.

En ese contexto, y tras lo que consideró una acusación «infundada» de Petro, Rubio convocó de manera «urgente» al jefe de la misión diplomática estadounidense en Bogotá, John McNamara.

En respuesta, Petro llamó a consultas a su embajador en Washington, Daniel García-Peña, con el fin de informarse sobre el estado actual de la agenda bilateral con Estados Unidos, el principal socio comercial de Colombia, con el que tiene desde 2012 un Tratado de Libre Comercio (TLC).Rechazo a acusaciones «infundadas»En su carta a Trump, Petro también expresa su «preocupación» por las insinuaciones públicas que, tras el atentado del 7 de junio contra el senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, responsabilizan a la «retórica violenta» del Gobierno colombiano como un posible detonante del ataque.

«Como ya ha sido establecido por las autoridades investigativas, no existe prueba alguna que vincule a este gobierno ni a sus discursos con ese lamentable hecho», agrega en referencia a los disparos que recibió durante un acto de campaña en Bogotá Uribe Turbay, quien un mes después del ataque continúa luchando por su vida.

Petro rechaza «categóricamente cualquier intento de utilizar la tragedia como instrumento de acusación infundada» y afirma que «es hora de pasar la página de los malentendidos y mirar hacia adelante».

«Por eso, quisiera reiterar mi propuesta de convocar una cumbre entre el gobierno de los Estados Unidos y la Comunidad de Estados latinoamericanos y Caribeños (CELAC). No como gesto simbólico, sino como una oportunidad real de sentarnos como iguales a pensar el futuro que compartimos», añade el mandatario, quien también hace un llamado al «entendimiento» y la «responsabilidad compartida».Nueva crisis sin cancillerEsta nueva crisis diplomáticacon Estados Unidos coincide con la renuncia la semana pasada de la tercera canciller de Petro, Laura Sarabia, por diferencias con decisiones tomadas por el Gobierno, que no ha nombrado aún a su reemplazo.

Esta es la segunda crisis diplomática de este año entre los dos países. La primera fue el pasado 26 de enero cuando Petro no permitió el ingreso al país de aviones con ciudadanos deportados por EE.UU. alegando que no recibían un trato digno.

Tras esa decisión, Trump respondió con una imposición de aranceles del 25 % a todos los productos colombianos, pero ese mismo día diplomáticos de los dos países llegaron a un acuerdo para bajar la tensión bilateral.