Categoría: El Mundo

El Gobierno de Estados Unidos ha decidido suspender algunos envíos de armas a Ucrania, incluidos misiles de defensa aérea, tras revisar su gasto militar y el apoyo estadounidense a países extranjeros.

Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo a la CNN que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, autorizó la revisión. Por su parte la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, citada por la prensa de Estados Unidos, afirmó que la decisión se tomó «para priorizar los intereses de Estados Unidos».

Según la prensa norteamericana, la Administración estadounidense está preocupada por el bajo nivel de algunas de sus reservas de armamento y cita entre la munición afectada por la reducción los sistemas de defensa aérea, bombas, misiles y piezas de artillería.

Entre las municiones suspendidas se encuentran interceptores para los sistemas de defensa aérea Patriot, proyectiles de artillería de precisión y misiles que la fuerza aérea ucraniana dispara desde aviones F-16 de fabricación estadounidense, según funcionarios del Pentágono.

«Esta decisión se tomó para priorizar los intereses de Estados Unidos luego de una revisión del Departamento de Defensa sobre el apoyo y la asistencia militar de nuestra nación a otros países del mundo», dijo Anna Kelly, funcionaria de la Casa Blanca, en un comunicado citado por la prensa estadounidense.

Estados Unidos había sido, desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, el principal suministrador de armamento al gobierno de Kiev, pero las cosas han cambiado desde que Donald Trump ha llegado la presidencia en enero de este año.

Según el último informe del Instituto Kiel, que sigue las entregas de armamento occidental a Ucrania, Europa ya ha superado a Estados Unidos en el total de ayuda entregada. Los europeos han enviado 72,000 millones de euros en ayuda militar, por 65,000 millones de los estadounidenses.Kiev dice no haber sido avisada de la suspensión de envíos de armas de EE. UU.El Ministerio de Defensa ucraniano explicó este martes que el Gobierno de Kiev no ha recibido ninguna notificación oficial sobre la decisión de interrumpir las entregas de material militar.

«Ucrania no ha recibido comunicación oficial sobre la interrupción o la revisión de los planes de suministro de la ayuda en defensa acordada».
Ministerio de la Defensa de Ucrania.

Según el comunicado, los responsables de esta cartera en Ucrania han pedido una conversación telefónica con sus homólogos de EE. UU. para aclarar la situación.

«Determinadas personas en Ucrania que están haciendo comentarios en público sobre esta situación no cuentan, por razones objetivas, con toda la información», dice también la nota, que resalta la «importancia crítica» de que siga fluyendo la ayuda estadounidense aprobada que aún no ha recibido Kiev.Kiev transmite a EE.UU. la «importancia crítica» de seguir recibiendo su armamentoLa viceministra ucraniana de Asuntos Exteriores, Mariana Betsa, convocó este miércoles en Kiev al encargado de negocios de la embajada de EE.UU., John Ginkel, para transmitirle que la continuidad sin interrupciones de la ayuda militar estadounidense es de «importancia crítica» para Ucrania.

Según un comunicado del Ministerio de Exteriores ucraniano, la viceministra ha subrayado ante Ginkel que es «de importancia crítica que continúen los suministros de paquetes militares aprobados anteriormente, en especial los que refuerzan las defensas aéreas».

«La parte ucraniana destacó que cualquier retraso o demora en el apoyo militar a las capacidades de Ucrania no hará más que animar al agresor a continuar la guerra y el terror y a no buscar la paz», agregó la diplomacia ucraniana, que explicó que Kiev y Washington mantienen contactos «a todos los niveles» sobre los niveles de las reservas de armamento invocados desde Washington como motivo de la interrupción de los envíos.

Exteriores recordó que es Rusia la que se niega a declarar el alto el fuego que pide EE.UU. y da las gracias a los estadounidenses por todo el apoyo militar prestado.

Los envíos suspendidos por EE.UU. forman parte de paquetes de ayuda aprobados durante la anterior administración demócrata.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, no ha aprobado ninguna partida nueva de apoyo militar a Kiev y no ha respondido de momento a la oferta ucraniana de comprar, con dinero europeo, las armas que Washington ya ha dejado claro que no enviará gratis como con la anterior administración.El Kremlin saluda la suspensión por EE.UU. de algunos suministros de armas a UcraniaEl Kremlin saludó hoy la decisión de Estados Unidos de suspender algunos suministros de armas a Ucrania, al considerar que eso acercará el fin de la guerra.

«Cuantas menos armas se suministren a Ucrania, más cerca estará el fin de la operación militar especial», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Añadió que, a la vista de la información hecha pública, «el motivo de esta decisión son los arsenales vacíos, la escasez de armamento en los arsenales» estadounidenses, lo que fue confirmado por la prensa estadounidense.

Estados Unidos había sido desde el inicio de la campaña militar rusa en febrero de 2022 el principal suministrador de armamento a Kiev, pero las cosas han cambiado desde que Donald Trump llegara la presidencia en enero de este año.

Un juez federal dictaminó como «ilegal» la decisión de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristin Noem, de anular la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS), lo que supone una barrera para la Casa Blanca, que puso fin al amparo migratorio la semana pasada.

Noem modificó en febrero pasado la extensión de 18 meses para el TPS que favorece a más de medio millón de haitianos otorgada por la Administración de Joe Biden (2021-2025), que culminaba el 3 febrero de 2026.

La secretaria redujo el beneficio a doce meses e impuso como fecha de vencimiento el 3 de agosto de 2025, lo que le permitió anunciar el fin de la protección el viernes pasado.

Pero este martesy juez Brian Cogan dijo en su fallo que Noem «no tiene autoridad legal» para «anular parcialmente» la designación de TPS de un país.

El juez indicó que decenas de miles de haitianos han llegado a depender del TPS, que les otorga permiso de trabajo y los protege de la deportación, por lo que retirar el beneficio antes de esa fecha (febrero de 2026) «representa un perjuicio significativo» que el tribunal tiene la facultad de corregir.

El fallo de Cogan, designado por el expresidente George W. Bush (2001-2009) para el distrito de Nueva York, regresa la esperanza para miles de inmigrantes haitianos protegidos por el amparo migratorio, que el viernes pasado recibieron un duro golpe cuando Noem anunció su final.

El Ejecutivo había dado un plazo a los beneficiados hasta el 2 de septiembre para aplicar a otro beneficio migratorio o autodeportarse.

La decisión en la demanda presentada por nueve haitianos afectados favorecería a otros inmigrantes de ese país protegidos por el TPS, según dijo el juez Cogan citando su facultad de detener las acciones de las agencias bajo la Ley de Procedimiento Administrativo.

La interpretación llega después de que la Corte Suprema se pronunciara la semana pasada en contra de los mandatos judiciales universales que protegen con su fallo a otros afectados más allá de los demandantes originales.

En el caso de Haití, cerca de 521,000 ciudadanos de ese país estaban protegidos por el amparo, después de que el Gobierno Biden ampliara en julio de 2024 el beneficio hasta 2026.

El TPS es un amparo que se otorga a los ciudadanos de un determinado país que han migrado a Estados Unidos por un desastre natural o un conflicto armado, y les permite vivir y trabajar en el país hasta la fecha que el Gobierno estadounidense considere que pueden regresar de manera segura.

Haití ha sido designado para el TPS varias veces debido a diversas crisis, incluido el devastador terremoto de 2010 y la inestabilidad actual.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, aprobó este miércoles una ley por la que se suspende la cooperación con el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), según informó la televisión oficial iraní Press TV.

Según la legislación, a los inspectores del OIEA no se les permitirá entrar en Irán a menos que se garantice la seguridad de las instalaciones nucleares del país y la de las «actividades nucleares pacíficas» del régimen, y dicha entrada estará sujeta «a la aprobación del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán», detalló el medio iraní.

La semana pasada, el Consejo de Guardianes de Irán ya había validado un plan para suspender la cooperación con el OIEA que conlleva prohibir la entrada del organismo en Irán y expulsar a todos sus inspectores.

La medida de la República Islámica se produce tras la creciente tensión entre Irán y el OIEA tras la ofensiva israelí iniciada 13 de junio contra el programa nuclear iraní, a la que luego se sumaron ataques de EE.UU. contra instalaciones en Fordó, Natanz e Isfahán.

Teherán reprocha al OIEA, y en especial a su director general, el argentino Rafael Grossi, no haber condenado estos ataques, que -según Irán- vulneran el Tratado de No Proliferación (TNP) y el derecho internacional.

Razón por la cual, Irán también «está considerando» prohibir la entrada al país a Grossi, quien ha sido criticado reiteradamente por Irán por sus informes con «motivaciones políticas» que según Irán fueron usados de «pretextos» para justificar la ofensiva israelí.

Grossi reconoció, en una entrevista a la emisora francesa RFI, que hay «una cierta tensión» en las relaciones entre el OIEA e Irán, donde «hay voces políticas» que consideran que esta agencia de la ONU «no fue parcial» porque no condenó los ataques israelíes.

El director general del OIEA contó que tras el cese de las hostilidades escribió al ministro iraní de Exteriores, Abbas Araqchi, para decirle que tenían que sentarse en torno a una mesa y se propuso para viajar a Irán inmediatamente para retomar las inspecciones, pero no ha recibido respuesta.

El Senado de Estados Unidos dio luz verde el martes a una nueva ley fiscal que inyectará miles de millones de dólares al plan de control migratorio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reforzando su política de endurecimiento de la frontera.

El proyecto, calificado por el mandatario republicano como una «ley grande y hermosa», contempla un gasto de casi $170,000 millones en cuatro años para expandir la fuerza de agentes migratorios, levantar nuevos centros de detención y desarrollar sistemas de vigilancia con inteligencia artificial. El presupuesto destinado a inmigración será ocho veces mayor que todo el del FBI y 13 veces superior al de la DEA.

Tras la votación en el Senado, la iniciativa regresará a la Cámara de Representantes, donde deberá revisarse de nuevo antes de convertirse en ley. Entre los puntos más controversiales figuran $64,000 millones para continuar la construcción del muro fronterizo y $70,000 millones adicionales para la operación y mantenimiento de centros de detención y deportación.

El Gobierno proyecta contratar más de 20,000 nuevos agentes para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Según estimaciones del centro de estudios conservador CATO, una vez entre en vigor la ley, la cantidad de migrantes detenidos pasará de 50,000 a más de 200,000.

Además, se establecen nuevas tarifas para trámites migratorios. Solicitar asilo costará $1,000 y apelar una decisión migratoria tendrá un valor de $900, frente a los $110 anteriores. Pedir un permiso de trabajo tendrá un costo de $550 y durará solo seis meses, mientras que mantener una solicitud de asilo activa implicará un pago anual de $100.

También se incluye un impuesto del 1 % a las remesas enviadas desde EE.UU., principal emisor mundial con más de $85,800 millones en 2023, según el Migration Policy Institute.

Las familias con padres sin número de seguro social perderán acceso al crédito fiscal por hijos, y se limitarán fondos federales de Medicaid para estados que brinden salud a migrantes sin estatus legal. Incluso migrantes con TPS o visa de trabajo verán restringido el acceso a seguros médicos con precios reducidos.

A las dos de la madrugada en punto se apaga todo de golpe en la cuadra. El lamento de un cubano genera eco entre las calles del barrio habanero de Miramar: «¡Ya la quitaron!». La corriente volvió poco antes de las siete, ya con el sol asomándose.

La Habana, durante muchos años ajena o tímidamente tocada por la crónica crisis eléctrica, se ha comenzado a acostumbrar a apagones diarios cada vez más largos. Y de madrugada.

Aunque la situación de la capital es mucho mejor que la de las provincias -con más de 20 horas de apagón- el incremento de los cortes en la ciudad -que pasó de las cuatro a las ocho horas actuales- refleja cómo la crisis energética ha arreciado en el peor momento del año: el verano (por el uso de aires acondicionados y ventiladores, que incrementan la demanda).

Ya en la mañana, en una bodega (tienda estatal con productos subvencionados) del municipio capitalino de Playa, media docena de personas habla sobre el ‘elefante en la habitación’. «¿A ti a qué hora te la quitaron?»; ¿También te la quitaron en la madrugada?»; «¿Dormiste algo?».Falta de combustibleEl Gobierno cubano avisó desde mayo que el país tendría que prepararse para un verano difícil ante las «situaciones críticas» del sistema eléctrico.

En aquella ocasión, la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) indicó que el promedio de cortes ese mes ascendió a las 18 horas diarias.

El Ejecutivo ha reiterado históricamente que los problemas en su red eléctrica se deben -en gran medida- a las sanciones estadounidenses, ya que imposibilita la importación de materiales para reparar sus viejas plantas de generación -de la época soviética- y del combustible para echarlas a andar.

Las autoridades explicaron que esta nueva crisis se originó por la caída en las importaciones de combustible de los países proveedores tradicionales: Venezuela, México y Rusia.

Sin embargo, distintos expertos independientes han argumentado que se trata de un problema «estructural» así como de muchos años de infrafinanciación.

El analista del Instituto de Energía de la Universidad de Texas Jorge Piñón, especializado en la situación de la isla, explicó a EFE la semana pasada que «no existe una solución a corto plazo».

«La única solución es la recapitalización total de su matriz energética», remarcó Piñón.

Distintos cálculos independientes estiman que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) precisa de inversiones de entre 8 y 10 mil millones de dólares estadounidenses.

La crítica situación provocó que el sábado se registrara una afectación récord de 1.977 megavatios (MW) con una producción de apenas 1.693 MW. Eso provocó apagones simultáneos en el 55 % del país durante la tarde-noche, el horario de mayor consumo.

La afectación del sábado, al menos en términos porcentuales, se acercó al récord histórico alcanzado en febrero: 57 %.Energía solarEn medio de la crisis, el Gobierno ha redoblado en una estrategia a largo plazo, que se basa en las centrales termoeléctricas existentes -que consumen principalmente crudo nacional-, la ampliación del gas y la instalación de parques solares con una potencia instalada total de unos 2.000 megavatios (MW).

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, consideró que el plan para levantar 92 parques solares es «una de las obras más importantes de los últimos años» en el país caribeño.

Los expertos, sin embargo, han matizado las expectativas gubernamentales sobre la posible aportación de la energía solar al SEN.

Los analistas han recordado que la instalación de los parques fotovoltaicos no contempla colocar baterías de almacenamiento. Esto limitaría su aportación en momentos en los que no haya sol (como en las noches, cuando se incrementa el consumo), en días de lluvias o en la temporada ciclónica.

En ese sentido, Piñón calificó la apuesta como un acierto pero «un parche» al final de cuentas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que Israel habría aceptado una propuesta de alto el fuego de 60 días en la Franja de Gaza, y expresó su esperanza de que Hamás también acepte el acuerdo.

«Israel ha acordado las condiciones necesarias para finalizar el alto el fuego de 60 días, durante el cual trabajaremos con todas las partes para poner fin a la guerra», detalló el mandatario republicano en la plataforma Truth Social.

Según Trump, los mediadores cataríes y egipcios, que, según dijo, «han trabajado arduamente para lograr la paz», presentarán a Hamás «esta propuesta final».

«Espero, por el bien de Oriente Medio, que Hamás acepte este acuerdo, porque (de lo contrario) la situación no mejorará, sino que empeorará», apuntó.

La nueva propuesta de acuerdo para una tregua y la liberación de rehenes en Gaza llega a pocos días de que Trump reciba el próximo lunes en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El presidente estadounidense quiere aprovechar el impulso obtenido con la tregua en la guerra entre Israel e Irán para lograr también un acuerdo en Gaza.

Según la prensa estadounidense, la propuesta incluiría un cese de los ataques israelíes en la Franja de Gaza durante 60 días, a cambio de que Hamás libere a 10 rehenes con vida y entregue los cuerpos de otros 15.

Durante ese período, ambas partes negociarían un posible fin definitivo del conflicto, aunque las posiciones de Israel y Hamás siguen siendo profundamente opuestas.

Para el Gobierno de Netanyahu, el fin de la guerra debe implicar la eliminación de Hamás del poder y el desmantelamiento de su brazo militar, mientras que el grupo islamista palestino exige el retiro total de las tropas israelíes del enclave.

Desde el 7 de octubre de 2023, tras los atentados de Hamás que mataron a 1.200 personas en Israel, más de 56.000 palestinos han muerto y más de 132.000 han resultado heridos por la ofensiva israelí sobre Gaza.

La Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York retiró este martes los cargos por narcotráfico contra Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán,’El Chapo’, que también enfrenta cargos en Chicago de los que se declarará culpable el próximo 9 de julio.

Guzmán López, detenido en una prisión en Chicago, informó a la Fiscalía federal de Nueva York que se declarará culpable en esa jurisdicción, tras lo cual Nueva York cerró su caso.

«Deseo declararme culpable del cargo imputado, consentir a la disposición del caso en el Distrito Norte de Illinois en el que estoy detenido y renunciar al juicio en el distrito arriba mencionado», dice en el documento, dirigido a la Corte de Distrito Sur de Nueva York, con fecha del 30 de junio.

Se desconocen los detalles del acuerdo mediante el cual evita un juicio que pudo haberle enfrentado a cadena perpetua a cambio de aceptar cooperar con las autoridades estadounidenses. No obstante, previo a la declaración de ‘El Ratón’, como se le conoce, 17 miembros de su familia llegaron a EE.UU. hace un mes, entre ellos su madre, Griselda López, y su esposa.

Guzmán López, de 34 años, fue extraditado a EE.UU. en septiembre del 2023 por su participación en el Cartel de Sinaloa que cofundó su padre, que cumple cadena perpetua en este país, con Ismael ‘El Mayo’ Zambada, que también enfrenta cargos en Nueva York, donde está preso.

El hijo de ‘El Chapo’ se declaró inocente en primera instancia de las acusaciones de conspirar para distribuir droga, formar parte de una empresa criminal, exportar narcóticos a Estados Unidos, efectuar transacciones financieras con el producto de actividades ilegales y usar y portar ilícitamente armas de fuego.

Era uno de los narcotraficantes más buscados por Washington por su participación en el tráfico de fentanilo y las autoridades de México lo arrestaron en enero de 2023.

Sin embargo, el mexicano dio un giro para optar por declararse culpable y hay una audiencia en Chicago el próximo miércoles para presentar al juez de su caso los términos del acuerdo de culpabilidad con el que evita definitivamente el juicio.

Está pendiente aún que su hermano Joaquín Guzmán López negocie por separado otro acuerdo de culpabilidad similar, también en Chicago.

Joaquín llegó a EE.UU. en un vuelo privado con Zambada, uno de los narcos más esquivos de México.

Aunque las circunstancias que rodearon ese vuelo nunca se aclararon del todo, parece que Joaquín entregó a Zambada como parte de su acuerdo con la fiscalía.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, celebró este martes la clausura oficial de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que dejará de operar a partir del 1 de junio tras meses de críticas por parte de la Administración del presidente Donald Trump.

Rubio cuestionó la efectividad de la USAID al afirmar que «los únicos que vivían bien eran los jefes de innumerables ONG», mientras que los supuestos beneficiarios seguían desatendidos.

Según el funcionario, muchos programas de ayuda exterior no defendían los intereses del pueblo estadounidense y beneficiaban a países que no respaldan a Washington en foros internacionales.

En su declaración, Rubio afirmó que la inestabilidad y el sentimiento antiestadounidense crecieron a pesar de la asistencia exterior, y denunció que parte de los fondos incluso terminaron en manos de grupos como Hamás.

«Esta era de ineficiencia ha terminado. Bajo Trump, tendremos una misión de financiación extranjera que prioriza nuestros intereses», remarcó.

A partir de ahora, el Departamento de Estado asumirá directamente la gestión de los fondos de cooperación, que estarán «en consonancia con la política exterior de Estados Unidos primero».

Rubio insistió en que la USAID operaba como una «organización benéfica» sin garantizar retornos estratégicos para el país.

El Gobierno de Estados Unidos ha cancelado más del 80 % de los programas de la agencia, lo que equivale a unos 5,200 contratos. Sin embargo, un informe de la revista The Lancet advirtió que estos recortes podrían provocar hasta 14 millones de muertes adicionales en 2030, una tercera parte de ellas de niños.

Rubio defendió que la nueva ayuda será «específica y limitada», priorizando a países con capacidad y voluntad de autosuficiencia.


El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes que podría ordenar la detención de Zohran Mamdani, quien se perfila como favorito para convertirse en el próximo alcalde de Nueva York, por su rechazo a cooperar con redadas migratorias y sugirió que podría encontrarse en situación irregular.

«Tendremos que arrestarle», declaró Trump durante una rueda de prensa en el centro de detención de migrantes conocido como el ‘Alcatraz de los Caimanes’, en Florida.

El presidente insistió en que «no necesitamos un comunista en este país», en referencia a Mamdani, y adelantó que vigilará «muy de cerca» sus pasos si resulta electo el próximo 4 de noviembre.

Zohran Mamdani, de 33 años, nació en Uganda, de padres indios, y obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2018. El político confirmó esta semana su victoria en las primarias demócratas, consolidándose como favorito en una ciudad tradicionalmente inclinada hacia los demócratas.

Trump lamentó que «hace mucho que un republicano no gana en Nueva York» y reiteró que su Gobierno analizará la situación migratoria de Mamdani tras rumores de que podría haber irregularidades.

También amenazó con recortar la financiación federal a la ciudad si el nuevo alcalde no coopera con la política migratoria federal.

Durante la conferencia, Trump elogió al actual alcalde Eric Adams, quien competirá como independiente tras romper con los demócratas. Recordó que la administración Trump recomendó desestimar los cargos de fraude y soborno que enfrentaba Adams en 2024, después de que este permitiera a agentes de ICE acceder a la cárcel de Rikers Island.

«Adams es una buena persona. Le ayudé un poco cuando tenía problemas», comentó.

La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica remitió este martes al Congreso una solicitud para el levantamiento del fuero del presidente del país, Rodrigo Chaves, con el objetivo de que sea investigado por un presunto delito de concusión en el manejo de fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

La decisión de la Corte Plena fue tomada con 15 votos a favor y 7 en contra, en una sesión que se llevó a cabo este martes de forma privada y en la que los magistrados analizaron la acusación presentada por la Fiscalía General de la República en contra del mandatario el 7 de abril pasado.

Tras analizar la acusación, la Corte Plena decidió avanzar con el proceso y trasladar el expediente al Congreso, para que defina, en un plazo no definido, si levanta o no el fuero del presidente con el fin de que sea investigado.

La acusación señala la responsabilidad del presidente en un delito de concusión (delito contra los deberes de la función pública) en la contratación aparentemente a la medida para la empresa RMC La Productora S.A., con el fin de que esta prestara servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica, producción de mensajes y análisis de tendencia de opinión para la Presidencia de la República de Costa Rica, correspondiente al período 2022-2026, con $405.000donados por el BCIE.

En desarrollo.