La Fiscalía de Ecuador pidió este domingo que se declare culpable al exvicepresidente Jorge Glas por supuesta malversación de fondos públicos (peculado) durante el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016 en la provincia de Manabí, y que se le imponga una pena de 13 años de prisión.
Asimismo, durante su alegato final, solicitó tanto para Glas como para el exfuncionario Carlos Bernal una multa de 70 salarios básicos unificados, totalizando 32.900 dólares, y «una reparación material equivalente a 225.395.910,12 dólares», que es el perjuicio que la Fiscalía calcula que se cometió contra el Estado.
Este domingo, Glas se defendió de las acusaciones aseverando que él no manejó personalmente el dinero del proceso: «Yo no administré ni un solo dólar y este juicio se trata de peculado, no pude yo haber distraído fondos porque nunca tuve dinero bajo mi administración», dijo en la audiencia en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
«Yo no me he robado un centavo porque yo no he asignado un dólar ni lo he administrado. Priorizar proyectos no es igual a contratarlos. Señores magistrados, me estoy jugando la vida, la Fiscalía pretende enviarme 13 años a la cárcel por hacer mi trabajo», subrayó Glas.
Durante el alegato de apertura en el llamado caso «Reconstrucción», el pasado martes la Fiscalía aseguró que «no se atendieron los requerimientos urgentes de los afectados por el terremoto» y que, en su lugar, «se destinaron los fondos para la construcción de otras obras no contempladas en esa categoría», como el Parque Las Vegas y el tramo de acceso al puerto de Manta, el redondel del Imperio–Colisa, según informó en un comunicado.
Los investigadores concluyeron, después de indagar sobre nueve proyectos más, que la financiación de estas obras provenía de fondos de la Ley de Solidaridad, creado para paliar los daños del sismo.
Dicha norma se creó con el propósito de «recaudar contribuciones sobre la remuneración de todos los trabajadores ecuatorianos» y así reconstruir las infraestructuras públicas y privadas afectadas por el terremoto, al igual que reimpulsar la actividad productiva y económica de las zonas más afectadas.
«Este dinero de los ecuatorianos se destinó a 11 proyectos no prioritarios que habrían beneficiado a intereses particulares en la asignación y firma de contratos, y en los valores cancelados por contratos complementarios y de fiscalización», señaló el Ministerio Público.
De acuerdo a la Fiscalía, una pericia en contratación pública habría revelado «formas de pago antitécnicas, como pagos por hora de uso de maquinaria en lugar de por volumen», y, además, la pericia de gestión de riesgos «evidenció que varias obras se ejecutaron en terrenos no aptos o en zonas que no sufrieron daños por el sismo», indicó.
Además de Glas, en el caso «Reconstrucción» también está acusado el exsecretario del Comité de Reconstrucción de Manabí, Carlos Bernal, para el que Fiscalía también pide 13 años de prisión.
Glas, uno de los hombres fuertes del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), cumple en la cárcel una pena ocho años de privación de libertad a raíz de dos condenas por corrupción impuestas en 2017, por asociación ilícita en el caso Odebrecht, y en 2020 por cohecho en el caso Sobornos, donde Correa fue también condenado a ocho años e inhabilitado políticamente.
A finales de 2022 fue excarcelado gracias a una polémica e irregular resolución judicial y permaneció en libertad durante algo más de un año, hasta que a finales de 2023 llegó a la Embajada de México en Quito, donde pidió asilo, al advertir que la Fiscalía buscaba procesarlo por el caso «Reconstrucción».
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ordenó asaltar la sede diplomática de México para detener a Glas el 5 de abril de 2024, una vez que el Gobierno mexicano del entonces gobernante Andrés Manuel López Obrador le había concedido el asilo al considerarlo un «perseguido político» ante los procesos de corrupción acumula desde 2017.
Este episodio llevó a la ruptura de las relaciones entre ambos países y a un litigio en la Corte Internacional de Justicia, donde México acusa a Ecuador de haber roto la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y Ecuador culpa al país nortemericano de haber contravenido los tratados que regulan el asilo diplomático.
