Categoría: El Mundo

  • Milei despide a funcionario tras difusión de audios sobre presunto esquema de sobornos

    Milei despide a funcionario tras difusión de audios sobre presunto esquema de sobornos

    El presidente de Argentina, Javier Milei, despidió al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, horas después de la filtración de unas grabaciones en las que se escucha a éste detallar un esquema de recaudación de sobornos, que motivaron una denuncia por corrupción contra el mandatario, su hermana y el propio funcionario, entre otros.

    «Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el presidente de la Nación ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo», anunció la Vocería Presidencial a través de la red social X.

    «El Ministro de Salud, Mario Lugones, intervendrá la Agencia Nacional de Discapacidad e informará en las próximas horas el nombre del interventor del organismo, en virtud de garantizar su normal y correcto funcionamiento», añadió el comunicado.

    Esta medida se produjo poco después de que el abogado Gregorio Dalbón, que representa a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) en algunas de sus causas en la Justicia, denunciara penalmente al presidente y a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por corrupción en contratos de provisión de medicamentos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

    Dalbón acusó la existencia de «un esquema de cobro y pago de coimas (sobornos) relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos, hechos que encuadran en los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública».

    La presentación judicial, a la que accedió EFE, alcanza además de a los hermanos Milei, al asesor presidencial Eduardo ‘Lule’ Menem – primo del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem-, al dueño de la empresa comercializadora de medicamentos Suizo Argentina S.A., Eduardo Kovalivker, y al propio Spagnuolo, que ejerció en el pasado como abogado del actual presidente.

    La denuncia se produjo poco después de la difusión en diversos medios locales de una serie de audios en los que una voz, presuntamente la de Spagnuolo, detalla un esquema de recaudación de sobornos ligado a Suizo Argentina S.A.

    En la primera grabación, se escucha a quien sería Spagnuolo admitir la existencia de una red de recaudación ilegal con conocimiento del presidente: «Él no está metido, pero es toda la gente de él. Entonces van a pedirle guita (dinero) a la gente. A los prestadores le van a pedir guita».

    En un segundo fragmento, el funcionario relata que advirtió de todo esto a Milei y en un tercer audio afirma que el circuito estaría manejado por una empresaria vinculada a la familia Menem, quien se llevaría cifras millonarias: «Ella se lleva medio palo (medio millón de dólares) para arriba de medicamentos por mes».

    En las grabaciones, se identifica como presuntos responsables de la red de corrupción a Karina Milei y a Eduardo ‘Lule’ Menem, señalándolos como los principales operadores del sistema de retornos.

    Según la denuncia, la empresa comercializadora de medicamentos actuaba como canal para el desvío de fondos públicos mediante sobreprecios y porcentajes exigidos a los proveedores.

    En paralelo con la denuncia del abogado, diputados opositores instaron este miércoles a Karina Milei y al propio Spagnuolo a dar explicaciones sobre el caso. Los pedidos tuvieron lugar durante una sesión convocada para tratar, entre otras cuestiones, la declaración de emergencia en materia de discapacidad, una medida que obliga al Estado a aumentar los fondos de asistencia a ese sector y que fue vetada a comienzos de mes por el presidente.

  • Zelenski dice que podría reunirse con Putin en Suiza, Austria o Turquía

    Zelenski dice que podría reunirse con Putin en Suiza, Austria o Turquía

    El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha afirmado que una posible reunión con el líder ruso, Vladímir Putin, podría producirse en un país europeo neutral, como Suiza, Austria o Turquía.

    «Creemos que sería justo y los europeos enfatizaron esto, que la reunión debería ser en la Europa neutral. Porque hay una guerra en Ucrania y en el continente europeo», dijo en un encuentro con periodistas, en declaraciones citadas este jueves por la agencia Ukrinform.

    «He dicho que estamos de acuerdo. Suiza, Austria, estamos de acuerdo. ¿Turquía? Turquía es para nosotros un país de la OTAN y parte de Europa. No estamos en contra», afirmó el presidente.

    Por el contrario, descartó que el encuentro pudiera producirse en Moscú y subrayó también que organizar el encuentro en Hungría, como se ha planteado, sería «difícil».

    «No es fácil, porque hay unidad de todos los países europeos a la hora de respaldar a Ucrania durante la guerra. Y, seamos sinceros, Budapest no nos apoyó», dijo.

    Este martes, el Gobierno austríaco se mostró dispuesto a permitir que Putin participe en Viena en una cumbre con su homólogo ucraniano, pese a la orden de arresto emitida contra el líder ruso por la Corte Penal Internacional (CPI).

    «Si las negociaciones se celebraran en Viena, nos pondremos en contacto con la CPI, en virtud de nuestros acuerdos de sede de organizaciones internacionales en Viena (…), para permitir la participación del presidente Putin», señaló en una nota la oficina del canciller (primer ministro) austríaco, el conservador Christian Stocker.

    También el martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que quiere ver «qué sucede» en una reunión bilateral entre Putin y Zelenski, antes de optar por la posibilidad de participar en una reunión a tres bandas para tratar de alcanzar un acuerdo de paz.

    Pese a que Trump pretendía inicialmente celebrar un encuentro trilateral, tras reunirse el lunes con Zelenski y varios líderes europeos y telefonear a Putin, dijo que se va a celebrar primero un encuentro bilateral para tratar de poner fin a la guerra en Ucrania.

  • Presidencia de Corte Penal Internacional acusa a EE. UU. de tratar de «obstaculizar” al tribunal con sanciones

    Presidencia de Corte Penal Internacional acusa a EE. UU. de tratar de «obstaculizar” al tribunal con sanciones

    La Asamblea de Estados Partes, el órgano legislativo de la Corte Penal Internacional (CPI), denunció este jueves como “intentos lamentables de obstaculizar” al tribunal las nuevas sanciones de Estados Unidos contra dos fiscales y dos jueces por la investigación a Israel, y pidió a la comunidad internacional reafirmar su “compromiso colectivo” con la corte.

    La Presidencia de la Asamblea, que reúne a los 125 países firmantes del Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal, reaccionó “con profunda preocupación” a las sanciones de la Administración de Donald Trump contra los jueces Kimberly Prost (Canadá) y Nicolas Guillou (Francia), y los fiscales Nazhat Shameem Khan (Fiji) y Mame Mandiaye Niang (Senegal).

    Esta nueva ronda de sanciones, anunciada ayer, se suma a las emitidas en junio contra cuatro jueces, y en febrero contra el fiscal jefe, Karim Khan.

    “Constituyen intentos lamentables de obstaculizar a la corte y a su personal en el ejercicio de sus funciones judiciales independientes. Seguimos oponiéndonos a tales medidas unilaterales de manera firme e inequívoca”, señaló la asamblea.

    Consideró que estas restricciones a sus funcionarios representan “una afrenta a la independencia de la corte” y, además, las sanciones “corren el riesgo de dificultar investigaciones en curso”, que van desde Palestina hasta Afganistán, pasando por Filipinas y Venezuela, hasta varios países africanos.

    La Asamblea recordó que la CPI es “una piedra angular” de la justicia internacional y que funciona como un órgano judicial “independiente e imparcial”, por lo que las sanciones “buscan obstaculizar los esfuerzos por llevar justicia a las víctimas de los crímenes más atroces”.

    Asimismo, pidió a los países miembros “mantener su firme compromiso con la defensa de la justicia internacional”, pero añadió: “En estos tiempos difíciles, la comunidad internacional debe reafirmar su compromiso colectivo con el Estado de derecho y con garantizar que nadie quede por encima de la rendición de cuentas”.

    Fue Israel quien urgió a Trump a sancionar a la CPI, que emitió en noviembre pasado órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y lesa humanidad como usar el hambre como método de guerra, dirigir intencionalmente un ataque contra la población civil; asesinato, persecución y otros actos inhumanos desde octubre de 2023.

    Ni Israel ni Estados Unidos son miembros de la CPI, aunque Washington sí ha cooperado con este tribunal por investigaciones como la de los crímenes de guerra en Ucrania, que llevó a la emisión de una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin, pero retiró ese apoyo cuando las investigaciones afectaron a su aliado israelí.

    Países Bajos, anfitrión de la CPI en la ciudad neerlandesa de La Haya, mostró su apoyo a la Corte y “desaprobó” las sanciones, recordando que “los tribunales y cortes internacionales independientes deben poder llevar a cabo su labor sin obstáculos”, en palabras del ministro neerlandés de Exteriores, Caspar Veldkamp.

    Este tipo de sanciones obliga a los estadounidenses -lo que incluiría filiales en Europa de bancos, seguros y sistemas informáticos estadounidenses- a no cooperar con las personas o instituciones sancionadas, o sufrirán acciones penales. Entre otras consecuencias, también deja sin acceso los correos electrónicos o las cuentas bancarias si usan sistemas vinculados a Estados Unidos.

    En este sentido, Veldkamp subrayó el compromiso de Países Bajos a “garantizar que la Corte pueda funcionar con la menor interferencia posible”.

  • Trump tardaría 50 años en deportar a 15 millones, advierte estudio

    Trump tardaría 50 años en deportar a 15 millones, advierte estudio

    La promesa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de deportar a 15 millones de migrantes tomará alrededor de 50 años si se mantiene el ritmo actual de expulsiones, según estimó este miércoles Luciana Gandini, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

    Durante el foro ‘Migración: desplazamiento forzado, diásporas y apoyo universitario’, la socióloga indicó que las deportaciones no han crecido significativamente respecto a años anteriores, y que las cifras actuales distan mucho de las metas anunciadas por el mandatario estadounidense. “No se han cumplido las promesas de expulsar entre 15 y 20 millones. Hasta ahora se han deportado unas 150,000 personas”, puntualizó Gandini.

    Además, advirtió que el discurso antiinmigrante del presidente Trump comienza a generar ecos en otras partes del mundo, reforzando políticas restrictivas fuera del contexto estadounidense.

    La investigadora, quien coordina el Seminario Universitario de Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación de la UNAM, reveló que entre 2010 y 2024, América Latina y el Caribe pasó de tener 8 millones a casi 18 millones de migrantes internacionales, y que el 85 % de estos flujos migratorios ocurren dentro de la región, lo cual representa un fenómeno novedoso.

    También destacó casos crecientes de autodeportaciones, producto del temor, amenazas y la frustración, especialmente entre quienes no logran regularizar su situación migratoria. “El regreso forzado, aunque costoso, se está volviendo una opción para muchos”, explicó.

    Solicitudes de asilo y muertes en rutas migratorias aumentan

    Martha Judith Sánchez, otra de las investigadoras del foro, expuso que la movilidad internacional sigue en aumento, con 304 millones de migrantes en el mundo, lo que representa el 3.6 % de la población global.

    Las solicitudes de asilo crecieron un 30 % entre 2020 y 2022, pasando de 4.1 millones a 5.4 millones, mientras que la cantidad de refugiados aumentó de 14 millones en 2000 a 35.2 millones en 2014. A esto se suman los 8,938 migrantes que han muerto en rutas peligrosas de desplazamiento hasta 2024.

    Por su parte, el investigador Mario Luis Fuentes Alcalá señaló que el 40 % de los desplazamientos forzados en América Latina involucran a comunidades indígenas, muchas de ellas afectadas por conflictos territoriales, violencia o marginación estructural.

    En México, para finales de 2024 se estiman 390,000 personas desplazadas internamente, indicó Fuentes, quien también coordina el proyecto La UNAM en las fronteras. Llamó a evitar estigmatizar los lugares de origen, ya que “están surgiendo nuevas formas de comunidad, relaciones sociales y configuraciones territoriales”.

    “El territorio es una construcción social, cultural y política. Son espacios ocupados por otros, y la llegada de nuevas poblaciones genera tensiones y competencia por los mismos recursos”, explicó.

    La UNAM ofrece orientación, contención y asistencia a migrantes a través de su plataforma “UNAM, Acción Migrante”, que brinda acompañamiento tanto a mexicanos como a personas de otras nacionalidades.

  • Informe revela retrasos electorales y uso indebido de recursos para favorecer a candidata oficialista en Honduras

    Informe revela retrasos electorales y uso indebido de recursos para favorecer a candidata oficialista en Honduras

    Expertos alertaron el miércoles sobre un «panorama alarmante» en el desarrollo del proceso electoral en Honduras, marcado por retrasos en el cronograma, inacción institucional y el uso indebido de recursos estatales para favorecer a la candidata oficialista a la Presidencia, Rixi Moncada, a menos de cuatro meses de las elecciones generales del 30 de noviembre.

    El coordinador técnico de la Red por la Defensa de la Democracia (RDD), Juan Carlos Aguilar, señaló a EFE que uno de los principales desafíos del proceso electoral es garantizar la gobernabilidad en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

    Según Aguilar, el principal reto es cumplir con el cronograma electoral, ya que hasta ahora solo se ha completado el 50 % de las etapas clave debido a la «extrema partidización de las instituciones», lo que, afirmó, «pone en riesgo la certeza y la transparencia del proceso».

    El órgano electoral enfrenta el desafío de avanzar en el proceso y tomar decisiones que, en su mayoría, requieren aprobación unánime, enfatizó Aguilar.

    El experto señaló que los escenarios electorales en Honduras se presentan en dos direcciones opuestas. Por un lado, se podría desarrollar un proceso tranquilo, respetando el ordenamiento jurídico, con elecciones que cuenten con garantías mínimas y asegurando que la voluntad popular defina la elección del presidente, alcaldes y diputados.

    Sin embargo, también existe el riesgo de una alta conflictividad debido a la creciente polarización política, que podría desencadenar una “crisis similar o incluso más grave” que la de 2017, cuando Juan Orlando Hernández resultó reelegido y gobernó entre 2014 y 2022.

    Hernández no solo ganó las dos elecciones con fraude, según la oposición, sino que también se reeligió en 2017 aún cuando la Constitución del país no lo permite, bajo ninguna modalidad.

    La situación dependerá de la «dinámica de los partidos políticos y de sus líderes», quienes podrían optar por defender un triunfo electoral o intentar mantenerse en el poder por la fuerza, en lugar de respetar el proceso democrático, subrayó Aguilar.

    La directora de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh), Melissa Elvir, coincidió con Aguilar al señalar a EFE que persiste el uso indebido de recursos públicos con fines electorales.

    “No hemos podido superar la dependencia del erario público para generar campañas”, lamentó Elvir, quien afirmó que otro de los desafíos de cara a los comicios radica en la propia institucionalidad pública.

    Destacó además que persisten problemas de tiempo y logística que podrían repetirse, como ocurrió en las elecciones primarias de marzo pasado, cuando muchas maletas electorales no llegaron a los centros de votación.

    “La desconfianza ciudadana es latente y eso puede implicar desafíos importantes para la institucionalidad pública”, aseguró Elvir, quien dijo que espera que las elecciones de noviembre se desarrollen como una “fiesta cívica, en paz y democracia”.

    Ambos expertos destacaron el aumento en la entrega de bonos, la publicidad estatal y la utilización de cuentas alternas vinculadas al poder para atacar adversarios, difundir desinformación y promover logros del gobierno, sin que se conozca el origen de los fondos.

    La RDD lamentó la falta de respuesta del Ministerio Público (Fiscalía) ante las denuncias de delitos electorales, porque de los 196 casos reportados, apenas cuatro han derivado en requerimientos fiscales, lo que considera erosiona la confianza ciudadana y genera un clima de permisividad frente a irregularidades.

    Advirtió que en Honduras hay un «deterioro del espacio cívico», caracterizado por amenazas, hostigamiento y campañas de odio contra voces críticas, amplificadas en redes sociales desde cuentas vinculadas al oficialismo.

    La Red hondureña exigió a las autoridades electorales y de justicia «actuar con independencia e imparcialidad, sancionar el uso indebido de recursos públicos y garantizar un proceso electoral íntegro y pacífico».

  • Abogado de empresario periodístico defiende libertad de expresión en juicio en Hong Kong

    Abogado de empresario periodístico defiende libertad de expresión en juicio en Hong Kong

    Robert Pang, abogado del empresario y opositor hongkonés Jimmy Lai, defendió este miércoles la libertad de expresión durante los alegatos finales de su juicio por presunta conspiración con fuerzas extranjeras y publicación de material sedicioso.

    Ante el tribunal de West Kowloon, Pang afirmó que “no se puede obligar a nadie a pensar de una forma u otra” y subrayó que tampoco es un error llamar a un gobierno a cambiar sus políticas, ya sea desde dentro o fuera del territorio. Su declaración se enmarca en un proceso judicial que ha sido duramente cuestionado por organizaciones internacionales de derechos humanos.

    El fiscal Anthony Chau citó como prueba un editorial del desaparecido periódico Apple Daily, fundado por Lai, en el que se pedían sanciones contra Pekín y las autoridades de Hong Kong. Chau aseguró que este tipo de publicaciones exceden la crítica política y constituyen conductas “sediciosas”.

    No obstante, la jueza del Tribunal Superior, Esther Toh, mostró reservas sobre la acusación y cuestionó: “¿Se puede escribir un artículo crítico sobre el problema del agua, pero hay que aventurarse a ofrecer soluciones?”.

    Durante el juicio, Lai reconoció que en julio de 2019 se reunió con el entonces vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, para solicitar apoyo a Hong Kong en el contexto de las protestas prodemocráticas. Sin embargo, recalcó que “nunca” pidió represalias directas contra China ni contra las autoridades locales.

    Los fiscales aseguran que el empresario mantuvo un “enfoque calculado y estratégico” para promover sanciones internacionales, lo que justificaría su acusación bajo la ley de seguridad nacional que Pekín impuso en 2020.

    Un símbolo de las protestas prodemocráticas de 2019

    Jimmy Lai, considerado uno de los principales opositores a la creciente influencia de China sobre la autonomía de Hong Kong, fue uno de los organizadores de las multitudinarias protestas de 2019. Permanece bajo custodia desde diciembre de 2020 y cumple otra condena por un caso de fraude que denuncia como persecución política.

    El proceso judicial contra Lai es visto como un caso emblemático de la represión en Hong Kong y ha encendido las alarmas sobre el futuro de la libertad de prensa y la disidencia política en el territorio.

  • Netanyahu ordena adelantar la invasión militar de ciudad de Gaza pero sin dar una fecha

    Netanyahu ordena adelantar la invasión militar de ciudad de Gaza pero sin dar una fecha

    El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó este miércoles «acortar» el plazo de preparación previo a que las tropas invadan la ciudad de Gaza, donde se refugian un millón de palestinos.

    «De cara a la aprobación de los planes para la operación en la ciudad de Gaza, el primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó acortar los plazos para la toma de los últimos bastiones terroristas y derrotar a Hamás», detalló en un comunicado la Oficina del mandatario.

    El escueto texto, que podría responder a una maniobra de presión tanto a Hamás como a la población palestina obligada a desplazarse, no ofrece ninguna posible fecha.

    Tampoco el Ejército israelí ha hecho ninguna alusión al respecto, más allá de repetir hoy que ya han comenzado «las operaciones preliminares» en algunos barrios de la capital gazatí.

    El portavoz castrense, Effie Defrin, dijo hoy en una comparecencia online que «el Ejército ya controla las puertas de la ciudad de Gaza» y que ya hay fuerzas apostadas en el barrio periférico sureño de Zeitún y en localidad de Yabalia (al norte de la ciudad de Gaza).

    «Fuerzas adicionales se unirán a los combates en el futuro próximo», aseguró en la compadecencia Defrin.

    Según fuentes gazatíes, los ataques y bombardeos se han incrementado en estos dos puntos, así como la demolición de viviendas. Además, el Ejército ha llamado a filas a 60,000 reservistas, según un comunicado de Defensa.

    Desde octubre de 2023, más de 62,000 palestinos han sido asesinados en 22 meses de ofensiva israelí, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí, si bien esta cifra podría ser conservadora. Entre ellos hay 18.000 niños.

    Además, cerca de dos millones de gazatíes se han visto forzosamente desplazados, muchos múltiples veces, y desde entonces la mayoría malvive en tiendas de campaña dentro de un enclave en la que han sido destruidas casas, colegios y hospitales.

  • EEUU pinta de negro el muro fronterizo para elevar su temperatura y evitar escaladas

    EEUU pinta de negro el muro fronterizo para elevar su temperatura y evitar escaladas

    El Gobierno del presidente Donald Trump ha comenzado a pintar de negro el muro fronterizo con México para elevar la temperatura de las barras de metal y hacer más difícil su escalada, como parte de sus esfuerzos para reducir la inmigración indocumentada.

    La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, publicitó la nueva estrategia este miércoles cuando se cumplen siete meses de la llegada del mandatario republicano a la Casa Blanca con la promesa de reducir a cero la inmigración indocumentada.

    “Este muro es parte de la diferencia. Demasiado alto para escalarlo. Demasiado estrecho para atravesarlo. Y ahora, por orden del presidente, será pintado de negro, tan caliente al tacto que los inmigrantes ilegales ni siquiera lo intentarán”, dijo la funcionaria en un mensaje en X.

    Noem estuvo el martes en una sección del muro fronterizo sur en Santa Teresa (Nuevo México), donde explicó a los agentes la nueva estrategia de la Casa Blanca para aumentar la temperatura de la estructura metálica actualmente de color marrón y, por lo tanto, dificultar su escalada, además de aumentar la vida útil del metal.

    La secretaria explicó que la nueva pintura se realizó “específicamente” a petición del presidente Donald Trump.

    Destacó que la renovación del muro ayudará a los agentes de la Oficina de Protección Fronteriza y Aduanas (CBP) a hacer su trabajo.

    “Es a la vez escudo y símbolo: un monumento al compromiso inquebrantable del presidente Trump con este país y la seguridad del pueblo estadounidense”, agregó.

    Los fondos para renovar el muro y la nueva construcción, que avanza a un ritmo cercano a los 800 metros por día, según los datos dados por Noem, se adjudicaron en la ley de presupuesto aprobada en julio pasado.

    La Casa Blanca también está invirtiendo en tecnología, cámaras, sensores e infraestructura fluvial en la frontera suroeste.

  • Abuchean a JD Vance y Pete Hegseth en su visitar a la Guardia Nacional en Washington

    Abuchean a JD Vance y Pete Hegseth en su visitar a la Guardia Nacional en Washington

    Manifestantes abuchearon este miércoles al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y a Stephen Miller, uno de los principales consejeros del presidente Donald Trump, cuando acudieron a saludar a miembros de la Guardia Nacional que forman parte del polémico contingente que la Casa Blanca desplegó en Washington.

    Los tres funcionarios cudieron a la estación central de tren de la capital estadounidense para ver cómo estaban evolucionando los supuestos trabajos de mejora que las tropas están llevando a cabo en la ciudad.

    «Liberen DC», les gritaron a su llegada.

    Los dirigentes caminaron impasibles ante los gritos de los que estaban en la estación, pese a que se escucharon muy fuerte y se colaron en el directo que emitió el Pentágono sobre la visita.

    De hecho, hasta se rieron de algunos de los que protestaban.

    «Este tipo piensa que la gente no merece ley y orden en su propia comunidad», dijo Vance en tono burlesco a Hegseth mientras señalaba a uno de los manifestantes.

    Trump declaró una «Emergencia de Seguridad Pública», el lunes tomó el control de la Policía de Washington D.C. y anunció la activación de unas 800 tropas de la Guardia Nacional de la capital, dentro de sus esfuerzos por «restablecer el orden público», amparado en una cláusula de la Ley de Autonomía.

    Desde entonces, la capital estadounidense ha visto un incremento exponencial en la presencia de agentes de agencias federales como el FBI, la DEA y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que han realizado decenas de arrestos por posesión de armas y otros delitos, a los que se unen detenciones de indocumentados, según la Casa Blanca.

    El pasado 11 de agosto Trump declaró la ‘Emergencia de Seguridad Pública’ en Washington para, según él, «restablecer el orden público», pese a que los índices de criminalidad en la capital son los menores en 30 años.

    Hoy, Vance, Hegseth y Miller acudieron a un local de la cadena de hamburguesas dentro de la estación para saludar a miembros de la Guardia Nacional y acabaron comiendo con ellos.

    Dentro del establecimiento alabaron la labor que están llevando a cabo los agentes, que fueron desplegados desde hace más de una semana.

    «La delincuencia es extremadamente alta aquí en la estación central. Hay personas sin hogar y drogadictos», respondió Vance cuando fue cuestionado por las zonas en las que se concentran las tropas, que han sido enviadas a las zonas más turísticas de la ciudad y no en las que más crímenes concentran.

    Preguntado por una encuesta que muestra que la mayoría de los habiatantes de la ciudad no apoya el despliegue de la Guardia Nacional, Vance optó por restarle importancia.

    «Soy muy escéptico con que la mayoría de los residentes de Washington no quieran que su ciudad tenga más seguridad pública», respondió a la prensa en la hamburguesería.

    Nadine Seiler, una vecina de la zona que participó en la protesta contra las tropas, explicó a EFE que la Guardia Nacional se pasa «unas 15 horas de pie sin hacer nada porque Trump quiere aparentar que Washington está plagado de delincuencia y violadores».

    «Washington tiene delincuencia, está sucio y tiene problemas, pero esto es una crisis inventada para traer aquí a la Guardia Nacional y desviar el foco», añadió.

    Sin embargo, defendió que eso no es lo que le hace sentirse insegura.

    «Ahora sí me siento insegura en D.C. por culpa del ICE», dijo mientras sostenía una gran lona en la que, como en su camiseta, llevaba escrito mensajes contra Trump y las tropas.

    Con un discurso similar, Jonathan, acompañado de una pancarta que acusaba a la Guardia Nacional de ser «criminales de guerra» aseguró que en la ciudad, especialmente en la estación, «no ocurre nada».

    «Aquí no hay ningún delito que justifique esta respuesta militar. No está pasando nada. Solo hay abuelas, turistas y gente que va y viene del trabajo. No hay ningún peligro. Los guardias no tienen nada que hacer, salvo quedarse ahí todo el día», afirmó.

    El vecino sugirió que todo el dinero destinado a este despliegue se podría haber usado para dar una casa a las personas sin hogar de la ciudad.

    Según la Administración de Trump, desde el inicio de la operación, se han realizado más de 550 arrestos por diferentes delitos. Estas detenciones también incluyen a indocumentados y a gente sin techo.

  • Tribunal de Apelaciones permite a Trump poner fin al TPS de Honduras, Nicaragua y Nepal

    Tribunal de Apelaciones permite a Trump poner fin al TPS de Honduras, Nicaragua y Nepal

    Un tribunal de apelaciones permitió este miércoles al Gobierno del presidente Donald Trump poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para 60.000 inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal, lo que marca una nueva victoria de la Casa Blanca en su cruzada por terminar con el beneficio migratorio otorgado por el Ejecutivo.

    Un panel del Noveno Circuito de Apelaciones en California suspendió la orden de un tribunal de distrito que había permitido a los inmigrantes continuar con el amparo que protege de la deportación a alrededor de 51,000 hondureños y casi 3,000 nicaragüenses.

    Los beneficiarios nepalíes del TPS afectados por el fallo han vivido legalmente en Estados Unidos durante más de 10 años, mientras que los beneficiarios hondureños y nicaragüenses afectados han mantenido por más de 26 años.

    Las órdenes de terminación del amparo del Departamento de Seguridad Interna les otorgan solo 60 días a los inmigrantes antes de perder el estatus.

    Los inmigrantes amparados por el TPS habían demandado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alegando que puso final al amparo, que los protege de la deportación, debido a «animosidad racial».

    En ese sentido, la subsecretaria del DHS Tricia McLaughlin argumentó a comienzo de mes que la cancelación del amparo responde a un mandato para «restaurar la integridad» del sistema migratorio y regresar la meta original del TPS.

    «El TPS nunca se concibió como un sistema de asilo de facto; sin embargo, así es como lo han utilizado las administraciones anteriores durante décadas», subrayó la funcionaria.

    En contraste, Emi MacLean, abogada de la Fundación la Unión Estadounidense de Derechos Civiles (ACLU) del Norte de California, dijo hoy en un comunicado que el ataque de este Gobierno al TPS forma parte «de una campaña coordinada» para privar a los inmigrantes que no son ciudadanos de cualquier estatus legal.

    «El fallo de hoy es un revés devastador, pero no es el fin de esta lucha. La protección humanitaria TPS es importante y no se puede diezmar tan fácilmente», agregó la abogada.

    Por su parte, Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Políticas de Inmigración de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) criticó la decisión del panel y advirtió que los demandantes «merecen algo mejor» de lo que los jueces determinaron.

    El fallo del panel implica que los beneficiarios nepaleses del TPS perderán su estatus legal y autorización de trabajo de inmediato, y los beneficiarios hondureños y nicaragüenses del TPS perderán su amparo el 8 de septiembre.

    Jessica Bansal, abogada de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), que promueve la Alianza TPS, indicó que el fin del amparo causará enormes dificultades a decenas de miles de familias, incluyendo a más de 40.000 ciudadanos estadounidenses hijos de beneficiarios del TPS.

    La Administración Trump también ha cancelado el TPS a unos 350,000 venezolanos y al menos medio millón de haitianos, entre otros migrantes.