Categoría: El Mundo

Un juez federal rechazó este martes la solicitud del gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, de emitir una orden de emergencia que bloquee el despliegue en Los Ángeles de soldados de la Guardia Nacional y la Infantería de Marina de EE.UU. ordenado por la Administración del presidente Donald Trump.

Newsom y el fiscal general de California, Rob Bonta, habían pedido este martes un fallo de emergencia ante el Tribunal del Distrito Norte de California para impedir al Pentágono ampliar la misión actual del personal federalizado de la Guardia Nacional de California y la Infantería de Marina.

El juez federal Charle Breyer rechazó la solicitud de California sobre la orden de emergencia, y concedió la solicitud de dar más tiempo a la Administración Trump para responder a la querella legal.

Breyer dio la oportunidad al estado de California de presentar los documentos de oposición antes de una audiencia programada para el jueves.

Trump ordenó el sábado pasado desplegar 2,000 soldados de la Guardia Nacional de California, sin contar con la autorización del gobernador, lo que supone la primera vez en 60 años que el Ejecutivo estadounidense desconoce la autoridad estatal sobre las fuerzas.

Newsom y Bonta demandaron este lunes a la Casa Blanca para detener el despliegue argumentando que la Administración «abusaba de la autoridad del gobierno federal y violaba la Décima Enmienda» de la Constitución.

Pero Trump y el Pentágono respondieron ayer mismo con el envío de 700 infantes de Marina y 2.000 soldados más de la Guardia Nacional de California.

«Lo que están presenciando en California es un ataque total a la paz, al orden público y a la soberanía nacional, perpetrado por alborotadores que portan banderas extranjeras con el objetivo de prolongar una invasión extranjera de nuestro país. No vamos a permitir que eso suceda», dijo hoy el mandatario durante un mitin en Fort Bragg, la mayor base militar en suelo estadounidense.

Las manifestaciones en Los Ángeles comenzaron el viernes después que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) realizara una serie de operativos contra trabajadores y se han prolongado por cuatro días.

Newsom aclaró que aunque se reportaron algunos incidentes violentos e ilegales, que llevaron a arrestos «justificados» por parte de las autoridades estatales y locales, «estas protestas fueron en gran medida pacíficas» e involucraron a ciudadanos que ejercieron su derecho a protestar, amparado por la Primera Enmienda.

El gobernador, al igual que la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, han subrayado que la policía ha logrado controlar la situación, como en otros casos recientes de disturbios.

El despliegue total de los casi 5,000 soldados tendrá un costo de 134 millones de dólares que cubrirán transporte, alimentación, alojamiento y otros gastos hasta un máximo de 60 días, según cifras compartidas por el Pentágono.

La Corte Suprema de Argentina rechazó este martes el recurso presentado por la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y dejó en firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos público, dictada contra ella en 2022 por irregularidades en la concesión de obras viales.

Tras esta decisión, adoptada por unanimidad por los tres jueces del Supremo, Fernández podría ser detenida en las próximas horas o días para cumplir la condena, que la expresidenta ha calificado como un caso de «lawfare», es decir, persecución judicial y política.

«Las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida (…) sin que se haya demostrado en modo alguno que la decisión apelada no constituya una derivación razonada del derecho vigente de conformidad con las circunstancias particulares comprobadas en la causa, ni que durante el proceso se haya vulnerado alguna garantía constitucional», dice el fallo de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Y añade: «El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley», agrega.

La decisión ratificó así la condena en segunda instancia por irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur).

El fallo de la Corte debe ser remitido al Tribunal Oral Federal 2 para que su titular, el juez Jorge Gorini, ejecute la sentencia dictada en 2022, lo que significa que sería detenida en las próximas horas o días.

La defensa de Fernández puede solicitar a ese juez que conceda a la exmandataria el beneficio de la prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años, tras haber cumplido 72 en febrero pasado.

El fallo del Supremo llegó ocho días después de que la expresidenta anunciara su candidatura como legisladora en los elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, previstas para septiembre.

Al haber alcanzado una decisión antes de la fecha de presentación oficial de las candidaturas para dichos comicios el próximo 19 de julio, la exmandataria queda ahora imposibilitada de competir en esa elección y cualquier otra.

La causa por la que fue condenada, conocida como «Vialidad», investigó supuestas irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz a compañías del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).

La expresidenta fue condenada en 2022 por administración fraudulenta, aunque no fue detenida debido a los fueros que entonces tenía como vicepresidenta del país y a la instancia pendiente de revisión por parte de la Cámara de Casación Penal.

En noviembre de 2024 la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Fernández, quien recurrió al Supremo.

En declaraciones este lunes en la sede de su partido, en vísperas de la decisión de los jueces, la exmandataria definió a la Corte Suprema como «guardia pretoriana del poder económico» y sostuvo que hay personajes políticos que, habiendo obrado contra los intereses del país, caminan «libres» por las calles, por lo que, para ella, «estar presa es un certificado de dignidad».

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, negó este martes haber considerado un golpe de Estado tras su derrota en las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante su declaración ante el Tribunal Supremo, reconoció que exploró «alternativas dentro de la ley», pero rechazó cualquier intento por romper el orden constitucional.

«Cuando hablamos de un proyecto de ley, parece que se trata de algo perverso. Rechazo cualquier posibilidad de hablar de un proyecto de ley golpista o que no se ajuste a la Constitución brasileña», declaró el exmandatario en su primera comparecencia como imputado en la causa por el presunto complot golpista.

Al ser interrogado por el juez Alexandre de Moraes sobre las reuniones que sostuvo con comandantes militares a finales de 2022, Bolsonaro aseguró que todas las conversaciones giraron en torno a soluciones enmarcadas en la Constitución. «No puedo garantizar qué asunto se discutió en qué fecha. Las reuniones se basaban, en gran medida, en la decisión del Tribunal Superior Electoral», explicó.

El expresidente afirmó que la sanción económica impuesta a su partido, el Partido Liberal, por solicitar la anulación de las elecciones, limitó la posibilidad de cuestionar los resultados. «Entendíamos que, si apelábamos, la multa podía aumentar», señaló.

Sobre las acusaciones de que su administración habría considerado acciones militares, Bolsonaro fue enfático: «Por mi parte, nunca se habló de un golpe de Estado. Es abominable. Sería fácil iniciarlo, pero las consecuencias serían impredecibles. Brasil no puede vivir una experiencia así».

Asimismo, negó que el excomandante de la Armada, Almir Garnier, le ofreciera tropas para revertir los resultados. «No había clima, ni oportunidad, ni una base mínimamente sólida para hacer nada», afirmó.

En cuanto a sus declaraciones cuestionando la legitimidad del sistema de voto electrónico, sostuvo que su postura siempre ha sido favorable al voto impreso, sin tomar acciones que violaran la ley. También ofreció disculpas por acusaciones infundadas contra magistrados del Alto Tribunal: «No tenía intención de acusar a nadie, y reconozco que no existe ninguna prueba».

Bolsonaro forma parte del grupo principal de ocho personas investigadas por supuestamente integrar una trama que pretendía derrocar el orden democrático, la cual culminó con el intento de toma de las instituciones el 8 de octubre de 2023. En su contra pesan cargos por asociación criminal, tentativa de abolir violentamente el Estado de derecho, intento de golpe de Estado y daños al patrimonio nacional.

La presidenta de México,

Claudia Sheinbaum, rechazó este martes las declaraciones de la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, quien la acusó de alentar las protestas por las redadas migratorias llevadas a cabo por las autoridades estadounidenses en Los Ángeles (California) que resultaron en la detención de 42 mexicanos.

“Hace unos momentos, ante una pregunta de un medio, la secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos, equivocadamente mencionó que alenté protestas violentas en Los Ángeles. Le informó que es absolutamente falso”, apuntó la mandataria en su cuenta de X.

Sheinbaum acompañó la publicación con un breve video con sus declaraciones en la conferencia de prensa del lunes, en donde aseguraba no estar de acuerdo con las manifestaciones violentas.

“Siempre hemos estado en contra de ello y más ahora desde la alta responsabilidad que represento”, acotó.

Sheinbaum reaccionó así a las declaraciones de Noem, quien en la mañana de hoy, durante una comparecencia de prensa en el Despacho Oval junto al presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que la mandataria mexicana “alentó más protestas y lo condeno”.

Finalmente, expresó su confianza de que el malentendido se «aclarará» y recordó que «el diálogo y el respeto son la mejor vía de entendimiento entre nuestros pueblos y nuestras naciones».

El domingo Sheinbaum dijo que «no es con redadas o con violencia» que se puede resolver el tema migratorio y este martes pidió una «reforma migratoria integral» que reconozca el papel de mexicanos que viven en Estados Unidos.

Además, desde el sábado pasado, el Gobierno de México expresó su «profunda preocupación» por los recientes operativos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en ciudades de Estados Unidos, en particular en Los Ángeles, California, que han saldado con la detención de decenas de migrantes, entre ellos, nacionales mexicanos.

Para aplacar las protestas, Trump ordenó el despliegue de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines en la ciudad sin solicitar autorización al gobernador, el demócrata Gavin Newsom, un hecho sin precedentes en las últimas seis décadas.

La medida ha sido duramente criticada por activistas y autoridades locales, quienes acusan al mandatario de escalar innecesariamente el conflicto.

El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este martes que intentará prohibir el acceso de los menores de quince años a las redes sociales, a las que acusó de promover la violencia, tras el apuñalamiento mortal de una vigilante escolar por un estudiante de secundaria.

«Voy a dar unos meses para buscar la movilización europea. Si no lo logramos, negociaré para poder aplicarlo en Francia. No podemos perder más tiempo», aseguró Macron en la televisión pública France 2.

Minutos antes, el primer ministro, François Bayrou, había anunciado en otro canal, TF1, que prohibirán de forma inmediata la venta de toda arma blanca a menores en el país, que hasta ahora solo prohibía los puñales.

En ese sentido, Macron consideró que hay «una epidemia de armas» entre los menores que constituye «una amenaza para ellos y para los vigilantes escolares».

«No vamos a tolerar que un menor tenga un arma blanca. Eso implica a los propios menores, a los padres y también a los vendedores», aseguró el presidente, que señaló que tendrán «tolerancia cero» y que emprenderán «una reacción fuerte» frente a esta situación.

El apuñalamiento de una vigilante escolar a primera hora de la mañana en Nogent, en el noreste de Francia, cuando cacheaba la mochila de un alumno de 14 años a la entrada del centro de secundaria ha generado un gran pesar en Francia.

Macron señaló que «la violencia está cada vez más presente en las sociedades» y eso afecta a los menores, por lo que justificó que se restrinja su acceso a las redes sociales.

«Se puede hacer, porque todas esas plataformas tienen la posibilidad mediante el reconocimiento facial de verificar la edad. Se ha hecho con una regulación europea para las webs pornográficas», aseguró el presidente.

Al tiempo, criticó a algunos medios de comunicación y a la líder ultraderechista Marine Le Pen por «manipular» cierto hechos para crear revuelta social.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, acusó este martes a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum,de alentar las protestas desatadas en Los Ángeles (California) contra las redadas migratorias.

«Sheinbaum alentó más protestas en Los Ángeles y lo condeno. No debería alentar las protestas violentas que están ocurriendo. La gente tiene derecho a protestar de forma pacífica pero la violencia que hemos visto es inaceptable», declaró Noem en una comparecencia de prensa en el Despacho Oval junto al presidente estadounidense, Donald Trump.

La encargada de la política migratoria de Estados Unidos respondió así cuando la prensa pidió una reacción a la condena que hizo Claudia Sheinbaum a la violencia ocurrida en la ciudad californiana.

Trump respondió que él «también» condena la violencia y subrayó que consiguió «frenarla» con su decisión de desplegar la Guarida Nacional para aplacar las protestas. La mandataria mexicana declaró el domingo que “no es con redadas o con violencia” que se puede resolver el tema migratorio y este martes pidió una “reforma migratoria integral” que reconozca el papel de mexicanos que viven en Estados Unidos.

Desde el sábado pasado, el Gobierno de México expresó su «profunda preocupación» por los recientes operativos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en ciudades de Estados Unidos, en particular en Los Ángeles, California, que han saldado con la detención de decenas de migrantes, entre ellos, nacionales mexicanos. Para aplacar las protestas,

Trump ordenó el despliegue de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines en la ciudad sin solicitar autorización al gobernador, el demócrata Gavin Newsom, un hecho sin precedentes en las últimas seis décadas. La medida ha sido duramente criticada por activistas y autoridades locales, quienes acusan al mandatario de escalar innecesariamente el conflicto.

El viceministro dennAsuntos Multilaterales de Colombia, Mauricio Jaramillo Jassir, aseguró este martes ennnRoma que el ataque al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue un «atentado a la democracia», y aseguró que este «gravísimo hecho» no implica que el país vuelva al nivel de violencia de hace 40 años.nn»Es un atentado contra la democracia, contra la pluralidad del Estado de derecho», remarcó en declaraciones a EFE Jaramillo, de visita estos días en la Ciudad Eterna y el Vaticano.nnEl Gobierno ve el ataque como un suceso muy grave, «pero de ninguna manera debe llevar a pensar que estamos igual» que los años de cruda violencia de fines de los ochenta e inicios de los noventa.nn»En la década de los noventa, se llegó a los 70/80 homicidios por cada 100,000 habitantes. Hoy, esta tasa, que de todas maneras nos preocupa, es de 23/25″, concretó Jaramillo.nn»Estamos muy lejos de los escenarios de finales de los ochenta o de la primera mitad de los noventa», añadió el vicecanciller.nnEl ataque contra Uribe Turbay ha causado gran inestabilidad en Colombia. El intento de asesinato del político, de 39 años y miembro del partido de derechas Centro Democrático, ha causado indignación y preocupación por la seguridad del próximo proceso electoral.nnUna de las preocupaciones es que en el país se repitan crímenes que precedieron la campaña presidencial de 1990, cuando fueron asesinados los candidatos Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro.nnAnte la situación actual, Jaramillo recalcó a EFE que el Gobierno de Gustavo Petro «ha hecho un llamado a la unidad».nnSegún agregó, las acciones para esclarecer y abordar lo sucedido dependen ahora en gran medida del poder judicial y la Fiscalía, que «enfrenta tal vez uno de los retos más complejos desde su creación».nn»Todo el estado está trabajando con la mayor celeridad para reconocer a los culpables materiales e intelectuales» del atentado, concluyó Jaramillo.

La activista sueca Greta Thunberg, detenida el pasado domingo por Israel junto a otros doce pasajeros de la Flotilla de la Libertad, denunció este martes en París, donde hizo escala hacia Suecia, que fueron «atacados y secuestrados ilegalmente» y «trasladados a Israel en contra de nuestra voluntad».

La ambientalista sueca aseguró, en unas declaraciones durante su escala en el aeropuerto Charles de Gaulle, que «se trata de otra violación de la ley internacional» por parte del Ejército israelí, que interceptó la embarcación que pretendía introducir ayuda humanitaria en Gaza y romper el bloqueo impuesto a la población palestina.

Las condiciones en las que ha pasado las últimas horas, según relata, no fueron «absolutamente nada comparado con lo que está atravesando ahora mismo la gente en Palestina, especialmente en Gaza».

Thunberg es una de los cuatro miembros del barco de la Flotilla de la Libertad, llamado Madleen, que aceptaron voluntariamente ser deportados a sus países de origen, al igual que el español Sergio Toribio y los franceses Omar Faiad y Baptiste Andre.

Los ocho activistas restantes se negaron a firmar el documento que tramitaba su deportación voluntaria e ingresaron en la prisión de la ciudad de Ramla, cercana a Tel Aviv, para que un juez decida hoy su posible expulsión del país.

Entre ellos figura la eurodiputada francopalestina Rima Hassan, del partido izquierdista La Francia Insumisa (LFI).

«No pude despedirme de ellos y estoy muy preocupada. Nos han llegado diferentes mensajes que apuntan a que no lo están teniendo fácil y a que tienen problemas para ver a sus abogados», ha reconocido Thunberg, que llamó a la acción de «todo aquel que pueda movilizarse» y «pedir la liberación inmediata».

La famosa ambientalista aseguró no sentirse «decepcionada» porque la embarcación se quedase a 102 millas de la costa de Gaza, en aguas internacionales, porque se trata de una «violación continuada de la ley internacional» por parte de Israel y la «historia real» es que «en Gaza se está produciendo un genocidio».