Categoría: El Mundo

El Gobierno del presidente Donald Trump está buscando eliminar un acuerdo judicial, logrado hace más de 25 años, que obliga a las autoridades a ofrecerles protecciones a los menores migrantes que están bajo custodia federal.

Con un recurso presentado hoy ante un tribunal en California, la Administración republicana pide que se elimine «por completo» el llamado «Acuerdo Flores» que desde 1997 establece normas mínimas para el trato de menores migrantes.

Entre ellas, garantizarles un acceso a servicios de salud y educación, mantenerlos en instalaciones que tengan una licencia para cuidar a menores de edad y liberarlos rápidamente a un familiar o representante legal.

El pacto legal también ha permitido a los abogados defensores de los inmigrantes sacar a la luz los retos que enfrentan los menores bajo custodia federal, incluidos niños que ingresan a EE.UU. acompañados de un familiar o tutor legal.

En el documento presentado hoy, el Gobierno de Trump alega que el acuerdo no le permite implementar las políticas migratorias que quisiera e impone la voluntad del judicial por encima del Ejecutivo.

En concreto, los abogados del Gobierno culpan al acuerdo Flores de haber «cambiado el panorama migratorio» al quitar algunos factores que disuadían a las familias de entrar de manera irregular a EE.UU.

A su vez, señala que las condiciones en los centros de detención para migrantes han mejorado «sustancialmente» desde que el acuerdo se firmó.

Esta es la segunda vez que Trump intenta levantar las protecciones a los menores migrantes: un intento para disolver este acuerdo durante su primer mandato (2017-2021) fue frenado por un tribunal de apelaciones.

Una solicitud similar hizo la Administración de Barack Obama (2009-2017) tras el aumento de niños solos que ingresaron al país en 2014.

El acuerdo lleva el nombre de Jenny Flores, una menor de 15 años que huyó de la guerra civil en El Salvador y tras cruzar la frontera en 1985, enfrentó un duro trato por las autoridades migratorias, que incluyó un registro al desnudo y estar encerrada en un centro juvenil durante meses sin educación, recreación y otros apoyos mientras esperaba la deportación.

La expulsión se logró evitar después de que la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones demandaran al Gobierno estadounidense y comenzara un litigio que cobijó a todos los niños y derivó en el acuerdo.

El Gobierno de Estados Unidos ha dado 72 horas a la universidad de Harvard para proporcionar información sobre actividades «violentas» y protestas en las que hayan participado sus alumnos si quiere recuperar su programa de matriculación de extranjeros, revocado hoy por la Administración del presidente Donald Trump.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, indicó a la institución en una carta que podía reinstaurar su certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio si cumplía con una serie de requisitos en 72 horas.

Entre otras cosas, el DHS pide a la prestigiosa institución académica que facilite vídeos, imágenes o audios de protestas y actividades «ilegales» y «violentas» que hayan tenido lugar dentro o fuera del campus en los últimos cinco años y en las que hayan participado alumnos con visas de los tipos J1 y F.

Noem incidió en que este es «un mensaje claro para Harvard y todas las universidades, de que la Administración Trump hará cumplir la ley y erradicará los males del antisemitismo y el antiamericanismo en la sociedad y los campus».

En un comunicado divulgado esta mañana, el DHS especificó que Harvard «ya no puede matricular a estudiantes extranjeros y que los actuales deben transferirse o perderán su estatus legal», al alegar que la universidad ha permitido «que agitadores antiestadounidenses y proterroristas acosen y agredan físicamente a personas, entre ellas muchos alumnos judíos».

La revocación de su capacidad para matricular a extranjeros supone una escalada de la tensión entre el Gobierno y la universidad, que el pasado abril demandó a la Administración republicana con el fin de recuperar su financiación federal, congelada por incurrir en supuestas conductas antisemitas.

Harvard es una de las universidades -además de Columbia y Princeton, entre otras- que han visto amenazada su financiación por informes del «Grupo de trabajo federal para combatir el antisemitismo», creado por Trump, por presuntamente aplicar políticas de «discriminación positiva» o por no dar cabida a lo que el Gobierno Trump califica como «diversidad de ideas».

Las acusaciones de antisemitismo vertidas por Trump hacen referencia sobre todo a las protestas propalestinas que tuvieron lugar el año pasado en la Universidad de Columbia (Nueva York) y que se extendieron a otros centros universitarios estadounidenses.

Un juez federal bloqueó temporalmente este jueves la orden ejecutiva del presidente de EE.UU., Donald Trump, que desmantela el Departamento de Educación y exigió la reincorporación de los miles de empleados despedidos.

El magistrado Myong Joun falló en Boston a favor de una demanda presentada por una coalición de 21 estados de gobiernos demócratas, la Federación Americana de Maestros y dos distritos escolares de Massachusetts, que pedían detener la orden de Trump firmada el pasado 20 de marzo.

La decisión impide temporalmente la implementación de la orden ejecutiva, mientras se desarrolla el caso.

Los demandantes argumentaron que Trump «no tiene ninguna autoridad» para cerrar agencias, como el Departamento de Educación, autorizadas por el Congreso.

La orden ejecutiva implementó el despido de cerca de la mitad de la plantilla del Departamento de Educación y la transferencia «inmediata» de la gestión de préstamos estudiantiles y los servicios de educación especial fuera del Departamento.

Joun escribió en su fallo que la orden revela «ampliamente que la verdadera intención» de la Administración Trump «es desmantelar el departamento sin una ley que lo autorice».

La decisión del juez representa un nuevo revés para la Casa Blanca en su meta de deshacerse de este departamento aprobado en el Congreso en 1979, a pesar de la oposición republicana.

La Casa Blanca anunció enseguida que impugnará la decisión, a su vez que cargó contra el juez, siguiendo con la práctica del presidente Trump de criticar las órdenes judiciales en contra de sus medidas, dijo en un comunicado Madi Biedermann, subsecretaria adjunta de comunicaciones del Departamento de Educación.

«Me alienta el fallo judicial de hoy que restituye a los empleados despedidos en sus puestos mientras nuestro caso avanza», dijo en un comunicado el fiscal de California, Rob Bonta, que encabezó la demanda.

El demócrata dijo que seguirán luchando para revertir de forma permanente el desmantelamiento del Departamento de Educación.

La fiscal general de Arizona, Kriss Mayes, que hace parte de la demanda, dijo que la querella legal busca proteger la financiación y los servicios de los que dependen múltiples escuelas.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés) informó este jueves que actualizó su programa de verificación de estatus legal de extranjeros, lo que permitirá a las autoridades estatales y locales comprobar la ciudadanía de votantes naturalizados.

La actualización del programa de Verificación Sistemática de Extranjeros para el Acceso a los Derechos (SAVE, en inglés) hace parte de la campaña del presidente, Donald Trump, para «evitar» que los extranjeros inelegibles voten en las elecciones estadounidenses, según dijo en un comunicado.

Como parte de la iniciativa, USCIS estableció un acuerdo con la Administración del Seguro Social para permitir que se usen los datos de esta agencia y de este modo verificar la ciudadanía de los votantes.

Trump echó mano de la antigua retórica republicana sobre el fraude electoral para firmar una orden ejecutiva. Por esta razón, todo aquel que quiera registrarse para votar en las elecciones federales deberá aportar documentos que demuestren su ciudadanía, entre otros cambios.

El mandatario dijo en numerosas ocasiones que hubo fraude electoral en los comicios presidenciales de 2020, en los que perdió contra el expresidente Joe Biden (2021-2025), y, en concreto, aseguró que los ciudadanos votaron de manera ilegal, aunque no hay pruebas de ello.

Establecido en 1987, SAVE se utiliza tradicionalmente como un sistema de apoyo de gobiernos estatales y locales para verificar la elegibilidad en los beneficios o servicios solicitados por un inmigrante.

Estados como Florida solicitaron usar este programa con el objetivo de identificar a no ciudadanos registrados para votar.

USCIS animó a “todos” los gobiernos estatales y locales a registrarse en el uso SAVE para la verificación de la elegibilidad legal al momento de votar.

SAVE es un programa diferente al E-Verify que permite a los empleadores verificar el estatus migratorio de sus trabajadores.

El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala solicitó este jueves una pena de 131 años de prisión para el exjefe de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia Carlos Rodas por la muerte de 41 niñas durante un incendio en un hogar estatal en 2017.

La solicitud tuvo lugar durante la fase final del proceso judicial que enfrentan siete personas, incluido el exdirector de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia Carlos Rodas, quien ocupaba dicho puesto en marzo de 2017 cuando tuvo lugar la tragedia.

Las 41 niñas murieron y otras 15 resultaron heridas el 8 de marzo de 2017 durante un incendio dentro de un aula en un refugio estatal denominado Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ubicado a las afueras de la ciudad de Guatemala.

De igual manera, el Ministerio Público pidió penas de 4 a 126 años para los otros seis implicados en el caso, incluyendo al director del hogar estatal, Santos Torres, sobre quien recae la solicitud de más de 100 años de cárcel en su contra.

La exsubsecretaria de Bienestar Social, Anahy Keller, cercana al expresidente Jimmy Morales (2016-2020), quedó desligada del caso esta semana.

Las menores fueron encerradas en una pequeña aula del hogar después de haber escapado una noche anterior del lugar denunciado malos tratos e incluso supuesta trata de personas.

Los otros acusados son la exjefa del departamento de Protección Especial contra el Maltrato de dicha secretaría, Brenda Chamán; la exsubinspectora de la Policía Nacional Civil Lucinda Eva Marroquín; el excomisario policíaco Armando Pérez Borja; el exmiembro del área jurídica de la Procuraduría General de la Nación Harold Flores y la exdefensora de la Niñez de la Procuraduría de Derechos Humanos, Gloria Castro.

Las penas solicitadas por la Fiscalía son de más de 100 años de cárcel en contra de todos los implicados salvo por Castro, para quien fue exigida una pena de cuatro años de prisión.

El proceso judicial del caso se encuentra en su fase final y podría concluir en los próximos días o semanas, de acuerdo a fuentes vinculadas al debate oral y público que se lleva a cabo en Ciudad de Guatemala.

El Gobierno de Donald Trump prohibió a la Universidad de Harvard matricular en adelante a estudiantes extranjeros, en una grave escalada en el conflicto que enfrenta al mandatario con la institución educativa desde hace varios meses.

La decisión ha sido comunicada en una carta remitida a Harvard y firmada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que reza: «Les escribo para notificarles que, con efecto inmediato, el programa de la Universidad de Harvard de Estudiantes y Visitantes Extranjeros ha sido revocado».

«Esto significa que Harvard ya no puede matricular a estudiantes extranjeros y que los estudiantes extranjeros actuales deben transferirse o perderán su estatus legal», anota un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, en inglés).

En ese sentido, el DHS indica que la universidad de élite «ha creado un ambiente inseguro en el campus al permitir que agitadores antiestadounidenses y proterroristas acosen y agredan físicamente a personas, incluyendo a muchos estudiantes judíos».

«Es un privilegio, no un derecho, que las universidades matriculen a estudiantes extranjeros y se beneficien de sus mayores pagos de matrícula para aumentar sus multimillonarias dotaciones. Harvard tuvo muchas oportunidades de hacer lo correcto. Se negó», anota Noem.

La secretaria justificó la pérdida de la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio «por incumplimiento de la ley».

«Que esto sirva de advertencia a todas las universidades e instituciones académicas del país», añadió.

La matrícula en Harvard es de 59,320 dólares para el año escolar que comienza a finales de este año, y los costos pueden ascender a casi 87,000 dólares si se incluye alojamiento y comida, según el diario The New York Times.

Además, los estudiantes internacionales tienden a pagar una mayor proporción de los costos educativos en comparación con otros alumnos, de acuerdo con el medio.

La Administración republicana notificó a Harvard sobre la decisión tras un tire y afloje en los últimos días sobre la legalidad de una extensa solicitud de registros como parte de la investigación del DHS, según indicaron fuentes al The New York Times.

Dos personas murieron y otras ocho resultaron heridas este jueves al estrellarse una avioneta en un barrio de San Diego, en el sur de California (EE.UU.), provocando un incendio que arrasó con una decena de casas y obligó a la evacuación de más de un centenar de vecinos.

«Se confirmaron al menos dos muertos, ocho heridos y aproximadamente diez edificios dañados», indicó el Departamento de Policía de San Diego en X.

El accidente ha provocado además la evacuación de aproximadamente un centenar de residentes, agregó la institución.

«Los daños que hemos dejado atrás son increíblemente significativos. Fueron de gran peligro para la vida, y gracias a Dios, nadie en tierra murió», dijo por su parte en una rueda de prensa el representante del distrito 7 del ayuntamiento de San Diego Raúl Campillo.

Las autoridades todavía desconocen el número de pasajeros a bordo del aparato, un Cessna 550, que puede transportar a entre ocho y diez personas.

La avioneta se estrelló en un vecindario cercano al Aeropuerto Ejecutivo Montgomery-Gibbs en California, alrededor de las 03:45 hora local.

El Tribunal Constitucional de Italia dictaminó este jueves que no existen impedimentos constitucionales para ampliar el acceso a la fecundación asistida a mujeres solas, aunque dejó en manos del Parlamento la decisión final sobre una reforma legal.

Actualmente, la ley italiana de 2004 restringe el uso de técnicas de reproducción asistida a parejas heterosexuales mayores de edad, ya sea casadas o convivientes, que padezcan problemas de infertilidad o esterilidad. Esta regulación excluye, por ejemplo, a mujeres solteras del procedimiento de inseminación heteróloga, que utiliza esperma de donante.

En su fallo, el Constitucional consideró que el marco legal vigente “no sobrepasa los límites de irrazonabilidad manifiesta”, pero reconoció que podría ser modificado por el legislador sin vulnerar la Constitución. El tribunal sostuvo que la normativa se basa en la “protección de los intereses del futuro nacido” y que, en ese sentido, se justifica la exclusión de proyectos parentales que “a priori, eliminan la figura paterna”.

“Excluir a la mujer sola del acceso a la reproducción asistida sigue encontrando justificación en el principio de precaución para proteger a los futuros nacidos”, subrayaron los jueces en su resolución.

No obstante, el mismo tribunal abrió la puerta a una futura ampliación del acceso a estas técnicas, al afirmar que “no existen obstáculos constitucionales” para permitir el uso de la fecundación asistida en modelos familiares distintos, como las familias monoparentales.

En paralelo, la corte también validó el derecho de una madre no biológica a reconocer como propio a un hijo concebido mediante tratamientos de fertilidad efectuados legalmente en el extranjero. Este pronunciamiento ha sido celebrado como una “victoria histórica” por organizaciones defensoras de los derechos LGTB.

Los astronautas de la misión china Shenzhou-20 realizaron el jueves su primera caminata espacial, durante una operación extravehicular de ocho horas en la estación espacial Tiangong, informó la cadena estatal CCTV.

La tripulación, que partió al espacio en abril desde el centro de lanzamiento de Jiuquan, en el noroeste de China, permanecerá seis meses en órbita. En esta misión, los astronautas Chen Dong y Chen Zhongrui salieron del módulo central Tianhe, que significa “Armonía celestial” en mandarín, mientras que Wang Jie permaneció dentro colaborando con las maniobras.

Con el apoyo del brazo robótico de la estación y el respaldo de especialistas desde la Tierra, los dos astronautas instalaron un sistema de blindaje para proteger la estación de residuos espaciales, trasladado previamente por la esclusa de carga. Además, llevaron a cabo trabajos de inspección y mantenimiento en equipos externos.

Esta actividad marcó dos hitos para el programa espacial chino: es la primera ocasión en que se emplea el puerto nodal del módulo central como salida para los astronautas, y también la primera vez que se coordina una caminata tripulada con una salida previa de carga, consolidando avances en la fase de uso y desarrollo de la Tiangong.

Chen Dong, veterano de las misiones Shenzhou-11 y Shenzhou-14, volvió al espacio tras dos años. Para su compañero Chen Zhongrui, fue la primera experiencia en una salida extravehicular.

Durante su estancia en la Tiangong, los tres astronautas realizarán experimentos científicos, evaluaciones técnicas y nuevas caminatas espaciales.

La estación espacial Tiangong, que orbita la Tierra a una altitud de 400 kilómetros, tiene una vida útil prevista de al menos 10 años. De concretarse el retiro de la Estación Espacial Internacional, liderada por Estados Unidos y cerrada a China por razones militares, Tiangong podría convertirse en la única plataforma espacial activa en el planeta.

China ha invertido fuertemente en su programa espacial. Entre sus logros figuran el aterrizaje de la sonda Chang’e 4 en la cara oculta de la Luna —hecho sin precedentes— y la llegada de una misión a Marte, lo que la convierte en el tercer país en lograrlo, después de Estados Unidos y la extinta Unión Soviética.

El país asiático también tiene planes de construir una base científica en el polo sur lunar junto a Rusia y otras naciones, fortaleciendo su papel como potencia espacial global.

Eric Trump, hijo del presidente de EE.UU., busca inversiones en Vietnam, donde este jueves mantendrá reuniones para la posible construcción de una Torre Trump en Ho Chi Minh, tras firmar un proyecto para un complejo de golf de $1,500 millones en el norte del país.

Está previsto que Eric Trump, vicepresidente de la Organización Trump, la empresa familiar del dirigente estadounidense, se reúna este jueves con altos cargos del gobernante Partido Comunista en Ho Chi Minh para explorar la creación de una Torre Trump en el distrito de Thu Thiem de la capital financiera vietnamita, publica hoy Vietnam Net.

Trump lidera una delegación que visitará este distrito para «evaluar la posible construcción de una Torre Trump» y mantener «reuniones con dirigentes de la urbe sobre el proyecto», apunta el medio.

El miércoles, el hijo del mandatario de EE.UU. participó junto al primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, en una ceremonia en la provincia de Hung Yen, en el norte del país ( a unos 45 kilómetros de Hanói), para presentar la construcción de un complejo residencial y de golf, el primer proyecto de la Organización Trump en el país, valorado en $1,500 millones, indica Vietnam Express.