Categoría: El Mundo

California ha demandado 37 veces al Ejecutivo estadounidense en los poco más de seis meses del segundo Gobierno del presidente Donald Trump, anunció este lunes el fiscal general del estado, Rob Bonta, que destacó el éxito en la mayoría de procesos en los que ha solicitado medidas cautelares contra el Ejecutivo estadounidense.

De las 37 querellas legales, California ha liderado o codirigido 23 de ellas, y ha presentado por separado más de 40 escritos en apoyo de otros litigios contra la Administración Trump.

En los 19 casos en los que Bonta ha solicitado a un tribunal federal medidas cautelares ha tenido éxito en 17 de ellos, con 13 órdenes que actualmente están en vigor.

En general, California ha recuperado más de 168.000 millones en fondos asignados por el Ejecutivo de EE.UU.

La batalla judicial emprendida también ha protegido aproximadamente $11,100 millones en subvenciones federales asignados al Estado Dorado, que han estado en la mira del presidente republicano en temas como la educación, la salud, y apoyo a los departamentos de policía, entre otros.

California ha defendido derechos constitucionales como la ciudadanía por nacimiento y el derecho al voto, destacó el fiscal en un comunicado.

“Esto no es un juego. Estamos hablando del sustento de las personas, su salud, su educación y, en algunos casos, incluso de sus vidas. Por eso, cada vez que el presidente (Trump) incumple la ley, mi oficina está lista para llevarlo a los tribunales”, declaró Bonta.

Por su parte, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, dijo que las acciones legales tempranas y proactivas han ayudado al estado a mantener “sus valores” de cuidado a la comunidad.

“Mientras el gobierno federal continúe atacando a nuestro estado, California seguirá defendiéndose a sí misma, a sus valores y a su gente”, puntualizó el gobernador.

Mientras fue presidente de Brasil, Jair Bolsonaro planteó tres posibles destinos para su futuro: «Preso, muerto o victoria».

Este lunes se cumplió el primero: detenido en régimen de prisión domiciliaria en el marco de una causa por maniobrar junto con su «amigo» Donald Trump para archivar el juicio que enfrenta por golpismo.

El líder ultraderechista fue arrestado de forma preventiva, en su domicilio en Brasilia, por orden del juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, quien decretó la aplicación inmediata del régimen de prisión domiciliaria por incumplir las medidas cautelares que le había impuesto el tribunal.

Bolsonaro, capitán retirado del Ejército, nostálgico de las dictaduras militares y símbolo de la ola ultra global, llevaba una tobillera electrónica que monitorea sus movimientos desde hace una semana.

Aun así, siguió desafiando al Supremo. El viernes pasado y cargó contra De Moraes ante una nube de periodistas con sus celulares en alto.

«Esto de aquí es un símbolo de máxima humillación en nuestro país. Una persona inocente. Es una cobardía lo que están haciendo con un expresidente de la República», reclamó de forma agresiva, mientras señalaba el dispositivo atado a su tobillo izquierdo.

El domingo, habló vía telefónica durante una manifestación en la que participaron sus seguidores en São Paulo.

De Moraes, enemigo público número uno del bolsonarismo, interpretó la acción como una violación de las cautelares, que incluía no utilizar las redes sociales ni directa ni indirectamente, y dictó prisión domiciliaria.

Los problemas judiciales no se acaban ahí para el exmandatario, que ha vivido en los tribunales desde que dejó el poder el 1 de enero de 2023.

Inhabilitado hasta 2030 por abuso de poder en la campaña de 2022, en la que buscó la reelección y fracasó ante el progresista Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro afronta un juicio por supuestamente «liderar» un intento de golpe de Estado contra su sucesor.

La Fiscalía lo acusa de cinco delitos, cuyas penas sumadas pueden llegar a los 40 años de cárcel. Se espera una sentencia en septiembre u octubre.

Su periplo en la Justicia vino precedido de una larga trayectoria política que alcanzó su culmen entre 2019 y 2022, cuando ocupó la jefatura del Estado de la mayor economía de América Latina.

Un destino de antemano impensable para este descendiente de migrantes italianos que antes fue concejal en Río de Janeiro y diputado federal por 28 años en los que solo salió del anonimato por comentarios de sesgo autoritario y machista.

Un presidente en ascuas

La crispación también fue la tónica de su mandato presidencial, que ganó en 2018 en medio de los escándalos de corrupción de la Operación Lava Jato y tras una campaña marcada por la puñalada que le asestó un enfermo mental en un mitin y que aún hoy le acarrea problemas graves de salud.

Bolsonaro incentivó el uso de armas entre civiles, desobedeció a la Justicia, flexibilizó la legislación ambiental y trató con desdén la pandemia de covid-19, que mató a más de 700.000 brasileños.

«Vamos a enfrentar el virus con la realidad. Así es la vida. Todos nos vamos a morir algún día», dijo al criticar las medidas de distanciamiento social durante los primeros meses de la crisis.

Pese a su errática gestión de la pandemia, rozó la reelección en 2022 aupado por su agenda ‘evangélica’, contraria al aborto y a la «ideología de género». La diferencia fue mínima con respecto a Lula: 1,8 puntos en una apretada segunda vuelta.

Pero nunca reconoció su derrota y, según la Fiscalía, conspiró con antiguos ministros y altos mandos militares para anular los comicios, impedir la investidura de su sucesor y mantenerse en el poder, en un plan que incluía capturar a De Moraes y hasta asesinar a Lula.

Él niega cualquier complot y afirma que apenas buscó «alternativas» dentro de la Constitución. Frustrado, financió a su hijo y diputado Eduardo para irse a vivir a Estados Unidos y colaborar con el Gobierno de Trump para imponer sanciones a Brasil por el juicio por golpismo.

Un militar rebelde

Aunque antes de político ultra, fue un militar rebelde.

Nacido el 21 de marzo de 1955 en el seno de una familia humilde en el municipio de Glicério, en el interior de São Paulo, Bolsonaro se alistó a las Fuerzas Armadas.

Se formó en 1977. Ingresó en la brigada paracaidista y ascendió a capitán. Hasta ahí su carrera castrense.

En 1986, con la democracia ya de vuelta tras dos décadas de dictadura, escribió un explosivo artículo en la prensa en el que reivindicó mejores salarios para la categoría, llamando casi a la insubordinación.

Le costó dos semanas en el calabozo. Hoy, con 70 años, vuelve a prisión, ahora procesado por golpismo y aún convencido de que podrá ser candidato en las presidenciales de 2026.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ordenó este lunes al Departamento de Justicia iniciar una investigación con un gran jurado sobre una supuesta conspiración contra el presidente Donald Trump para deslegitimar su victoria de 2016, en lo que se llamó la ‘trama rusa’.

Según el canal Fox News Digital, que cita una fuente cercana a la pesquisa, Bondi ordenó la medida tras recibir en julio una denuncia de la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, contra altos funcionarios de la Administración del expresidente Barack Obama por esa presunta conspiración contra Trump.

Las alegaciones involucran a varios funcionarios de la Administración Obama que supuestamente hicieron declaraciones falsas afirmando que Rusia intentó interferir a través de medios cibernéticos en el resultado de las elecciones de 2016, indica el canal CNN, que también cita una cuente conocedora del asunto.

Tras la denuncia de Gabbard, que pidió investigar a Obama y a varios funcionarios de inteligencia, Bondi anunció que el Departamento de Justicia crearía un equipo para evaluar las pruebas entregadas por la líder de Inteligencia Nacional, procedentes de documentos desclasificados.

Bondi ordenó a un fiscal federal que inicie un procedimiento legal para presentar las pruebas en manos del Departamento de Justicia a un gran jurado, lo que puede resultar en una imputación, agrega Fox; el Departamento de Justicia no contestó a preguntas sobre el reporte este lunes por la tarde.

Según la denuncia, el 9 de diciembre de 2016 la Casa Blanca reunió a los máximos responsables del Consejo de Seguridad Nacional en un encuentro en el que participaron el entonces director de Inteligencia Nacional, James Clapper, y otros altos cargos de la Administración como John Brennan, Susan Rice o John Kerry.

Tras la reunión, el asistente de Clapper supuestamente envió un correo electrónico a los líderes de los departamentos de inteligencia, encargándoles una revisión «a petición del presidente» basada en información fabricada, o que no se consideraba creíble, sobre una posible interferencia rusa.

En 2016, el exdirector del FBI James Comey lideró una investigación sobre la llamada «trama rusa» en las primeras elecciones ganadas por Trump, quien tras asumir el poder lo despidió de su puesto.

La embajada de Estados Unidos en Haití cerró este lunes sus puertas debido a fuertes tiroteos en sus alrededores en la capital del país, Puerto Príncipe, en medio de una profunda crisis que se ha agravado en los últimos años por la violencia de las bandas armadas.

«Se reportan fuertes tiroteos en el área de Tabarre», donde está situada la sede diplomática, publicó la embajada en su página web.

Ante estas circunstancias, «el personal del Gobierno de Estados Unidos ha pausado todo movimiento oficial fuera del recinto de la embajada».

El pasado junio, la Embajada de los Estados Unidos en Puerto Príncipe ya exhortaba a sus ciudadanos a no viajar a Haití y, si ya se encontraban allí, abandonar el país lo antes posible.

«No viajen a Haití. Si es usted ciudadano estadounidense en Haití: abandone Haití lo antes posible mediante medios de transporte comerciales o privados», escribió la embajada entonces en su cuenta de Facebook.

La legación pedía también a sus ciudadanos que eviten las multitudes y sigan los medios de comunicación para obtener información actualizada, y que eviten las zonas en las que se hayan registrado actos violentos, manifestaciones o disturbios.

La situación de Haití se ha ido deteriorando por el avance de las bandas armadas, que controlan alrededor del 90 % de la capital.

Al menos 1.520 personas fueron asesinadas y 609 resultaron heridas durante el segundo trimestre del año en Haití, principalmente en la zona metropolitana de Puerto Príncipe y en su mayoría perpetrados por bandas criminales, según un informe publicado recientemente por la Oficina Integrada de la ONU en el país (Binhu, por su sigla en francés), que calificó de «extremadamente preocupante» la situación de los derechos humanos en la isla.

En 2024 la violencia causó en Haití al menos 5,626 muertos (un millar más que el año anterior), 2,213 heridos y 1,494 secuestrados, conforme datos verificados por la ONU.

Además, el número de desplazados por la violencia de las bandas criminales alcanza ya los 1,3 millones, una cifra que representa un aumento del 24 % desde diciembre de 2024, un ascenso todavía más marcado si se tienen en cuenta los casi 314,000 que habían sido registrados en 2023 o los más de 155,000 de 2022, de acuerdo con el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos.

Multitud de trenes con destino a Londres, Bruselas o Amsterdam fueron suspendidos este lunes y muchos otros sufrieron importantes retrasos por una avería eléctrica en una subestación del norte de París, indicó la compañía estatal de trenes SNCF.

Al menos 17 trenes gestionados por Eurostar, que unen la capital francesa con Londres, Ámsterdam o Bruselas fueron anulados y otros con esos destinos u otros del norte de la capital sufrieron retrasos de hasta cinco horas.

Algunos que habían salido de la Estación del Norte de París tuvieron que dar media vuelta.

La avería provocó el cierre de un tramo de las vías de alta velocidad en el sector de Moussy, a pocos kilómetros al norte de París.

Varios trenes pudieron sortear ese tramo por la línea clásica, pero sufrieron retrasos.

Los equipos de mantenimiento trabajaron durante la jornada y a última hora de la tarde pudieron abrir la circulación por una de las vías afectadas pero no se espera que reabran las dos hasta este martes.

Por ello, la SNCF indicó que los retrasos se alargarán durante todo el día.

Las labores de reparación se sucederán toda la noche, por lo que es posible que la circulación se normalice este martes.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, advirtió este lunes que los legisladores demócratas que abandonaron el estado para impedir una votación sobre la redistribución del mapa electoral podrían enfrentar cargos criminales por soborno. La medida legislativa, impulsada por el Partido Republicano, busca modificar los distritos con miras a las elecciones de medio mandato de 2026.

El domingo, al menos 51 de los 62 congresistas demócratas del Congreso estatal decidieron abandonar Texas, impidiendo así que se alcanzara el quórum necesario para someter a votación la propuesta. Según expresaron, se trata de una respuesta a “un sistema manipulado que se niega a escuchar” a sus votantes.

En declaraciones a la cadena Fox News, Abbott aseguró que hay informes que apuntan a que algunos de los legisladores “habrían recibido dinero para no votar”, lo cual, afirmó, podría considerarse un delito de soborno, tipificado como grave en segundo grado en Texas. Sin embargo, no presentó pruebas para respaldar estas acusaciones.

El gobernador ya había amenazado con retirar a los congresistas de sus cargos si no regresaban al estado para participar en la sesión legislativa. Además, la normativa vigente contempla una multa de 500 dólares diarios por cada jornada de ausencia cuando la cámara esté en funciones.

Según el diario The Texas Tribune, los congresistas demócratas han solicitado apoyo financiero a donantes del partido para cubrir los costos de su estrategia, que los ha llevado a alojarse en Illinois, Nueva York y Massachusetts, estados gobernados por demócratas.

El nuevo mapa electoral propuesto modifica de forma significativa la distribución actual de distritos, ampliando de 25 a 30 los escaños controlados por los republicanos en la Cámara de Representantes federal, de los 38 que le corresponden a Texas. El rediseño afecta particularmente a zonas del sur del estado, como los distritos representados por los demócratas Henry Cuéllar y Vicente González, y eliminaría el distrito del progresista Greg Casar.

Abbott defendió la legalidad de la propuesta y afirmó que “se pueden trazar líneas en función de la composición política”. En sus palabras: “Donald Trump demostró que, en estos distritos creados por hispanos, tanto los hispanos como otras personas desean votar por los republicanos”.

Despidos masivos, granjas paralizadas y obras detenidas son algunas de las secuelas que empieza a dejar la política antiinmigrante del presidente Donald Trump, cuyas redadas y amenazas federales están vaciando sectores clave como la agricultura, la construcción, el turismo y la industria alimentaria, según denuncian empresarios y activistas.

Los expertos advierten además de que se está aprovechando el miedo para despedir sin compensación a trabajadores con décadas de experiencia y que estas políticas podrían frenar el crecimiento económico del país.

«ICE no sabe como opera una granja»

Esta crisis laboral se siente en las granjas, tambos lecheros, plantas empacadoras de carne y en general en las industrias de alimentos, construcción y turismo.

«Para mí está claro que quienes están empujando estas redadas en campos y tambos no tienen idea de cómo opera una granja», dijo a EFE Matt Teagarden, director ejecutivo de la Asociación de Ganaderos de Kansas.

«Perdiendo más de la mitad de la fuerza de trabajo en horas, no hay manera de operar un negocio», se lamentó.

El miedo hace que incluso trabajadores con permisos de estadía y empleo se escondan porque tienen familiares indocumentados, coincidieron los empresarios.

Jim Tobin, presidente de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas, advirtió que empresas de construcción en todo el país reportan ausencias de sus equipos, lo que retrasa obras y eleva costos.

Aunque el Gobierno Trump afirma que va solo por los indocumentados, que son el 4% de la fuerza laboral estadounidense, sus medidas apuntan a inmigrantes legales como estudiantes con visas, refugiados, y beneficiarios de permisos de trabajo temporales y otras protecciones.

«Importamos trabajadores o importamos alimentos»

Los empresarios advierten de que con menor producción habrá más inflación.

«Tenemos una opción aquí: o usamos trabajadores importados o importamos los alimentos. Necesitamos una reforma (migratoria) significativa para resolver los problemas con nuestra fuerza laboral», reclamó Teagarden.

En Elgin (Illinois), según activistas, una fábrica despidió a 300 personas, tras una llamada de ICE.

«Es una situación terrible, se aprovechan del miedo a Trump para despedir a padres y madres que tienen más de 20 años de antigüedad y experiencia en las plantas», dijo a EFE el activista Cristóbal Cavazos, del Immigrant Solidarity y Centro de Trabajadores Casa DuPage.

En su opinión, los ataques del gobierno a trabajadores que fueron considerados esenciales durante la pandemia de la covid 19, «muestra lo que está mal en el país», es una «verdadera arma de destrucción masiva», afirmó.

«Si crecen los trabajadores, crece la economía»

La incertidumbre también contribuye a una «desaceleración económica», dijo Stuart Anderson, del centro National Foundation for American Policy. «Si se quiere tener una economía en crecimiento, se necesita una fuerza laboral en crecimiento», afirmó.

Un estudio reciente del Banco de la Reserva Federal de Dallas advirtió de que estas restricciones migratorias reducirán el crecimiento económico de EE.UU. en casi un punto porcentual este año.

Los economistas esperan que el crecimiento se enfríe a un ritmo del 1. % en 2025, frente a casi el 3 % registrado en cada uno de los dos años anteriores.

En 2022, casi el 14 % de los empleados en la construcción eran indocumentadas, frente al 15 % en el sector agrícola y el 7.6 % en el hotelero, según el American Immigration Council.

«Si ellos no se presentan a trabajar, la producción de esas industrias cae significativamente y vemos daños reales en esos sectores industriales», dijo Robert Bruno, profesor y director del programa de educación laboral de la Universidad de Illinois.

«Se pierde mucho ingreso, mucho PIB, y hay efectos en cadena por la ausencia de estos trabajadores en sus puestos», agregó.

Una escasez similar en la década de 1940 en Estados Unidos llevó al Programa Bracero, un acuerdo entre México y EE.UU. que permitió a millones de mexicanos trabajar legalmente mediante contratos laborales temporales.

Despidos en grandes corporaciones

Los recortes laborales de inmigrantes experimentados, legales e indocumentados, en grandes corporaciones como Disney, Walmart, Amazon y Nestlé por presión de las autoridades federales, también comienzan a impactar la economía, mientras las empresas enfrentan crecientes dificultades para encontrar reemplazos.

Disney comenzó en mayo a despedir a empleados con estatus legal temporal, y le siguieron Walmart y Amazon.

En Illinois, suburbios como Bensenville, Elgin y Schambourg, cerca de Chicago, son habitados por personas sin estatus legal, que siempre fueron contratadas por grandes empresas como Nestlé sin temor a la aplicación de las leyes laborales federales.

Sin embargo, la multinacional suiza despidió recientemente a más de 600 empleados bajo órdenes federales de deshacerse de aquellos indocumentados, lo que dejó en la calle, y sin ninguna compensación, a gente que durante muchos años tuvo trabajo estable.

Alligator Alcatraz cumple un mes de funcionamiento en Florida, con unos 600 migrantes deportados desde ahí, mientras el Gobierno estatal presume de como un «hub» para deportaciones y un modelo para los próximos centros de detención de la Administración de Donald Trump, pese a denuncias de opacidad y abusos.

El centro de detención se construyó en solo una semana en un aeropuerto antes abandonado entre los Everglades, zona natural al oeste de Miami rodeada de caimanes y pantanos, por lo que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, lo ve como ejemplo para otros centros mientras activistas lo consideran ícono de violaciones a derechos.

«Este campo de detención de los Everglades es un ejemplo atroz de la sobreactuación del Gobierno ahora donde están buscando, mediante sus excesos, construir estos campos de detención en expansión», dijo a EFE Jeff Migliozzi, director de comunicaciones de Freedom For Immigrants, que lucha contra las prisiones migratorias.

Los vuelos operados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) que comenzaron hace dos semanas han deportado a 600 migrantes desde Alligator Alcatraz, según estimó DeSantis el viernes, y grupos como la Florida Immigrant Coalition (FLIC) contabilizaron la detención de al menos 1,000 migrantes desde su apertura, el 3 de julio.

Legisladores demócratas informaron de la existencia de 750 migrantes «en jaulas» tras entrar el 12 de julio al sitio, con una capacidad actual para 2,000 personas que se elevaría a 4,000, de acuerdo con la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM), encargada del lugar.

Pero existe una «falta de transparencia» del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pues sus estadísticas no muestran la cifra oficial de detenidos, aseguró a EFE la profesora Susan B. Long, cofundadora del proyecto TRAC, que analiza los datos de detenciones migratorias en Estados Unidos.

«Estaban reteniendo a personas en Alligator Alcatraz en Florida y no estaba listado (en las estadísticas de ICE) y existen todos estos reportes de la prensa sobre cómo están manteniendo a personas ahí», expuso en una entrevista.

Nuevo «hub» migratorio

El gobernador de Florida resaltó que el lugar es ahora un «hub», pues el DHS puede deportar de manera directa a los migrantes desde la antigua pista o, si son «de seis o siete países diferentes», los trasladan a otros estados, como Luisiana, donde los «segregan con base en su país» para colocarlos en otros vuelos.

También aseveró que es un modelo mientras avanza la inyección económica para ICE.

Esta agencia federal recibirá $45,000 millones hacia 2029 para construir centros de detención, un 62 % más que todo el sistema federal de prisiones y que resultaría en la detención diaria de 116,000 personas, según un análisis del American Immigration Council (AIC).

«Florida ha sido líder en esto y sé que la Casa Blanca ha llamado a otros estados a imitar lo que Florida está haciendo», expresó el mandatario estatal en una conferencia la semana pasada.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó desde el 14 de julio que la Administración conversa con cinco estados gobernados por republicanos para «replicar» el modelo de Florida.

De hecho, Florida alegó «una emergencia» para construir el sitio, estimado en 450 millones de dólares, y la semana pasada la Agencia Federal de Manejo de Desastres (FEMA) anunció $608 millones a gobiernos estatales y locales para construir o ampliar centros de detención para migrantes.

Activistas no se rinden

En este panorama, jueces pidieron información sobre Alligator Alcatraz mientras avanzan dos demandas distintas contra el sitio, una de defensores migratorios liderados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés) y otra de los ambientalistas Friends of the Everglades y el Center for Biological Diversity.

Ambas argumentan que las autoridades no aclaran quién es el principal responsable del lugar, por lo que el Gobierno federal y el de Florida evaden sus competencias ambientales y del trato a los migrantes al excusarse en que no tienen jurisdicción, según alegan.

«Esta es una situación sin precedentes en la que cientos de detenidos están incomunicados, sin habilidad para acceder a las cortes, bajo una autoridad que nunca se ha explicado y que podría no existir», señala la demanda de ACLU, acompañada por la agrupación Americans for Immigrant Justice.