Categoría: El Mundo

El Tribunal Supremo de EE.UU. aceptó este martes revisar por la vía rápida la legalidad de la mayor parte de los aranceles impuestos por el Gobierno de Donald Trump desde su retorno al poder el pasado enero, una causa que el propio mandatario considera vital para poder mantener en vigor su guerra comercial y sacar adelante su programa económico.

El más alto tribunal estadounidense dijo hoy que escuchará las argumentaciones de las partes a principios de noviembre después de que el Ejecutivo Federal elevara el caso ante el Supremo a raíz de que un tribunal de apelaciones determinara el pasado 29 de agosto que Trump había excedido su autoridad al utilizar una ley de emergencia para imponer aranceles.

El que la corte, donde la mayoría de magistrados conservadores es de 6 a 3, haya señalado esas fechas apunta a que quiere resolver con gran celeridad un caso con profundas implicaciones para el comercio mundial y la salud presupuestaria y fiscal estadounidense.

La corte de apelaciones del Circuito Federal estimó en agosto que Trump no tenía derecho a imponer los llamados «aranceles recíprocos», que oscilan entre un 34 % para China y una base del 10 %, y tampoco un gravamen del 25 % impuesto a algunos productos de Canadá, China y México por lo que Washington considera esfuerzos insuficientes para frenar la entrada de fentanilo a EE.UU.

El fallo ratificaba uno previo del Tribunal Internacional de Comercio, que, tras la denuncia de dos importadores estadounidenses afectados por los impuestos aduaneros, dictaminó en mayo que no existía emergencia nacional que justificara el uso de la norma esgrimida por el Gobierno Trump para imponer los gravámenes.

La Administración del republicano ha fiado al dinero que Washington está recaudando en aduanas por las importaciones para financiar su gran y ambicioso proyecto de reforma presupuestaria y fiscal, que incluía enormes recortes de impuestos y que el Congreso aprobó en julio.

Una derrota del Gobierno Trump supondría la cancelación de gran parte de los aranceles que ha impuesto y obligaría a reembolsar esos fondos, decenas de miles de millones de dólares mensuales a los países gravados, poniendo a su vez en entredicho la sostenibilidad presupuestaria estadounidense.

En cambio, una victoria reforzaría el poder presidencial del magnate neoyorquino y podría fomentar el uso de esa ley de emergencia para presionar aún más a otros socios comerciales.

Tras recibir el respaldo del Fondo Monetario Internacional dos días después de sufrir un duro revés electoral, el presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró este martes que no se moverá «ni un milímetro» de su programa económico, incluyendo el esquema cambiario acordado en abril pasado con la entidad crediticia.

«No nos moveremos ni un milímetro del programa económico: equilibrio fiscal; mercado monetario ajustado; y en lo cambiario, se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el FMI. Además, seguiremos desregulando», afirmó Milei a través de la red social X.

El jefe de Estado ya había afirmado que mantendría su plan de Gobierno en el discurso que dio en la noche del domingo para aceptar el duro revés que sufrió su partido, la formación de ultraderecha La Libertad Avanza, en los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, la más poblada de Argentina.

Sin embargo, en su mensaje de este martes fue más explícito respecto a las líneas de su programa económico, caracterizado por un severo ajuste fiscal.

Al publicar su mensaje en X, Milei citó otro de Julie Kozack, portavoz del FMI, por la misma red social, en la que ratificó la colaboración del organismo con el Gobierno argentino.

«El personal del FMI colabora estrechamente con las autoridades argentinas en la implementación de su programa para afianzar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país», sostuvo la portavoz.

Kozak añadió que el Fondo apoya el «compromiso» del Gobierno de Argentina «para garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación».

Argentina y el FMI firmaron en abril pasado un acuerdo de facilidades extendidas con desembolsos totales por 20.000 millones de dólares y que establece metas fiscales y acumulación de reservas monetarias, entre otras.

Milei ha logrado recuperar el equilibrio de las cuentas públicas de Argentina y desacelerar el ritmo de inflación, pero tiene dificultades para acumular reservas y lidiar con las presiones cambiarias, mientras la economía se enfría.

En el frente político, Milei ha tomado polémicas decisiones al vetar leyes aprobadas por el Congreso y afronta tensiones al interior de su Ejecutivo tras una denuncia de corrupción en el seno de la Agencia Nacional de Discapacidad.

El complejo escenario económico y político representa un desafío para el oficialismo cuando restan pocas semanas para los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre.

El presidente francés, Emmmanuel Macron, nombró este martes a Sébastien Lecornu, de 39 años, miembro del partido Renacimiento del gobernante y hasta hoy ministro de Defensa, como nuevo primer ministro francés, según informó el Elíseo.

Macron le ha encomendado «la tarea de consultar a las fuerzas políticas representadas en el Parlamento con vistas a la aprobación de un presupuesto nacional y la construcción de los acuerdos esenciales para las decisiones que se tomen en los próximos meses», precisó la Presidencia francesa en un comunicado.

Una de las claves de la promoción de Lecornu habría sido su cercanía con Macron, que quería haberlo nombrado en Matignon (sede de la jefatura del Gobierno) ya el pasado diciembre, en detrimento del centrista François Bayrou, quien presentó hoy su dimisión tras perder la víspera de forma aplastante una moción de confianza.

El antiguo miembro del centroderechista Los Republicanos (LR) es el cuarto primer ministro que Macron designa en menos de un año. Gabriel Attal (2024), Michel Barnier (2024) y François Bayrou (2024-2025) le antecedieron, todos ellos con estancias que no llegaron a un año.

Los dos últimos cayeron en sendas mociones en la Asamblea Nacional, tras el acuerdo de circunstancias entre la ultraderecha de Marine Le Pen y la izquierda.

Si el nuevo jefe de Gobierno no quiere acabar como sus dos predecesores, tendrá que llegar a un acuerdo de no agresión en la Asamblea ya sea con el grupo de la extra derecha de Marine Le Pen o con parte de los progresistas, a priori los socialistas.

En plena incertidumbre social y económica que atraviesa Francia, bajo la presión de los mercados y de las protestas sociales, el proyecto de Presupuesto de 2026, que ha de presentarse en octubre, será la primera prueba para el primer ministro.

El juez Alexandre de Moraes, relator del juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, consideró este martes al líder ultraderechista culpable de haber intentado atentar contra el régimen democrático e instalar una «dictadura», tras ser derrotado en las urnas por el actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

Moraes también se mostró convencido de la culpabilidad de otros siete reos juzgados junto con Bolsonaro, entre los cuales figuran exministros y antiguos jefes militares, lo cual aún será debatido con los otros cuatro miembros del tribunal.

El relator no llegó a proponer penas, que podrían sumar unos 40 años de prisión y serán discutidas en otras sesiones que la Primera Sala del Supremo tiene previsto realizar hasta el próximo viernes.

El juez recibió en su totalidad los cargos formulados por la Fiscalía General, que ha acusado a Bolsonaro y los otros reos de cinco delitos: intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, participación en organización criminal armada, daño cualificado y deterioro de patrimonio protegido.

Según la Fiscalía, la trama tenía como objetivo «perpetuar» a Bolsonaro en el poder tras los comicios de octubre de 2022, en los que aspiraba a la reelección pero fue derrotado por el progresista Lula.

De acuerdo a los autos del proceso, dados por válidos por Moraes, los golpistas hasta tejieron planes para asesinar a Lula, al vicepresidente electo, Geraldo Alkcmin, y al propio juez De Moraes, que serían ejecutados por seis oficiales del Ejército.

Un golpe preparado desde 2021

Durante unas cinco horas, Moraes hizo un pormenorizado relato de la durísima campaña que Bolsonaro emprendió en junio de 2021 con el fin de sembrar dudas en el sistema electoral y generar una corriente de opinión que alertaba sobre posibles fraudes en los comicios de 2022.

Citó decenas de declaraciones públicas del entonces presidente, que ya en esa época tildaba de «canallas» a los jueces y los acusaba de «sabotear» el proceso a fin de favorecer a Lula.

Aseguró que, de acuerdo a la investigación, esa campaña contra las instituciones era impulsada en las redes sociales por lo que se conoció como «gabinete del odio», una estructura de difusión masiva de falsa información que funcionaba en el palacio presidencial.

Según el relator, esa campaña pasó de las declaraciones a los hechos tras las elecciones ganadas por Lula.

Sobre el período postelectoral, enumeró decenas de documentos obtenidos por la investigación sobre reuniones en las que se tramaba un golpe y en las que incluso se discutió el borrador de un decreto que ordenaba «intervenir» el Poder Judicial y anular el resultado de los comicios.

El relator acusó a la supuesta «organización criminal» liderada por Bolsonaro de haber promovido bloqueos de carreteras, protestas y campamentos frente a los cuarteles del Ejército en los que se pedía a las Fuerzas Armadas que impidieran la investidura de Lula.

Recordó que, de uno de esos campamentos, instalado en Brasilia, partió la marcha que concluyó con el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado del 8 de enero de 2023, una semana después de la toma de posesión de Lula.

Sobre ese violento episodio, Moraes afirmó que no fue «combustión instantánea», sino el corolario de un golpe planeado desde 2021.

Bolsonaro, el «líder» de una «organización criminal»

Según Moraes, todo fue corroborado hasta por testigos de algunas defensas, que admitieron que los planes eran «coordinados» por el propio Bolsonaro, sobre quien afirmó que se constituyó en «líder de una verdadera organización criminal».

Tras el voto del relator, quien aseguró que existe un «exceso de pruebas», se pronunciarán los otros cuatro jueces de la Primera Sala, en la que cursa el juicio que, por primera vez en la historia, puede llevar a prisión a un expresidente brasileño por un intento de golpe de Estado.

Bolsonaro ha recibido apoyo de otros líderes de la ultraderecha global, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha aplicado aranceles del 50 % a gran parte de los productos brasileños por un juicio que ha definido como una «caza de brujas» con uno de sus mayores aliados.

Además, EE.UU. ha aprobado sanciones económicas contra el juez De Moraes y otros siete de los once miembros de la Corte Suprema de Brasil.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reusó este martes valorar la publicación de una felicitación de cumpleaños enviada en 2003 al fallecido multimillonario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, bajo el argumento de que «es un tema cerrado para él».

«Dejo cualquier declaración a mi equipo», afirmó Trump en una breve declaración a la cadena NBC News, sin entrar a valorar siquiera que pueda tratarse de un documento falso, como llegó a asegurar el lunes a última hora una portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Según esta portavoz, el mandatario estadounidense emprenderá acciones legales, porque «está muy claro» que Trump ni dibujó ni firmó la tarjeta que muestra una mujer desnuda y cuya existencia siempre ha negado el ahora presidente.

La Administración salía así al paso de una tarjeta difundida por los miembros demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, a raíz de una petición de documentos a los herederos de Epstein. Trump ha acusado al Partido Demócrata de intentar utilizar este caso para perjudicarle políticamente.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el responsable de Defensa, Israel Katz, han esgrimido que los bombardeos lanzados este martes sobre presuntos líderes de Hamás en la capital de Qatar, Doha, están «plenamente justificados» por la insistencia de los terroristas en «acciones asesinas» como el atentado del lunes que dejó seis muertos en Jerusalén, entre ellos un ciudadano español.

El Gobierno ha explicado en un comunicado que fue Netanyahu quien tomó la iniciativa después de dicho atentado y de otros ataques en la Franja de Gaza, de tal manera que las agencias de seguridad empezaron a estudiar planes contra la cúpula de Hamás. Katz «respaldó por completo» esta idea y, finalmente, los expertos vieron este martes una «oportunidad operativa» en Doha.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet recibieron luz verde a lo que ambas organizaciones han descrito como «ataques de precisión». Según Netanyahu y Katz, Israel tiene derecho a este tipo de acciones «porque los líderes de Hamás fueron quienes iniciaron y organizaron la masacre del 7 de octubre» de 2023, que se saldó con unos 1.200 fallecidos y unos 250 secuestrados.

Desde entonces, «han seguido perpetrando ataques asesinos contra Israel y sus ciudadanos, también asumiendo la responsabilidad del asesinato de civiles ayer en Jerusalén», reza la nota. El brazo armado de Hamás ha reivindicado este martes la autoría de dicho ataque.

Tanto Qatar como la ONU han criticado las acciones militares israelíes por considerarlas una violación flagrante de la soberanía qatarí. El Gobierno qatarí ha denunciado lo que considera un «asalto criminal», advirtiendo de que «no tolerará este imprudente comportamiento israelí»

Agosto de 2025 se consolidó como el mes con menos homicidios dolosos en México desde 2015, con una reducción interanual del 32 %, al pasar de un promedio diario de 86,9 víctimas a 59,2, informó este martes el Gobierno de México.

En conferencia presidencial, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, detalló que, en los últimos 11 meses de la Administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha mantenido “una tendencia sostenida a la baja”.

“Agosto de 2025 es el más bajo precisamente desde 2015”, destacó la funcionaria.

En tanto, Figueroa añadió que, de enero a agosto de 2025, el promedio nacional fue de 68.4 homicidios diarios, cifra que contrasta con los 100.5 de 2018, una reducción del 32 % en los últimos siete años.

No obstante, subrayó que siete estados concentran más de la mitad de los crímenes: Guanajuato (11.6 %), Chihuahua (7.3 %), Baja California (7.1 %), Sinaloa (7.1 %), Estado de México (6.6 %), Guerrero (5.9 %) y Michoacán (5.5 %).

En agosto, Guanajuato encabezó la lista con el 9.4 % de los casos, seguido de Chihuahua (7.4 %) y Baja California (7.1 %).

Figueroa subrayó que 28 entidades federativas registraron descensos en su promedio diario, con reducciones superiores al 50 % en Zacatecas, San Luis Potosí, Quintana Roo, Nuevo León, Querétaro y Tlaxcala.

Sheinbaum asumió el cargo el 1 de octubre de 2024 tras el récord de más de 196,000 asesinatos en el sexenio de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

En paralelo, los delitos de alto impacto cayeron un 21 % entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, mientras que el feminicidio bajó un 29,2 %, las lesiones dolosas por disparo de arma el 28,7 %, el secuestro un 70 % y los robos con violencia el 48,6 %.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que los resultados se deben al trabajo conjunto de las fuerzas armadas, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y autoridades estatales.

«En esta administración se han detenido más de 32.400 personas por delitos de alto impacto, asegurado 16.000 armas de fuego y 245 toneladas de droga», precisó.

El funcionario destacó, además, la desarticulación de laboratorios de metanfetaminas y el combate al tráfico de fentanilo, que han impactado directamente en la reducción de la violencia.

Harfuch también mencionó que el fortalecimiento de operativos contra el robo de combustible y la extorsión refleja el compromiso de la estrategia de seguridad con el combate a la corrupción y la impunidad.

Los cinco jueces de la Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil comenzaron a deliberar este martes sobre la posible condena del expresidente Jair Bolsonaro y de otros siete acusados por un supuesto intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

La primera de las cuatro sesiones de esta fase de sentencia fue abierta por el juez Alexandre de Moraes, instructor del caso y quien presentará el primer voto del proceso en el que el líder de la extrema derecha es acusado de cinco delitos contra el orden democrático, por los que podría ser condenado a unos 40 años de prisión.

Tras el voto del relator, que se prevé que se prolongará durante unas dos o tres horas, tomarán la palabra los otros cuatro jueces del órgano: Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia Antunes y Cristiano Zanin, presidente de la Primera Sala del Supremo.

Como ya hizo la semana pasada durante las primeras sesiones del juicio oral, el líder ultraderechista, de 70 años y actualmente en prisión domiciliaria, no tiene previsto comparecer ante el Supremo para escuchar la sentencia por motivos de salud.

El lunes, sus abogados solicitaron permiso a De Moraes para que el próximo domingo pueda someterse a una pequeña intervención en un hospital privado de Brasilia para la retirada de unas lesiones en la piel.

Seis de los ocho acusados son integrantes de las Fuerzas Armadas, incluido el propio Bolsonaro, quien es capitán de la reserva del Ejército.

Según la Fiscalía, el ex jefe de Estado conspiró con sus aliados para anular las elecciones de 2022, en las que se impuso el actual gobernante, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva, para imponer medidas excepcionales y para mantenerse en el poder.

La investigación indicó que la supuesta trama golpista buscó también detener a diversas autoridades e incluso puso en marcha un plan para asesinar a Lula, a su vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez Alexandre de Moraes.

El fiscal general, Paulo Gonet, que actúa parte acusadora, ha pedido que los ocho acusados sean declarados culpables, pero no ha sugerido una pena.

En caso de condena, para lo que se necesita una mayoría de al menos tres votos, el ingreso en prisión no será automático, pues aún cabrían recursos ante el propio Supremo.

Aunque se considera poco probable, también existe la posibilidad de que alguno de los magistrados solicite más tiempo para analizar el caso. Si así fuera, el juicio oral se suspendería por un máximo de 90 días, con lo que se reanudaría a principios de diciembre.

Las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de enviar efectivos militares a Chicago y otras ciudades gobernadas por la oposición demócrata han hecho sonar las alarmas entre expertos legales, que advierten de un posible «abuso de poder».

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) inició esta semana dos operativos en Chicago y Boston y varios medios locales ya han reportado un aumento en la presencia de agentes federales, en particular del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Uno de los principales asesores de Trump, el llamado “zar” de la frontera, Tom Homan, adelantó en una entrevista con la cadena CNN que el Gobierno desplegará a la Guardia Nacional en varias ciudades “santuario”, aquellas que protegen a la comunidad migrante, en los próximos días.

Si los planes se concretan, Chicago y Boston se convertirían en la tercera y cuarta ciudad, después de Los Ángeles y Washington D.C., en recibir tropas federales en los menos de ocho meses que lleva Trump de mandato.

Problemas legales

Juristas han advertido sobre la dudosa legalidad de enviar fuerzas militares a una ciudad en contra de la voluntad de las autoridades locales.

“El despliegue de tropas (…) para ocupar ciudades no puede promover plausiblemente el orden público. Es una fuerza bruta, una maniobra de poder brutal. Va en contra de la Constitución y del papel adecuado de los estados”, ha escrito Michael Waldman, presidente del Brennan Center for Justice de la Universidad de Nueva York.

El Gobierno ya se enfrenta a una demanda por su decisión de enviar tropas —incluidos marines— a California durante el punto álgido de las protestas contra su política migratoria en junio.

La semana pasada, un juez federal declaró “ilegal” ese despliegue y prohibió al Pentágono utilizar soldados para realizar tareas que corresponden a la policía local. En su fallo, el juez Charles Breyer acusó a Trump y al secretario de Defensa, Pete Hegseth, de intentar crear “una fuerza policial nacional liderada por el presidente”.

Esta resolución, sin embargo, solo tiene validez en California, después de que el Tribunal Supremo limitara el poder de los jueces federales para emitir órdenes de alcance nacional.

El marco legal

El fallo establece que el Gobierno violó el Posse Comitatus Act, una ley que prohíbe a las tropas federales involucrarse en labores de seguridad pública, salvo en casos concretos.

La principal excepción es la Ley de Insurrección, que permite al presidente enviar militares a otros estados si los gobiernos locales lo solicitan o si resulta necesario para “hacer cumplir” la ley federal o sofocar una rebelión.

En el caso de Los Ángeles, el Ejecutivo argumentó que las protestas impedían a las autoridades aplicar las leyes migratorias, de carácter federal.

Pero, según explicado por su parte Liza Gotein, experta en poderes presidenciales del Brennan Center, el Gobierno ahora sostiene que debe desplegar efectivos en Chicago u otras ciudades para combatir el crimen común, un asunto de competencia local.

“Inundar de soldados las ciudades demócratas con el pretexto de combatir la delincuencia sería un abuso de poder sin precedentes que violaría los derechos de los estados”, ha dicho la analista.

Uso de la Guardia Nacional de otros estados

El Gobierno Trump también parece estar buscando una alternativa para saltarse estos obstáculos legales y es la de conseguir que otros estados envíen efectivos de su propia Guardia Nacional a las ciudades a las que ha amenazado con militarizar.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, denunció la semana pasada que el Gobierno Trump enviará a la Guardia Nacional de Texas a Illinois, pero el gobierno texano no lo confirmó.

Para hacerlo, el Gobierno se escudaría en una disposición poco conocida del código federal que permite que el Presidente o el Secretario de Defensa soliciten tropas de la Guardia Nacional para apoyar misiones federales mientras siguen bajo control estatal, según indicó Steve Vladeck, profesor de derecho de la Universidad de Georgetown en una columna de opinión.

Esta decisión, subrayó el académico, podría violar el artículo IV de la Constitución, que proteger la «soberanía» de los estados y abriría la posibilidad de que el Gobierno de Illinois acudiera al Supremo para impedir -o detener- un despliegue militar.