Categoría: El Mundo

La inmigración neta en Estados Unidos podría descender a 500,000 personas en 2025, debido a las deportaciones impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según un informe divulgado este jueves por la firma Oxford Economics.

El análisis reveló que el país ha registrado una pérdida anualizada de 300,000 migrantes indocumentados, lo cual reduciría significativamente el saldo migratorio frente a los 1.7 millones registrados al cierre de 2024. Esta cifra marcaría niveles similares a los de 2020, durante la crisis del covid-19.

No obstante, la inmigración formal —que incluye residentes legales, estudiantes internacionales y trabajadores temporales— se mantiene estable, con una tasa anualizada de 900,000 personas, lo que permitirá conservar un saldo migratorio positivo.

«Los migrantes no autorizados están impulsando la disminución general de la inmigración neta», explicó Bernard Yaros, economista jefe para Estados Unidos de Oxford Economics y autor del reporte.

El estudio estimó que, hasta mayo, la inmigración neta ya había bajado a menos de 600,000 personas, con una reducción destacada en la población de inmigrantes no documentados. A finales de 2024, esa población había registrado un incremento de 800,000 personas.

Oxford Economics prevé que esta tendencia se mantenga durante toda la actual administración, con un eventual repunte hasta 1.1 millones una vez concluya el mandato del presidente Trump, lo que corresponde al promedio previo a la pandemia.

El informe también señala que el contexto político y presupuestario —con más recursos para seguridad fronteriza y control migratorio— genera un clima de «incertidumbre» que podría afectar las decisiones de migración futura.

Aunque el impacto demográfico será considerable, Yaros indicó que las repercusiones macroeconómicas serán limitadas. «La economía se verá ligeramente disminuida a largo plazo y la inflación podría ser un poco más alta», concluyó.

La violencia ejercida por grupos criminales provocó el desplazamiento forzado de 28,900 personas en México durante 2024, cifra que representa un aumento del 129 % respecto al año anterior, según un informe presentado este jueves por la Universidad Iberoamericana (Ibero) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).

El reporte, titulado «Travesías Forzadas: desplazamiento interno en México 2024», documentó 72 episodios violentos en 13 de los 32 estados del país, siendo Chiapas el más afectado con el 61.8 % de los casos.

Renata Vadillo, investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Ibero, explicó que la mayoría de estos desplazamientos ocurrieron en silencio, sin que se conozcan los destinos finales de las personas afectadas por razones de seguridad. «Muchas familias no pueden revelar a dónde se trasladan por temor a represalias», advirtió.

En 2023 se habían registrado 44 eventos violentos que forzaron a 12,623 personas a abandonar sus hogares en nueve estados. Para este año, las cifras más altas se concentran en Chiapas con 17,865 casos, seguido por Sinaloa (15.5 %), Michoacán y Chihuahua (5.4 % cada uno), y Guerrero (4.8 %).

Uno de los eventos más graves se registró en junio en el municipio de Tila, Chiapas, donde enfrentamientos entre grupos criminales provocaron el éxodo de 6,865 personas, pertenecientes a 910 familias.

Eugenia Morales, también del PDH, señaló que la violencia de género ha sido otra causa recurrente del desplazamiento interno. Citó el caso de Gloria, una mujer de Michoacán que huyó a Tijuana tras ser amenazada por su expareja, vinculado a un grupo criminal.

Por su parte, Daniel MacGuire, oficial de protección de Acnur, enfatizó que «detrás de cada cifra hay una persona obligada a abandonar su hogar». Mientras tanto, Rodrigo Jiménez, del Consejo Nacional de Población de México, reconoció que al Gobierno federal «le falta comprometerse más con la recopilación de datos precisos» sobre el fenómeno.

En mayo, el Observatorio de Desplazamiento Interno estimó que México acumuló 390,250 desplazamientos por violencia desde 2009 hasta la fecha, ubicándolo entre los diez países con más personas desplazadas a nivel global.

La ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Celinda Sosa, alertó este jueves ante la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el riesgo que enfrentan las elecciones generales del próximo 17 de agosto, en coincidencia con el Bicentenario de la independencia del país, debido a la creciente violencia y tensiones políticas.

Durante su intervención en la Asamblea General de la OEA, celebrada en Saint John’s, Antigua y Barbuda, Sosa aseguró que Bolivia atraviesa «un momento difícil» a causa de acciones que «ponen en riesgo la celebración pacífica y soberana del proceso electoral».

En las últimas semanas, seguidores del expresidente Evo Morales protagonizaron bloqueos de carreteras por 15 días en un intento por imponer su candidatura presidencial, a pesar de que ya no pertenece al partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS). Morales está impedido de postularse nuevamente, luego que el Tribunal Constitucional Plurinacional dictaminara que la reelección solo es válida una vez de forma continua.

Durante los operativos de desbloqueo ordenados por el presidente Luis Arce, murieron cuatro policías y dos civiles: uno al manipular un explosivo y otro tras ser linchado por presuntamente colaborar con las autoridades. El Gobierno acusó a Morales de ocho delitos, incluyendo terrorismo e instigación a delinquir.

Sosa advirtió que «esta situación vulnera la estabilidad institucional y el derecho del pueblo boliviano a ejercer el voto libre y directo». Reafirmó el compromiso del Ejecutivo de garantizar unas elecciones pacíficas y pidió el acompañamiento de una misión de observación electoral de la OEA para asegurar «el respeto a la voluntad popular».

La canciller también recordó los sucesos de 2019, cuando Morales renunció tras ser acusado de fraude electoral en unos comicios cuestionados por la OEA, que reportó irregularidades.

En su discurso, Sosa reiteró el «histórico y firme reclamo» de Bolivia por el fin del embargo de Estados Unidos contra Cuba, pidió justicia para Palestina y exigió el respeto a su derecho de vivir en paz. Asimismo, renovó la demanda boliviana por un acceso soberano al océano Pacífico, perdido ante Chile en el siglo XIX, y llamó a buscar una «solución definitiva».

Japón ejecutó este viernes al conocido popularmente como «asesino de Twitter», que asesinó y descuartizó a nueve personas en 2017 en su piso al sur de Tokio, a donde las atrajo después de que las víctimas manifestaran pensamientos suicidas en redes sociales, adelantó la cadena pública NHK citando a fuentes gubernamentales.

Takahiro Shiraishi, de 34 años, fue condenado a muerte por asesinar, desmembrar y almacenar los cuerpos de las víctimas en su entonces domicilio en la localidad de Zama, en la prefectura de Kanagawa. Las víctimas, ocho mujeres y un varón de entre 15 y 26 años, fueron asesinadas entre agosto y octubre de 2017.

El Ministerio de Justicia japonés dará una rueda de prensa en las próximas horas para ofrecer más detalles sobre la ejecución.

Shiraishi fue ejecutado esta mañana en el centro de detención de la capital en el que se encontraba recluido y en la que supone la primera ejecución en el país asiático desde julio de 2022 y después de que tomara posesión el primer ministro Shigeru Ishiba.

Su abogado y principal defensor en el caso, Akira Omori, dijo tras la misma que «es repentina» y pidió tiempo para reflexionar al respecto, según declaraciones recogidas por la cadena estatal.

Durante el juicio, el principal punto de debate entre la acusación y la defensa fue si el acusado obtuvo consentimiento de las víctimas.

La defensa había pedido que se evitara la pena de muerte, alegando que su defendido sólo era culpable de homicidio con consentimiento, porque tenía la aprobación tácita de las víctimas en los mensajes que habían intercambiado con anterioridad.

El testimonio de Shiraishi, en el que señaló que los fallecidos se resistieron al estrangulamiento, contribuyó a desmontar su defensa. También el hecho de que les robara dinero y agrediera sexualmente a las víctimas femeninas, según detalles recogidos por NHK y la agencia de noticias Kyodo.

Shiraishi contactó a sus víctimas femeninas a través de Twitter (ahora X) y las atrajo a su domicilio con ofertas para ayudarlas a morir.

El único varón asesinado era la pareja de una de las mujeres a las que había matado con anterioridad, quien se puso en contacto con él tras la desaparición de su novia.

Durante el juicio, Shiraishi declaró que no tenía intención de apelar la sentencia, incluso si se trataba de la pena capital.

Las autoridades de Honduras informaron este jueves que se han detectado 92 casos de infestación por gusano barrenador en humanos y están en análisis cuatro muertes por miasis, por lo que la Secretaría de Salud pidió a la población reforzar las medidas de prevención.

Hasta la semana pasada, el país centroamericano había reportado 82 casos positivos de miasis por gusano barrenador en humanos, cifra que aumentó ahora a 92, según un comunicado de la Secretaría de Salud.

Cuatro de los casos resultaron en fallecimientos que actualmente están siendo evaluados por el Comité de Mortalidad, con el fin de determinar si la causa fue directamente atribuible a esta enfermedad, añadió.

La miasis por gusano barrenador es una enfermedad parasitaria causada por la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, que deposita sus huevos en heridas abiertas de animales de sangre caliente, incluidos los humanos.

Las larvas emergen pocas horas después y se alimentan de tejido vivo, provocando lesiones graves, pérdida de función en órganos e incluso la muerte en casos severos.

La institución hondureña indicó que los casos se han reportados en las 18 regiones sanitarias del país, siendo el departamento de Olancho, este de Honduras, y el Distrito Central, que confirman las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela, las más afectadas, al concentrar en conjunto el 25 % del total.

«Estas cifras reflejan que el vector causante de la infestación puede adaptarse tanto a zonas urbanas como rurales, lo que incrementa el riesgo de exposición en diversos entornos», subrayó.

El 68 % de los contagios confirmados corresponde a hombres; el grupo de edad más afectado es el de 50 a 59 años, con un 29 % de incidencia; y en el 37 % de los casos las larvas se localizan en heridas abiertas, siendo esta la forma más común de infestación, detalló la Secretaría de Salud.

Ante el aumento de casos de infestación por gusano barrenador en humanos, la Secretaría de Salud exhortó a la población a fortalecer las medidas de prevención y anunció que ha intensificado las acciones de vigilancia epidemiológica, reforzado la capacitación del personal y ampliado la difusión de campañas informativas a nivel nacional.

El primer caso en humanos se detectó el 6 de febrero de 2025, en un hombre residente en Catacamas, departamento de Olancho, al este del país.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo por 400 millones de dólares para apoyar a Ecuador en el fortalecimiento de sus capacidades institucionales para prevenir y responder a la violencia criminal y a los flujos financieros ilícitos.

La operación, realizada bajo la modalidad de Préstamo Programático en Apoyo de Reformas de Política (PBP, por sus siglas en inglés), se enmarca en un contexto de creciente inseguridad en el país, la más grave de su historia al registrar el mayor índice de homicidios de Latinoamérica, con un promedio que supera un asesinato por hora desde inicios de 2025.

Frente a este escenario, el «Programa de Fortalecimiento Institucional para la Prevención y Respuesta a la Violencia y la Criminalidad en el Ecuador» propone una respuesta integral, multisectorial y basada en evidencia, según detalló el BID en un comunicado donde no precisa las condiciones del préstamo.

Esta incluye la creación de nuevos marcos normativos, mecanismos de coordinación interinstitucional, estrategias de intervención y herramientas de trazabilidad y control de activos ilícitos, con el objetivo de contribuir a reducir la violencia criminal y de las economías de las estructuras criminales mediante reformas estructurales.

Para ello, se enfocará en cuatro áreas clave: la prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos criminales; la modernización de la función policial; el combate al lavado de activos y la recuperación de bienes ilícitos; y la reducción de la minería ilegal.

El programa respaldado por el BID contempla beneficios directos para más de 5 millones de niños, niñas y adolescentes, 641,000 residentes de la Amazonía ecuatoriana, estudiantes de 1.785 escuelas priorizadas por su exposición al riesgo de reclutamiento y 5,8 millones de habitantes de 23 cantones (municipios) vulnerables.

La previsión del BID y de las autoridades ecuatorianas es que hacia 2027, la tasa promedio de homicidios en estos cantones se reduzca de 73,9 a 66,6 por cada 100.000 habitantes, y que aumente en un 10 % la percepción de seguridad en las comunidades educativas.

El plan también incluye medidas específicas para proteger a niños y adolescentes migrantes, como la implementación de un protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes y un procedimiento de regularización migratoria para menores no acompañados.

Esta iniciativa se desarrolla en el marco de la ‘Alianza por la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo’, la estrategia regional del BID para fortalecer la capacidad de los países de la región de coordinar sus esfuerzos contra el crimen organizado.

Entre las medidas destacadas se encuentran la aprobación de una estrategia nacional para prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y la implementación de un nuevo modelo de servicio policial con enfoque territorial y basado en evidencia.

También es parte de ello la promulgación de una nueva ley antilavado conforme a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la creación del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero para enfrentar la minería ilegal.

Asimismo, se apoyará la implementación de innovaciones como la Notificación Plateada de Interpol, que mejora la recuperación de activos ilícitos en el extranjero, y la creación y uso del registro Rebefics (Reporte de beneficiarios finales y composición societaria), que permite identificar los beneficiarios finales que están detrás de «empresas fantasma» usadas para lavar activos.

El proyecto será ejecutado por el Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador, en coordinación con instituciones clave de los sectores seguridad, justicia, educación, minería y finanzas. La operación incluye mecanismos de monitoreo y evaluación rigurosos, así como asistencia técnica para asegurar la sostenibilidad de las reformas.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, cuestionó este jueves la escasa relevancia de la Organización de los Estados Americanos (OEA), al señalar que su existencia pierde sentido si no es capaz de responder eficazmente a crisis como las de Venezuela y Haití.

Durante su intervención en la Asamblea General de la OEA, celebrada en Antigua y Barbuda, Landau criticó la falta de acción del organismo frente a gobiernos que «ignoran abiertamente las normas internacionales».

«Si no podemos responder o remediar estas situaciones, ¿para qué sirve esta organización?», planteó el diplomático, quien representa al secretario de Estado, Marco Rubio.

Landau reveló que, por orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el Departamento de Estado se encuentra revisando la permanencia del país en organismos internacionales, incluida la OEA. «Francamente, no tengo claro cómo terminará esta revisión», advirtió.

El subsecretario puso como ejemplo la situación en Venezuela, donde denunció que el régimen de Nicolás Maduro continúa en el poder pese a las acusaciones de fraude. Según Landau, el candidato opositor Edmundo González Urrutia «ganó de forma abrumadora» y contaba con pruebas para demostrarlo.

Criticó que, ante esta realidad, la OEA «no ha hecho nada sustancial».

Sobre Haití, lamentó el colapso institucional y la creciente inseguridad, pese al despliegue de una misión internacional liderada por Kenia bajo aval de la ONU. Señaló que «Estados Unidos no puede seguir cargando solo con el peso financiero» y cuestionó: «Si la OEA no está dispuesta o no puede tener un papel constructivo en Haití, ¿por qué existe?».

Landau también exhortó a los Estados miembros a respaldar la candidatura de la activista cubana Rosa María Payá para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmando que la OEA debe comenzar a mostrar resultados reales.

«Es hora de que la OEA apoye al pueblo de Venezuela y Haití, no solo con palabras, sino con acciones concretas», concluyó.

La delegación de Honduras, en representación del Gobierno que encabeza la presidenta Xiomara Castro, abogó este jueves ante la 55 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a favor de la integración regional y la defensa de los derechos humanos.

Durante su intervención en la asamblea, celebrada en Antigua y Barbuda, Roberto Ramos, asesor ministerial del Despacho del Canciller de Honduras y jefe de la delegación hondureña en la Asamblea, reafirmó su convicción de que «otro hemisferio es posible, uno basado en la solidaridad entre los pueblos y el respeto a la dignidad humana».

«Honduras asumió con responsabilidad un papel activo en la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), promoviendo una agenda de integración soberana, inclusiva y progresista», subrayó al tiempo que hizo un llamado a «fortalecer los mecanismos de cooperación, revitalizar el multilateralismo regional y consolidar a la CELAC como una voz común frente a los grandes desafíos globales».

En su mensaje, destacó que en el centro de la política hondureña «está el ser humano», motivo por el cual desde el inicio de la actual Administración – según alega- se ha priorizado «la reparación integral a las víctimas de violaciones cometidas en contextos de represión, criminalización y violencia institucional».

«Se han fortalecido los mecanismos de protección a defensores y defensoras de derechos humanos, pueblos indígenas y comunidad LGBTQ+», remarcó.

«La migración no se resuelve con muros ni represión»

En cuanto a la movilidad humana, Ramos recordó que Honduras ha sido históricamente país de origen, tránsito y retorno de miles de personas que migran en busca de dignidad y seguridad.

«Trabajamos para que emigrar sea una opción y no una obligación, enfrentando las causas estructurales como la pobreza, la violencia, el cambio climático y la falta de oportunidades», indicó.

Aprovechó para exhortar a los Estados de destino «a tratar a nuestras hermanas y hermanos migrantes con humanidad, respetando sus derechos sin criminalizarlos ni estigmatizarlos» y expresó que «la migración no se resuelve con muros ni con represión, sino que con desarrollo compartido y responsabilidad común».

Precisamente, las deportaciones de hondureños aumentaron un 9.2 % en los primeros cinco meses de 2025, con un total de 15,988 personas retornadas, lideradas por Estados Unidos con más de 9,900 expulsiones, según datos divulgados en su momento por el Instituto Nacional de Migración (INM).

Una América «más justa, libre y soberana»

Durante su intervención, Ramos también dejó claro que Honduras rechaza toda forma de intervención o injerencia externa y que «ninguna nación debe imponer su voluntad sobre otra bajo pretextos de seguridad, lucha contra el crimen o intereses económicos».

Añadió que Honduras «no busca aliados que nos dicten condiciones, sino que socios que nos acompañen con dignidad en la construcción de una América más justa, libre y soberana. Señor presidente, el tiempo de los pueblos ha llegado».

El jefe de la delegación no dejó de referirse a la situación ambiental que enfrenta su país y la región, al señalar que Honduras «es víctima de un modelo de desarrollo depredador» que ha provocado deforestación masiva, pérdida de biodiversidad y fenómenos climáticos extremos.

«La justicia climática por consiguiente exige que quienes más contaminan asuman mayores compromisos y responsabilidades», expresó.

Concluyó su intervención expresando: «Desde Honduras extendemos nuestra mano fraterna para seguir construyendo junto a ustedes una región más humana, solidaria y esperanzadora. Sabemos que los desafíos son enormes, pero también lo es la determinación de nuestros pueblos».

Fiscales de Estados Unidos plantearon este jueves deportar al salvadoreño Kilmar Ábrego García, expulsado en marzo a El Salvador por «error» del Gobierno de Donald Trump, a un tercer país cuando salga de la cárcel en Tenessee, según una llamada entre ellos y una jueza a la que accedieron medios.

Los abogados del Departamento de Justicia (DOJ) expresaron a la jueza de distrito Paula Xinis de Maryland, origen del caso, su intención de que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) detenga a Ábrego García y lo envíe a un tercer país, aunque reconocieron que no hay una fecha establecida para ello.

«¿Así que podría pasar en 30 segundos o 30 días o 30 meses?», pregunta la jueza, a lo que el fiscal Jonathan Gynn responde que solo dirá que «no hay planes inminentes para removerlo a un tercer país», distinto a El Salvador, según la llamada que siguieron medios como Politico, NOTUS y WUSA9, subsidiaria local de CBS.

Ábrego García volvió el 6 de junio acusado de tráfico de migrantes a EE.UU. y desde entonces está encarcelado en Tennessee, donde la jueza Barbara Holmes ordenó la semana pasada su liberación mientras se decide su caso, pero esta se aplazó en lo que un tribunal analiza el riesgo de que ICE lo deporte en cuanto salga libre.

Los abogados del salvadoreño, referente de la batalla de Trump contra el sistema judicial para deportar a migrantes, pidieron este jueves a la jueza Xinis que ordene su traslado de Tennessee a Maryland para evitar su deportación.

Los defensores alertaron en un documento judicial disponible en línea de que, «si esta corte no actúa expeditamente, entonces es probable que el Gobierno se lleve a Ábrego García a un lugar lejos de Maryland».

«Sin una orden de esta corte, el Gobierno probablemente trasladará a Ábrego García a otro lado. Las declaraciones públicas del Gobierno dejan pocas dudas sobre su plan: expulsar a Ábrego García», advirtieron.

La intención de los fiscales del DOJ trasciende tras el fallo de la Corte Suprema del lunes que autoriza al Gobierno de Trump seguir, por ahora, con las deportaciones de migrantes a países de los que no son ciudadanos.

Esto es una nueva escalada en el caso de Ábrego García, a quien la Administración de Trump envió junto a 230 inmigrantes a El Salvador a pesar de tener un estatus que lo protegía de la deportación y de las órdenes de la Corte Suprema y la jueza de Maryland que concluyeron que su deportación fue ilegal.

El Ejecutivo estadounidense retornó a Ábrego García el 6 de junio, pero lo acusó de cargos federales de tráfico de personas que surgieron tras un encuentro del inmigrante con policías en Tennessee en 2022, cuando viajaba con varios presuntos indocumentados, según detalla el documento judicial.

Los abogados del salvadoreño han negado que su cliente sea culpable de esos cargos, que le valdrían una pena máxima de 20 años en la cárcel.

Un potente anticiclón, extenso, seco y muy cálido denominado «domo o cúpula de calor», afectará los próximos días a amplias zonas del sur, oeste y centro de Europa, actuando como una cúpula que atrapa el calor cerca del suelo e impide su disipación, lo que favorecerá que las temperaturas se disparen.

En países del suroeste europeo como España, Francia, Portugal y durante las próximas horas el anticiclón comenzará a fortalecerse y extenderse con temperaturas muy altas, cercanas o incluso superiores en algunos casos a los 40 grados e incluso más.

Las temperaturas a unos 1.500 metros de altitud presentarán anomalías de entre 8 y 12 grados por encima de lo normal, un «valor excepcional» para finales de junio, explica a EFE Francisco Martín, meteorólogo del portal español Meteored, quien precisa que en amplias áreas del suroeste europeo las temperaturas serán propias del periodo canicular, entre el 15 de julio y el 15 de agosto.

«Todo apunta a que junio podría batir récords, superando incluso al histórico junio de 2017 en cuanto a temperaturas elevadas», observa Martín.

En este punto, el experto señala que los anticiclones cálidos como este se han vuelto «entre tres y cinco» veces más probables desde los años 50, lo que los científicos atribuyen directamente al cambio climático.

Además, este episodio de calor extremo traerá consigo riesgos asociados, como un aumento del peligro de incendios, elevadas concentraciones de ozono troposférico y una posible irrupción de polvo africano.

Temperaturas extremas en España e Italia

En España, la Agencia de Meteorología (Aemet) ha alertado ante la primera ola de calor, que arranca este sábado, y que de momento abarcará hasta mediados de la próxima semana, situación similar a la de Italia, donde se vive una «intensa ola de calor», lo que ha obligado al Ministerio de Salud italiano activar la alerta roja en numerosas ciudades del centro y norte del país por máximas de 40 grados o más.

También Italia afronta un intenso calor en buena parte del país, donde se registran temperaturas extremas que están llegando a superar los 40 grados y que se mantendrán así durante la primera semana de julio, con hasta 13 ciudades del centro y norte del país en estado de máxima alerta.

Este jueves Bolonia, Bolzano, Brescia, Florencia, Perugia y Turín se encuentran ya en alerta roja, según los últimos boletines del Ministerio de Salud, que advierte de que mañana viernes el número aumentará hasta 13, al sumarse a la lista Roma, Milán, Venecia y Verona.

Portugal y Francia también afectadas por el calor

Por su parte, la mitad sur de Portugal estará en aviso naranja a partir del próximo sábado con unas temperaturas máxima de 43 grados centígrados en el distrito de Beja, fronterizo con Extremadura y Andalucía (España), según el pronóstico del Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA).

Junto a Beja, otros distritos que estarán en aviso naranja a partir del sábado son los de Portalegre y Évora, limítrofes con Extremadura, y el de Faro, junto a Andalucía, además de Setúbal, al sur de Lisboa.

En Francia, Meteo France (Servicio Meteorológico de Francia) señala en su página web que durante el fin de semana, y como consecuencia del potente anticiclón, se alcanzarán 38 grados en la ciudad de Montpellier, 37 grados en Lyon, 36-35 grados en Montelimar y Auxerre y entre 32 y 34 grados en amplias zonas del centro del país.

Sin embargo, Francia no solo se ve afectada por el calor. En las últimas horas el servicio meteorológico francés da cuenta del episodio de un frente de violentas tormentas desde el miércoles, con fuertes vientos y abundante aparato eléctrico, que ha dejado dos personas fallecidas, al menos otras 17 heridas y muchos daños.

El aire caliente, como consecuencia del calor sofocante en gran parte del territorio francés, funcionó como «un carburante extremadamente eficaz» para alimentar las tormentas, añadió el servicio meteorológico francés.

Las altas temperaturas llegan a Grecia y Chipre

Grecia y Chipre afrontan desde este jueves su primera ola de calor de la temporada estival con temperaturas que se espera alcancen los 42 grados, lo que ha puesto en alerta a las autoridades para proteger a los ciudadanos vulnerables y prevenir la propagación de incendios forestales.

En el noreste y el centro de Grecia, así como en algunas islas del Egeo oriental, ya se registran temperaturas que rozan los 40 grados, mientras que en el centro de la capital, Atenas, los termómetros ya marcan los 39, según el Observatorio Nacional de Atenas.

Otros países

El meteorólogo también avanza que las próximas horas el intenso calor podría extenderse a otros países de Europa como Países Bajos, Alemania, Austria, Hungría, Grecia e incluso Dinamarca, pero no se puede hablar con exactitud de ola de calor, porque «no existe una definición global e universal que defina estos episodios», sino que cada país aplica unos baremos.
Sin embargo, hace una distinción importante: «En España sí que se darán las condiciones técnicas para hablar de una ola de calor por su intensidad, duración y extensión geográfica, detalla Francisco Martín.