El Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Venezuela acusó este lunes a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador de «eludir su responsabilidad y negar toda cooperación» para «proteger la libertad y la integridad personal de los 252 ciudadanos venezolanos» que están detenidos en el país centroamericano.
A través de un comunicado, el MP precisó que el pasado 30 de marzo envió una comunicación al Supremo de El Salvador para pedir que interviniera por la defensa de los derechos de los venezolanos detenidos y, agregó, la institución salvadoreña declaró «improcedente» la solicitud al alegar que la comunicación enviada «no cumple con los requisitos legales y formales establecidos, ni se realizó por los canales diplomáticos adecuados».
Además, la Fiscalía indicó que «un grupo de abogados» introdujo un recurso de habeas corpus por los venezolanos detenidos, pero la Corte salvadoreña señaló que «los solicitantes no proporcionaron información precisa sobre los hechos alegados, las autoridades responsables, ni las razones concretas que justifican la vulneración de derechos constitucionales».
Por tanto, a juicio del MP, El Salvador «se niega a atender» la solicitud en favor de los venezolanos y optó «por no analizar los hechos ni entrar al fondo del habeas corpus (…) escudándose en una serie de formalismos falaces y exigencias desproporcionadas, con el único objetivo de evadir su deber constitucional de control sobre la privación ilegítima de libertad».
«Al pedirles a los defensores que especifiquen si «realmente» los ciudadanos están detenidos, o que prueben hechos ampliamente notorios, como su traslado al CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo) en medio de un espectáculo mediático, la Sala (Constitucional) no solo se hace la desentendida, sino también cómplice de esta aberración jurídica», afirmó el MP.
La Fiscalía reiteró su rechazo a lo que asegura son las «detenciones arbitrarias, incomunicaciones, traslados forzados o privaciones de libertad sin juicio, sin defensa, sin debido proceso y sin siquiera saber por qué están presas ni dónde están», en relación a los venezolanos.
«El pueblo venezolano y este Ministerio Público no descansarán hasta restablecer la dignidad, la libertad y la justicia para cada uno de sus ciudadanos sometidos a esta cadena de violaciones», expresó la institución.
En marzo pasado, el Gobierno de Estados Unidos deportó a El Salvador a más de 200 migrantes venezolanos acusados de ser presuntamente integrantes de la banda criminal transnacional Tren de Aragua, que nació en una cárcel de Venezuela y que el Gobierno de Nicolás Maduro asegura está desmantelada.
En mayo pasado, la ONU dijo que este grupo de venezolanos puede estar en una situación de desaparición forzada en El Salvador en vista de la «completa incertidumbre» sobre su paradero y la situación en la que se encuentran tras ser deportados de Estados Unidos a ese país.
La portavoz de este organismo, Liz Throssell, indicó entonces que ni las autoridades estadounidenses ni las salvadoreñas han publicados «listados oficiales de los detenidos, y su situación legal en El Salvador sigue sin estar clara.
