Categoría: El Mundo

Los cruces de inmigrantes en la frontera suroeste de EE.UU. en marzo descendieron a 7,180, lo que marca la menor cifra desde que se lleva el registro, destacó este martes la Casa Blanca, que calificó el hito como una muestra del éxito de las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

En un comunicado, la Patrulla Fronteriza de EE.UU. dijo que la cifra marca “el menor número de cruces fronterizos en la historia”.

Los cruces ya habían descendido en febrero cuando se contabilizaron 8,347, comparado con los 29,101 en enero –mes en que hubo la transición del Gobierno del expresidente Joe Biden al de Trump.

La reducción es aún más drástica si se compara con marzo de 2024, cuando se registraron 137,480 cruces. Las altas cifras de detenciones en la frontera obligaron al Gobierno Biden (2021-2025) a restringir el acceso al asilo político, normas que aún permanecen vigentes.

Las detenciones diarias en la frontera suroeste también se han reducido con alrededor de 230 por día, una cifra sin precedentes, destacaron las autoridades migratorias.

Al respecto, el zar de la frontera de Estados Unidos, Tom Homan, subrayó que en los más de 40 años en la Patrulla Fronteriza no recuerda un solo mes con cifras tan bajas.

Por su parte, Pete Flores, comisionado interino de La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP), dijo que gracias a las políticas implantadas por la Administración Trump los agentes de la Patrulla Fronteriza tienen más poder que nunca para frenar la entrada ilegal de inmigrantes.

“El mensaje es claro: la frontera está cerrada a los cruces ilegales, y quienes aún estén dispuestos a poner a prueba nuestra determinación, sepan esto: serán procesados y deportados”, enfatizó.

Como parte de las iniciativas de control fronterizo, en marzo, CBP firmó nuevos contratos con los que se continúa la construcción del muro fronterizo, una de las promesas de campaña de Trump en su primera elección.

El Gobierno de Estados Unidos retiró la visa al expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias Sánchez, quien se suma a una serie de figuras políticas costarricenses a quienes el Gobierno de Donald Trump retiró el documento sin razones oficiales confirmadas.

El exgobernante (1986-1990 y 2006-2010) confirmó a los medios locales que recibió un correo electrónico en el que se le informa del retiro de su visa y que desconoce los fundamentos de esa acción.

Arias ofrecerá una conferencia de prensa al final del día martes para pronunciarse sobre el asunto.

En sus redes sociales Arias ha sido crítico del Gobierno de Donald Trump, especialmente de la forma en que ha abordado la guerra entre Rusia y Ucrania, y también de la posición del actual Gobierno de Costa Rica que preside Rodrigo Chaves en relación a la visita, en febrero pasado, del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio.

«Siempre he creído que los Estados Unidos es una nación en búsqueda de un enemigo. Hoy ese enemigo es China. El tener un supuesto enemigo les ha permitido alimentar la industria armamentista y justifica que hoy destinen un billón de dólares (un trillón para los estadounidenses) en armas y soldados», escribió Arias el 3 de febrero pasado en Facebook.

Arias, quien gobernó Costa Rica en los periodos 1986-1990 y 2006-2010, dijo que durante sus mandatos el Gobierno «nunca recibió órdenes de Washington, como si fuéramos una república bananera».

En su segundo Gobierno, Arias impulsó la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y también estableció relaciones diplomáticas con China en 2007, lo que propició la firma de un TLC con el gigante asiático.

Tras la visita del secretario Rubio a Costa Rica en febrero pasado, el Gobierno estadounidense retiró la visa a los diputados Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), mismo partido de Arias; y a las legisladoras Johana Obando y Cynthia Córdoba del Partido Liberal Progresista, así como a la auditora general del Instituto Costarricense de Electricidad (estatal de energía y telecomunicaciones), Ana Sofía Machuca.

Todos ellos habían sido criticados constantemente por el presidente Rodrigo Chaves y algunos de sus ministros, por supuestamente apoyar o favorecer a la empresa china de telecomunicaciones Huawei, la cual aspiraba a competir por contratos para el desarrollo de redes de 5G en Costa Rica.

En su visita a Costa Rica, Rubio felicitó al Gobierno costarricense por su «firmeza» para no permitir la participación de empresas chinas en 5G y además advirtió de posibles sanciones para funcionarios que colaboraran con actores extranjeros que representen una amenaza para la ciberseguridad estadounidense.

Desde 2023, el Gobierno de Chaves firmó un decreto en el que establece que para participar en los contratos para redes y equipos de 5G, los países de origen de las empresas interesadas deben ser signatarios del Convenio de Budapest sobre la lucha contra la ciberdelincuencia.

China, país sede de la empresa Huawei, no es signatario de ese instrumento, por lo cual la compañía ha quedado fuera de los concursos públicos, aunque ha apelado mediante vías legales.

El Gobierno costarricense ha defendido que el decreto tiene como fin la protección de los datos y la información de las empresas y las personas y ha cuestionado la transparencia de China, lo que ha provocado roces con la embajada asiática.

La Fiscalía de Estados Unidos negocia un acuerdo de culpabilidad con el narcotraficante mexicano Ismael «El Mayo» Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa, según indicó este martes en un documento enviado al tribunal.

En el escrito, la Fiscalía estadounidense destaca que ambas partes han continuado discutiendo una posible resolución antes del juicio para acortar el proceso, aunque reconoce que la evaluación de una posible pena capital para el acusado sigue «pendiente».

Además, pide que se retrase la próxima audiencia de Zambada, prevista para el 22 de abril, hasta el 16 de junio debido a un conflicto de calendarios entre la Fiscalía y la defensa del acusado.

Ismael «El Mayo» Zambada, de 77 años, está acusado de 17 cargos relacionados con el narcotráfico, en un caso de «gran complejidad» -en palabras del juez encargado, Brian Cogan, que condenó a Joaquín «El Chapo» Guzmán- que podría acarrearle incluso la pena de muerte si llega a juicio.

Su abogado, Frank Pérez, admitió en enero estar «conversando para ver si llegamos a un acuerdo» cuya naturaleza no precisó, pero al mismo tiempo incidió en que no se trataba de ‘negociaciones’.

El pasado febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) mexicana reveló que ha pedido cuatro veces a Estados Unidos la extradición del acusado, quien anteriormente había exigido su repatriación a México con el argumento de que lo secuestraron para entregarlo.

Por su parte, Zambada entregó una carta en el Consulado de México en Nueva York en la que considera que el Gobierno de México «debe intervenir» en su caso y pedir su repatriación «a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países».

Una coalición de fiscales generales de 23 estados de EE.UU. y del Distrito de Columbia demandaron al Gobierno de Donald Trump por recortar «abrupta e ilegalmente» $11,000 millones a fondos para la salud pública.

De acuerdo con la demanda, presentada en la corte federal para el distrito de Rhode Island, el Departamento de Salud y Recursos Humanos, que dirige Robert F. Kennedy Jr., envió el pasado 24 de marzo avisos a los departamentos de salud estatales y locales informando sobre el recorte de los fondos sin una notificación previa de que eso ocurriría.

Los fondos asignados por el Congreso que buscan eliminar, como parte de los esfuerzos de la Administración Trump de recortar gastos en el Gobierno, son usados para una amplia gama de necesidades urgentes de salud pública, incluida la identificación, el seguimiento y el tratamiento de enfermedades infecciosas; garantizar el acceso a las vacunas, la prevención del suicidio y la atención de salud mental, además de modernizar la infraestructura, de acuerdo con un comunicado conjunto.

Los fiscales aseguran que si no se restablece la financiación, habrá que disolver y desmantelar programas e iniciativas clave de salud pública en todo el país, miles de trabajadores perderán sus empleos y habrá consecuencias «devastadoras» para las comunidades a través del país.

Con esta acción legal, la coalición busca que el tribunal emita una orden de restricción temporal para mantener y restaurar inmediatamente la financiación de la salud pública «debido al daño irreparable, que las jurisdicciones sanitarias locales sufrirían».

En Nueva York se han cancelado más de $400 millones, incluidos más de $300 millones para el Departamento de Salud del estado, la Oficina de Salud Mental y la de Apoyo a las Adicciones, de acuerdo con la fiscal general, Letitia James.

«La decisión ilegal e irresponsable de la administración Trump de recortar fondos de salud vitales es un ataque al bienestar de millones de estadounidenses”, afirmó James.

El Departamento de Salud también anunció el pasado 27 de marzo que despedirá a 10,000 empleados, que se suman a otros 10,000 que voluntariamente optaron por dejar su trabajo en esta agencia desde que Trump asumió su segundo mandato el pasado 20 enero.

Precisamente, cientos de trabajadores de la Salud, desde puestos de alta dirección a médicos, empezaron a recibir hoy las notificaciones de despido. Se prevé que las destituciones reduzcan el Departamento de Salud a 62,000 empleados.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió este martes que el salvadoreño que fue deportado «por un error administrativo» era un pandillero de la Mara Salvatrucha y restó crédito a la publicación de la revista The Atlantic, quien reveló el caso.

«Este individuo era un líder del anillo de MS-13. Esta persona estaba involucrada en la trata de personas. Y me alegro de que hayas vuelto a mencionar este punto, porque si vieras el titular de la loca y fallida revista Atlantic esta mañana, pensarías que este individuo era el padre del año, viviendo en Maryland, viviendo una vida pacífica cuando eso no podría estar más lejos de la verdad. Ni siquiera mencionaron en el título de ese artículo, o incluso en el primer párrafo, que este individuo es un criminal ilegal que rompió las leyes de inmigración de nuestra nación. Es un líder de la brutal pandilla MS-13, y está involucrado en la trata de personas. Y ahora MS-13 es una organización terrorista extranjera designada», respondió Leavitt al ser interrogada por las pruebas de que el hombre era un pandillero.

Este martes, la revista The Atlantic publicó que el gobierno de Donald Trump reconoció que por «un error administrativo» el salvadoreño Kilmar Ábrego García fue deportado a El Salvador, luego de recibir una resolución favorable de un juez de inmigración para evitar su deportación debido al riesgo de persecución en su país natal.

Ábrego García es un salvadoreño, con residencial legal, que vivía en Maryland, esposo de una ciudadana estadounidense y padre de un menor con discapacidad, también ciudadano.

“Ábrego García no figuraba en el manifiesto inicial del vuelo del Título 8 para ser deportado a El Salvador”, declaró Robert Cerna, director interino de la oficina de campo del ICE, en referencia a la ley federal de inmigración.

“Más bien, era un suplente. Dado que otros fueron deportados del vuelo por diversas razones, él ascendió en la lista y fue asignado al vuelo. El manifiesto no indicaba que Ábrego García no debía ser deportado”, agregó en una declaración judicial.

Leavitt insistió que «la MS-13 es una organización terrorista extranjera cuyos miembros se encuentran entre los monstruos más despiadados del planeta».

«En lugar de indignarse por el arresto y la deportación de estos terroristas inmigrantes ilegales por parte del presidente Trump, los medios de comunicación y el Partido Demócrata deberían preocuparse por los ciudadanos estadounidenses inocentes que han sido violados, asesinados y mutilados por ellos», enfatizó la portavoz.

Las elecciones de este martes por el control del Tribunal Supremo de Wisconsin han roto las barreras geográficas del estado y han evolucionado a una consulta nacional sobre los primeros meses del segundo mandato dennDonald Trump, la salud de los demócratas y el poder del magnate Elon Musk.nnEl presidente sorprendió hace unos días mostrando su apoyo al juez conservador Brad Schimel, que este martes se juega uno de los siete asientos del Alto Tribunal de Wisconsin por un periodo de 10 años contra la jueza liberal Susan Crawford, quien recibió el respaldo de los demócratas.nn»Asegúrese de votar por el Patriota de América Primero, Brad Schimel, en contra dennSusan Crawford, una liberal radical de izquierda con un historial de dejar impunes a abusadores de menores y violadores», escribió hoy mismo Trump en su red social Truth Social, añadiendo que una victoria de la magistrada liberal «sería un DESASTRE para Wisconsin y los Estados Unidos de América».nnActualmente, la Corte está compuesta por cuatro jueces liberales y tres conservadores, y dependerá de esta votación a qué lado se decante la mayoría.nnTras el respaldo del neoyorquino, algunos magnates, como su aliado Elon Musk y el inversor George Soros, se volcaron a hacer donaciones para favorecer la carrera de su candidato, llegando a convertirla en la votación para el Supremo más cara de la historia del país.nnSegún explicó a EFE Douglas Keith, experto del Brennan Center For Justice, la cuantía total de la campaña ya supera los $90 millones.nn»Estas elecciones están recibiendo cada vez más atención y más dinero. Esto se debe a que la gente se da cuenta de que estos tribunales acaban decidiendo algunas de las luchas legales más importantes»,nndijo Keith.nnEl dueño de X y sus aliados han donado directamente a la campaña de Schimel en torno a unos $20 millones a través de America PAC, el comité de acción que Musk y otros magnates tecnológicos fundaron para apoyar la campaña presidencial del republicano.nnAlgunas voces están acusando al hombre más rico del mundo de querer comprar las elecciones, ya que, además de financiar la campaña, está donando cheques a quienes muestren su apoyo por el candidato conservador.nnMusk, que es consejero delegado de SpaceX y Tesla, se encuentra inmerso en un proceso judicial con los tribunales de ese estado por una ley que no permite a los fabricantes de vehículos tener sus propios concesionarios y obliga a los comercialicen otros.nnEsta norma, que está en vigor en más estados, busca proteger a los distribuidores más pequeños.nnLa victoria de Schimel, si el caso llega al Supremo, podría inclinar la balanza en favor del multimillonario y básicamente, hacer ver que, con su dinero, su poder tiene pocos o ningún límite.nnUna prueba para los demócratasnnEsta consulta no será solo una especie de referéndum sobre el poder y las formas de ejercerlo de la mano derecha del republicano, sino que, él también se somete a examen este martes.nnLos votantes entienden esta consulta como una oportunidad para mostrar su oposición a algunas de las medidas que Trump ha tomado en los dos meses que lleva de vuelta en la Casa Blanca, como los miles de empleados federales que ha despedido o el envío de migrantes a la macrocárcel de El Salvador.nnPor otro lado, Schimel es uno de los fieles de Trump: le apoya públicamente desde hace años, comparten posiciones antiaborto y le ha defendido en los indultos a los condenados por el asalto al Capitolio.nnSi con su respaldo consigue la victoria para el magistrado, el mandatario lanza un mensaje exhibiendo su fuerza, especialmente a los suyos en el Congreso que no le son tan leales.nnLos demócratas, por su parte, evaluarán en esta votación la salud de sus bases después de perder el pasado noviembre ante los republicanos.nnEsta elección llega cuando el tribunal debe decidir sobre algunos derechos sociales, como el que permite el aborto, que el estado autoriza hasta las 20 semanas de gestación, o los de las personas trans.nnMientras que los demócratas defienden estos derechos, la agenda del mandatario apuesta por restringirlos, así que la nueva mayoría del tribunal puede frenarle o darle alas.nnWisconsin es uno de los conocidos como ‘estados bisagra’, donde en las últimas elecciones Trump ganó por un margen muy estrecho. Una de las cuestiones a las que el tribunal se enfrenta es la de bloquear la reforma de los distritos electorales para las legislativas, que, según los conservadores, podría acabar inclinando la balanza para los demócratas.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reiteró este martes que los ecuatorianos no están en la lista de prioridad de la política de deportaciones emprendida por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien tuvo un encuentro privado en la noche del sábado en la residencia del mandatario estadounidense en Mar-a-Lago (Florida).

«Ecuador no está en este momento en la lista de prioridad. Al principio no había lista, y después se hizo una lista, y hubo un trabajo bueno de Cancillería y Presidencia para no estar en esa lista», explicó Noboa durante una entrevista con Radio Sucesos.

Noboa, que está en plena campaña electoral para buscar su reelección en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador, donde se enfrenta a la candidata correísta Luisa González, señaló que han pedido a Estados Unidos que las expulsiones de migrantes ecuatorianos se hagan «con dignidad y con humanidad».

El sábado pasado, durante un encuentro con migrantes ecuatorianos en Miami (Estados Unidos), Noboa afirmó que su gestión había logrado «sacar» a los ecuatorianos de esa lista.

Estados Unidos es el principal destino de los migrantes ecuatorianos que buscan salir del país de manera irregular en busca de oportunidades, un flujo que en años anteriores ha llegado a ser de al menos 100.000 personas por año en 2023 y 2024, de acuerdo a los registros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Ecuador recibió vuelos de deportación de Estados Unidos de manera regular desde 2005, con mayor frecuencia en los últimos años al registrar entre dos y tres vuelos por semana.

Según datos de la Cancillería de Ecuador, más de 32,000 ecuatorianos llegaron deportados en vuelos de Estados Unidos en los dos últimos años, de ellos unos 18,400 en 2023 y unos 13,600 en 2024.

El Gobierno del presidente Donald Trump ha detenido desde su investidura el 20 enero a 113,000 inmigrantes y expulsado de EE.UU. a 100,000 de ellos bajo su promesa de deportaciones masivas, según dijo una fuente del Departamento de Seguridad Nacional al diario New York Post.

Se desconoce cuántos detenidos tienen expediente criminal o su procedencia, pero según la fuente, la mayoría han sido enviados a México. En los primeros 50 días de presidencia fueron arrestados 32,000 inmigrantes, agrega.

El Gobierno de EE.UU. lleva a cabo una intensa ola de arrestos y expulsiones de inmigrantes, de los que una parte están siendo enviados a una megacárcel en El Salvador, para cumplir su promesa de campaña de deportar indocumentados y miembros de pandillas, aún desobedeciendo las órdenes judiciales de parar las expulsiones.

El mandatario ha recurrido a un antigua ley que le permite expulsar de inmediato a «enemigos extranjeros» y la está usando contra venezolanos, acusándoles de ser miembros de la organización criminal transnacional Tren de Aragua (TDA) sin presentar evidencia.

La Unión de Libertades Civiles (ACLU) ha impugnado esa acción en un tribunal, que ordenó detener las expulsiones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

Sin embargo, el pasado domingo el Departamento de Estado confirmó que expulsó a otros 17 inmigrantes por presuntamente ser miembros del TDA.

El diario neoyorquino también mostró estadísticas que muestran que el cruce en la frontera sur, entre México y EE.UU., ha disminuido desde septiembre de 2024, cuando 53,858 personas entraron al país, hasta marzo de 2025, cuando la cifra fue de 7,000.

En octubre cruzaron la frontera 56,523, en noviembre 46,615, en diciembre 47,322 y en enero -en el que hubo la transición del Gobierno del presidente Joe Biden al de Trump- la cifra bajó a 29,101; en febrero se redujo a menos de la mitad, con 8,347, y en marzo a 7,000.

«Las entradas ilegales a Estados Unidos ya no son una vía encubierta para obtener estatus», dijo la fuente al New York Post, y aseguró que los inmigrantes tienen ahora «miedo» de las consecuencias del cruce ilegal de la frontera.

«Todos los que son capturados son acusados ​​y cumplen una condena», indicó además al diario neoyorquino.

Un homenaje al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera 'El Mencho', durante un concierto en Guadalajara ha llevado a las autoridades locales a abrir una investigación por presunta «apología del delito».

La Fiscalía del Estado de Jalisco anunció la apertura de la investigación tras el uso de imágenes de 'El Mencho' por parte del grupo musical Los Alegres del Barranco mientras interpretaban la canción «El del palenque» en el evento denominado «Los Señores del Corrido». Según un comunicado, «la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social abrió de manera oficiosa la carpeta de investigación», destacando que el Artículo 142 del Código Penal estatal castiga con hasta seis meses de prisión la provocación pública de la comisión de un delito o la apología de este.

La Fiscalía también indicó que tomará declaraciones a los miembros de la agrupación musical y considerará la postura de los administradores del Auditorio Telmex, donde se llevó a cabo el concierto. Cabe recordar que la Agencia Antidroga de EE.UU. ofrece $10 millones por información sobre el paradero de 'El Mencho'

Durante el evento, la banda también interpretó «El 701», una canción dedicada a Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa, actualmente preso en EE.UU.

El Auditorio Telmex, que pertenece a la Universidad de Guadalajara, declaró que no tiene control sobre el repertorio, discursos o material audiovisual que los artistas decidan presentar. Sin embargo, asumió la responsabilidad de asegurar que en el futuro sus recintos no sean utilizados para difundir mensajes que hagan apología del delito, y anunció que incluirán cláusulas en sus contratos para prohibir la promoción de este tipo de mensajes.

Jalisco ha estado en el centro de la atención nacional tras el descubrimiento de un presunto rancho de adiestramiento del CJNG en Teuchitlán, a solo una hora de la capital estatal, donde familiares de desaparecidos encontraron más de mil objetos personales, incluyendo camisetas, zapatos y mochilas.

La primera ministra italiana,

Giorgia Meloni, afirmó este martes sobre la condena a la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, de cinco años de inhabilitación por desvío de fondos del Parlamento Europeo que «a nadie a quien le importe la democracia puede alegrarse».

«Desconozco el fundamento de las objeciones formuladas contra Marine Le Pen, ni las razones de una decisión tan contundente, pero creo que nadie a quien le importe la democracia puede alegrarse de una sentencia que golpea al líder de un gran partido y priva de representación a millones de ciudadanos», dijo la mandataria ultraderechista en sus redes sociales.

La posición de Meloni también fue apoyada por el ministro de asuntos Europeos, Tommaso Foti, quien sostuvo que «la inelegibilidad durante cinco años es simplemente otra forma de eliminar a los oponentes políticos, a quienes siempre he creído que deberían derrotar en las urnas, en lugar de ser excluidos antes de abrirlas».

Mientras que Matteo Salvini, vicepresidente del Gobierno italiano y cuyo partido, la Lila, forma parte junto con el de Le Pen del grupo de Patriotas Europeos, escribió: «Aquellos que temen el juicio de los votantes y a menudo buscan tranquilidad en el juicio de los tribunales».

El también ministro de Infraestructuras agregó que «la ofensiva contra Le Pen es una declaración de guerra por parte de Bruselas, en un momento en el que las pulsiones bélicas de Von der Leyen y Macron son aterradoras».

«Esta sentencia es política y está destinada a impedir que yo sea elegida presidenta en 2027», aseguró Le Pen en una entrevista en el canal de televisión TF1, su primera reacción tras la sentencia que impuso la aplicación preventiva de la inhabilitación durante cinco años.

La sentencia del Tribunal Correccional de París condenó hoy a 25 acusados por el proceso de uso irregular de 4.1 millones de fondos del Parlamento Europeo entre 2004 y 2016, dentro de un sistema en el que Le Pen estaba en el «corazón» del mecanismo defraudador.