Categoría: El Mundo

El presidente ruso, «Vladímir Putin»

nombró a «Serguéi Réshikov «como nuevo embajador en Guatemala, según un decreto publicado en el portal oficial de información legal del Estado ruso.

El documento establece: «Nombrar a Serguéi Réshikov embajador extraordinario y plenipotenciario de la Federación de Rusia para la República de Guatemala».

«Guatemala había estado esperando un nuevo embajador ruso desde el 10 de octubre del año pasado, cuando Putin destituyó al anterior enviado, Vladímir Vinokúrov. Réshikov, nacido en «1960, ostenta el rango de embajador extraordinario y plenipotenciario de segundo grado desde 2018. Anteriormente, trabajó en la Embajada de Cuba y fue vicedirector del departamento para Latinoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.

Recientemente, Rusia también renovó a sus principales delegados en Bolivia, Honduras, Nicaragua y El Salvador, en un contexto de creciente interés por parte de Moscú en los países sudamericanos.

Es importante destacar que» Guatemala, junto con Panamá, fue uno de los pocos países que rechazó la solicitud de Rusia para ingresar como observador en el Parlamento Centroamericano», argumentando que no respeta el derecho internacional.

«El Gobierno de la República considera inconsistente la integración de un Estado que no respeta las normas del derecho internacional al Parlamento Centroamericano», declaró Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, reveló este lunes que en la reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la semana pasada le pidió reforzar la frontera con Guatemala y compartir datos biométricos con las autoridades estadounidenses.

«Le di una lista de cosas que al presidente Trump le encantaría ver. Y fue excepcional. Se suponía que sería una reunión de media hora y nos reunimos durante casi dos horas. Fue muy productiva», explicó Noem en una entrevista con la cadena Fox News.

La secretaria de Seguridad Nacional solicitó a la presidenta mexicana, quien desplegó 10,000 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera con Estados Unidos, que también «asegure su frontera sur con Guatemala».

Noem explicó que, asimismo, le pidió a Sheinbaum que comparta con Estados Unidos datos biométricos y la mandataria mexicana respondió que está «dispuesta a hablar de eso, aunque en su país sería un poco controvertido», afirmó la secretaria.

La funcionaria estadounidense también indicó que es necesario escanear los envíos que llegan a Estados Unidos por vía aérea para poder verificar los antecedentes penales con México.

«Ella (Sheinbaum) está haciendo un esfuerzo de buena fe. Pero el presidente Trump es claro. No quiere que la gente hable. Quiere ver acciones», apuntó Noem.

Trump ha amenazado con imponer aranceles del 25 % a todos los productos de México y Canadá si no se reduce el tráfico de fentanilo que entra en Estados Unidos.

Sheinbaum dijo este lunes en una rueda de prensa que habló con Noem para coordinarse y colaborar, pero subrayó que no hay ni habrá «subordinación» por parte de México.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) del magnate Elon Musk «terminará en cierto momento», dado que el sudafricano querrá volver a su faceta empresarial.

«Sabes, en cierto momento, creo que terminará. Habrá un punto en el que los secretarios podrán hacer este trabajo y hacerlo muy, ya sabes, como decimos, con el bisturí, y eso es lo que queremos», ha señalado al ser preguntado sobre si DOGE seguirá en marcha en ausencia de Musk.

En este sentido, ha asegurado que los jefes de las agencias federales han «aprendido mucho» del organismo nacido de la Administración Trump, por lo que considera que algunos de ellos querrán mantener a los empleados del DOGE a bordo, recoge la cadena de televisión estadounidense CNN.

El mandatario no ha especificado cuándo terminará el DOGE su misión pero ha recordado que Elon Musk sólo estará a su disposición como asesor un máximo de 130 días.

«Tiene una gran empresa que dirigir y, por tanto, en algún momento, va a volver (…) Le mantendría mientras pueda mantenerle. Es un tipo con mucho talento, ya sabes, me encanta la gente muy inteligente, y él es muy inteligente, y ha hecho un buen trabajo», ha indicado sobre el propietario de Tesla y SpaceX.

El organismo liderado por Musk ha estado rodeado de polémica desde que dio comienzo el segundo mandato de Trump, el pasado 20 de enero, por sus rápidos esfuerzos para despedir a decenas de miles de funcionarios o el desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, admitió el lunes ante la Corte de Distrito de Maryland que deportó por «un error administrativo» a un salvadoreño con estatus migratorio protegido, y que actualmente se encuentra recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador.

No obstante, argumentó ante la Corte que los tribunales estadounidenses no tienen jurisdicción para ordenar su regreso.

Se trata de Kilmar Ábrego García, un residente legal en Maryland, esposo de una ciudadana estadounidense y padre de un menor con discapacidad, también ciudadano. Según documentos judiciales, Ábrego había recibido una resolución favorable de un juez de inmigración para evitar su deportación debido al riesgo de persecución en su país natal.

“Ábrego García no figuraba en el manifiesto inicial del vuelo del Título 8 para ser deportado a El Salvador”, declaró Robert Cerna, director interino de la oficina de campo del ICE, en referencia a la ley federal de inmigración.

“Más bien, era un suplente. Dado que otros fueron deportados del vuelo por diversas razones, él ascendió en la lista y fue asignado al vuelo. El manifiesto no indicaba que Ábrego García no debía ser deportado”, agregó en «una declaración judicial.»

“Por error administrativo, Abrego García fue deportado de Estados Unidos a El Salvador. Esto fue un descuido, y la deportación se llevó a cabo de buena fe, basándose en la existencia de una orden final de deportación y en su presunta pertenencia a la MS-13”, se lee en la declaración. «El caso fue revelado por la revista estadounidense The Atlantic que cita los documentos judiciales.»

Por su parte, el abogado del migrante, Simon Sandoval-Moshenberg, declaró a The Atlantic que nunca había visto un caso donde el gobierno estadounidense deportara a sabiendas a una persona con estatus protegido. En consecuencia, el equipo legal exige que la administración actual solicite su retorno inmediato, y de ser necesario, suspenda pagos al gobierno salvadoreño por servicios penitenciarios hasta lograr su liberación.

Pese a reconocer el error, el Departamento de Justicia estadounidense se opone a la repatriación. En el documento judicial, el asistente del fiscal general, Yaakov M. Roth, sostuvo que la corte carece de competencia para ordenar acciones de política exterior y que no hay evidencia de que Ábrego corra un riesgo inminente de ser torturado o asesinado en el Cecot.

“Más fundamental aún, esta Corte debe respetar la determinación del gobierno de que Ábrego García no tiene una probabilidad clara de ser torturado o asesinado en El Salvador”, sostuvo Roth.

Según sus abogados, Ábrego García llegó a Estados Unidos en 2011 con 16 años, huyendo de la violencia de pandillas. El gobierno argumentó que un informante lo vinculó con la MS-13, pero sus abogados insisten en que no tiene ninguna afiliación criminal y que no existe evidencia concreta para sustentar tal acusación.

A pesar de ello, fue detenido y posteriormente deportado, bajo el Título 8 y una orden final de remoción, sin que se validara su condición judicial de protección ante la deportación.

Este caso podría sentar un precedente preocupante sobre los límites de la protección judicial en contextos de deportación masiva. Para muchos activistas y juristas, se trata de una violación directa al debido proceso, más aún al considerar que la deportación ocurrió a pesar de una decisión judicial que lo impedía.

Hasta ahora, Ábrego García continúa detenido en el Cecot. Su esposa, quien lo identificó entre los deportados mediante una fotografía, clama por su liberación y retorno a Estados Unidos, donde el salvadoreño no posee antecedentes penales y estaba amparado legalmente.

El Gobierno de Donald Trump está usando un sistema de puntos para valorar el envío de migrantes, en su mayoría venezolanos, a una megaprisión en El Salvador, según denunció en tribunales la Unión de Libertades Civiles (ACLU), que obtuvo una copia de los criterios del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

La ACLU obtuvo una copia de la «Guía de Validación de la Ley de Enemigos Extranjeros» que supuestamente está usando ICE para deportar a estos inmigrantes, a los que otorga «puntos» de acuerdo con diversas circunstancias para decidir si se trata de un «enemigo extranjero».

Con ese sistema de puntos, la agencia determina si un venezolano mayor de 14 años no ciudadano o residente permanente es miembro de la pandilla Tren de Aragua (TDA) y por tanto, puede ser deportado bajo la Ley de Enemigos Extranjeros (1798) sin necesidad de presentar evidencia para apoyar esa decisión.

La ACLU expuso el documento, junto con fotos y otros detalles, así como una declaración jurada de su abogado Oscar Sarabia Román, afirmando que la guía se está usando «para determinar si los no ciudadanos venezolanos son miembros del TDA» por lo que pueden ser deportados bajo la vieja ley.

Según la guía, si el migrante obtiene 8 puntos o más -a discreción del empleado de ICE- se le considera miembro de la TDA.

El envío de personas a la megacárcel en El Salvador ha sido de momento detenido por un tribunal federal en Washington, aunque lunes el Departamento de Estado informó de que otros 17 inmigrantes fueron enviados a ese destino.

Si el inmigrante acumula menos de los 8 puntos se inicia igualmente el proceso de deportación bajo otras leyes de Inmigración, indica, pero si se trata de 6 o 7 puntos, el empleado debe consultar con un supervisor quien también podría declararle miembro de la pandilla, es decir, «enemigo extranjero».

De acuerdo con la guía, se otorga 10 puntos a una persona que se identifique como miembro o socio del TDA verbalmente o por escrito ante un agente del orden público, o de manera involuntaria, por ejemplo, a través de la interceptación legal de comunicaciones o si ha hecho llamadas a un miembro de la pandilla.

Además, se acumulan 6 puntos si el inmigrante detenido participa en actividades delictivas (por ejemplo, tráfico de estupefacientes o personas) con miembros del TDA, incluidas reuniones preparatorias e incidentes significativos directamente atribuidos al grupo.

Otros puntajes relevantes son: 4 puntos si tiene tatuajes que según ICE, demuestran lealtad al TDA, o 2 puntos por residir con una persona considerada miembro de la pandilla por ICE, o relacionarse «estrechamente» con esa persona, estar retratados en una foto o publicar juntos en redes sociales.

Expertos en la pandilla venezolana, sin embargo, han señalado que este grupo no utiliza los tatuajes como señal de pertenencia. Entre los símbolos considerados por DHS como indicativos de este grupo, según los documentos, están un tren, una corona e incluso la frase «real hasta la muerte», popularizada por el cantante de reggaeton puertoriqueño Anuel AA.

Al ser preguntada por el uso de tatuajes para señalar a alguien como miembro del Tren de Aragua, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt dijo que hoy que los agentes usan una «lista larga» para hacer sus determinaciones.

La ACLU recordó en su presentación al tribunal que la Ley de Enemigos Extranjeros es una autoridad en tiempos de guerra y establece que el presidente puede, después de una proclamación pública, aprehender, restringir y expulsar a ciudadanos de un país extranjero que participe en una «guerra declarada» o «invasión o incursión depredadora» contra EE.UU.

La demanda argumenta que el uso de esta normativa centenaria es «ilegal en tiempos de paz para acelerar las deportaciones masivas, eludiendo los límites de esta autoridad en tiempos de guerra y los procedimientos y protecciones de la ley de inmigración», según un comunicado.

Puede que el presidente Donald Trump baraje la posibilidad de un tercer mandato en la Casa Blanca, pero la 22ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos lo complica mucho.

Trump, de 78 años, declaró el domingo que no bromea sobre su tercer mandato como presidente y declaró a NBC News que existen «métodos» que lo permitirían.

La mayoría de los expertos discrepan. Y es difícil de prever qué podría pasar si se intenta enmendar la Constitución, la cual prohíbe a un presidente ejercer un tercer mandato.

El primer presidente de Estados Unidos, George Washington, sentó un precedente al dimitir tras dos mandatos pero el límite se formalizó más de 150 años después.

Solo un presidente estadounidense, el demócrata Franklin D. Roosevelt, ha cumplido más de dos mandatos en la Casa Blanca. Fue elegido presidente cuatro veces: en 1932, 1936, 1940 y 1944. Su cuarto mandato terminó prematuramente con su fallecimiento, el 12 de abril de 1945, a los 63 años.

Otros excomandantes en jefe, como Ulysses S. Grant y Theodore Roosevelt, han aspirado a un tercer mandato, pero no han conseguido la nominación ni la reelección.

Trump es el segundo presidente con un mandato no consecutivo, tras ganar en 2016, perder en 2020 y alzarse con la victoria en 2024. El primero fue Grover Cleveland, quien ganó en 1884, perdió en 1888 y se impuso en 1892.

22ª Enmienda

La 22ª enmienda, que limita el mandato presidencial, fue aprobada en 1947, dos años después de la muerte de Roosevelt, por dos tercios de la Cámara de Representantes y dos tercios del Senado. Fue ratificada en 1951.

«Ninguna persona será elegida para el cargo de presidente más de dos veces», se lee.

Además prohíbe que una persona que haya ejercido de presidente interino durante más de dos años del mandato no vencido de su predecesor sea elegida más de una vez.

Durante su campaña presidencial y desde que asumió el cargo, Trump ha especulado con un tercer mandato.

«No bromeo», dijo el fin de semana.

«Mucha gente quiere que lo haga», afirmó el presidente republicano.

La NBC le preguntó a Trump sobre un escenario en el que el vicepresidente JD Vance se postularía a la presidencia en 2028 y luego le pasaría «el testigo» a Trump como su compañero de fórmula.

«Bueno, esa es una. Pero también hay otras», dijo Trump, sin entrar en detalles.

La 12ª enmienda también le pone trabas.

«Ninguna persona constitucionalmente inelegible para el cargo de presidente será elegible para el de vicepresidente de Estados Unidos», establece.

En enero el congresista republicano Andy Ogles, de Tennessee, presentó en la Cámara de Representantes una resolución que permitiría a un presidente que cumplió mandatos no consecutivos ejercer un tercero. Es improbable que prospere.

También podría convocarse una convención constitucional para enmendar la Constitución de Estados Unidos, pero se considera igualmente improbable.

Con 82 años y siete meses, Trump ya será el presidente de mayor edad de la historia en acabar su segundo mandato en enero de 2029. El demócrata Joe Biden tenía 82 años y dos meses cuando dejó el cargo en enero.

A pesar de las aparentes dificultades para superar el límite constitucional de dos mandatos, hay quien apuesta que lo logrará.

Según la casa de apuestas extranjera BetOnline.ag, las probabilidades de que Trump consiga un tercer mandato en 2028 mejoraron a seis a uno, frente al diez a uno anterior. Esto lo coloca en segundo lugar, detrás de Vance, entre los candidatos con posibilidades de ganar las elecciones.

Una mujer que sufrió un derrame cerebral hace casi 20 años ha conseguido traducir sus pensamientos a voz en un instante gracias a un implante cerebral que han desarrollado investigadores de la Universidad de California en San Francisco y de la Universidad de California en Berkeley (EEUU).

Los científicos, que han publicado el descubrimiento en «Nature Neuroscience», consiguieron mejorar este dispositivo, conocido como interfaz cerebro-ordenador (BCI, por sus siglas inglés), con algoritmos de inteligencia artificial (IA) que descodificaban las frases a medida que la mujer las pensaba y luego las pronunciaba en voz alta utilizando una voz sintética.

Así, a diferencia de las iniciativas anteriores, que sólo producían sonidos cuando el usuario terminaba de pronunciar una frase, el método actual puede detectar palabras simultáneamente y convertirlas en voz en menos de tres segundos.

La participante en el estudio, Ann, perdió la capacidad de hablar tras sufrir un derrame cerebral en el tronco del encéfalo en 2005. Unos 18 años después, se sometió a una intervención quirúrgica para colocarle un rectángulo delgado como un papel con 253 electrodos en la superficie de la corteza cerebral. El implante puede registrar la actividad combinada de miles de neuronas al mismo tiempo.

Los investigadores personalizaron la voz sintética para que sonara como la voz de Ann antes de lesionarse, entrenando algoritmos de inteligencia artificial con grabaciones del vídeo de su boda.

«Adoptamos técnicas de transductor de flujo continuo, similares a las utilizadas por métodos ASR populares como Siri o Alexa, y las reutilizamos para la síntesis personalizada cerebro-voz», ha señalado Kaylo Littlejohn, coautor principal del estudio.

«Este enfoque dio lugar a mejoras significativas en la velocidad de descodificación de la neuroprótesis cerebro-voz en comparación con enfoques anteriores con retardos más largos», ha destacado Littlejohn.

En el estudio, los científicos explican que la comunicación oral natural es instantánea y que los retrasos en el habla superiores a unos segundos pueden interrumpir el flujo natural de la conversación.

«Esto dificulta que las personas con parálisis participen en un diálogo significativo, lo que puede provocar sentimientos de aislamiento y frustración», apuntan.

Por ello, diseñaron y utilizaron modelos transductores de redes neuronales recurrentes de aprendizaje profundo para lograr una síntesis del habla fluida inteligible de vocabulario amplio en línea personalizada según la voz de la participante.

«Nuestros hallazgos introducen un paradigma de habla-neuroprótesis para restaurar la comunicación hablada naturalista en personas con parálisis», destacan los científicos.

El entrenamiento

Los investigadores han diseñado una neuroprótesis de síntesis del habla que permite a Ann sintetizar el habla deseada a partir de señales neuronales adquiridas de una matriz de ECoG de 253 canales implantada sobre la superficie de su corteza córtex sensoriomotor y una pequeña porción del lóbulo temporal.

Para entrenar el sistema, registraron los datos neuronales mientras Ann intentaba pronunciar frases sueltas. Se le presentó un texto en un monitor y se le pidió que empezara a intentar hablar en silencio una vez que apareciera un «GO» visual.

Además, el habla sintetizada se transmitía a través de un altavoz analógico cercano, y el texto descodificado se mostraba en el monitor. Los descodificadores neuronales del sistema eran bimodales, ya que se entrenaron conjuntamente no sólo para sintetizar el habla, sino también para descodificar el texto simultáneamente.

Asimismo, evaluaron el sistema utilizando un conjunto de frases de vocabulario reducido de 50 frases y un conjunto de frases de vocabulario extenso con 1.024 palabras generales. El conjunto de 50 frases se diseñó como un conjunto de frases predefinidas para expresar las necesidades primarias de los cuidadores.

Por el contrario, el conjunto de 1.024 palabras generales se diseñó como un conjunto de frases de gran vocabulario que contenía 12.379 frases únicas compuestas por 1.024 palabras únicas extraídas de la red social X y de transcripciones de películas.

Las históricas campañas para la primera elección popular del Poder Judicial de México, el 1 de junio, comenzaron aún entre dudas del electorado, que escogerá entre más de 3.400 candidaturas para renovar casi 900 cargos federales, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Estas son las claves para entender los inéditos comicios judiciales mexicanos, que surgen tras la reforma constitucional que promulgó en septiembre pasado el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), con el respaldo de la actual mandataria, Claudia Sheinbaum.

1) 881 cargos y 3.422 candidaturas federales
Los votantes escogerán 881 cargos federales: los nueve puestos de la renovada Suprema Corte, dos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 15 de salas regionales del TEPJF, los cinco integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de tribunales y 386 juzgados.
Para ello, hay un total de 3.422 candidaturas: 63 para la SCJN, 38 para el Tribunal Judicial, 15 para la Sala Superior del TEPJF, 96 para las salas regionales del Tribunal Electoral, 1.640 para magistraturas y 1.570 para juzgados.

2) Una cifra récord de votantes
Un récord de 99,7 millones de votantes están llamados a votar el 1 de junio, cuando habrá más de 84.000 centros de votación o casillas, según el Instituto Nacional Electoral (INE).
Esto requerirá 1,55 millones de funcionarios de casilla, ciudadanos encargados de ejecutar el proceso y contar los votos el 1 de junio.

3) Las grandes boletas electorales
Las personas recibirán seis boletas para la elección federal judicial con colores para identificar la compleja votación: morada para la Suprema Corte, azul para la sala superior del TEPJF, turquesa para el Tribunal de Disciplina Judicial, naranja para las salas regionales del TEPJF, rosa para magistrados y amarilla para jueces.
Tan solo para la Suprema Corte, el electorado seleccionará cinco mujeres y cuatro hombres de una lista con las 63 candidaturas, mientras que, para magistrados y jueces, los votantes recibirán una boleta con hasta 42 candidaturas, según lo expuesto por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el 19 de marzo.

4) Campañas de 60 días sin recursos públicos
En las campañas, con una duración de 60 días del 30 de marzo hasta el 28 de mayo, los candidatos deben promoverse en entrevistas, debates, redes sociales, propaganda impresa ecológica y en eventos con sus propios medios porque no recibirán recursos públicos.
Los aspirantes pueden usar fondos propios con un tope que va de 220.326 pesos (casi 11.000 dólares) para aspirantes a juzgados hasta 1,46 millones de pesos (alrededor de 70.000 dólares) para la SCJN, el Tribunal de Disciplina Judicial y la Sala Superior del Tribunal Electoral.

5) Más de 1.700 cargos estatales
Además de las elecciones federales, en 19 estados renovarán sus sistemas judiciales locales, una cifra adicional de 1.787 cargos entre jueces y magistrados estatales.
Habrá comicios locales en Aguascalientes (65 cargos), Baja California (172), Chihuahua (305), Ciudad de México (138), Coahuila (106), Colima (46), Durango (49), Estado de México (91), Michoacán (112), Nayarit (49), Quintana Roo (117), San Luis Potosí (50), Tabasco (72), Tamaulipas (147), Tlaxcala (36), Veracruz (98), Yucatán (14) y Zacatecas (33).

6) Entre «riesgo» y «democracia»
Las campañas comienzan tras alertas de la oposición, organismos internacionales como la ONU, actuales jueces y asociaciones civiles de una posible intromisión del Ejecutivo y del crimen organizado en los comicios y, por ende, en la justicia.

Pero la presidenta Sheinbaum y los candidatos afines al Gobierno argumentan que la elección fortalecerá la democracia en México y la independencia judicial porque los votantes elegirán de forma directa a sus jueces.
«Vamos a ser el país más democrático del mundo porque vamos a elegir a los tres poderes», manifestó Sheinbaum el domingo.

El Papa Francisco aprobó el lunes la canonización de la madre Carmen Rendiles, primera venezolana en convertirse en santa, informó la Arquidiócesis de Caracas.

Rendiles (1903-1977), quien nació en Caracas sin brazo izquierdo y cumplió parte de su formación religiosa en Francia, fue conocida por su servicio a los más necesitados en parroquias y colegios. Fundó en 1965 la congregación de las Siervas de Jesús, que hace labor social en Venezuela, Colombia y Ecuador.

«Con mucha alegría toda Venezuela ha recibido hoy la noticia del Santo Padre. El Papa Francisco ha aprobado la promulgación del decreto sobre el milagro para la canonización de la madre Carmen Rendiles», dijo el arzobispo Raúl Biord Castillo en rueda de prensa.

«La primera santa venezolana es también un reconocimiento a tantas religiosas» en Venezuela, añadió.

Rendiles había sido beatificada el 16 de junio de 2018 luego de que el Vaticano aprobara un milagro en una joven diagnosticada con hidrocefalia en 2015.

El anuncio llega luego de que el pasado 25 de febrero el Papa aprobara la canonización del primer santo venezolano, José Gregorio Hernández, conocido como el «médico de los pobres», quien ya era venerado en el país desde hace décadas. A la fecha, Francisco estuvo hospitalizado en condición «crítica».

El Ejército taiwanés activó este martes su «mecanismo de respuesta» frente a la nueva oleada de maniobras militares de Pekín en torno a la isla, unos ejercicios que, en opinión de Taipéi, representan un «desafío abierto al orden internacional» y socavan la «estabilidad regional», informaron fuentes oficiales.

«Todo el personal de servicio está en máxima alerta y actuará bajo el principio de «no escalar el conflicto ni provocar disputas», respondiendo a las incursiones en «zona gris» con precaución. Las fuerzas armadas tienen la capacidad, la determinación y la confianza para defender la soberanía nacional y la seguridad del pueblo», indicó en un comunicado el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán.

En el comunicado, la cartera castrense señaló que, desde el 29 de marzo, ha estado «monitoreando sucesivamente» los movimientos del grupo de combate del portaaviones chino Shandong, que este lunes ingresó a la Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) taiwanesa.

De hecho, un total de 19 embarcaciones chinas navegaron por los alrededores de Taiwán en las últimas 24 horas, la cifra más alta en lo que va de año, según el último parte diario del MDN, que no detalló las zonas exactas en las que se registraron estos movimientos.

«Las fuerzas armadas utilizan métodos conjuntos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento y han enviado aviones de misión, barcos y sistemas de misiles costeros para seguir y controlar de cerca la situación, activando un mecanismo de respuesta para responder adecuadamente», apuntó el texto oficial.

El MDN también denunció que el Partido Comunista chino (PCCh) ha intensificado sus actividades militares en las inmediaciones de Taiwán y en el Indopacífico en los últimos años, «incrementando constantemente su amenaza militar» tanto en la región como a «nivel global».

«En contraste, los problemas internos en sus fuerzas armadas, incluida la corrupción interna desenfrenada y la falsa capacidad de combate, ponen de relieve su fragilidad bajo una apariencia de fortaleza», replicó el Ministerio de Defensa taiwanés.

El Comando del Teatro Oriental de Operaciones anunció este martes que está llevando nuevas maniobras en torno a Taiwán, en la que participan unidades del Ejército, la Armada, la aviación y la fuerza de cohetes para «acercarse a la isla desde múltiples direcciones» y «lanzar una seria advertencia a las fuerzas separatistas que buscan la independencia de la isla».

«Estos ejercicios se centran principalmente en patrullas de preparación para el combate marítimo-aéreo, ataques a objetivos marítimos y terrestres, y bloqueos en zonas clave y rutas marítimas para poner a prueba la capacidad de operaciones conjuntas de nuestras tropas», señaló el comando en su cuenta oficial de la red social WeChat.

Estas ejercicios tienen lugar después de que el presidente taiwanés pronunciara el pasado 13 de marzo uno de sus discursos más duros contra China, anunciando 17 medidas, entre ellas la reinstauración de los tribunales militares y la revisión estricta de las visitas de ciudadanos chinos a Taiwán, para contrarrestar la campaña de «infiltración» del PCCh en territorio taiwanés.

Además, catalogó por primera vez a China como una «fuerza externa hostil», lo que fue interpretado por algunos analistas como un cambio en las políticas defendidas por su antecesora, Tsai Ing-wen (2016-2024), y como un intento de modificar el estatus jurídico de Taiwán.