Categoría: El Mundo

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó este miércoles «acortar» el plazo de preparación previo a que las tropas invadan la ciudad de Gaza, donde se refugian un millón de palestinos.

«De cara a la aprobación de los planes para la operación en la ciudad de Gaza, el primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó acortar los plazos para la toma de los últimos bastiones terroristas y derrotar a Hamás», detalló en un comunicado la Oficina del mandatario.

El escueto texto, que podría responder a una maniobra de presión tanto a Hamás como a la población palestina obligada a desplazarse, no ofrece ninguna posible fecha.

Tampoco el Ejército israelí ha hecho ninguna alusión al respecto, más allá de repetir hoy que ya han comenzado «las operaciones preliminares» en algunos barrios de la capital gazatí.

El portavoz castrense, Effie Defrin, dijo hoy en una comparecencia online que «el Ejército ya controla las puertas de la ciudad de Gaza» y que ya hay fuerzas apostadas en el barrio periférico sureño de Zeitún y en localidad de Yabalia (al norte de la ciudad de Gaza).

«Fuerzas adicionales se unirán a los combates en el futuro próximo», aseguró en la compadecencia Defrin.

Según fuentes gazatíes, los ataques y bombardeos se han incrementado en estos dos puntos, así como la demolición de viviendas. Además, el Ejército ha llamado a filas a 60,000 reservistas, según un comunicado de Defensa.

Desde octubre de 2023, más de 62,000 palestinos han sido asesinados en 22 meses de ofensiva israelí, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí, si bien esta cifra podría ser conservadora. Entre ellos hay 18.000 niños.

Además, cerca de dos millones de gazatíes se han visto forzosamente desplazados, muchos múltiples veces, y desde entonces la mayoría malvive en tiendas de campaña dentro de un enclave en la que han sido destruidas casas, colegios y hospitales.

El Gobierno del presidente Donald Trump ha comenzado a pintar de negro el muro fronterizo con México para elevar la temperatura de las barras de metal y hacer más difícil su escalada, como parte de sus esfuerzos para reducir la inmigración indocumentada.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, publicitó la nueva estrategia este miércoles cuando se cumplen siete meses de la llegada del mandatario republicano a la Casa Blanca con la promesa de reducir a cero la inmigración indocumentada.

“Este muro es parte de la diferencia. Demasiado alto para escalarlo. Demasiado estrecho para atravesarlo. Y ahora, por orden del presidente, será pintado de negro, tan caliente al tacto que los inmigrantes ilegales ni siquiera lo intentarán”, dijo la funcionaria en un mensaje en X.

Noem estuvo el martes en una sección del muro fronterizo sur en Santa Teresa (Nuevo México), donde explicó a los agentes la nueva estrategia de la Casa Blanca para aumentar la temperatura de la estructura metálica actualmente de color marrón y, por lo tanto, dificultar su escalada, además de aumentar la vida útil del metal.

La secretaria explicó que la nueva pintura se realizó “específicamente” a petición del presidente Donald Trump.

Destacó que la renovación del muro ayudará a los agentes de la Oficina de Protección Fronteriza y Aduanas (CBP) a hacer su trabajo.

“Es a la vez escudo y símbolo: un monumento al compromiso inquebrantable del presidente Trump con este país y la seguridad del pueblo estadounidense”, agregó.

Los fondos para renovar el muro y la nueva construcción, que avanza a un ritmo cercano a los 800 metros por día, según los datos dados por Noem, se adjudicaron en la ley de presupuesto aprobada en julio pasado.

La Casa Blanca también está invirtiendo en tecnología, cámaras, sensores e infraestructura fluvial en la frontera suroeste.

Manifestantes abuchearon este miércoles al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y a Stephen Miller, uno de los principales consejeros del presidente Donald Trump, cuando acudieron a saludar a miembros de la Guardia Nacional que forman parte del polémico contingente que la Casa Blanca desplegó en Washington.

Los tres funcionarios cudieron a la estación central de tren de la capital estadounidense para ver cómo estaban evolucionando los supuestos trabajos de mejora que las tropas están llevando a cabo en la ciudad.

«Liberen DC», les gritaron a su llegada.

Los dirigentes caminaron impasibles ante los gritos de los que estaban en la estación, pese a que se escucharon muy fuerte y se colaron en el directo que emitió el Pentágono sobre la visita.

De hecho, hasta se rieron de algunos de los que protestaban.

«Este tipo piensa que la gente no merece ley y orden en su propia comunidad», dijo Vance en tono burlesco a Hegseth mientras señalaba a uno de los manifestantes.

Trump declaró una «Emergencia de Seguridad Pública», el lunes tomó el control de la Policía de Washington D.C. y anunció la activación de unas 800 tropas de la Guardia Nacional de la capital, dentro de sus esfuerzos por «restablecer el orden público», amparado en una cláusula de la Ley de Autonomía.

Desde entonces, la capital estadounidense ha visto un incremento exponencial en la presencia de agentes de agencias federales como el FBI, la DEA y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que han realizado decenas de arrestos por posesión de armas y otros delitos, a los que se unen detenciones de indocumentados, según la Casa Blanca.

El pasado 11 de agosto Trump declaró la ‘Emergencia de Seguridad Pública’ en Washington para, según él, «restablecer el orden público», pese a que los índices de criminalidad en la capital son los menores en 30 años.

Hoy, Vance, Hegseth y Miller acudieron a un local de la cadena de hamburguesas dentro de la estación para saludar a miembros de la Guardia Nacional y acabaron comiendo con ellos.

Dentro del establecimiento alabaron la labor que están llevando a cabo los agentes, que fueron desplegados desde hace más de una semana.

«La delincuencia es extremadamente alta aquí en la estación central. Hay personas sin hogar y drogadictos», respondió Vance cuando fue cuestionado por las zonas en las que se concentran las tropas, que han sido enviadas a las zonas más turísticas de la ciudad y no en las que más crímenes concentran.

Preguntado por una encuesta que muestra que la mayoría de los habiatantes de la ciudad no apoya el despliegue de la Guardia Nacional, Vance optó por restarle importancia.

«Soy muy escéptico con que la mayoría de los residentes de Washington no quieran que su ciudad tenga más seguridad pública», respondió a la prensa en la hamburguesería.

Nadine Seiler, una vecina de la zona que participó en la protesta contra las tropas, explicó a EFE que la Guardia Nacional se pasa «unas 15 horas de pie sin hacer nada porque Trump quiere aparentar que Washington está plagado de delincuencia y violadores».

«Washington tiene delincuencia, está sucio y tiene problemas, pero esto es una crisis inventada para traer aquí a la Guardia Nacional y desviar el foco», añadió.

Sin embargo, defendió que eso no es lo que le hace sentirse insegura.

«Ahora sí me siento insegura en D.C. por culpa del ICE», dijo mientras sostenía una gran lona en la que, como en su camiseta, llevaba escrito mensajes contra Trump y las tropas.

Con un discurso similar, Jonathan, acompañado de una pancarta que acusaba a la Guardia Nacional de ser «criminales de guerra» aseguró que en la ciudad, especialmente en la estación, «no ocurre nada».

«Aquí no hay ningún delito que justifique esta respuesta militar. No está pasando nada. Solo hay abuelas, turistas y gente que va y viene del trabajo. No hay ningún peligro. Los guardias no tienen nada que hacer, salvo quedarse ahí todo el día», afirmó.

El vecino sugirió que todo el dinero destinado a este despliegue se podría haber usado para dar una casa a las personas sin hogar de la ciudad.

Según la Administración de Trump, desde el inicio de la operación, se han realizado más de 550 arrestos por diferentes delitos. Estas detenciones también incluyen a indocumentados y a gente sin techo.

Un tribunal de apelaciones permitió este miércoles al Gobierno del presidente Donald Trump poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para 60.000 inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal, lo que marca una nueva victoria de la Casa Blanca en su cruzada por terminar con el beneficio migratorio otorgado por el Ejecutivo.

Un panel del Noveno Circuito de Apelaciones en California suspendió la orden de un tribunal de distrito que había permitido a los inmigrantes continuar con el amparo que protege de la deportación a alrededor de 51,000 hondureños y casi 3,000 nicaragüenses.

Los beneficiarios nepalíes del TPS afectados por el fallo han vivido legalmente en Estados Unidos durante más de 10 años, mientras que los beneficiarios hondureños y nicaragüenses afectados han mantenido por más de 26 años.

Las órdenes de terminación del amparo del Departamento de Seguridad Interna les otorgan solo 60 días a los inmigrantes antes de perder el estatus.

Los inmigrantes amparados por el TPS habían demandado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alegando que puso final al amparo, que los protege de la deportación, debido a «animosidad racial».

En ese sentido, la subsecretaria del DHS Tricia McLaughlin argumentó a comienzo de mes que la cancelación del amparo responde a un mandato para «restaurar la integridad» del sistema migratorio y regresar la meta original del TPS.

«El TPS nunca se concibió como un sistema de asilo de facto; sin embargo, así es como lo han utilizado las administraciones anteriores durante décadas», subrayó la funcionaria.

En contraste, Emi MacLean, abogada de la Fundación la Unión Estadounidense de Derechos Civiles (ACLU) del Norte de California, dijo hoy en un comunicado que el ataque de este Gobierno al TPS forma parte «de una campaña coordinada» para privar a los inmigrantes que no son ciudadanos de cualquier estatus legal.

«El fallo de hoy es un revés devastador, pero no es el fin de esta lucha. La protección humanitaria TPS es importante y no se puede diezmar tan fácilmente», agregó la abogada.

Por su parte, Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Políticas de Inmigración de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) criticó la decisión del panel y advirtió que los demandantes «merecen algo mejor» de lo que los jueces determinaron.

El fallo del panel implica que los beneficiarios nepaleses del TPS perderán su estatus legal y autorización de trabajo de inmediato, y los beneficiarios hondureños y nicaragüenses del TPS perderán su amparo el 8 de septiembre.

Jessica Bansal, abogada de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), que promueve la Alianza TPS, indicó que el fin del amparo causará enormes dificultades a decenas de miles de familias, incluyendo a más de 40.000 ciudadanos estadounidenses hijos de beneficiarios del TPS.

La Administración Trump también ha cancelado el TPS a unos 350,000 venezolanos y al menos medio millón de haitianos, entre otros migrantes.

Las autoridades de salud de Estados Unidos reportaron un caso de peste bubónica en California y se cree que ha sido provocado por una pulga en una zona rural.

Un residente del sur del Lago Tahoe, en el condado de El Dorado, pudo ser infectado mientras acampaba en el bosque, según informó el departamento de salud pública de Sacramento.

Las autoridades indicaron que la enfermedad pudo ser transmitida por la picadura de una pulga y pidió tomar precauciones al acampar o recorrer senderos donde habiten animales silvestres que puedan ser portadores de la enfermedad.

«La peste está presente de forma natural en muchas partes de California (…) es importante que las personas tomen precauciones al aire libre», indicó a medios locales Kyle Fliflet, director interino de salud pública de El Dorado.

El pasado 11 de julio, Estados Unidos reportó el fallecimiento de una persona por peste bubónica en el norte de Arizona, siendo el único caso mortal registrado recientemente.

Según la Organización Mundial de Salud (OMS), entre el 30% al 60% de los infectados por esta enfermedad fallecen dependiendo del país donde haya resultado infectados.

En la actualidad, la República Democrática del Congo, Madagascar y Perú son los tres países con la más alta incidencia de peste bubónica endémica, según la OMS.

Un juez federal de Nueva York negó la petición del Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos para publicar las transcripciones y pruebas presentadas ante el gran jurado en el caso del pederasta Jeffrey Epstein.

El juez Richard Berman, del Distrito Sur de Nueva York, determinó en un fallo de 14 páginas que el Gobierno del entonces presidente Donald Trump no logró demostrar una “circunstancia especial” que justificara levantar el secreto de dichas evidencias.

“La información contenida en las transcripciones del gran jurado sobre Epstein palidece en comparación con la información y los materiales de la investigación sobre Epstein que obran en poder del Departamento de Justicia”, escribió el magistrado.

Con esta decisión, Berman se convirtió en el tercer juez federal que rechaza divulgar materiales relacionados con el caso. Ya antes, un tribunal de Nueva York había denegado una solicitud similar en el proceso contra Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice de Epstein, mientras que otro en Florida también descartó la publicación de documentos.

El Departamento de Justicia había presentado en julio su petición, firmada por la fiscal general Pam Bondi y el fiscal adjunto Todd Blanche, argumentando que el interés público exigía transparentar los hallazgos de la investigación conjunta del DOJ y el FBI.

Dicha pesquisa concluyó que Epstein no disponía de una supuesta “lista de clientes” de personalidades a quienes habría extorsionado, lo que causó malestar entre los seguidores del movimiento Make America Great Again (MAGA), afines a Trump, quien había prometido revelar “la verdad” sobre el caso.

La frustración de esa base llevó al expresidente a insistir a Bondi que liberara toda la información posible, siempre y cuando los tribunales lo autorizaran.

El caso volvió a encender la polémica tras la publicación en julio de un artículo de The Wall Street Journal que reveló una supuesta carta de contenido “obsceno” enviada por Trump a Epstein durante los años de amistad entre ambos. El exmandatario negó categóricamente su autenticidad y demandó al periódico, calificando la nota como “falsa”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó este miércoles su compromiso de no permitir que la soberanía nacional sea comprometida, desestimando la posibilidad de un operativo de la DEA en el país. Durante una conferencia de prensa, Sheinbaum cuestionó el interés de la agencia estadounidense por la publicación reciente sobre el ‘Proyecto Portero’, que, según la DEA, busca combatir el narcotráfico en la frontera entre ambos países.

La mandataria enfatizó que dicho proyecto «no tiene nada que ver con la realidad» y subrayó que existe cooperación con Estados Unidos en temas de seguridad, pero siempre respetando la soberanía de México.

También hizo alusión a un «distanciamiento» con la DEA tras la detención del general Salvador Cienfuegos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que llevó a establecer límites más claros para las operaciones estadounidenses en suelo mexicano.

Por otro lado, advirtió que el anuncio del programa ‘Proyecto Portero’ no refleja acuerdos concretos entre México y las agencias de seguridad de EE.UU. La polémica surge en un contexto donde la administración Biden ha priorizado el combate al fentanilo, producto de un fuerte incremento de muertes por sobredosis en EE.UU.

 

La operación conjunta en la frontera, según el gobierno mexicano, ha llevado a la detención de más de 6,480 personas y la confiscación de cerca de 60 toneladas de drogas, incluido el fentanilo.

Una ola de calor «peligrosa» afectará a regiones en la frontera de EEUU con México, como California y Arizona, así como el suroeste del país, con temperaturas que alcanzarán hasta 110 grados Fahrenheit (43 grados Celsius), advierte el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

El organismo pronostica que «el calor peligroso se intensificará y expandirá su cobertura sobre el suroeste en los próximos días y durará hasta el fin de semana bajo la influencia de un fuerte nivel de alta presión».

Se han emitido «amplias advertencias y avisos relacionados con el calor» a lo largo del sur de California, con temperaturas previstas entre 90 y 100 grados Fahrenheit (32 a 37 grados Celsius), mientras que en el Desierto del Suroeste, que abarca los cuatro estados fronterizos con México, se registrarían temperaturas superiores a 110 grados Fahrenheit o 43 grados Celsius.

Esta situación ha generado una movilización en Los Ángeles, donde la alcaldesa Karen Bass alertó sobre «las temperaturas potencialmente más calientes del verano».

«Estas temperaturas podrían ser peligrosas, especialmente para nuestros residentes más vulnerables. Por favor, manténganse frescos, hidrátense, cuiden a sus vecinos, y sepan que hay recursos disponibles en la ciudad para ayudarlos a mantenerse seguros», declaró en una rueda de prensa.

La actual ola de calor ocurre tras episodios en julio y junio, esta última calificada por el NWS como «extremadamente peligrosa» por romper récords en al menos cincuenta ciudades en todo el país, desde el Medio Oeste hasta la Costa Este de Estados Unidos.

Las olas de calor en la década de 2020 en EEUU son las más frecuentes e intensas desde que se tienen registros, según la Agencia de Protección Ambiental (EPA), que estima una media de seis al año, con una duración promedio de cuatro días, comparado con dos anuales de 1960, que duraban tres días.

El impacto de las altas temperaturas también ha aumentado; en 2023 se registraron 2,325 muertes asociadas al calor, estableciendo un cuarto récord anual consecutivo, según un estudio de agosto publicado en el Journal of the American Medical Association (JAMA).

El chef español José Andrés afirmó desde Gaza que su organización, World Central Kitchen (WCK), puede preparar hasta un millón de comidas nutritivas al día en la Franja palestina, aunque recalcó que para lograrlo es imprescindible la entrada «continua» de suministros a sus cocinas en el enclave.

«Parece un número grande, pero nosotros podemos hacerlo», aseguró el chef en su cuenta y la de WCK de X. José Andrés lleva varios días en Gaza visitando las instalaciones de la organización: tiendas de campaña convertidas en cocinas comunitarias, donde se alinean hileras de ollas de gran tamaño y decenas de voluntarios, equipados con guantes y mascarillas, preparan los alimentos.

En medio de los aplausos de su equipo, el chef reafirmó que son capaces de lograrlo: «Palestinos ayudando a palestinos», recalcó.

José Andrés insistió en que se necesita todo el apoyo posible, pues «nadie debería pasar hambre en Gaza». Al mismo tiempo, dijo sentirse «inspirado» por el trabajo de su equipo: «Lo que hacen es heroico, alimentar a otros mientras sus propias familias afrontan las condiciones más difíciles».Durante su viaje, José Andrés también visitó Jerusalén, donde se reunió con el presidente israelí, Isaac Herzog. Según el cocinero, el mandatario expresó su respaldo «firme» al plan de WCK para «aumentar, cocinar y distribuir comidas, pan y agua en Gaza».

El encuentro se produjo más de un año después de que, en abril de 2024, un dron israelí atacara en tres ocasiones un convoy de WCK en la ciudad de Deir al Balah, en el centro de la Franja de Gaza, a pesar de que los vehículos estaban claramente identificados con el logotipo de la organización. En el ataque murieron cuatro trabajadores extranjeros y tres palestinos.

La guerra en Gaza ha dejado más de 62,000 muertos en casi dos años de conflicto. Mientras tanto, la crisis alimentaria en el enclave se ha agravado por el bloqueo israelí a la entrada de ayuda humanitaria, lo que ha incrementado la desnutrición y elevado las muertes por hambre, especialmente entre los niños.