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Un juez federal de Estados Unidos emitió este sábado una orden de emergencia para bloquear el acceso al control del sistema de pagos del Tesoro estadounidense por parte del Departamento para la Eficiencia Gubernamental (DOGE), un comité dirigido por el empresario Elon Musk.

El juez Paul A. Engelmayer prohibió con la orden el acceso a los sistemas de pago y otros datos del Tesoro de Estados Unidos a «todos los cargos políticos», «todos los agentes especiales del gobierno», así como a «todos los empleados del gobierno asignados a un organismo externo al Tesoro».

La orden de restricción temporal, válida hasta una audiencia fijada para el 14 de febrero, también dice que cualquier persona que haya accedido a datos de los registros del Departamento del Tesoro desde que Donald Trump asumió la presidencia el 20 de enero, debe «destruir inmediatamente todas y cada una de las copias del material descargado».

Musk, empresario y el hombre más rico del mundo, impulsa y lidera como hombre de confianza de Trump los esfuerzos de este nuevo gobierno para recortar gastos federales bajo el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), una comisión recién instaurada para asesorar al presidente de Estados Unidos en la reestructuración del gobierno.

El viernes, los fiscales generales de 19 estados del país presentaron este caso en la corte contra Trump, el Departamento del Tesoro y el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Los fiscales generales alegaron que la administración violó la ley al ampliar el acceso a datos sensibles del Departamento del Tesoro al personal del DOGE, dirigido por Musk.

La orden de Engelmayer dijo que los estados que demandaron «se enfrentarían a un daño irreparable en ausencia de medidas cautelares».

«Esto se debe tanto al riesgo que presenta la nueva política de divulgación de información sensible y confidencial y a un riesgo mayor de que los sistemas en cuestión sean más vulnerables que antes a la piratería informática», escribió.

La semana pasada, Musk se vio envuelto en una polémica al conocerse que él y su equipo habían accedido a datos confidenciales del Departamento del Tesoro.

Una evaluación interna del Tesoro calificó el acceso del equipo del DOGE a los sistemas de pago federales como «la mayor amenaza interna a la que se ha enfrentado nunca la Oficina del Servicio Fiscal», informaron los medios estadounidenses.

Él va por la reelección y ella por la revancha. El presidente y empresario Daniel Noboa y la abogada Luisa Gonzáléz volverán por segunda vez a medirse en las urnas mañana 9 de febrero para definir quén gobernará Ecuador por los próximos cuatro años.

En el poder desde 2023 y arropado por su bandera de mano de hierro contra el narcotráfico, Noboa es uno de los favoritos tras un corto y extraordinario mandato de 18 meses.

Según encuestas también sobresale Gonzáléz, quien por segunda ocasión enfrentará a Noboa con el fin de recuperar el poder para la izquierda ecuatoriana, apadrinada por el expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017).

Con Noboa y Gonzáléz al frente de la preferencia de voto pero sin suficiente margen para ganar en primera vuelta, podría reeditarse el balotaje de octubre de 2023 cuando el joven empresario recibió el 52% de apoyos. Para vencer en una sola ronda se debe obtener el 40% de sufragios y una diferencia de al menos diez puntos sobre el rival más cercano.

Noboa, el rico heredero en guerra contra el crimen –

Deportista, millonario, popular y muy activo en redes sociales, Noboa termina su mandato como uno de los presidentes más jóvenes del mundo con 37 años. Fue elegido para completar el período de Guillermo Lasso (hasta mayo), quien disolvió el Congreso y dio paso a elecciones anticipadas para evadir la destitución en un juicio político por corrupción.

Amasó apoyos con una espectacular ofensiva contra el narco que incluyó militarización, el inicio de la construcción de cárceles y exhibición de presos semidesnudos lo que le ha valido comparaciones con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele.

También ha sido criticado por organismos de derechos humanos por abusos de la fuerza pública durante los prolongados estados de excepcionalidad y la declaratoria de conflicto armado interno.

Según Noboa la mano dura dio frutos y se atribuye haber disminuido la tasa de homicidios del récord de 47 por cada 100.000 habitantes en 2023 a 38 en 2024.

Pero «nada se resuelve en un año», repite el presidente de discursos cortos y de relación distante con la prensa.

En redes sociales se muestra cercano a la gente, rodeado de mujeres y amoroso con su familia. En diciembre publicó en Instagram un video sobre el proceso del tatuaje de cuatro aves fénix con las que cubrió algunas cicatrices. De fondo se escuchan los retos de su gobierno: seguridad, crisis energética y problemas económicos. «Nos hemos levantado de las cenizas», reza la leyenda.

El presidente se define a sí mismo de centro izquierda, pero triunfó con el respaldo de parte de la derecha y aplica una economía neoliberal. Hasta su elección, tenía poca experiencia en política.

Probó en las urnas las mieles de su popularidad al conseguir mediante consulta popular la aprobación de nueve de sus once propuestas, entre ellas reformas constitucionales como establecer la extradición de ecuatorianos.

Hijo del magnate bananero Álvaro Noboa, cinco veces candidato a la presidencia, el mandatario es sommelier, intentó ser vegetariano, colecciona ajíes y le apasionan los autos y los caballos, de acuerdo con su equipo de prensa.

Nacido en Estados Unidos y graduado de prestigiosas universidades extranjeras, el gobernante católico está casado con la influencer Lavinia Valbonesi, con la que tiene dos hijos. De su primer matrimonio tiene una hija.

Gonzáléz, por la revancha del correísmo

Ciclista, maratonista y amante de los tatuajes, Luisa Gonzáléz vuelve a correr por la presidencia bajo la sombra de Rafael Correa, un apoyo que parte aguas en el país.

Desde que el gobierno de Ecuador no es socialista «nos sembraron odio y nos sembraron división y polarización porque divididos nos podían dominar y tenernos como hoy: deprimidos, sin nuestros derechos», dijo la candidata.

La abogada evanjélica de 47 años encara continuamente preguntas sobre el peso que en su gobierno tendría Correa, condenado en ausencia a ocho años de cárcel por corrupción. «Yo soy la candidata (…) Quien gobernará será Luisa Gonzáléz», declaró tajante.

La política lidera el movimiento Revolución Ciudadana, como Correa denominó a su gobierno de diez años. Junto a la ambientalista y anticorreísta Andrea Gonzáléz, son las «únicas» mujeres entre los 16 candidatos presidenciales.

«Vamos a revivir a Ecuador», repite como un mantra en sus mitines.

Sus detractores acusan al gobierno de Correa de haber mantenido alianzas con las mafias que sumen a Ecuador en una violencia sin precedentes.

Gonzáléz es madre de dos varones de 31 y 11 años y sostiene que tiene otros dos «hijos»: sus perros Wanda y Bruno. Fue asambleísta antes de lanzar su primera candidatura presidencial en 2023, cuando ganó la primera vuelta (34%) seguida de Noboa (23%).

Con maestrías en alta gerencia y economía, la abogada ha reconocido que es «controladora» y que lleva años sin pareja. «Tengo una familia que me absorbe y el trabajo es mi pasión», enfatiza.

La Corte Penal Internacional (CPI) condenó el viernes la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de sancionarla por sus acciones contra dirigentes israelíes, calificóndola de «ataques graves» al orden internacional, y se comprometió a seguir «impartiendo justicia» en el mundo.

«La CPI condena la publicación por parte de Estados Unidos de un decreto destinado a sancionar a sus funcionarios y perjudicar su trabajo judicial independiente e imparcial», declaró en un comunicado la corte con sede en La Haya.

«La Corte apoya firmemente a su personal, y se compromete a seguir impartiendo justicia y a darle esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo, en todas aquellas situaciones en que se recurra a ella», añadió la CPI.

En otro comunicado, la presidenta del tribunal, Tomoko Akane, calificó las sanciones de «ataques graves» contra los Estados miembros y el orden internacional.

La corte ya había sido criticada en Estados Unidos por emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant. El dirigente israelí fue recibido el martes en la Casa Blanca.

Al emitir las órdenes de arresto en noviembre de 2024, los jueces estimaron que existen «motivos razonables» para sospechar que ambos cometieron crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza, escenario de una cruenta guerra que ha devastado el territorio y desplazado a la casi totalidad de su población.

El conflicto se desató tras el ataque de Hamás en suelo israelí el 7 de octubre de 2023. El movimiento islamista palestino, considerado como grupo «terrorista» por Estados Unidos, Israel y la Unión Europea, gobierna la Franja de Gaza desde 2007.

«Amenaza»

En el decreto firmado por Trump, se acusa a la CPI de emprender «acciones ilegales y sin fundamento contra Estados Unidos» y su «estrecho aliado, Israel».

El texto, difundido el jueves por la Casa Blanca, prohíbe que directivos, empleados y agentes de la CPI ingresen a Estados Unidos. También están vetados sus familiares más cercanos y cualquiera que haya aportado su ayuda a los trabajos de investigación del alto tribunal.

El decreto también prevé congelar en Estados Unidos todos los haberes de esas personas, cuyos nombres no se publicaron por el momento.

Israel no tardó en felicitar a Trump y calificó el viernes las acciones del tribunal de «inmorales» e ilegítimas.

«Felicito encarecidamente al presidente Trump», afirmó el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, en la red X.

«La CPI persigue de forma agresiva a los dirigentes elegidos de Israel, la única democracia de Oriente Medio», añadió.

El Consejo Europeo, en cambio, calificó el decreto de «amenaza» para la independencia de esta instancia internacional de justicia.

«Sancionar la CPI amenaza la independencia de la corte, y socava el conjunto del sistema de justicia internacional», aseveró en X António Costa, que preside este foro de representación de los 27 jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea.

En esa dirección se expresaron también 79 países que son miembros del tribunal, entre ellos México, Chile y Panamá.

«Tales medidas aumentan el riesgo de impunidad para los crímenes más graves y amenazan con socavar el Estado de derecho internacional, que es crucial para promover el orden y la seguridad en el mundo», escribieron.

La ONU se sumó a las inquietudes, diciendo lamentar la iniciativa de Washington, y pidió a Trump que reconsidere la medida.

Ucrania, por su parte, espera que el tribunal siga persiguiendo a los presuntos autores rusos de crímenes de guerra en su país, invadido por Moscú en febrero de 2022.

El presidente ruso, Vladimir Putin, es objeto desde marzo de 2023 de una orden de arresto de la CPI, por sospechas de deportación ilegal de niños ucranianos a Rusia. El Kremlin rechaza firmemente estas acusaciones.

Estados Unidos, Israel y Rusia no son miembros de la CPI, una jurisdicción permanente encargada de perseguir y juzgar a individuos acusados de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Se fundó en 2002 y cuenta con 124 Estados miembros. Desde su creación solo ha dictado un puñado de condenas.

Donald Trump amenazó este a Japón con imponer aranceles para equilibrar el déficit comercial con Estados Unidos pero el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, evitó una guerra comercial abierta haciendo concesiones.

Los dos dirigentes también prometieron trabajar juntos, tanto a nivel económico como de seguridad, para contrarrestar la influencia de China.

Según Trump, los aranceles son una opción si el déficit comercial no se equilibra.

«No creo que vaya a tener ningún problema en absoluto» para alcanzar un acuerdo, vaticinó, sentado junto a Ishiba en el despacho oval.

Cuando más tarde, en rueda de prensa, se le preguntó sobre esa perspectiva y sobre posibles represalias comerciales por parte de Japón, Ishiba eludió el tema y dijo que no quería responder a una pregunta «hipotética».

«Es una muy buena respuesta. Él sabe lo que hace», respondió Trump, probando la habilidad de su invitado.

Antes Shigeru Ishiba dijo que el republicano asustaba por televisión, pero era «muy franco y muy poderoso» en persona.

En su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump prometió corregir los déficits comerciales de la primera potencia mundial.

Con Japón, Estados Unidos tendrá un déficit comercial de $72,000 millones, según un estudio realizado para el Congreso.

Trump también prometió que la próxima semana se anunciarán aranceles aduaneros «recíprocos» con todos los socios comerciales de Estados Unidos.

Gas e inversiones

El presidente estadounidense anunció que Japón se ha comprometido a comprar «cantidades récord» de gas natural estadounidense para reducir el déficit comercial.

El anuncio tiene como objetivo reforzar la seguridad energética en Japón, un país con escasos recursos, y al mismo tiempo permitir al millonario republicano, que considere todos los intercambios diplomáticos como negociaciones comerciales, promocionar una victoria económica.

Shigeru Ishiba prometió el viernes que Japón realizaría «inversiones sin precedentes» en Estados Unidos.

«El objetivo es un billón de dólares», precisó.

Japón ya fue la principal fuente de inversión extranjera directa en Estados Unidos en 2023.

Recientemente, el gigante japonés SoftBank Group, cuyo jefe Masayoshi Son es cercano a Donald Trump, se unió a un importante proyecto de inversión en inteligencia artificial en Estados Unidos.

La siderúrgica US Steel será una de las beneficiarias de estas nuevas inversiones a través de la japonesa Nippon Steel, aseguró Trump, que confirmó que ya no se contempla que vaya a adquirirla.

En la reunión se trataron temas de defensa regional, incluidas las ambiciones de China respecto de Taiwán y las relaciones con Corea del Norte.

«Agresión económica china»

Japón, que alberga a unos 54,000 soldados estadounidenses, principalmente en la región de Okinawa, al este de Taiwán, está preocupado por las ambiciones territoriales de Pekín.

Los enfrentamientos también se han multiplicado en los últimos meses entre Pekín y Tokio.

En la conferencia de prensa, dijo que ha acordado con Shigeru Ishiba «cooperar aún más estrechamente para combatir la agresión económica china».

Los dos líderes condenaron además las «actividades provocadoras» de Pekín en el Mar de China Meridional en su declaración conjunta después del encuentro.

El presidente Donald Trump revocó el viernes a su predecesor Joe Biden la autorización para acceder a información clasificada confidencial como parte de una seguimiento de nuevas órdenes ejecutivas, en tanto que escaló su campaña contra la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

En una serie más de decisiones políticas, el magnate de 78 años también congeló este viernes la ayuda estadounidense a Sudáfrica, cuna de su asesor Elon Musk, y además se nombró director de uno de los principales escenarios estadounidenses, el Kennedy Center.

«No hay necesidad de que Joe Biden siga teniendo acceso a información clasificada», dijo Trump en su plataforma social Truth Social, donde precisó que le revocará «de inmediato» la autorización.

A los exmandatarios de Estados Unidos se les permite recibir información clasificada confidencial incluso después de haber dejado el cargo.

Asimismo, redobló su ofensiva contra Usaid, cuya ayuda es esencial para millones de personas en todo el mundo, al pedir el viernes su eliminación.

«LA CORRUPCIÓN ESTÁ A NIVELES RARAMENTE VISTOS ANTES. ¡CIÉRRENLA!», escribió Trump en Truth Social.

«¡Sí, señor presidente!», respondió Musk, el hombre más rico del mundo y al frente de una comisión encargada de recortar el gasto público (DOGE).

El gobierno de Trump ha ordenado miles de empleados de la agencia en el extranjero que regresan a Estados Unidos y ha congelado la ayuda exterior.

Los efectivos de Usaid pasarían de unos 10,000 a menos de 300, según The New York Times.

Estados Unidos destina actualmente unos $58,000 millones a la ayuda internacional, lo que lo convierte en el principal donante del mundo. Pero equivale a entre el 0.7 % y el 1.4 % del gasto total del gobierno, según el Pew Research Center.

Usaid financia programas sanitarios y de emergencia en unos 120 países.

«Millones de vidas»

«Esta disolución de facto constituye uno de los peores y más costosos errores de política exterior en la historia de Estados Unidos», escribió Samantha Power, al frente de Usaid durante el mandato de Biden, en una columna en el New York Times el viernes.

Esta decisión «pone en riesgo millones de vidas y millas de empleos en Estados Unidos (…) y compromete seriamente nuestra seguridad nacional y nuestra influencia en el mundo», insistió Power.

«Los líderes extremistas y autoritarios se alegran» de la medida, prosiguió la exembajadora ante la ONU.

Usaid se considera una fuente vital de poder blando para Estados Unidos en su lucha contra la influencia de rivales como China, donde Musk tiene muchos intereses comerciales.

El ministro de Relaciones Exteriores británico, David Lammy, dijo el viernes que le «preocupa» que beneficie a China u otros países.

También el viernes, Trump se nombró presidente del Kennedy Center, sugiriendo que el majestuoso complejo de entretenimiento de mármol blanco de cara al río Potomac no reflejaba sus propios valores.

«Justo el año pasado, el Kennedy Center presentó espectáculos drag dirigidos específicamente a nuestra juventud — ESTO PARARÁ», escribió en Truth Social, sin explicar a qué presentaciones se refería.

Trump ha atacado repetidamente a las personas no conformes con su género.

Además, el republicano congeló la ayuda a Sudáfrica, a raíz de una ley del país que, según él, permite confiscar tierras a agricultores blancos.

Musk ha criticado a la administración del presidente Cyril Ramaphosa por tener «leyes de propiedad abiertamente racistas».

«Locos radicales»

La congelación casi total de la ayuda exterior estadounidense y luego el desmantelamiento gradual de Usaid esta semana han causado ondas de choque en el mundo humanitario, mucho más allá de Washington.

Su presupuesto de más de $40,000 millones representa por sí solo el 42% de la asistencia desembolsada en todo el mundo.

En 2023, la agencia distribuyó en América Latina fondos por más de $1,700 millones, repartidos sobre todo en ayuda humanitaria, salud, desarrollo económico y derechos humanos, según datos gubernamentales.

Los principales beneficiarios en la región fueron Colombia, Haití, Venezuela y Guatemala.

Pero para Musk, Usaid es un «nido de víboras de marxistas de izquierda radical que odian a Estados Unidos». Trump cree que está dirigido por «locos radicales».

Desde la investidura de Trump el 20 de enero, el gobierno ha tomado una serie de decisiones drásticas para reducir la administración y recortar el gasto público, pero algunas han sido impugnadas ante los tribunales ya veces suspendidas.

Un sindicato que representa a los empleados de Usaid, el AFSA, anunció el jueves por la noche que recurrirá al recorte por estimación que este tipo de decisiones no le corresponde al Ejecutivo, sino al Congreso.

Autoridades mexicanas desplegarán este viernes un amplio operativo de inspección vehicular para detectar posible tráfico de fentanilo en un cruce fronterizo de Tijuana, parte del reforzamiento de la seguridad pactado con Estados Unidos para evitar aranceles a las exportaciones del país.

La maniobra tuvo lugar en la garita internacional de Otay, la segunda alcaldesa de esta ciudad de 2.3 millones de habitantes, y congregó a decenas de agentes de la Guardia Nacional militarizada acompañados de perros especializados en detección de narcóticos, atestiguó la AFP.

Fuentes de la Guardia Nacional, que pidieron reservar su identidad por no estar autorizadas para declarar, señalaron que sus hombres están «muy enfocados en el tema del fentanilo» y forman parte del llamado Operativo Frontera Segura, desplegado por orden de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La operación, que moviliza a 10.000 militares a lo largo de la frontera con Estados Unidos, busca detener el contrabando de este peligroso opioide sintético, que causa al menos 75,000 muertos al año en ese país, así como frenar la migración irregular.

Su implementación es parte del acuerdo que Sheinbaum y su homólogo estadounidense, Donald Trump, alcanzaron el lunes y que congelaron por 30 días la aplicación de un arancel del 25 % al total de las exportaciones mexicanas anunciadas por el republicano.

Los gravámenes aduaneros «son armas que está usando el gobierno de Estados Unidos para lograr sus objetivos. Pero en parte tienen razón, hay que trabajar en conjunto», dijo Carlos Gallego, trabajador de bienes raíces de 59 años, mientras los guardias inspeccionaban su automóvil.

El hombre, que suele viajar a la vecina ciudad estadounidense de San Diego por trabajo, aguardó pacientemente mientras los agentes examinaban su vehículo.

«Qué bueno que están haciendo estas inspecciones», añadió Gallego, quien saludó el interés de las autoridades «en prevenir el tráfico de fentanilo, que es el principal tema que hay ahorita en la comunidad».

Bryan León, de 24 años, quien vive en Tijuana pero trabaja en San Diego, demostró que reforzar la seguridad en los cruces es positiva para ambos países. Hay «mucha gente que mete en las cajuelas droga y todo eso, armas, lo que sea. Por mí está bien», opinó.

Sin embargo, las inspecciones y la mayor presencia militar, que según la Guardia Nacional se mantendrá durante los próximos 30 días, no convencerán a otros tijuanenses, que las consideran un gesto político que no resuelve las causas del narcotráfico ni de la migración irregular.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pospuso por motivos de «agenda» la llamada telefónica que tenía prevista para la tarde de este viernes con su homólogo panameño, José Raúl Mulino, en plena crisis por el canal de Panamá, informó el gobierno del país centroamericano en un comunicado.

La conversación, prevista para las 20H30GMT, fue «pospuesta hoy (viernes) por cambios de última hora en la agenda del mandatario estadounidense, según comunicaron a la Cancillería panameña funcionarios oficiales de la Casa Blanca».

El comunicado, emitido por la Presidencia de Panamá, no menciona ninguna nueva fecha para la llamada.

La cita fue postergada un día después de que Mulino tildara de «falsedad absoluta» e «intolerable» un anuncio hecho el miércoles por el Departamento de Estado según el cual Panamá había acorado no cobrar pesos a los buques del gobierno estadounidense.

Estados Unidos y Panamá atraviesan una crisis bilateral tras las amenazas de Trump de «recuperar» el canal de Panamá bajo el argumento de que China opera esta vía vital para el comercio internacional.

El republicano no ha descartado la fuerza militar para recuperar la vía interoceánica, construida por Estados Unidos y que fue entregada a los panameños hace 25 años.

Los casos de violencia sexual contra menores de edad en Haití se multiplicaron en un año por diez, según una estimación del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que alertó de los «horrores inimaginables» de los que son víctimas los niños en un país marcado por la violencia de los grupos armados.

Un portavoz de UNICEF, James Elder, advirtió de que 1.2 millones de niños «viven bajo la amenaza constante de la violencia armada» en Haití, donde el reclutamiento de menores por parte de grupos armados aumentó también un 70 %. «Ahora mismo, la mitad de todos los miembros de grupos armados son niños, algunos de tan sólo ocho años», señaló durante una comparecencia en Ginebra.

«A muchos se los llevan por la fuerza. Otros son manipulados o se ven arrastrados por la pobreza extrema», de tal manera que se crea un «ciclo letal», en el que «los niños terminan siendo reclutados por los grupos que alimentan su propio sufrimiento», agregó.

El portavoz de UNICEF subrayó además en los efectos colaterales de esta violencia, con medio millón de niños desplazados de sus hogares y más de 300,000 sin posibilidad de ir a clase. En términos humanitarios, «unos tres millones requerirán asistencia humanitaria urgente este año».

Elder apeló a la solidaridad de la comunidad internacional y advirtió de que los fondos reclamados por UNICEF en 2024, $221.4 millones, apenas están cubiertos en una cuarta parte. Algo que contrasta con «las necesidades urgentes» sobre el terreno.

El primer ministro Justin Trudeau dijo el viernes en una cumbre económica que el presidente estadounidense, Donald Trump,

habla en serio sobre la anexión de Canadá para acceder a sus recursos naturales

y reiteró que la soberanía de su país es innegociable.

Trudeau convocó a una cumbre de líderes empresariales y laborales para coordinar una respuesta a la amenaza inminente de Trump de un

arancel del 25 % sobre todas las importaciones desde Canadá,

a una sanción que podría paralizar la economía de este país.

En comentarios a puerta cerrada, Trudeau dijo a un grupo de ejecutivos que para Trump, la posibilidad de «absorber Canadá» es «real», según informes de medios canadienses.

«Sugiero que la administración Trump no solo sabe cuántos minerales críticos tenemos, sino que esa puede ser la razón por la que siguen hablando de absorbernos y convertirnos en el estado número 51» de Estados Unidos, dijo.

Los comentarios, hechos después de que los medios abandonaron la sala, fueron audibles en un altavoz fuera del salón y escuchados por el Toronto Star y la emisora ​​pública CBC.

«Son muy conscientes de nuestros recursos, de lo que tenemos y quieren poder beneficiarse de ellos», añadió. «Trump tiene en mente que una de las formas más fáciles de hacerlo es absorbiendo a nuestro país», agregó.

Cuando se le preguntó sobre los comentarios de Trudeau al margen de la cumbre, y si Ottawa estaba preocupada por la amenaza de Trump, el ministro de Industria, Francois-Philippe Champagne, dijo a la AFP que «nadie puede cuestionar la soberanía de Canadá».

«Nuestros amigos estadounidenses entienden que necesitan a Canadá para su seguridad económica, necesitan a Canadá para su seguridad energética y necesitan a Canadá para su seguridad nacional», dijo.

La ministra de Comercio, Anita Anand, dijo a su vez que Canadá está decidido a resistir cualquier expansionismo estadounidense.

Trump se refiere habitualmente a Canadá como el «estado 51» y ha degradado a Trudeau llamándolo «gobernador», en lugar de primer ministro.

Los aranceles que anunciaron debían entrar en vigor el martes, pero el presidente estadounidense concedió a Canadá un aplazamiento de 30 días para seguir negociando.

Dijo que los aranceles son necesarios para obligar a Canadá a actuar sobre el flujo de la droga fentanilo y los migrantes -ninguno de los cuales es de hecho un problema importante en la frontera- pero también se ha quejado de los déficit comerciales.

En sus comentarios, Trudeau dijo que Ottawa seguiría trabajando para abordar las preocupaciones de Trump sobre el fentanilo y los migrantes, aunque Canadá no es un contribuyente significativo a ninguno de esos problemas en Estados Unidos.

Subrayó también que Canadá debería estar preparado para «lo que podría ser una situación política a largo plazo más desafiante con Estados Unidos».

El «zar de la frontera» del gobierno estadounidense, Tom Homan, asegura que los vuelos de expulsión de migrantes a Venezuela comenzarán «en los próximos 30 días», publica este viernes el New York Times.

Richard Grenell, emisario del presidente estadounidense Donald Trump, se reunió este mes en Caracas con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, ilegítimo a los ojos de Washington, que considera fraudulenta sus dos últimas reelecciones.

Grenell regresó de su visita oficial con seis presos estadounidenses y la promesa, según la Casa Blanca, de que Venezuela aceptará a los migrantes venezolanos en situación irregular expulsados ​​por Estados Unidos. Caracas no lo ha confirmado.

«Va a ocurrir en los próximos 30 días, y no puedo decirte cuántos. Todavía estamos trabajando en todos esos detalles», declaró Homan en una entrevista con el New York Times.

La Casa Blanca quiere que Maduro acepte a «criminales y pandilleros venezolanos», incluidos aquellos de la temida banda Tren de Aragua, declarada por la organización terrorista Trump.

El presidente Trump espera «que lo haga de manera inequívoca y sin condiciones», declaró recientemente el enviado especial de Estados Unidos para América Latina, Mauricio Claver-Carone.

Tras la reunión con Grenell, Maduro abogó por un «nuevo inicio» en las relaciones de Venezuela con Estados Unidos, rotas desde 2019, para que lo que «haya que rectificar se rectifique» y lo que «haya que hacer se haga».

Pero, según Claver-Carone, las prioridades de Washington no han cambiado.

Formalmente, Washington no reconoce la reelección de Maduro para un tercer mandato (2025-2031) y el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, expresó su apoyo al exiliado Edmundo González Urrutia, quien asegura haber ganado los comicios presidenciales de julio pasado.

El día de su investidura, el 20 de enero, Trump dijo que Estados Unidos «probablemente» dejaría de comprar petróleo de Venezuela.