La presidenta de Perú, Dina Boluarte, acumuló el viernes una quinta denuncia constitucional presentada por la Fiscalía ante el Congreso, en las últimas 24 horas, por el presunto delito de omisión de funciones, a raíz de las cirugías en el rostro a las que se sometió en 2023 sin autorización del Parlamento para ausentarse.
La Fiscalía peruana informó que, a través del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó la denuncia contra Boluarte en su condición de presidenta de la República como presunta autora del delito de omisión de funciones y, alternativamente, abandono del cargo, en agravio del Estado.
Los hechos se refieren a que la mandataria peruana habría omitido, de forma ilegal, comunicar al Consejo de Ministros y al Congreso su impedimento físico temporal para el ejercicio del cargo entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023, debido a un procedimiento quirúrgico al que se sometió que implicó «múltiples cirugías estéticas».
En dicho periodo se encontró bajo una causal de suspensión del ejercicio de sus funciones establecidas normativamente, en concordancia con los artículos 114 y 115 de la Constitución Política, precisó la Fiscalía en un comunicado compartido en la red social X.
Agregó que, alternativamente, en el periodo indicado, habría abandonado temporalmente el cargo de presidenta de la República, con lo que habría afectado el funcionamiento regular del Estado, tras someterse a un conjunto de cirugías estéticas en una conocida clínica local el 28 de junio de 2023.
Sobre este asunto, Boluarte declaró que se hizo una rinoplastía por temas de salud porque tenía dificultad para respirar, pero el cirujano que la operó, Mario Cabani, explicó recientemente en una entrevista que ese día le hizo cuatro operaciones simultáneas a la mandataria en el rostro, donde la mayoría eran estéticas.
Las denuncias constitucionales son un procedimiento especial que se aplica a los altos funcionarios del Estado peruano, entre ellos el presidente, y deben recibir luz verde del Congreso para que la cámara recomiende acusar a la persona investigada antes de continuar con el proceso.
Además de la última denuncia, la Fiscalía ha presentado otras cuatro, entre el jueves y este viernes, por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos, a raíz de los relojes Rolex y otras joyas no declaradas, así como el supuesto incremento de su patrimonio.
También por el presunto delito de colusión agravada al haber concertado con un amigo para que sea contratado por el Estado cuando era ministra durante la gestión del expresidente Pedro Castillo, y otra denuncia como presunta autora de los delitos de lesiones graves y leves de los manifestantes que participaron en las protestas antigubernamentales de finales de 2022 y comienzos de 2023.
Igualmente, una denuncia, junto al exministro Juan Santiváñez, por presunto encubrimiento en la fuga del prófugo Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre con el que la mandataria llegó al Ejecutivo del país andino.
