Categoría: El Mundo

Protestas pacíficas contra el Gobierno de Donald Trump recorrieron este sábado las grandes ciudades de Estados Unidos, entre ellas Nueva York, con reclamos contra el «odio», la «censura» y lo que muchos han descrito como «acciones antidemocráticas» en las últimas semanas.

Numerosas organizaciones han convocado marchas o eventos a lo largo del fin de semana de Pascua, pero este sábado destacaba la del llamado «Movimiento 50501«, que abogaba por «50 protestas en 50 estados y un movimiento», y evocaba la energía de la manifestación multitudinaria del pasado 5 abril.

Una de las principales denuncias del movimiento es el destacado papel del magnate Elon Musk en el Gobierno de Trump, y así lo afirmó uno de los asistentes a la marcha, Paula Siqueira, un maquillador profesional, que alzaba un letrero de «Fuck Musk» (Que le jodan a Musk) en el centro de Manhattan.

Siqueira expresó preocupación por «el supremacismo blanco en EE.UU.«, que asoció al ejecutivo de Tesla, y apostilló: «Odian a los gays, odian a los negros, odian a los judíos, odian a los extranjeros», antes de unirse a una amiga que erguía con orgullo, abriéndose paso entre turistas, un cartel con la bandera trans.

Ambos manifestantes aseguraron que seguirán yendo sin miedo a estas protestas «civilizadas», igual que Brian Argueta, un estudiante guatemalteco que denunciaba en su letrero la polémica expulsión por error del residente salvadoreño Kilmar Ábrego y el «secuestro» de la estudiante turca Rümeysa Öztürk.

Argueta criticó el ataque al «debido proceso» legal en ambos casos y aseguró que muchos amigos inmigrantes que son residentes permanentes de EE.UU. temen disentir en público en el contexto político actual, sentimiento que ha observado también en su trabajo con bufetes de abogados.

«Yo vine hace 10 años de Guatemala y sé lo que pasa cuando el Gobierno se pone a censurar. Se comienza con los no ciudadanos. Cualquiera puede ir a parar a la cárcel de El Salvador», dijo sobre el centro CECOT al que Washington envía a los supuestos criminales «deportados», y al que envió por error a Ábrego.

El «Movimiento 50501» ha llamado a una «movilización masiva» y advertido de «amenazas creíbles de acción policial agresiva, presencia del ICE (agencia de inmigración y hasta el potencial despliegue de fuerza militar» en las protestas en Washington DC y otros puntos, pero se momento no se han reportado incidentes.

Otras protestas de asistencia considerable han tenido lugar en la capital estadounidense y en ciudades como Miami, Ohio, Detroit, Phoenix o Portland, de acuerdo con las redes sociales del grupo.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, respondió este sábado a la tregua de 30 horas anunciada por el Kremlin, con motivo de la celebración de la Pascua, con una contrapropuesta más ambiciosa: que ambos bandos bajen las armas por un plazo de 30 días empezando este domingo.

“Si se mantiene una tregua completa, Ucrania propone ampliarla más allá del día de Pascua, el 20 de abril», escribió en X Zelenski. “Esto es lo que revelará las verdaderas intenciones de Rusia, porque 30 horas son suficientes para dar titulares, pero no para crear confianza de forma genuina. Treinta días darían una oportunidad a la paz”, subrayó.

El presidente ucraniano dijo que, en el momento de hacer esta contrapropuesta, Moscú no había hecho efectiva su propia tregua: «Por ahora, según los informes del Comandante en Jefe (Oleksandr Sirski), las operaciones de asalto rusas continúan en varios sectores de la línea del frente y el fuego de artillería ruso no ha disminuido».

Zelenski dijo que esperaba recibir durante la noche del sábado nuevas informaciones del Ejército sobre la evolución de la situación en el frente, para saber si Rusia ha dejado de verdad de lanzar ataques y Ucrania puede también bajar las armas.

Poco antes de la medianoche, el líder de Kiev dijo -al citar información del Ejército- que Rusia no había hecho efectiva la tregua en las regiones rusas de Kursk y Bélgorod, donde han penetrado y adelantan operaciones tropas ucranianas. El mensaje de Zelenski daba a entender que la tregua sí era una realidad dentro de territorio ucraniano.

Zelenski reafirmó la oferta de extender a 30 días el alto el fuego y repitió que Ucrania actuaría de forma «simétrica» a las acciones rusas.

El líder ucraniano hizo esta nueva propuesta de tregua -un alto el fuego temporal completo e incondicional de 30 días como el que proponía EE.UU. y que el Kremlin rechazó hace más de un mes, después de que Ucrania lo aceptara- en respuesta al anuncio hecho horas antes por el presidente ruso, Vladímir Putin, de que ordenaba a su Ejército bajar las armas entre las 15.00 GMT de este sábado y la medianoche del domingo a lunes.

Putin, quien ha citado “consideraciones humanitarias” para declarar este breve alto el fuego, dijo que esperaba que Ucrania se sume a esta tregua y baje las armas durante la celebración en ambos países de la Pascua cristiana y católica.

Estos movimientos de Moscú y Kiev se producen después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmara este viernes que se plantearía renunciar al papel de mediador que ha asumido en esta guerra si no se producían avances en las negociaciones “en cuestión de días”.

Intercambio de soldados

La jornada del sábado estuvo marcada además por un intercambio masivo de prisioneros de guerra auspiciado, como en ocasiones anteriores, por los Emiratos Árabes Unidos.

Según informó el Ministerio de Defensa ruso, el canje ha permitido el retorno a su país de 246 soldados rusos que habían sido apresados por los ucranianos y de 15 prisioneros de guerra heridos que necesitan ayuda médica “urgente”.

Con el intercambio, Ucrania logró el retorno de 277 prisioneros de guerra que estaban en cautiverio ruso, según anunció Zelenski, quien ha cifrado en más de 4.500 el número total de militares y civiles en cautiverio ruso que han vuelto a territorio ucraniano, desde el comienzo de la guerra y gracias a este tipo de canjes.

La liberación de todos los prisioneros de guerra de ambos bandos y de los civiles y menores ucranianos detenidos y deportados por Rusia es una de las propuestas formuladas por Zelenski para crear confianza entre las partes, de cara a unas negociaciones directas que pongan fin a la guerra.

Un avión de American Airlines, que trasladaba a 214 pasajeros desde Argentina hacia la ciudad estadounidense de Miami, se declaró en emergencia luego de que el piloto detectara olor a humo y debió regresar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, informaron este sábado fuentes oficiales.

“En el marco de la declaración de emergencia del vuelo AAL908, operado por American Airlines, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) activó, conforme a los protocolos establecidos, el Plan de Emergencias (PEA) del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza”, informó la ANAC en un comunicado.

De acuerdo a la ANAC, “no se registraron novedades en el aterrizaje de la aeronave” Boeing 787-8 cuando aterrizó en Ezeiza fue acompañado por los servicios de salvamento y extinción de incendios y control terrestre.

“Los pasajeros descendieron de la misma sin inconvenientes, y el operativo se desarrolló en condiciones óptimas”, agregaron desde la entidad.

Cuando la aeronave sobrevolaba la ciudad de Asunción del Paraguay, se declaró en emergencia por el posible olor a humo en cabina y emprendió la vuelta hacia la principal terminal aérea argentina.

El avión emitió el código ‘PAN PAN’, que a diferencia de ‘Mayday’, en la industria aerocomercial es una señal de emergencia donde se requiere asistencia, pero no hay peligro inmediato para la vida de las personas abordo.

“El vuelo, con destino a Miami, retornó a dicho aeropuerto luego que la tripulación declarara una emergencia (PAN PAN) y solicitara la asistencia a los equipos de rescate. Ante esta alerta, y en el marco del PEA, el servicio SEI y el control terrestre (CONTER) activaron de inmediato todos los procedimientos correspondientes, a fin de garantizar la seguridad en el arribo de la aeronave”, cerró la nota de prensa.

Una vez que la aeronave haya sido inspeccionada y se determinen las causas del incidente, restará que la empresa defina si continuará viaje a su destino.

Un grupo de exfuncionarios de Estados Unidos, republicanos y demócratas, alertó este sábado en una carta abierta sobre el «abuso del poder» del presidente Donald Trump para «vengarse» de sus críticos después de que este retirara las credenciales de seguridad de dos exfuncionarios.

La carta incluye unas 200 firmas, entre ellas la de Ty Cobb, abogado especial de Trump en su primer mandato, y otros exfuncionarios de Gobiernos republicanos especializados en seguridad nacional, que aluden a dos memorandos ejecutivos de Trump de principios de abril «dirigidos» a personas específicas.

Los memorandos castigaban a Chris Kebs, exlíder de la Agencia de Ciberseguridad, por rechazar que las elecciones de 2020 fueran «robadas», y a Miles Taylor, exjefe de personal del Departamento de Seguridad Nacional, por «diseminar de falsedades» en un libro bajo seudónimo crítico con Trump.

«Estas acciones ejecutivas representan una peligrosa escalada en el abuso del poder presidencial: manipular las agencias federales para ejecutar venganzas personalizadas«, dicen los firmantes, que consideran que Trump ataca la libertad de expresión de esos exfuncionarios y le instan a revocar las medidas.

Sostienen que Trump rompe con presidentes de ambos signos políticos que han «evitado incluso la apariencia de irregularidad o influencia», lo vinculan con episodios hoy «vergonzosos» de EE.UU. como la «lista de enemigos» de Richard Nixon y, advierten, va en el «camino de la autocracia, no la democracia».

«Comportamientos de este tipo se esperan más de un miembro déspota de la realeza que del líder electo de una república constitucional», agregan.

Trump, mientras, anunció ayer en su red social Truth Social que pronto emitirá nuevas «regulaciones» para empleados gubernamentales de carrera, para que, «en el caso de rechazar promocionar los intereses de política del presidente o tengan comportamientos corruptos» sean fácilmente despedidos.

Según el presidente, esas regulaciones, que desarrollan una orden ejecutiva previa, permitirán al Gobierno «funcionar como una empresa», pero los expertos advierten que puede desproteger a miles de funcionarios bajo la guisa de unos «intereses de política» que no están claros.

El

presidente ruso, Vladimir Putin, anunció este sábado un alto el fuego con ocasión de la Pascua Ortodoxa, que se extenderá desde las 18.00 hora local (15.00 GMT, 9:00 a.m. de El Salvador) de este sábado hasta la medianoche del domingo al lunes.

«Guiado por consideraciones humanitarias, la parte rusa anuncia una tregua de Pascua desde las 18.00 horas de hoy a la medianoche del domingo al lunes», dijo Putin al reunirse con el jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov, según informó el Kremlin en su canal de Telegram.

Putin, un creyente confeso, añadió: «Ordeno el cese de todas las acciones militares durante este período. Asumo que la parte ucraniana seguirá nuestro ejemplo».

Al mismo tiempo, aseguró que las tropas rusas deben estar «listas» para «repeler cualquier violación de la tregua, provocación o acción agresiva del enemigo».

«Nuestra decisión sobre una tregua pascual demostrará cómo es de sincera la voluntad del régimen de Kiev y su deseo y también capacidad de cumplir con los acuerdos y participar en el proceso de negociaciones de paz dirigidas a eliminar las causas originales de la crisis ucraniana», dijo.

Al respecto, aseguró que Kiev violó más de un centenar de veces la tregua energética de 30 días que Moscú declaró unilateralmente el 18 de marzo y a la que Ucrania se sumó una semana después por mediación de Estados Unidos.

A su vez, subrayó que Rusia «siempre» ha estado dispuesta a participar en las negociaciones de paz y saludó los intentos del presidente de EEUU, Donald Trump, pero también del líder chino, Xi Jinping, y de los países del grupo BRICS que «son partidarios de una solución pacífica y justa de la crisis ucraniana».

Putin, que se espera que acuda esta noche a la vigilia pascual en la Catedral de Cristo Salvador en Moscú, hizo este anuncio después del ultimátum de Trump, quien advirtió de que si en «cuestión de días» no había avances en las negociaciones con rusos y ucranianos, Washington podría abandonar el proceso de paz en Ucrania.

El nnel vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se reunió este sábado con el secretario de Estado vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin, con quien hubo «un intercambio de puntos de vista sobre la situación internacional, especialmente sobre los países marcados por la guerra», y «de situaciones humanitarias difíciles, con especial atención a los migrantes, refugiados, y presos», según informó el Vaticano en una nota.nn»En el curso de la cordial conversación, se expresó satisfacción por las buenas relaciones bilaterales entre la Santa Sede y los Estados Unidos de América, y se renovó el compromiso común de proteger el derecho a la libertad religiosa», se lee en la nota.nnEn la reunión, también «se deseó una colaboración serena entre la Santa Sede y los Estados Unidos, cuyo valioso servicio a las personas más vulnerables fue reconocido».nnNo estaba previsto un saludo por parte de papa Francisco que continúa recuperándose tras haber sido dado de alta el pasado 23 de marzo tras 38 días ingresado en el hospital Gemelli por una neumonía bilateral.nnEl vicepresidente se convirtió al catolicismo en 2019, participó a la ceremonia acompañado por su esposa, Usha, y sus tres hijo, llevando a uno en brazos, y se sentaron en primer fila ante el altar papal.nnVance pertenece al ala católica ultraconservadora que no oculta sus críticas a Francisco y les divide la posición sobre la acogida a los migrantes, así como el Vaticano ha lamentado también los recortes de la administración de Donald Trump a la cooperación internacional y las deportaciones masivas.
nnPuede leer: La Casa Blanca dice al Papa que se meta en sus asuntos tras crítica migratoriannEl pasado 11 de febrero, el papa envió una carta a los obispos de Estados Unidos en la que consideró que las deportaciones masivas decretadas por Trump «lastiman la dignidad de muchos hombres» e instó a la Iglesia del país «a no ceder ante las narrativas que discriminan y hacen sufrir innecesariamente a nuestros hermanos migrantes y refugiados».nn»El acto de deportar personas que en muchos casos han dejado su propia tierra por motivos de pobreza extrema, de inseguridad, de explotación, de persecución o por el grave deterioro del medio ambiente, lastima la dignidad de muchos hombres y mujeres, de familias enteras, y los coloca en un estado de especial vulnerabilidad», se leía en la carta enviada a los obispos de EEUU, en un gesto poco frecuente.nnEl vicepresidente estadounidense asistió este viernes al rito de la Pasión del Señor en la basílica de San Pedro del Vaticano, al que no acudió Francisco.nnVance se encuentra de viaje oficial en Italia hasta el domingo y este viernes también mantuvo una reunión con la primera ministra italiana Giorgia Meloni.

El Departamento de Defensa estadounidense anunció

que reducirá «a menos de mil» el número de efectivos que tiene desplegados en Siria en los próximos meses, tras su «éxito» en la lucha contra Estado Islámico, y ha asegurado que seguirá cooperando con sus socios en la región en la lucha contra el terrorismo.

«Reconociendo el éxito que Estados Unidos ha tenido contra ISIS, incluida su derrota territorial en 2019 bajo el Presidente Trump, hoy el Secretario de Defensa ha ordenado la consolidación de las fuerzas estadounidenses en Siria bajo la Fuerza de Tarea Conjunta Combinada… Este proceso deliberado y basado en las circunstancias reducirá la presencia estadounidense en Siria a menos de mil efectivos en los próximos meses», ha informado el Pentágono en un comunicado.

No obstante, aseguró, EEUU mantendrá «una capacidad considerable en la región», lo que le permitirá «realizar ajustes dinámicos en la postura de fuerza según la evolución de la situación de seguridad sobre el terreno».

Desde Defensa se comprometió asimismo a «garantizar la capacidad de (sus) socios para seguir debilitando a ISIS y a otros terroristas en la región», al tiempo que han instado a la comunidad internacional a repatriar a sus ciudadanos a fin de «reducir la población de desplazados y detenidos vinculados a ISIS» en el noreste del país.

Por el momento, no han trascendido más detalles relacionados con el procedimiento o los plazos de esta decisión, si bien el Departamento de Defensa ha indicado en su nota que irán proporcionando «más actualizaciones a medida que estén disponibles».

El Gobierno de Ecuador aseguró este sábado que el Estado está en «alerta máxima» después de que un informe de inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas alertara de la presunta planificación de «atentados terroristas» contra el presidente, Daniel Noboa, y miembros de su Gabinete.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el Ministerio de Gobierno de Ecuador se refirió así a un documento interno de las Fuerzas Armadas, viralizado en redes sociales el viernes, en el que se menciona «traslados de sicarios desde México y otros países a Ecuador para realizar atentados terroristas contra el presidente de la República y su equipo de trabajo».

El oficio, con fecha del 17 de abril y cuya autenticidad fue confirmada por el ministro de Gobierno, José De la Gasca, a medios locales, señala que estas acciones presuntamente de organizaciones criminales se han iniciado tras las elecciones del pasado domingo, en las que Noboa fue reelegido frente la candidata correísta Luisa González, quien ha denunciado un presunto «fraude» descartado por las principales misiones de observación internacional presentes en los comicios.

En ese informe, las Fuerzas Armadas también alertan de la planificación de otros posibles atentados hacia los principales puentes del país, bancos y otras instituciones del Estado, y que se estarían planeando acciones para «calentar las calles a través de manifestaciones» que se podrían volver «violentas», sin dar más detalles del origen de las amenazas.

El documento recomienda reforzar la seguridad del mandatario y de los ministros de Estado, así como de las autoridades militares.

Ante ello, el Ejecutivo ecuatoriano señaló que «el Estado está en alerta máxima» y que «se han activado todos los protocolos de seguridad», de modo que «las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los organismos de Inteligencia están trabajando de forma articulada para neutralizar cualquier amenaza».

«Frente a la información de inteligencia que alerta sobre la gestación de un magnicidio, ataques terroristas y calentamientos de calles mediante manifestaciones violentas, condenamos y repudiamos enérgicamente cualquier intento de atentar contra el presidente de la República, autoridades del estado y funcionarios públicos», señaló el Gobierno.

El Ejecutivo ecuatoriano catalogó como «deplorable» que estructuras criminales, «en complicidad con sectores políticos derrotados en las urnas, pretendan imponer el caos mediante la violencia, el miedo y el terror», sin mencionar al correísmo, cuya candidata ha anunciado que presentará pruebas del supuesto «fraude» electoral que insiste en denunciar.

«Estas acciones no solo buscan desestabilizar al Gobierno, sino vulnerar la democracia, la soberanía, la paz del Ecuador y el Estado de derecho», agregó el Ministerio.

El Gobierno de Ecuador aseguró además que responderán a estos posibles ataques con «toda la fuerza». «Pondrán a prueba nuestra determinación. Que no se les olvide: prevalecemos y prevaleceremos. Con la fe en Dios y la fuerza del Estado vamos a poner de rodillas a cada criminal», añadió.

El presidente Noboa se encuentra desde el jueves en Florida (Estados Unidos), hasta donde viajó para «atender asuntos personales», y se prevé que retorne al país el próximo martes.

Ecuador se encuentra desde 2024 bajo un «conflicto armado interno» que Noboa declaró para enfrentar a las bandas de crimen organizado, a quienes le declaró la «guerra» y pasó a denominarlas como «terroristas».

Las organizaciones criminales están detrás de la escalada de violencia que llevó a Ecuador a situarse en 2023 como el país de Latinoamérica con el índice más alto de homicidios, mientras que el 2025 ha comenzado como el año más violento desde que se tiene registro, con un promedio de aproximadamente un asesinato por hora.

La ola de violencia incluye también a autoridades locales, fiscales que investigan al narcotráfico y el crimen organizado y políticos como el candidato presidencial Fernando Villavicencio.

La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos ordenó este sábado suspender las expulsiones amparadas en la llamada Ley de Enemigos Extranjeros que emplea la Casa Blanca para encarcelar en El Salvador a migrantes irregulares acusados de pertenencia a organización terrorista.

El fallo frena la política impulsada por la administración de Donald Trump con base en la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa poco usada desde su creación en 1798.

La resolución prohíbe al Gobierno estadounidense trasladar a cualquier miembro de la clase identificada de detenidos hasta nuevo aviso del alto tribunal. La decisión fue adoptada con los votos en contra de los magistrados conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito.

El dictamen impacta directamente a un grupo de migrantes venezolanos retenidos en el centro de detención de Bluebonnet, en Anson, Texas, donde se les acusa de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua, declarado organización terrorista por el expresidente Trump.

La ley fue invocada por Trump a través de una proclamación en marzo, permitiendo la expulsión inmediata de migrantes sin proceso legal, una medida que ha sido cuestionada por su legalidad y uso arbitrario. La última vez que esta norma fue aplicada de forma masiva fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando ciudadanos estadounidenses de origen japonés fueron internados en campos especiales.

Abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) denunciaron que algunos de los migrantes ya habían sido cargados en autobuses rumbo al aeropuerto, motivo por el cual presentaron recursos de emergencia en tres tribunales distintos durante la noche del viernes.

Una de las demandas urgentes fue presentada ante la Corte Suprema por temor a una deportación inminente. En ella, se documenta que los detenidos fueron forzados a firmar formularios en inglés, pese a no comprender el idioma, y que se les aseguró que la orden “venía del presidente”.

Entre los casos destacados se encuentra el de un joven de 19 años, identificado con las iniciales Y.S.M., detenido el 14 de marzo. Las autoridades migratorias lo acusaron de ser miembro del Tren de Aragua por aparecer en una fotografía junto a una persona con un arma. Sin embargo, su abogado aclaró que se trataba de una pistola de agua.

Desde el 15 de marzo, la administración Trump ha enviado al menos cinco vuelos con migrantes hacia El Salvador, bajo un acuerdo con el presidente Nayib Bukele que permite al gobierno estadounidense recluir a los deportados en cárceles salvadoreñas a cambio de un pago. El gobierno de El Salvador no ha confirmado oficialmente los nuevos vuelos.

El juez James Boasberg, quien preside uno de los casos federales, había ordenado anteriormente pausar las deportaciones bajo esta ley. A pesar de su decisión, tres vuelos partieron desde Texas hacia El Salvador, lo que ahora podría ser objeto de una investigación por desacato.

El fallo de la Corte Suprema no solo representa un revés temporal para el plan de Trump, sino que también resalta las preocupaciones sobre el uso de leyes de guerra para justificar deportaciones sin el debido proceso, una práctica que podría erosionar los derechos constitucionales de los migrantes en Estados Unidos.

Un tribunal de apelaciones en Washington D.C. bloqueó temporalmente el intento de un juez federal para declarar al gobierno del presidente Donald Trump en desacato.

El juez federal, James Boasberg, había dado inicio la semana pasada al proceso para declarar a la Administración en desacato por ignorar una orden judicial y haber enviado a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, a la megacárcel en El Salvador.

En una orden emitida el viernes, el tribunal de apelaciones del distrito de D.C. indica que el bloqueo de los procedimientos busca darle más tiempo a esa corte a estudiar los argumentos del Gobierno para impugnar la decisión de Boasberg.

El miércoles pasado, en una decisión de más de 40 páginas, el magistrado acusó al Ejecutivo de haber ignorado con «completo menosprecio» una orden judicial que les instruía a dar marcha atrás al envío de los migrantes al país centroamericano.

«La Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que han jurado respetarla», escribió.

Permitir al Gobierno «anular» los fallos de las cortes, agregó Boasberg, «convertiría en una burla solemne a la propia Constitución».

Trump invocó el pasado 14 de marzo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada en tiempos de guerra, para expulsar a cientos de venezolanos a los que acusa de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua.

Un día después de que invocara la ley, Boasberg bloqueó su uso justo en el momento en el que dos aviones iban rumbo a Centroamérica con los migrantes y ordenó el regreso de esos vuelos.

Los aviones no dieron marcha atrás y aterrizaron en El Salvador, desatando una batalla legal sin precedentes en la que el incluso Trump sugirió llevar a un juicio político al magistrado.

El envío de migrantes hacia El Salvador ha provocado una serie de demandas al Gobierno de Trump y el rechazo por parte de organismos internacionales.

La ONG Human Rights Watch, en un informe publicado la semana pasada, acusó a EE.UU. y El Salvador de estar sometiendo a estas personas a una «desaparición forzada».

La Administración de Trump ha defendido las expulsiones acusando a los migrantes de tener vínculos con las pandillas Tren de Aragua y MS-13, calificadas recientemente por Washington como grupos terroristas.

Sin embargo, múltiples investigaciones de medios estadounidenses han demostrado que la mayoría de los expulsados a El Salvador no tienen antecedentes penales.

EE.UU. llegó a un acuerdo con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para enviar a algunos migrantes detenidos en EE.UU. hacia el CECOT, una prisión notoria por las denuncias de abusos a derechos humanos.

Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador seis millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario.