Categoría: El Mundo

  • La dictadura de Nicaragua impone descuento a empleados públicos para financiar al partido oficial

    La dictadura de Nicaragua impone descuento a empleados públicos para financiar al partido oficial

    Empleados públicos de Nicaragua denunciaron que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo les aplicó descuentos salariales entre el 2 % y el 10 % como “aporte partidario” destinado a financiar al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

    La denuncia fue realizada por maestros, personal de salud y trabajadores de otras instituciones estatales, quienes señalaron que las deducciones se reflejaron en sus salarios de mayo, recibidos el pasado 29 de abril de 2026.

    Los afectados, que pidieron anonimato por temor a represalias, presentaron comprobantes de pago que evidencian el descuento, el cual calificaron como una medida “ilegal” que reduce aún más sus ingresos.

    Según los trabajadores, este recorte se suma a otras deducciones obligatorias como el Impuesto sobre la Renta y las cotizaciones al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.

    Indicaron además que anteriormente el aporte al partido oficialista era voluntario y sin un porcentaje fijo, pero ahora se establece una escala en la que quienes ganan más sufren mayores descuentos.

    El Frente Sandinista, liderado por Ortega, no ha emitido una postura oficial sobre estas denuncias, ni tampoco el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

    El reclamo ocurre en el contexto del Día Internacional de los Trabajadores, en medio de críticas por las condiciones laborales en el país, donde los salarios públicos son considerados entre los más bajos de Centroamérica.

    En ese sentido, el Partido Humanista Social Cristiano expresó desde el exilio su respaldo a los trabajadores y denunció la “opresión” que enfrentan, además de señalar la falta de derechos como la libertad sindical y el derecho a huelga.

    “Y estén seguros de que con la llegada de la democracia volverán a estar vigentes todos sus derechos laborales, tal como están plasmados en el convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, indicó ese colectivo.

    También advirtió que en Nicaragua no se permiten sindicatos independientes ni reclamos salariales, y que los ingresos apenas cubren la alimentación básica de las familias.

    Por su parte, medios independientes en el exilio criticaron la situación laboral en el país, mientras el Gobierno celebró el Primero de Mayo con un mensaje de optimismo.

    “Que tengamos un fin de semana de júbilo, porque con el favor de Dios, vamos bien, vamos mejor, y vamos adelante, siempre más allá, en días buenos, días de alabanza, días de gratitud”.

     

  • Trump apela a votantes de la tercera edad para comicios de medio mandato tras caída de su popularidad

    Trump apela a votantes de la tercera edad para comicios de medio mandato tras caída de su popularidad

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó el viernes a los votantes de la tercera edad en Florida a participar en las elecciones de medio mandato previstas para noviembre, en un contexto marcado por una caída en su popularidad.

    Durante un mitin en The Villages, una de las mayores comunidades de jubilados del país, el mandatario pidió a sus simpatizantes no confiarse y acudir a las urnas.

    «Supongo que todos llevan una gran ventaja, pero recuerden: hagan que la diferencia sea tan grande que resulte innegable. Tienen que salir a votar. No den nada por sentado», expresó Trump.

    El gobernante reiteró sus acusaciones sobre un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2020, en las que fue derrotado por Joe Biden, y defendió el proyecto de ley SAVE America Act.

    «Todos los votantes deben presentar identificación, todos los votantes deben tener prueba de ciudadanía y no habrá voto por correo, excepto por enfermedad, discapacidad, despliegue militar o viaje», indicó el mandatario.

    La iniciativa, que permanece bloqueada en el Senado, ha generado críticas de organizaciones civiles que advierten que podría restringir el acceso al voto de millones de ciudadanos, especialmente mujeres, minorías y comunidades rurales.

    El mitin se realizó en un momento en que Trump enfrenta uno de sus niveles más bajos de aprobación, afectado por el alza en el costo de vida, la política migratoria y el conflicto en Irán.

    Una encuesta del Pew Research Center publicada el viernes sitúa su índice de aprobación en 34 %, mostrando una caída en todos los indicadores desde su victoria electoral en 2024.

    El evento en Florida fue el primero del mandatario tras un intento de asesinato ocurrido la semana pasada durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington.

    El ataque se produjo cuando un individuo intentó ingresar armado al hotel Washington Hilton, donde se encontraban Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance y otros funcionarios.

    Agentes del Servicio Secreto intervinieron de inmediato y neutralizaron al atacante, quien fue reducido sin que se reportaran heridos, aunque el incidente provocó momentos de pánico y la evacuación del lugar.

     

  • Trump afirma que EE.UU. «tomará el control» de Cuba «casi de inmediato»

    Trump afirma que EE.UU. «tomará el control» de Cuba «casi de inmediato»

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que podría “tomar el control” de Cuba “casi de inmediato”, una vez concluya lo que denominó como el “trabajo” en Irán, durante un evento privado en Florida.

    El mandatario hizo estas declaraciones en una cena organizada por el Forum Club en West Palm Beach, donde participó como orador principal ante líderes políticos y empresariales.

    Trump señaló que, tras finalizar acciones en Irán, podría ordenar el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln hacia el Caribe, situándolo cerca de la costa cubana.

    Según su discurso, desde esa posición los ciudadanos cubanos reaccionarían diciendo “muchas gracias, nos rendimos”, en referencia a un eventual escenario de presión militar.

    Las declaraciones se producen en un contexto de incremento de tensiones entre Estados Unidos y Cuba, marcado por nuevas sanciones económicas impuestas por la administración estadounidense.

    Ese mismo viernes, el Gobierno de Trump anunció medidas que afectan sectores clave de la economía cubana, como energía, defensa, minería y servicios financieros.

    La orden ejecutiva establece el bloqueo total de activos en Estados Unidos para personas o empresas que operen o mantengan vínculos comerciales con el Gobierno de La Habana.

    Además, el secretario de Estado, Marco Rubio, acusó recientemente a Cuba de permitir la presencia de servicios de inteligencia de países considerados adversarios por Washington.

    Rubio advirtió que la administración no tolerará este tipo de actividades a corta distancia del territorio estadounidense.

    En paralelo, el Senado rechazó una propuesta demócrata que buscaba limitar posibles acciones militares del Ejecutivo contra Cuba.

    Desde enero, la política estadounidense hacia la isla ha endurecido su postura, incluyendo medidas como un bloqueo petrolero y reiteradas menciones a un posible cambio de régimen.

  • Miles marchan en Chile y acusan «amenaza» a derechos sociales bajo el Gobierno de Kast

    Miles marchan en Chile y acusan «amenaza» a derechos sociales bajo el Gobierno de Kast

    Decenas de miles de personas marcharon este viernes por el centro de la capital chilena para conmemorar el Día Internacional de las y los Trabajadores, en una movilización convocada por los principales sindicatos del país en defensa de derechos sociales que consideran «amenazados» por las políticas de austeridad del Gobierno de José Antonio Kast.

    «Denunciamos la agenda antipopular y anti trabajadores del actual gobierno, que ha privilegiado a los más ricos buscando rebajar sus impuestos y traspasando el costo de la crisis del petróleo a la clase trabajadora», dijo a EFE el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Eric Campos.

    El dirigente aludió al incremento en el precio de las bencinas (32 % en gasolina y 62 % en diésel) impulsado a fines de marzo por la subida del petróleo tras la guerra en Oriente Medio, medida que generó las primeras protestas contra el Ejecutivo.

    «Queremos frenar la angustia que han generado estos anuncios, los recortes de planes y dictámenes que permiten la aplicación abusiva en materia de rebaja de jornada laboral», subrayó.

    En los últimos días, el Gobierno anunció recortes en distintas carteras, entre ellos la disminución de 32,721 millones de pesos (unos 35 millones de dólares) al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, afectando programas orientados a infancia y juventud, aunque ha insistido en que «no se tocarán los beneficios sociales».

    La marcha, primera gran demostración de rechazo durante la era Kast, se extendió por cerca de dos kilómetros a lo largo de la Alameda y se desarrolló de forma pacífica.

    Entre los asistentes hubo sindicatos del retail, trabajadores del cobre, construcción, salud, comercio, producción, sector público, educación, transporte y organizaciones de vivienda.

    También participó el Sindicato de Trabajadores de Reparto de Chile, que busca representar a unas 200.000 personas de entrega de domicilio, un sector prácticamente desregulado.

    «Nuestros pagos han disminuido desde la pandemia, es uno de los sectores más precarizados y absorbe la cesantía generada por el contexto local y global. Queremos avanzar hacia una regulación laboral fuerte», dijo a EFE su secretario, Emilio Vigner.

    Para ello, añadió, es clave articularse con sindicatos del continente, al tratarse de una «actividad transnacional».

    La informalidad laboral en Chile alcanzó un 26,5 % en el trimestre enero-marzo, con un alza de 0,7 puntos en doce meses.

    Por su parte, la presidenta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores en Domicilio (Conatrado), Patricia Coñumán, denunció la «desregulación extrema» que enfrenta su sector, que reúne a cerca de 100.000 personas.

    «Somos mayoritariamente mujeres, sin seguridad social ni contrato de trabajo, los invisibles de los invisibles», afirmó a EFE.

    En los próximos días, el Gobierno y la CUT continuarán negociaciones sobre el salario mínimo tras el fracaso de la primera ronda de conversaciones esta semana, uno de los más altos de la región, aunque aún por debajo de los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

  • Cuba tacha de «ilegales y abusivas» las nuevas sanciones de EE.UU. contra la isla

    Cuba tacha de «ilegales y abusivas» las nuevas sanciones de EE.UU. contra la isla

    El Gobierno de Cuba calificó como «ilegales y abusivas» las nuevas sanciones que le ha impuesto este viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigidas contra cualquier persona «extranjera o estadounidense» que opere en sectores vitales para el ingreso de divisas en la isla.

    «Repudiable pero curioso y ridículo. El Gobierno de EEUU se alarma y responde con nuevas medidas coercitivas unilaterales ilegales y abusivas contra Cuba», escribió el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, en las redes sociales.

    Rodríguez consideró que estas nuevas medidas de Washington responden «al desfile de más de medio millón de cubanos en La Habana por el 1 de mayo, encabezado por el General de Ejército Raúl Castro y el Presidente Miguel Díaz-Canel, y a la firma de seis millones de cubanas y cubanos (81% de la población mayor de 16 años) en defensa de la Patria amenazada militarmente, en denuncia del bloqueo recrudecido y del cerco energético».

    «La Patria, la Revolución y el Socialismo se defienden con las ideas y con las armas. No van a amedrentarnos», recalcó el canciller insular.

    En su orden ejecutiva firmada en esta fecha, Trump indicó que «las políticas, prácticas y acciones del Gobierno de Cuba (…) continúan constituyendo una amenaza inusual y extraordinaria, que tiene su origen total o sustancial fuera de los EE.UU., para la seguridad nacional y la política exterior» de su país.

    «No solo están diseñadas para perjudicar a los EE.UU., sino que también son repugnantes para los valores morales y políticos de las sociedades libres y democráticas», añadió.

    Las nuevas sanciones del mandatario estadounidense apuntan a los pilares de la economía cubana, especialmente los sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros.

    Según la orden ejecutiva, a cualquier persona o empresa que opere en ellos o haga negocios con el Gobierno de La Habana se le aplicará el bloqueo total de sus activos en EE.UU.

    La Casa Blanca advirtió también que si un banco de otro país facilita una «transacción significativa» para alguien sancionado en Cuba se enfrentará al cierre de sus cuentas en Wall Street.

    Estas sanciones entran en vigor de inmediato «debido a la capacidad de transferir fondos o activos instantáneamente», que según la Administración estadounidense permitiría sortearlas en caso de que existiera una notificación previa.

    La decisión de Trump supone un paso más allá en el sistema de sanciones contra la isla, que no solo se limita a castigar a miembros del Gobierno cubano, sino también a ejecutivos, líderes, funcionarios o personas de cualquier nivel. Además, suspenden la entrada a EE.UU. de cualquier persona relacionada con estos criterios.

    Desde enero pasado, EE.UU. presiona al Gobierno de La Habana para que introduzca reformas económicas y políticas. Como parte de esa escalada dispuso un bloqueo petrolero que ha agudizado notablemente la crisis estructural que ya sufría el país caribeño.

    La presión se ha intensificado en la última semana con Washington advirtiendo que no tolerará bases militares o de inteligencia de «adversarios» (China) en la isla, mientras La Habana denuncia estos argumentos como «pretextos falaces» para tratar de justificar una posible intervención.

  • Expertos ONU piden a Nicaragua prueba de vida de líder indígena desaparecido hace dos años

    Expertos ONU piden a Nicaragua prueba de vida de líder indígena desaparecido hace dos años

    Expertos de Naciones Unidas pidieron este viernes a las autoridades nicaragüenses que aporten «de manera inmediata» una prueba de vida del diputado y líder indígena miskito Brooklyn Rivera, víctima de desaparición forzada desde hace más de dos años.

    En el caso de que haya fallecido, deberá informarse de «las circunstancias y causas de la muerte y el destino de sus restos», indicaron en un comunicado conjunto.

    Recordaron que Rivera, diputado de la Asamblea Nacional, fue detenido en septiembre de 2023 por miembros de la Policía Nacional de Nicaragua, y aseguraron que «existe información de que podría haber muerto en detención».

    En el comunicado, los expertos de la ONU subrayaron que las condiciones de detención en Nicaragua son «inhumanas» y en el caso de los desaparecidos a la fuerza (al menos 112 según los datos que maneja Naciones Unidas) muchos de ellos podrían haber sido sometidos a tortura.

    «A pesar de las reiteradas solicitudes de los familiares, la policía y las autoridades penitenciarias han ocultado sistemáticamente la suerte y el paradero de estas personas», lamentaron.

    «Cuando una persona desaparece a la fuerza, causa un sufrimiento y una angustia enormes para sus familias, que quedan atrapadas entre la esperanza y las dudas sobre la suerte de sus seres queridos». afirmaron.

    Firman el comunicado, entre otros, los miembros del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas y los relatores sobre ejecuciones extrajudiciales (Morris Tidball-Binz) y libertad de opinión y expresión (Irene Khan).

  • Trump envía una carta al Congreso asegurando que la guerra contra Irán ha «concluido»

    Trump envía una carta al Congreso asegurando que la guerra contra Irán ha «concluido»

    El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha enviado este viernes, día en el que finalizaría el plazo para solicitar permiso al Congreso para mantener desplegadas las tropas en Oriente Medio, una carta a los legisladores asegurando que la guerra con Irán ha «concluido».

    El documento, obtenido por el diario Politico, busca cerrar el debate sobre la necesidad de que el Ejecutivo Trump requiera de la aprobación del Capitolio para la continuidad del operativo militar.

    «No ha habido intercambio de fuego entre EE.UU. e Irán desde el 7 de abril de 2026», escribe Trump en la misiva, en referencia a la tregua que ambas partes declararon en la mencionada fecha y que el republicano extendió de manera unilateral y de manera indefinida la semana pasada.

    El secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el propio Trump han asegurado en los últimos dos días que el alto el fuego pone el contador a cero en lo que respecta a ese permiso que estipula la ley de Poderes de Guerra.

    La norma obliga a que el Congreso apruebe – siempre que el Legislativo no haya declarado o autorizado ya la guerra o que EE.UU. no haya sido atacado directamente- mantener las tropas antes de que se cumplan 60 días de iniciado el conflicto.

    Trump sugirió hoy además que la ley, aprobada en 1973 en las postrimerías de la guerra de Vietnam, podría ser inconstitucional y puntualizó que ningún Gobierno estadounidense ha apelado desde entonces al Congreso para mantener una operación en el exterior activa.

    «Hay algunas personas que la consideran inconstitucional», dijo sobre la ley. «Siempre estamos en contacto con el Congreso, pero nadie lo ha solicitado nunca antes (…) ¿Por qué deberíamos ser diferentes?», indicó el presidente a periodistas en la Casa Blanca.

    El plazo de 60 días teóricamente se cumple según establecieron legisladores, en su mayoría demócratas, a partir del informe sobre el inicio de los ataques enviado por el republicano el pasado 2 de marzo, dos días después de que EE.UU. e Israel lanzaran sus ataques contra Irán.

  • El oficialismo dirigirá el Congreso en primer año del Gobierno de Laura Fernández en Costa Rica

    El oficialismo dirigirá el Congreso en primer año del Gobierno de Laura Fernández en Costa Rica

    El oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) asumirá el control del Congreso de Costa Rica durante el primer año del Gobierno de Laura Fernández, tras obtener todos los puestos del directorio legislativo este viernes.

    La diputada Yara Jiménez fue electa presidenta del Poder Legislativo con 31 votos del oficialismo, superando a la candidata opositora Diana Murillo, quien recibió el respaldo de 26 legisladores.

    El PPSO cuenta con la mayoría necesaria en la Asamblea Legislativa, compuesta por 57 diputados, lo que le permite ocupar todas las posiciones del directorio sin necesidad de alianzas.

    Esta correlación de fuerzas facilitará al Gobierno entrante la aprobación de proyectos que requieren mayoría simple, aunque deberá negociar con la oposición para reformas que exigen al menos 38 votos.

    «Mi estilo va a ser un estilo de negociación para tender puentes y conversar, orientados a los fines públicos de este país buscando solventar las necesidades que tenemos todos los costarricenses», declaró Jiménez.

    El directorio legislativo quedó integrado también por Esmeralda Britton como vicepresidenta, Gerald Bogantes en la primera secretaría y Reynado Arias en la segunda, todos del oficialismo.

    Por su parte, los partidos de oposición anunciaron la conformación de un bloque conjunto para impulsar una agenda legislativa centrada en democracia, seguridad, desarrollo social y transparencia.

    Según indicaron, el acuerdo busca fortalecer la gobernabilidad y atender los principales desafíos del país mediante propuestas coordinadas desde el Congreso.

    Laura Fernández asumirá la presidencia el próximo 8 de mayo para el período 2026-2030, tras ganar las elecciones del 1 de febrero en primera vuelta.

    La nueva mandataria, de perfil liberal en lo económico y conservador en lo social, sucederá en el cargo a Rodrigo Chaves, en cuya administración ocupó cargos ministeriales.

  • La Arquidiócesis de Nueva York propone acuerdo de 800 millones a víctimas de abuso sexual

    La Arquidiócesis de Nueva York propone acuerdo de 800 millones a víctimas de abuso sexual

    La Arquidiócesis de Nueva York ha ofrecido pagar 800 millones de dólares para alcanzar un acuerdo, tras intensas negociaciones, con 1,300 personas que reclaman haber sido abusadas sexualmente por sacerdotes o personal laico cuando eran menores de edad.

    Antes de presentar la oferta final, la Iglesia vendió varias propiedades de alto valor y recortó personal y presupuesto para reunir los fondos, según medios locales.

    De acuerdo con una carta enviada a sus clientes por abogados que representan a 300 denunciantes, en la que les exhortan a aceptar la propuesta, los demandantes tendrían la opción de un pago de 250,000 dólares o de un proceso de revisión de reclamaciones administrado por un fideicomiso y llevado a cabo por un evaluador independiente.

    Si alguna de las partes no acepta la propuesta, advierten los abogados en la misiva, «el acuerdo global no se concretará» y la Arquidiócesis y las partes implicadas podrían acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras, lo que prolongaría el litigio y reduciría la indemnización, según el diario The New York Times.

    Varias diócesis se han acogido ya al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras, pero ninguna es tan grande o influyente como la Arquidiócesis de Nueva York, que representa a 2.5 millones de católicos en casi 300 parroquias de Manhattan, El Bronx, Staten Island y los suburbios del norte de la ciudad.

    «La Arquidiócesis necesita que todos los supervivientes acepten el acuerdo propuesto para que este pueda seguir adelante», señala la carta enviada a 300 de los demandantes, a la que tuvo acceso el citado diario.

    En el documento se indica además que, tras varios meses de mediación, ambas partes acordaron que todos los supervivientes con casos pendientes deben aceptar el acuerdo sin oposición, una frase que aparece subrayada en el texto.

    «Si se alcanza un acuerdo verdaderamente global, las víctimas recibirán una indemnización de la manera más rápida y completa posible, sin necesidad de largos y dolorosos litigios ni de un procedimiento de quiebra para la Arquidiócesis», afirmó Ronald Hicks, nombrado el pasado febrero tras la salida del cardenal Timothy Dolan, quien ha liderado el proceso de negociación.

    Como parte del acuerdo, la Arquidiócesis deberá divulgar públicamente información sobre los agresores y otros documentos que ayudarían a proteger mejor a los menores en el futuro.

    También estará obligada a mantener en su página web una lista de obispos, sacerdotes y diáconos que hayan sido acusados de forma creíble de abuso, y a actualizarla periódicamente con nuevas denuncias verificadas.

    Estas demandas se presentaron al amparo de una ley aprobada en 2019 por la legislatura estatal que abrió durante un año una ventana legal para que supervivientes de abusos sexuales pudieran presentar demandas civiles que anteriormente habían prescrito.

  • Jurado electoral de Perú denuncia actos de intimidación y amenazas contra sus funcionarios

    Jurado electoral de Perú denuncia actos de intimidación y amenazas contra sus funcionarios

    El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú denunció este viernes una serie de actos de intimidación y amenazas dirigidos contra sus funcionarios, en medio de tensiones tras los recientes comicios generales.

    El organismo electoral informó que un grupo de manifestantes se congregó frente a la vivienda de su presidente, Roberto Burneo, luego de una protesta previa en la sede institucional en Lima.

    «El Jurado Nacional de Elecciones condena enérgicamente los hechos ocurridos en los exteriores del domicilio del presidente del JNE, así como toda forma de hostigamiento o amedrentamiento contra sus autoridades», señaló la institución en un comunicado.

    El JNE subrayó que estas acciones representan una presión indebida que vulnera la institucionalidad democrática, al tiempo que reiteró su compromiso con la legalidad y el Estado de derecho.

    «Estas conductas son inaceptables en un Estado de derecho y constituyen un intento de presión indebida de vulnera la institucionalidad democrática», añadió el organismo.

    Aunque reconoció el derecho ciudadano a manifestarse, el ente aclaró que este no debe incluir amenazas ni actos de intimidación contra autoridades.

    «El derecho a la manifestación es legítimo», pero «no ampara actos de intimidación ni de amenazas», advirtió el JNE, al indicar que estos hechos serán trasladados a las autoridades competentes.

    Las protestas estuvieron motivadas por denuncias de presuntas irregularidades en las elecciones del pasado 12 de abril, así como por pedidos de realizar comicios complementarios, una opción que el organismo ya descartó por no estar contemplada en la ley.

    Durante la manifestación, algunos participantes realizaron cacerolazos y portaron pancartas, lo que obligó a reforzar la seguridad en los alrededores del domicilio de Burneo.

    Entre los principales impulsores de estas denuncias se encuentra el candidato Rafael López Aliaga, quien ha solicitado la anulación total o parcial de los comicios, pese a no presentar pruebas concluyentes.

    Según los resultados preliminares, con el 97.4 % de actas contabilizadas, Keiko Fujimori lidera la votación con el 17.12 %, seguida por Roberto Sánchez con el 12.04 %, mientras que López Aliaga ocupa el tercer lugar con el 11.87 %.

    El JNE reiteró su llamado a la ciudadanía y a los actores políticos a actuar con responsabilidad y respeto para preservar la paz social en el país.