Categoría: El Mundo

Paredes deterioradas, escombros esparcidos, celdas sin inodoros y puertas oxidadas: así se encuentra hoy Alcatraz, la mítica prisión en la bahía de San Francisco que en el pasado albergó a criminales legendarios como Al Capone y que ha vuelto a ser noticia tras la orden del presidente de EE.UU., Donald Trump, de reabrir sus instalaciones para encerrar «a los delincuentes más despiadados y violentos» del país.

Alcatraz «resultaba tres veces más cara diariamente que cualquier otra prisión en EE.U.», dice uno de sus guías a un grupo de turistas que acudió esta semana al recinto. Esa fue una de las principales razones por la que el penal quedó en desuso en 1963, tan solo tres décadas después de su apertura.

El 4 de mayo Trump dijo en su red, Truth Social, que había dado instrucciones a la Oficina de Prisiones (BOP), junto con el Departamento de Justicia, el FBI y Seguridad Nacional, para reabrir esa cárcel que ha quedado inmortalizada como un icono cultural gracias a las leyendas en torno a sus reos y películas de Hollywood.

Su aviso no incluyó un cronograma ni estimaciones de costos y el plan aún necesita la aprobación del Congreso para recibir financiación, pero la iniciativa ya ha desatado reacciones negativas.

Entre ellas la del gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, quien en su pódcast acusó a Trump de intentar desviar la atención de la crisis económica generada por sus políticas arancelarias con un proyecto que «no va a ningún lado».

También la del senador de California Scott Wiener, quien en una entrevista radiofónica calificó la propuesta de «ridícula», argumentando que el proyecto sería «increíblemente caro» y cuestionando quiénes serían los recluidos en un lugar históricamente vinculado a condiciones extremadamente duras y a un enfoque punitivo, más que rehabilitador.

Además, la orden de Trump agrava la presión sobre la BOP, que de acuerdo con medios locales ya está lidiando con problemas de infraestructura y falta de personal, a lo que se suma la exigencia de albergar a miles de migrantes detenidos como parte de la política de deportaciones masivas impulsada por su Administración.

«Ya no seremos rehenes de criminales, matones y jueces que tienen miedo de hacer su trabajo y permitirnos expulsar a criminales que entraron ilegalmente en nuestro país. La reapertura de ALCATRAZ servirá como símbolo de Ley, Orden y JUSTICIA», expresó el mandatario el pasado domingo.

La prisión, que no ha albergado reos en más de 60 años, se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de San Francisco y está gestionado por el Servicio de Parques Nacionales, que cobra entre unos 30 y 50 dólares la entrada.

Anualmente recibe a más de 1,4 millones de visitantes gracias a sus impactantes vistas al Golden Gate, su mítica historia de fuga de dos prisioneros y la presencia de criminales célebres como Al Capone, quien sufrió un marcado deterioro de su salud mental por las duras condiciones del lugar.

Una propuesta difícil de creer…

Para muchos, la propuesta es difícil de creer, mientras que en otros ha despertado curiosidad.

«Me temo que no hay mucho que pueda decir sobre esta historia, excepto que es una idea loca de un hombre que no sabe de lo que está hablando», dijo a EFE el historiador de la Universidad de Stanford Richard White. «Imagino que hay gente que se lo toma en serio, pero yo no soy uno de ellos», añadió.

Pero en lo que se materializa la decisión de Trump, la isla sigue recibiendo a diario miles de turistas de todo el mundo, quienes ahora al recorrer el camino con muros recientemente derrumbados y repleto de excremento de aves en sus zonas al aire libre imaginan cómo este espacio y sus celdas vacías podrían, inesperadamente, volver a cobrar vida.

James, un joven de 22 años originario de Long Beach, California, viajó a San Francisco con sus amigos sólo para conocer la prisión y tras su visita se mostró a favor de su reapertura.

«Requerirá mucho trabajo y mucho dinero, pero creo que a la larga si se hace de forma correcta podría ser muy bueno. Seguro que (Trump) tiene un plan», comentó a EFE.

Otros turistas se muestran más escépticos. Mark, un hombre de 41 años de Phoenix, también está de acuerdo con la rehabilitación del espacio, pero quisiera tener más detalles del proyecto.

Mientras que Chad, de Cleveland, cree que es un tema que no debería estar ni siquiera en discusión. «Estoy seguro de que las prisiones que ya existen están haciéndolo bien. Muy probablemente no necesitamos esto», concluyó.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este martes que su Gobierno está listo para buscar a los más de 250 migrantes del país caribeño detenidos en una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, tras haber sido deportados por Estados Unidos en marzo pasado, bajo la acusación de supuestamente pertenecer a la banda criminal transnacional Tren de Aragua.

«Estamos listos para ir a buscarlos en un avión venezolano y traerlos a los brazos de sus familias. Eso, con el favor de Dios padre todopoderoso, lo lograremos más temprano que tarde», expresó Maduro en un acto con candidatos chavistas a las elecciones parlamentarias del próximo 25 de mayo, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El gobernante, quien juró en enero pasado para un tercer mandato consecutivo de seis años tras su cuestionada reelección en 2024, hizo un llamado a exigir que «esos muchachos que están secuestrados sin juicio, sin derecho a un juez, sin derecho a la defensa y sin haber cometido ningún delito sean puestos en libertad de inmediato».

Maduro insistió en que rescatará a este grupo de migrantes que, insistió, están en «campos de concentración» en El Salvador.

Este martes, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo que este grupo de migrantes en El Salvador podría estar en una situación de desaparición forzada en vista de la «completa incertidumbre» sobre su paradero y la situación en la que se encuentran tras ser deportados por EE.UU.

La portavoz de ese organismo de la ONU, Liz Throssell, afirmó que «ni las autoridades estadounidenses ni las salvadoreñas han publicado listas oficiales de los detenidos y su situación legal en El Salvador sigue sin estar clara».

Además, Throssell señaló que en las instalaciones donde se encuentran los detenidos venezolanos reciben un «trato particularmente duro, sin acceso a representación legal o a sus familiares y sin otro contacto con el mundo exterior».

Sin embargo, a juicio del Gobierno venezolano, el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, Volker Türk, no se ha pronunciado «con claridad» sobre la situación de los más de 250 migrantes.

La cartera de Exteriores de Venezuela indicó, en un comunicado, que han pasado más de seis semanas desde que el presidente Nicolás Maduro le «informó de manera directa al señor Türk» sobre lo que la Administración chavista tacha de «secuestro de más de 250 venezolanos en El Salvador, trasladados a centros de detención inhumanos».

Según el Gobierno de Nicolás Maduro, la «falta de acción ante estos crímenes refleja una actitud negligente y complaciente frente a violadores sistemáticos de los derechos humanos de los venezolanos.

El Gobierno de Donald Trump ha gastado unos $21 millones en vuelos para trasladar a apenas unos cientos de migrantes de Estados Unidos a la base naval de Guantánamo, según datos del Pentágono divulgados este martes.

Los $21 millones corresponden a 46 vuelos operados por el Pentágono entre EE.UU. y Guantánamo entre el 20 de enero y el 8 de abril para un total de 802.5 horas a un coste de $26,277 la hora.

Estos datos fueron obtenidos por la senadora demócrata Elizabeth Warren y difundidos por la cadena NBC News.

El traslado de migrantes a Guantánamo fue ordenado por Trump tras su regreso al poder en enero, cuando decretó la construcción de un centro de detención en esa base naval en Cuba con capacidad para 30.000 personas.

Lejos de esas cifras, desde enero han pasado menos de 500 personas por el lugar, con un pico de unas 200 al mismo tiempo, de las que ahora, según NBC News, solo quedan 32.

Muchos de los migrantes enviados a Guantánamo son venezolanos que el Gobierno de Trump vinculó con la banda del Tren de Aragua.

En febrero, el Gobierno de Nicolás Maduro aceptó la repatriación de casi 200 de ellos, aunque negó que alguno tuviera vínculos con organizaciones criminales.

En un comunicado, Warren aseguró que «todo estadounidense debería estar indignado por el despilfarro de recursos militares que hace Donald Trump para financiar espectáculos políticos».

En una región como América Latina, marcada por el vaivén de gobiernos autoritarios, crisis institucionales y desigualdad persistente, la figura de José «Pepe» Mujica, presidente de Uruguay entre 2010 y 2015, emerge como un caso atípico. No por haber roto moldes con una gran revolución política o una economía transformada radicalmente, sino por algo mucho más raro en la vida pública: la coherencia entre el discurso y la acción.

Exguerrillero del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, Mujica pasó catorce años en la cárcel, varios de ellos en condiciones infrahumanas. Salido de ese pasado convulso, en lugar de buscar revancha, construyó una carrera basada en la reconciliación, la austeridad y la democracia. Su llegada a la presidencia no fue el resultado de un populismo avasallante, sino del trabajo paciente dentro del sistema político uruguayo.

Mujica marcó un estilo de hacer política que contrastaba con la imagen tradicional del mandatario latinoamericano. Rechazó vivir en la residencia presidencial y prefirió su modesta chacra en las afueras de Montevideo. Donó la mayor parte de su sueldo a causas sociales. Se movía en un viejo Volkswagen Escarabajo y hablaba con la sencillez de quien no busca convencer con cifras o promesas, sino con ideas claras y sentido común.

En lo ideológico, Mujica fue pragmático. Bajo su Gobierno, Uruguay legalizó el matrimonio igualitario, despenalizó el aborto y se convirtió en el primer país del mundo en regular la producción y venta de marihuana desde el Estado. Estas decisiones, lejos de ser ocurrencias aisladas, fueron parte de una visión laica, moderna y centrada en los derechos individuales.

Pero más allá de las reformas concretas, el mayor legado de Mujica fue cultural. En un continente donde la clase política suele estar asociada con privilegio, corrupción y distancia del ciudadano común, él encarnó lo contrario. Mostró que se puede ejercer el poder sin ostentarlo. Que se puede gobernar con humildad, sin perder la firmeza. Que se puede ser de izquierda sin caer en el autoritarismo ni en el clientelismo.

Su impacto en la política regional fue más simbólico que estructural. Mujica no lideró una ola de presidentes similares. No fue el padre de una nueva corriente ideológica. Pero fue una referencia ética. Su voz se volvió un faro, especialmente en los foros internacionales, donde criticó el consumismo desmedido, la devastación ambiental y la hipocresía de los grandes poderes globales. Y lo hizo sin grandilocuencia ni agresividad. Con autoridad moral.

También habló de política como servicio, no como carrera. «El poder no cambia a las personas, solo revela lo que realmente son», dijo en una entrevista. Su estilo de liderazgo apeló a una conciencia que va más allá de lo partidario. Inspiró a jóvenes de toda la región a imaginar una forma diferente de intervenir en lo público.

Los críticos señalan que su Gobierno tuvo límites claros: crecimiento moderado, poca transformación estructural y dependencia de un contexto económico favorable. Y es cierto. Mujica no fue un reformador radical. Pero quizá su aporte más profundo no estuvo en los números, sino en el ejemplo. En poner sobre la mesa que otro tipo de liderazgo era posible.

En tiempos de polarización, su figura sigue generando respeto incluso entre sus adversarios. Porque no impuso, sino que convenció. Porque no dividió, sino que integró. Porque no se perpetuó, sino que se fue cuando terminó su mandato, y volvió a su chacra, a vivir como siempre. Sin escoltas. Sin lujos. Sin escándalos.

José Mujica no fue un salvador ni un mito. Fue, simplemente, un hombre que se mantuvo fiel a sí mismo y a sus convicciones. En una Latinoamérica donde muchas veces la política es vista con desconfianza, su paso por el poder dejó una pregunta abierta: ¿Y si se pudiera hacer distinto?

Esa pregunta, más que cualquier estadística, es su verdadero legado.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este martes en un tribunal de San Diego (California) cargos por narcoterrorismo dirigidos contra dos líderes del Cartel de Sinaloa, lo que supone la primera vez que se presentan acusaciones de terrorismo ligadas con el narcotrátfico en el país.

Los acusados son Pedro Inzunza Noriega, de 62 años, y su hijo Pedro Inzunza Coronel, de 33 años, señalados de haber traficado toneladas de droga a Estados Unidos para el cartel mexicano.

La fiscal de EE.UU., Pam Bondi, dijo en un comunicado que desmantelar el Cartel de Sinaloa exige una respuesta legal innovadora y contundente. “Se acabaron sus días de brutalizar al pueblo estadounidense sin consecuencias; buscaremos cadena perpetua para estos terroristas”.

Por su parte, el fiscal federal Adam Gordon destacó en una conferencia de prensa la histórica acusación. “La de hoy es la primera vez que se presentan cargos contra líderes del Cartel de Sinaloa por narcoterrorismo y materiales para narcoterrorismo, en conexión con tráfico de cantidades masivas de fentanilo, cocaína, metanfetaminas y heroína”.

La acusación considera «materiales para cometer narcoterrorismo» los estupefacientes que el cartel de Sinaloa trafica hacia Estados Unidos.

Los cargos se basan en la orden ejecutiva del presidente estadounidense, Donald Trump, que en febrero pasado designó a varios carteles de las drogas de México, entre ellos el de Sinaloa, como Organizaciones Terroristas Extranjeras.

Gordon dijo que para combatir a los carteles como organizaciones terroristas, desde el día que fue designado fiscal para el distrito del Sur de California, el pasado 11 de abril, formó una Unidad de Narcoterrorismo que colaboró para la investigación y formulación de los cargos presentados hoy.

El funcionario aseguró que a partir de ahora los líderes del narcotráfico enfrentarán “una cacería” tanto de sus amigos como de sus enemigos.

“Los vamos a perseguir hasta que al final enfrenten su destino en una corte federal del Sur de California”, sentenció el funcionario.

Los dos acusados, Pedro Inzunza Noriega, conocido como Sagitario, y Pedro Inzunza Coronel, apodado El Pichón, comenzaron a traficar desde hace décadas cocaína que traían desde Colombia a Estados Unidos, según documentos judiciales.

La acusación dice que más recientemente ambos se involucraron en el tráfico de fentanilo y drogas sintéticas. El 3 de diciembre de 2024, la policía mexicana allanó múltiples ubicaciones en Sinaloa que son controlados y administrados por el padre y el hijo, donde se incautaron 1,500 kilogramos (más de 1.65 toneladas) de fentanilo, la mayor convulsión de la droga sintética en el mundo.

Además de los Inzunza, fueron acusados en el caso los mexicanos David Alejandro Heredia Velázquez, de 50 años; Daniel Eduardo Bojorquez, de 47; Javier Alonso Vázquez Sánchez, de 31 años; el guatemalteco Oscar René González Menéndez, de 45 años, y el costarricense Elías Alberto Quirós Benavides, de 53 años.

Si son declarados culpables podrían enfrentar una pena máxima de cadena perpetua, más multas económicas.

El Gobierno del presidente Donald Trump pidió este martes a la Corte Suprema de Estados Unidos que le permita reanudar las expulsiones de más de 200 migrantes venezolanos que están retenidos en un centro de detención en Texas.

La petición llega poco más de un mes después de que este tribunal interviniera de emergencia y bloqueara el traslado de estos hombres hacia una megacárcel en El Salvador, conocida como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

En un recurso judicial de más de 60 páginas, los abogados del Ejecutivo señalan que los hombres están causando una situación «peligrosa» en el centro de detención.

Según el texto, 23 de los migrantes se «atrincheraron» recientemente en una celda durante horas y amenazaron con «tomar rehenes y hacerle daño a un agente» del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Tras el incidente, estos hombres fueron trasladados hacia otra cárcel en Texas.

El lugar en donde estas personas están detenidas es el centro Bluebonnet en Anson, Texas, donde recientemente imágenes capturadas con un dron mostraron a varios migrantes formando la sigla SOS en el patio del reclusorio.

El Gobierno republicano invocó una ley del siglo XVIII para justificar la expulsión de estos migrantes, a los que acusa de ser miembros de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, que surgió en una cárcel de Venezuela.

El pasado 19 de abril, el Supremo prohibió las expulsiones bajo dicha Ley de enemigos extranjeros, después de que un grupo de organizaciones en defensa de los derechos humanos presentara un recurso en el que aseguraba que el Ejecutivo estaba buscando trasladar a los migrantes a El Salvador.

La Administración Trump ha invocado esta norma, usada solo en tiempos de guerra, para llevar a cabo la expulsión de migrantes venezolanos, tildándolos de «invasores».

Washington llegó a un acuerdo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para poder enviar a migrantes detenidos en EE.UU. hacia el CECOT, una prisión de máxima seguridad sobre la que recaen denuncias de abusos a los derechos humanos.

Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador seis millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario del país centroamericano.

En total, EE.UU. ha enviado a esta cárcel a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, acusándolos de pertenecer al Tren de Aragua.

Sin embargo, según un análisis publicado por el portal Bloomberg, un 90 % de los más de 200 hombres que EE.UU. tiene encarcelados en El Salvador no tienen antecedentes penales en territorio estadounidense.

El expresidente de Uruguay, José Alberto “Pepe” Mujica, falleció este martes a los 89 años, luego de varios meses enfrentando complicaciones derivadas de un cáncer de esófago. La noticia fue confirmada por el actual mandatario Yamandú Orsi a través de sus redes sociales: “Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho, viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo”.

En abril de 2024, Mujica reveló que padecía un tumor en el esófago. Se sometió a sesiones de radioterapia y posteriormente a una gastrostomía, procedimiento que requiere el uso de una sonda gástrica para poder alimentarse. Más adelante, le colocaron un stent en el esófago para facilitar la ingesta. Sin embargo, tras conocer que el cáncer se había expandido, decidió no continuar con tratamientos adicionales.

Pepe Mujica nació el 20 de mayo de 1935. Fue presidente de Uruguay entre 2010 y 2015, además de ocupar cargos como diputado y senador. También fue uno de los principales líderes del Movimiento de Participación Popular (MPP), la fuerza política más votada desde 2004 dentro del Frente Amplio.

Aunque se retiró del Senado en octubre de 2020, nunca se alejó por completo de la política. Apoyó activamente la candidatura presidencial de Yamandú Orsi, quien fue electo y asumió el 1 de marzo de 2025.

Antes de su vida política, Mujica fue un reconocido guerrillero del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros (MLN-T). Fue capturado en 1964 y volvió a caer preso en varias ocasiones, enfrentando condiciones infrahumanas durante 13 años de encarcelamiento. Recobró su libertad con la restauración democrática en 1985. Cuatro años después, en 1989, el MLN se integró oficialmente al Frente Amplio, y nació el MPP bajo su liderazgo.

Durante su gobierno, Mujica impulsó leyes emblemáticas como la despenalización del aborto, la legalización de la marihuana y el matrimonio igualitario. Su estilo austero, su discurso directo y su imagen de sencillez lo convirtieron en una figura destacada en América Latina, llegando incluso a ser comparado con una estrella del rock por su popularidad.

Su mandato también enfrentó controversias, como el cierre de la aerolínea Pluna. El proceso terminó con condenas judiciales para el exministro de Economía Fernando Lorenzo y el expresidente del Banco República del Uruguay, Fernando Calloia, por avales bancarios irregulares durante la subasta de siete aeronaves en 2012.

Mujica concluyó su gobierno con altos niveles de aprobación: un 51 % según Equipos Consultores y 63 % según Opción Consultores. En el ábito internacional, fue admirado como un símbolo de paz, particularmente por su papel como mediador en el proceso de diálogo entre el gobierno de Colombia y las FARC. Su nombre incluso fue mencionado en varias ocasiones como candidato al Premio Nobel de la Paz.

Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho Viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo.

— Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) May 13, 2025

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) alertó este martes sobre el «clima de miedo» que se vive en Venezuela tras la represión contra voces críticas del Gobierno, y pidió la liberación inmediata de todos los detenidos de forma arbitraria.

Según la vocera Liz Throssell, desde las cuestionadas elecciones presidenciales de julio de 2024, se ha intensificado la persecución contra opositores. Como ejemplo, citó el reciente caso del abogado Eduardo Torres, quien fue arrestado mientras se dirigía a su residencia en Caracas la semana pasada.

La ONU ha confirmado la muerte de al menos tres opositores en ese período y solicitó una investigación «completa e independiente» sobre estos hechos, así como información detallada sobre la situación y paradero de personas desaparecidas.

Además, Throssell manifestó preocupación por la reciente aprobación de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales. Calificó el texto legal de «vago» y advirtió que vulnera los derechos de libertad de expresión y asociación.

El Ministerio de Exteriores de Venezuela rechazó los señalamientos de la ONU y acusó al Alto Comisionado, Volker Turk, de mantener una postura «omisiva, parcializada y cobarde».

El régimen de Nicolás Maduro criticó lo que denominó un «doble rasero», acusando a la ONU de guardar silencio frente a supuestas violaciones de derechos humanos contra venezolanos en el extranjero, como el caso de una menor retenida en Estados Unidos.

«El alto comisionado guarda silencio ante abusos de gobiernos alineados con intereses hegemónicos, mientras ataca con virulencia a Venezuela», expresó el ministerio, acusando a Turk de estar «más enfocado en conservar su cargo que en defender los derechos humanos».

El impacto de la violencia en la economía de México ascendió a 4,5 billones de pesos, lo que equivale al 18 % del Producto Interno Bruto (PIB), reveló el Índice de Paz México 2024, del Instituto para la Economía y la Paz (IEP).

El costo de la inseguridad, no obstante, es menor al del año anterior, cuando el IEP reportó un impacto de 4,9 billones de pesos y representó el 19,8 % del PIB.

Además, de acuerdo con el reporte, el país registró una ligera mejora interanual de 0,7 % en sus niveles de paz durante 2024 y, pese a que es el quinto año consecutivo de progreso, las tasas de homicidios y crímenes con armas de fuego siguen siendo preocupantes.

“Aunque es el quinto año consecutivo que presenta una mejora en los niveles de paz, este año mejoramos un 0,7 %. Esto es menos del 1%, en realidad no significa mucho, es una mejora marginal”, señaló en conferencia de prensa Carlos Juárez Cruz, director en México del IEP.

El informe, basado en cinco indicadores principales, detalla que el costo total de la violencia en 2024 fue seis veces mayor que el gasto público en salud y cinco veces superior al presupuesto destinado a educación en el mismo año.

Los homicidios representaron el 38 % de este costo, equivalentes a 1,7 billones de pesos (85.000 millones de dólares), mientras que los crímenes violentos, como robos, asaltos y agresiones sexuales, representaron el 33 %, con un impacto económico de 1,5 billones de pesos (75.000 millones de dólares).

Un México menos pacífico que en 2015

El reporte señala que, a pesar de esta leve mejora, México es significativamente menos pacífico que en 2015, con un deterioro acumulado en sus indicadores criminales del 13,4 % en los últimos diez años.

En este sentido, los homicidios son un 54,7 % más frecuentes que hace una década, y los delitos con armas de fuego han crecido un 71,2 %, detalló el reporte.

Además, la violencia relacionada con el crimen organizado ha crecido considerablemente, con las extorsiones aumentando un 45,5 % y los delitos minoristas de drogas subiendo un 161 % desde 2015.

Permanece percepción de inseguridad

Según el informe, el 73,6 % de la población considera que vive en un estado inseguro, una percepción que, aunque ha mejorado desde su punto más alto en 2018, sigue siendo un desafío significativo.

“Es interesante que, en el caso de México, es un país donde no corresponde el nivel de miedo con el nivel de experiencias de inseguridad”, comentó Juárez Cruz, al estimar que esto podría significar “una posible normalización” de la violencia.

El estudio también advierte que los gastos en seguridad y contención de violencia en el país son aún insuficientes, ya que representaron solo el 0,7 % del PIB nacional en 2024, menos de la mitad del promedio en América Latina y los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Lo anterior, combinado con altos niveles de corrupción e impunidad, limita significativamente los esfuerzos para reducir la violencia a largo plazo.

Futuro «prometedor»

Para mejorar la paz de manera sostenible, el informe recomienda fortalecer las instituciones de justicia, combatir la corrupción y expandir las oportunidades económicas para los jóvenes, factores críticos para construir una paz positiva en el país.

En este tenor, Juárez Cruz dijo que la política de seguridad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) no fue muy clara, pero calificó de «prometedor» el esquema planteado por Claudia Sheinbaum, quien suma poco más de nueve meses como presidenta de México.

“Es muy pronto, apenas van unos meses de la nueva administración, es muy pronto para poderlo calificar, pero parece prometedor y parece observarse un cambio de la estrategia, vemos más decomisos, vemos arrestos constantes y vemos un planteamiento, mucho más claro de lo que pudiera ser una estrategia de seguridad pública a nivel nacional”, concluyó.

El Gobierno de Donald Trump dijo este martes que retirará otros 450 millones de dólares en fondos federales a la Universidad de Harvard, sumando un nuevo capítulo a la guerra abierta entre la Administración y uno de los centros educativos más prestigiosos del país.

«Ocho organismos federales de todo el Gobierno anuncian la supresión de aproximadamente $450 millones en subvenciones a Harvard, que se suman a los $2,200 millones suprimidos la semana pasada», indicó en un comunicado el «Grupo de trabajo federal para combatir el antisemitismo», creado por Trump.

El Grupo aseguró que Harvard es «un caldo de cultivo para la señalización de virtudes y la discriminación» y que la institución «no ha hecho frente a la discriminación racial generalizada y al acoso antisemita que asolan su campus en repetidas ocasiones».

«Hay un problema oscuro en el campus de Harvard, y al priorizar el apaciguamiento sobre la rendición de cuentas, los líderes institucionales han perdido el derecho de la escuela a obtener el apoyo de los contribuyentes», recoge la nota.

El comunicado del Grupo, además, va firmado por abogados de los departamentos de Educación y Salud y Servicios Humanos de EE.UU.

La semana pasada, la secretaria de Educación, Linda McMahon, mandó una carta a Harvard donde advertía a su presidente, Alan Garber, de que la institución no recibirá nuevas subvenciones por parte del Gobierno por supuestamente «burlarse» del sistema de educación superior del país.

Garber respondió a la secretaria este lunes con otra carta en la que suavizó el tono, asegurando que Harvard y la Administración comparten objetivos pero difieren en sus enfoques, e insistió en que la universidad no se doblegará a las injerencias del Gobierno.

Hasta ahora, Harvard ha sido la única universidad que se ha negado tajantemente a aceptar las exigencias de Trump de retirar sus políticas de discriminación positiva, a pesar de la congelación de fondos y la posible pérdida de sus exenciones fiscales.

El centro, que presentó una demanda contra el Gobierno para recuperar su financiación, ha sido calificado por el mandatario como una «amenaza para la democracia«, una institución de «extrema izquierda» y «antisemita», con unos estudiantes internacionales que quieren «destrozar nuestro país».

La Universidad de Columbia también se enfrentó a la retirada de fondos en marzo. Aunque aceptó seguir las exigencias de la Administración para recuperarlos, todavía sigue negociando la devolución de los mismos