En la anárquica costa del suroeste de Ecuador, las bandas del narcotráfico operan con impunidad y los aterrorizados habitantes se preguntan si las políticas de «mano dura» de su presidente son solo palabras.
En una oscura base militar en la provincia de El Oro, cerca de la frontera con Perú, ocho infantes de marina se preparan para patrullar el archipiélago de Jambelí, territorio de los cárteles. Todos van enmascarados, sin insignias de rango, ni placas de identificación.
Al igual que gran parte del otrora pacífico Ecuador, Puerto Bolívar se ha convertido en campo de batalla de cárteles rivales que luchan por llevar la producción récord de cocaína de Colombia y Perú a Europa, Norteamérica y Asia.
La Armada encontró el año pasado unos 30 cadáveres en aguas cercanas al puerto, algunos decapitados o mutilados. Recientemente, una bomba dirigida contra el jefe de una banda local mató a dos personas y arrasó varias viviendas.
«No hay seguridad», dice un residente que pide resguardar su nombre por miedo a ser asesinado. Considera que el país está «totalmente abandonado».
Los infantes de marina se alejan del muelle en dos lanchas, por un laberinto de canales flanqueados por manglares, muelles y pueblos pesqueros.
La mayor parte del patrullaje transcurre sin incidentes. Pero al entrar en Huayala -un estero repleto de muelles destartalados y edificios de hormigón- la unidad se posiciona y los militares elevan rifles.
Observan nerviosos el revoltijo de embarcaciones y edificios, desde donde cientos de ojos les vigilan entre penumbras.
«No es buena idea que nos quedemos aquí mucho tiempo», dice uno de los soldados. «Alguien podría disparar».
Puerto Bolívar es uno de los puertos bananeros más importantes del mundo y un punto clave para el comercio de mariscos. Pero ahora parece inactivo, con los muelles casi vacíos. Los negocios en auge son la extorsión, secuestros, pesca ilegal, lavado de dinero y cocaína.
La mayoría de lugareños están demasiado asustados para hablar. «Me van a matar o van a matar a mi familia», dice un anciano antes de que su esposa lo aparte.
Pero un grupo de residentes se siente lo suficientemente hastiado y se arriesga.
Uno de ellos es un pescador que accedió a hablar con la AFP bajo reserva. Admite haber pagado una «vacuna» a las bandas, una cuota mensual de más del 20% de sus ingresos, a cambio de seguridad.
«Donde no les hacemos caso, se desquitan con nuestros bienes. Hunden las embarcaciones, nos roban nuestros motores o simplemente algunos pescadores han desaparecido ya», relata.
El pescador describe los múltiples negocios de las bandas, desde la extracción de oro hasta el contrabando de combustible hacia Perú.
Algunos esquemas son sencillos: cargamentos de banano cargados de cocaína y enviados a Europa. Otros, más complejos e implican la compra de inventarios de pesca inexistentes para blanquear dinero.
Todos conocen los nombres de las bandas y sus líderes: Los Lobos, Los Lobos Box y Los Choneros.
«A algunos los conozco desde que eran niños y corrían sin zapatos», dice Sánchez.
Aquí la cultura narco está al descubierto. Uno de los numerosos burdeles de la zona se llama Nápoles, en homenaje a la opulenta hacienda del mismo nombre del famoso narcotraficante colombiano Pablo Escobar.
Los militares aseguran que altos rangos del cártel mexicano Jalisco Nueva Generación están muy arraigados en la zona. Visitan y hacen negocios a plena luz del día.
El presidente Daniel Noboa ha respondido a la crisis de seguridad de Ecuador con estados de excepción, detenciones de alto impacto y militares desplegados en las calles y las cárceles.
Pero en Puerto Bolívar los habitantes no notan sus efectos. En las elecciones del domingo, Noboa perdió la provincia de El Oro por cinco puntos frente a su rival izquierdista.
Evan Ellis, experto en seguridad en América Latina y exasesor del Departamento de Estado, dijo que los despliegues de Noboa habían «hecho que de alguna manera (las bandas) no se hagan sentir».
Pero «no fueron abordados los problemas fundamentales del flujo de drogas a través del país y las luchas por el control de las rutas».
Los operativos de seguridad también pueden haber dejado a los militares escasos de personal y en una posición difícil.
El capitán de fragata Carlos Carrera admite que las «fuerzas armadas no están diseñadas para combatir el crimen organizado o para actuar directamente en lo que es la seguridad interna. Contribuimos para complementar a la policía».
Pero según el pescador, la policía no siempre cumple su labor. «El fiscal no acusa, el juez no sentencia», dice.
Un militar recuerda el caso de una mujer que pidió ayuda a la policía para escapar de su pareja, un pandillero. Fue traicionada, llevada en barco a la vista de todos hasta una isla, donde supuestamente la golpearon, la violaron y la asesinaron.
«Aquí no manda nadie», dice un habitante de Pitahaya, un pueblo pesquero cercano. «Vivimos ahí con el temor de que lo pierda todo por alguna cosa».
